Irvin Alejandro Juarez Garcia

Expediente 1213/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1213/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Irvin Alejandro Juarez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio 3570/2020 del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que acusa recibo del diverso oficio 22849/2020; asimismo, se avoca al conocimiento de la competencia planteada a su favor decretada en el juicio de amparo a que este toca se contrae; el cual registró con el número de expediente 683/2020-II, de su índice. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de cuenta. Vista la demanda promovida por Irvin Alejandro Juárez García, por propio derecho, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1213/2020. Sentido de la determinación inicial. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que el acto reclamado es: "(.) la orden de depósito o cambio que se ha dictado en mi contra, para que se me cambie actual estancia en la que me encuentro a otra que desconozco, sin causa justificada. (..)" Asimismo, el quejoso refiere en el apartado de antecedentes que se encuentra sujeto a proceso instruido en la carpeta judicial 008/2964/2019, del índice de la Unidad de Gestión Judicial número 08 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por cuanto se refiere a robo calificado, sin que a la fecha se dicte sentencia. Lo anterior, evidencia que los efectos y consecuencias de la orden reclamada son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado, por ende, se estima que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Ello es así, pues aunque la orden de cambio de área ya no afecta directamente la libertad personal del promovente, este puede verse afectado mediante actos que determinen su permanencia en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando el cambio de área dentro del mismo centro penitenciario, por sí solo, no afecta la libertad personal del quejoso, indirectamente modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de que pudiera lesionar directamente otros derechos. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad del promovente, por el referido cambio de área, evidentemente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada". En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Se ordena remitir las actuaciones digitalizadas vía interconexión del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados, toda vez que no se trata de un acto de los que están previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo que decida el Juez competente respecto de la suspensión provisional y definitiva respecto de dichos actos, que en ese tenor fue solicitada por el justiciable Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente al quejoso, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en el lugar en el que se encuentra recluido.

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