Irma Yolanda Rodriguez Jimenez

Expediente 714/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
714/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Irma Yolanda Rodriguez Jimenez
  • Danna Paola Rodriguez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en cumplimiento a los puntos tercero y cuarto del acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, en facha dieciséis de mayo pasado, a través del cual se aprobó el dictamen relativo a la Modificación de Especialización y Denominación de los juzgado Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, dicha autoridad se avocó al conocimiento del juicio ordinario familiar registrado con el número 1212/2014; en consecuencia, las determinaciones dictadas dentro del presente juicio deberán realizarse a dicha autoridad. Asimismo, y como lo solicita, mediante oficio que derive del presente proveído, remítansele las copias certificadas a que alude.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa -, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la Tesis de jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto de que la responsable, realizara lo siguiente: ".Consecuentemente y al resultar ilegal el acto impugnado en esta vía constitucional, procede conceder a -, el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada en el aspecto analizado, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra pero fundada y motivada, para que de esa manera se cumpla con la garantía de legalidad, prevista en la norma 16 de la Constitución Federal." Dicha sentencia causó ejecutoria el dieciocho de mayo pasado, por lo que se le requirió a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria en mención. En proveído de veinticinco de mayo pasado, este Juzgado tuvo al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, remitiendo copia certificada de la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de mayo del año en curso, por la citada autoridad responsable, en la cual resolvió lo siguiente: ".Bajo esta guisa, debe indicarse que encontrándonos en el supuesto de referencia, los honorarios profesionales se fijarán en términos de lo previsto en el artículo 6° de la 11, Ley de Arancel de Abogados para el Estado de Michoacán, es decir, computar su cobro sobre el 8% ocho por ciento de la cuantía del negocio, pues cabe convenir con la peticionante, en el sentido de que para regular los honorarios de los abogados, se deban incluir las cantidades que hasta el momento de la ejecución hayan sido determinadas, o bien pueden ser legalmente determinables, como sucede con los intereses moratorias, toda vez que a criterio de este tribunal la profesionista Iitigante, presta sus servicios y adquiere responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio. .. En ese tenor los honorarios del abogado litigante se cuantifican sobre la suerte principal aprobada en la sentencia definitiva ejecutoriada, que asciende a $82,743.00 (ochenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), así como la cantidad de $52,403.80 (cincuenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 80/100 Moneda Nacional), por concepto de intereses moratorios aprobados, siendo el total de tres cantidades $135,146.80 (ciento treinta y cinco mil ciento cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional); luego, tomando como base tal cifra pecuniaria, al tenor de artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados, se realizó el cálculo de los precitados honorarios a razón del 8% ocho por ciento, toda vez que el monto total rebasa la suma de $10.00 (diez pesos 00/100 Moneda Nacional), arrojando por el concepto de análisis la cifra total de $10,811.74 (diez mil ochocientos once pesos 74/100 Moneda Nacional), y es por esta última cantidad que se aprueban los honorarios que se reclaman, y a la que se condena a la parte incidentada a pagar en favor de su contraria, habida cuenta que después de efectuar las operaciones matemáticas correspondientes, es la suma que resulta correcta, y no así la solicitada por la ejecutante. . Ahora bien, en el periodo citado, es decir, del dieciséis de julio de dos mil dieciséis al diez de noviembre de dos mil diecisiete, como se puso de manifiesto, transcurrieron 15 quince meses y 25 veinticinco días, por concepto de intereses moratorios a razón del 4% cuatro por ciento mensual, cuantificándose respecto de la suma de $82,743.00 (ochenta y dos miI setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) (suerte principal), arrojándose la cantidad de $3,309.72 (tres mil trescientos nueve pesos 72/100 Moneda Nacional), por mes, que multiplicados por los 15 quince meses acontecidos, resulta la suma de $49,645.80 (cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), y $110.32 (ciento diez pesos 32/100 Moneda Nacional), por día, que multiplicados por los 25 veinticinco días sucedidos, da la cantidad de $2,758.00 (dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que sumadas dichas cantidades relacionadas a los meses y días transcurridos, resulta la cantidad total de $52,403.80 (cincuenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 80/100 Moneda Nacional), y no así la solicitada por la incidentista, que lo fue la de $52,955.52 (cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional); de ahí que se le condene únicamente a la parte demandada a pagar por concepto de intereses moratorios la suma de $52,403.80 (cincuenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 80/100 Moneda Nacional). . R E S O L U T I V O S : PRIMERO. Ha quedado surtida la competencia de este Tribunal para conocer y resolver la presente cuestión incidental. SEGUNDO. La licenciada -, en cuanto endosataria en procuración de la parte actora -, acreditó los hechos conformantes del incidente de liquidación de sentencia y regulación de gastos y costas formuló, mientras que el demandado -, compareció a evacuar el traslado respectivo, y a quien le prosperó parcialmente la excepción de improcedencia de las cantidades reclamadas; en consecuencia, TERCERO. Se declara parcialmente procedente dicho incidente, condenándose al demandado -, a pagar en favor de la accionante Berenice Gamiño Reyes, en ejecución de sentencia, la cantidad de $65,091.54 (sesenta y cinco mil noventa y un pesos 54/100 Moneda Nacional), correspondiente la suma de $52,403.80 (cincuenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 80/100 Moneda Nacional) a los intereses moratorios generados sobre el pagaré accionado, cuantificados desde el dieciséis de julio de dos mil dieciséis al diez de noviembre de dos mil diecisiete. $1,876.00 (mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de los gastos erogados y $10,811.74 (diez mil ochocientos once pesos 74/100 Moneda Nacional) a los honorarios de la abogada litigante.." Con lo anterior se pone de manifiesto, que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado, pues como anteriormente se señaló, la misma se concedió para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada en el aspecto analizado en la sentencia de amparo, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera otra pero debidamente fundada y motivada, lo que así hizo mediante resolución interlocutoria dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 712/2016, el veinticuatro de mayo pasado. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta vía Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano