Irma Yolanda Escalante Morales
Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Irma Yolanda Escalante Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y tomando en consideración el ocurso del autorizado de la parte quejosa, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veinticinco de enero del año en curso, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Irma Yolanda..., contra la falta de contestación a la petición formulada a la autoridad responsable, por escrito con sello de recepción de seis de abril de dos mil veintidós, ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora, mediante sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irma Yolanda Escalante Morales, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución.". La concesión del amparo fue para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: - Concediera una respuesta congruente, completa y rápida a la solicitud de actualización de pensión realizada por la parte quejosa el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Subdelegación de Administración del Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. - Notifique dicha determinación a la peticionaria de amparo, de acuerdo a la normatividad aplicable al caso en concreto. Dicho fallo causó ejecutoria el siete de septiembre de dos mil veintidós, por lo cual, en dicha data se requirió el cumplimiento del mismo a la autoridad responsable. En consecuencia, previo presunto cumplimiento, y vista otorgada a las partes con el mismo, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se calificó el cumplimiento dado por la autoridad responsable, estimando, que no se había acatado completamente la ejecutoria de amparo, en razón de que la responsable únicamente realizó cálculos para determinar la cuota diaria pensionaria y verificar si procede actualizar la pensión que recibe la quejosa; lo anterior, sin que diera respuesta congruente, completa y rápida a la cuestión planteada; es decir, no resolvió si era procedente pagar de forma retroactiva la diferencia del aumento de pensión que recibe anualmente la peticionaria de amparo, por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós. Lo anterior, tuvo razón de ser en que el aumento en comento se corroboró de las documentales que se encuentran adjuntas a la demanda, consistentes en el escrito de petición presentado ante la responsable, así como en los comprobantes de pago de pensión relativos a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil veintidós. De tales documentales, así como del escrito de petición, resulta evidente que la quejosa no solicitó un aumento adicional de su pensión sino únicamente que se le devolviera el que ya se había verificado, en lo relativo al mes de enero de este año. Por tal cuestión, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y, se requirió nuevamente al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia de amparo. En el entendido que, la respuesta que dieron a la petición de la quejosa, debería explicar de manera fundada y motivada si es procedente o no entregarle la diferencia de pensión que refiere se actualiza cada año, únicamente por lo que hace al mes de enero de dos mil veintidós, esto en razón de que en el recibo de pago de dicho mes se aprecia que la quejosa recibió una cantidad de $26,886.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y, en los recibos de febrero y marzo de la anualidad que transcurre recibió la cantidad de $28,864.80 (veintiocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), existiendo claramente una diferencia de $1,978.80 (mil novecientos setenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional). Luego, previo desahogo, y vista otorgada a las partes con el mismo, en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se procedió nuevamente a calificar el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente sumario, intentado por la responsables mediante oficio DE/DPSH/CS/AMGG/2330/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, del análisis de dicha misiva se apreció que la referida responsable nuevamente realizó cálculos para determinar la cuota diaria pensionaria y verificar si procede actualizar la pensión que recibe la quejosa, sin dar respuesta congruente, completa y rápida a la cuestión planteada por la promovente del amparo en el escrito de petición de que se habla; pues de las documentales que integran el juicio de amparo, no se aprecia que la quejosa haya solicitado un aumento adicional de su pensión sino únicamente que se le pagara de forma retroactiva la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós, en atención al aumento que cada año recibe, sin que la responsable abordara esa temática o explicara por qué no era procedente el pago de esas diferencias para el mes de enero del presente año, ya que únicamente determinó que su petición era improcedente bajo el argumento de que ese instituto ha realizado el incremento a la cuota diaria pensionaria de la aquí quejosa de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin analizar lo relativo al pago de las diferencias por el incremento de su pensión correspondiente a enero de dos mil veintidós Asimismo, se precisó que dicho oficio fue emitido con anterioridad al dictado de sentencia y al auto por el que causó ejecutoria la misma, por lo que no genera certeza para este juzgador que dicha actuación se haya dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Además, se advirtió que del escrito presentado por la parte quejosa el siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, se anexó copia simple del oficio DE/DPSH/CS/AMGG/3675/2022, de veinte de octubre de dos mil veintidós, del que se desprende que en atención a su solicitud, la responsable determinó que no existía diferencia a pagar correspondiente al mes de enero del año en curso, pues el valor de la unidad de medida y actualización para el año dos mil veintidós, entró en vigor a partir del uno de febrero de éste año, de ahí que decretó improcedente su petición, oficio que en ese momento no fue remitido por la responsable, por lo cual se volvió a requerir a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de igual forma se requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en su carácter de superior jerárquico). Posteriormente, por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando que no era superior jerárquico de la responsable encargada de dar cumplimento al fallo protector; en consecuencia, se requirió al Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de agilizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente sumario. Luego, mediante oficio recibido el doce de enero de dos mil veintitrés, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió el oficio DE/DPSH/CS/ESMO/0046/2023, al que anexó el diverso DE/DPSH/CS/AMGG/3675/2022, por el cual la responsable calificó de improcedente la petición de la parte quejosa, pues estimó que no existe diferencia a pagar por concepto retroactivo la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós; pues el acuerdo donde se informó a la población mexicana el Valor de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del año pasado, entró en vigor a partir del uno de febrero de la anualidad próxima anterior, y no del mes de enero del citado año; por tal razón al no existir actualización del valor de la Unidad Medida y Actualización en el mes de enero del año pasado, se pagó el valor que tenía la Unidad de Medida y Actualización del año 2021. Asimismo, remitió la constancia por la que acredita que el quince de noviembre de dos mil veintidós, notificó la citada misiva DE/DPSH/CS/AMGG/3675/2022, a David Romero Hernández, autorizado en términos amplios de la quejosa Irma Yolanda Escalante Morales. Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral. De lo anterior, se evidencia que la responsable expresó los motivos y normas generales en los que sustentó la negativa dada a la petición de la quejosa, por la que solicitó se le pagara de forma retroactiva la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós. Con lo anterior, se estima que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en tanto que, la autoridad responsable acató la ejecutoria dictada en autos; pues la autoridad explicó de manera fundada y motivada que no era procedente pagarle de forma retroactiva, a la quejosa, la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa en relación a que considera que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que refiere que la responsable soslayó aplicar petición el artículo 8° del REGLAMENTO para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que dicha respuesta carece de congruencia; sin embargo, tales manifestaciones carecen de sustento, pues la respuesta de la responsable se refirió efectivamente a lo peticionado, de modo que guarda una consecuencia lógica al efecto; lo que se traduce en que la quejosa solicitó el pagó de forma retroactiva de la diferencia del aumento de pensión que recibe anualmente, por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós; y la autoridad respondió que no era responsable efectuar tal pago, exponiendo sus razones y fundamentos de los mismos. Cobra sentido a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1490, Undécima Época, con número de registro 2025580, de rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria.". En consecuencia, dado que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Así, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 18, antepenúltimo párrafo del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE Y/O PERSONA AUTORIZADA EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y tomando en consideración el ocurso del autorizado de la parte quejosa, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veinticinco de enero del año en curso, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Irma Yolanda..., contra la falta de contestación a la petición formulada a la autoridad responsable, por escrito con sello de recepción de seis de abril de dos mil veintidós, ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora, mediante sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irma Yolanda Escalante Morales, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución.". La concesión del amparo fue para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: - Concediera una respuesta congruente, completa y rápida a la solicitud de actualización de pensión realizada por la parte quejosa el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Subdelegación de Administración del Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. - Notifique dicha determinación a la peticionaria de amparo, de acuerdo a la normatividad aplicable al caso en concreto. Dicho fallo causó ejecutoria el siete de septiembre de dos mil veintidós, por lo cual, en dicha data se requirió el cumplimiento del mismo a la autoridad responsable. En consecuencia, previo presunto cumplimiento, y vista otorgada a las partes con el mismo, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se calificó el cumplimiento dado por la autoridad responsable, estimando, que no se había acatado completamente la ejecutoria de amparo, en razón de que la responsable únicamente realizó cálculos para determinar la cuota diaria pensionaria y verificar si procede actualizar la pensión que recibe la quejosa; lo anterior, sin que diera respuesta congruente, completa y rápida a la cuestión planteada; es decir, no resolvió si era procedente pagar de forma retroactiva la diferencia del aumento de pensión que recibe anualmente la peticionaria de amparo, por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós. Lo anterior, tuvo razón de ser en que el aumento en comento se corroboró de las documentales que se encuentran adjuntas a la demanda, consistentes en el escrito de petición presentado ante la responsable, así como en los comprobantes de pago de pensión relativos a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil veintidós. De tales documentales, así como del escrito de petición, resulta evidente que la quejosa no solicitó un aumento adicional de su pensión sino únicamente que se le devolviera el que ya se había verificado, en lo relativo al mes de enero de este año. Por tal cuestión, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y, se requirió nuevamente al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia de amparo. En el entendido que, la respuesta que dieron a la petición de la quejosa, debería explicar de manera fundada y motivada si es procedente o no entregarle la diferencia de pensión que refiere se actualiza cada año, únicamente por lo que hace al mes de enero de dos mil veintidós, esto en razón de que en el recibo de pago de dicho mes se aprecia que la quejosa recibió una cantidad de $26,886.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y, en los recibos de febrero y marzo de la anualidad que transcurre recibió la cantidad de $28,864.80 (veintiocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), existiendo claramente una diferencia de $1,978.80 (mil novecientos setenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional). Luego, previo desahogo, y vista otorgada a las partes con el mismo, en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se procedió nuevamente a calificar el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente sumario, intentado por la responsables mediante oficio DE/DPSH/CS/AMGG/2330/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, del análisis de dicha misiva se apreció que la referida responsable nuevamente realizó cálculos para determinar la cuota diaria pensionaria y verificar si procede actualizar la pensión que recibe la quejosa, sin dar respuesta congruente, completa y rápida a la cuestión planteada por la promovente del amparo en el escrito de petición de que se habla; pues de las documentales que integran el juicio de amparo, no se aprecia que la quejosa haya solicitado un aumento adicional de su pensión sino únicamente que se le pagara de forma retroactiva la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós, en atención al aumento que cada año recibe, sin que la responsable abordara esa temática o explicara por qué no era procedente el pago de esas diferencias para el mes de enero del presente año, ya que únicamente determinó que su petición era improcedente bajo el argumento de que ese instituto ha realizado el incremento a la cuota diaria pensionaria de la aquí quejosa de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin analizar lo relativo al pago de las diferencias por el incremento de su pensión correspondiente a enero de dos mil veintidós Asimismo, se precisó que dicho oficio fue emitido con anterioridad al dictado de sentencia y al auto por el que causó ejecutoria la misma, por lo que no genera certeza para este juzgador que dicha actuación se haya dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Además, se advirtió que del escrito presentado por la parte quejosa el siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, se anexó copia simple del oficio DE/DPSH/CS/AMGG/3675/2022, de veinte de octubre de dos mil veintidós, del que se desprende que en atención a su solicitud, la responsable determinó que no existía diferencia a pagar correspondiente al mes de enero del año en curso, pues el valor de la unidad de medida y actualización para el año dos mil veintidós, entró en vigor a partir del uno de febrero de éste año, de ahí que decretó improcedente su petición, oficio que en ese momento no fue remitido por la responsable, por lo cual se volvió a requerir a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de igual forma se requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en su carácter de superior jerárquico). Posteriormente, por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando que no era superior jerárquico de la responsable encargada de dar cumplimento al fallo protector; en consecuencia, se requirió al Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de agilizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente sumario. Luego, mediante oficio recibido el doce de enero de dos mil veintitrés, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió el oficio DE/DPSH/CS/ESMO/0046/2023, al que anexó el diverso DE/DPSH/CS/AMGG/3675/2022, por el cual la responsable calificó de improcedente la petición de la parte quejosa, pues estimó que no existe diferencia a pagar por concepto retroactivo la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós; pues el acuerdo donde se informó a la población mexicana el Valor de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del año pasado, entró en vigor a partir del uno de febrero de la anualidad próxima anterior, y no del mes de enero del citado año; por tal razón al no existir actualización del valor de la Unidad Medida y Actualización en el mes de enero del año pasado, se pagó el valor que tenía la Unidad de Medida y Actualización del año 2021. Asimismo, remitió la constancia por la que acredita que el quince de noviembre de dos mil veintidós, notificó la citada misiva DE/DPSH/CS/AMGG/3675/2022, a David Romero Hernández, autorizado en términos amplios de la quejosa Irma Yolanda Escalante Morales. Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral. De lo anterior, se evidencia que la responsable expresó los motivos y normas generales en los que sustentó la negativa dada a la petición de la quejosa, por la que solicitó se le pagara de forma retroactiva la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós. Con lo anterior, se estima que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en tanto que, la autoridad responsable acató la ejecutoria dictada en autos; pues la autoridad explicó de manera fundada y motivada que no era procedente pagarle de forma retroactiva, a la quejosa, la diferencia por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa en relación a que considera que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que refiere que la responsable soslayó aplicar petición el artículo 8° del REGLAMENTO para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que dicha respuesta carece de congruencia; sin embargo, tales manifestaciones carecen de sustento, pues la respuesta de la responsable se refirió efectivamente a lo peticionado, de modo que guarda una consecuencia lógica al efecto; lo que se traduce en que la quejosa solicitó el pagó de forma retroactiva de la diferencia del aumento de pensión que recibe anualmente, por cuanto hace al mes de enero de dos mil veintidós; y la autoridad respondió que no era responsable efectuar tal pago, exponiendo sus razones y fundamentos de los mismos. Cobra sentido a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1490, Undécima Época, con número de registro 2025580, de rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria.". En consecuencia, dado que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Así, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 18, antepenúltimo párrafo del Acuerdo General citado. Notifíquese."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la delegada de la responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual remite constancias en relación al cumplimiento de la sentencia, sin que haya lugar a dictar mayor pronunciamiento, pues las mismas ya obran en autos. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio. Téngase como nuevo domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Referente a su petición de requerir a la autoridad responsable ordene a quien corresponda el pago del incremento que señala, dígase que una vez que se califique el cumplimiento a la ejecutoria se proveerá al respecto. Notifíquese.
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