Irma Yamel Camarillo Rosas

Expediente 1094/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1094/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Irma Yamel Camarillo Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, conforme al oficio número CCJ/ST/6548/2017, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Irma Yamel Camarillo Rojas, contra actos de los Magistrados de la Sala Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1094/2017, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de once de septiembre del año en curso, emitida en el toca 311/2017, promovido con motivo de la excepción de incompetencia opuesta por Juan Carlos Jiménez Marce, en el cual se declara la incompetencia por declinatoria de jurisdicción del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a fin de que los autos que integran el expediente 55-I/2017, relativo al juicio de guardia y custodia, sean remitidos a su similar en la ciudad de Puebla, Puebla, quien de considerarse competentes conozcan y resuelvan dicho asuntos. Ahora, respecto de los actos que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, de conformidad con la Ley de Amparo Vigente, es procedente el juicio de amparo siempre que sean definitivos. Lo anterior en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la resolución reclamada consiste en la declaración de incompetencia sostenida por la Sala responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha determinación no constituye un acto definitivo, para los efectos del supuesto de procedencias del juicio de amparo a que se contrae la hipótesis mencionada en el último de los numerales, porque involucra un pronunciamiento pendiente de aceptación por la autoridad a quien se declina competencia. La causa de improcedencia es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; y por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Costera Miguel Alemán número Ciento Sesenta y Cinco, Zona Centro, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martin Jans Villanueva López, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Félix Edmundo Dosal Herrera, Arturo Galeana Olivar, Cristhofer Quiroz Mojica y Walter Alarcón González, al no contar con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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