Irma Veronica Rivera Valencia

Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
801/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Irma Veronica Rivera Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. *** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** e ***** por derecho propio, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuyen a: Juez Único de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 801/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La determinación de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa penal ****, en la cual la responsable dejó expedito su derecho a acudir ante la instancia correspondiente en caso de que consideren que se actualiza un hecho de responsabilidad civil o penal. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. **** Definitividad del acto reclamado. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Estas excepciones son, a grandes rasgos, cuando el acto reclamado sea de aquéllos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento; cuando se trate de personas extrañas a juicio; y, finalmente, cuando se reclame el auto de vinculación. Medios de impugnación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con el principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos; la normatividad procesal debe establecer los medios de impugnación a través de los cuales puedan enmendarse los errores y vicios en que se haya incurrido, atendiendo a la naturaleza del acto y la clase de funcionario que los dicte. Así, la legislación citada -como las de la mayoría del país- consagra diversos medios de impugnación para combatir las resoluciones de los sujetos encargados de la administración de justicia, para buscar ya sea invalidez, modificación o revocación, cuando tienen deficiencias, errores o son ilegales; a saber: Nulidad de actos procedimentales. Éstos constituyen procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal; en otras palabras, a través de ellos se ventilan todas aquellas cuestiones suscitadas durante la sustanciación del procedimiento y que hace necesaria una resolución previa o especial; verbigracia, la nulidad de actuaciones o de notificaciones. Por otro lado, en el título XII, capítulo II, establece los recursos siguientes: a) revocación y b) apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. Finalmente, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 456, dispone que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Solución del problema jurídico. Sentadas las premisas anteriores, conviene ahora analizar si la resolución reclamada puede ser impugnada a través de algún medio de impugnación citado. Así, se desprende que si la parte solicitante del amparo señala como acto reclamado el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal ****, en la cual dejó expedito su derecho a acudir ante la instancia correspondiente en caso de que consideren que se actualiza un hecho de responsabilidad civil o penal, es indudable que en su contra procede el recurso de revocación. Lo anterior, pues conforme a la tesis I.9o.P.264 P (10a.) el recurso de revocación, regulado en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en cualquier etapa del procedimiento penal en el que intervenga la autoridad judicial, contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, del cual conocerá el mismo órgano que las emitió. Ahora, resoluciones de «mero trámite» son aquellas que no determinan el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, esto es, las que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o el estudio concienzudo propio de una resolución. Por su parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al dirimir la contradicción de criterio 331/2019, indicó que el arábigo 465 del Código citado, establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan «sin sustanciación». Mencionó que, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar de la persona juzgadora no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, la persona juzgadora resuelve de plano lo pedido. **** En estas condiciones, el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la responsable dejó expedito su derecho a acudir ante la instancia correspondiente en caso de que consideren que se actualiza un hecho de responsabilidad civil o penal, constituye una resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación, porque no entrañó una cuestión de fondo del asunto o el estudio concienzudo propio de una resolución y la determinación reclamada se resuelve de plano sin asignar un procedimiento específico para su radicación. Por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de revocación en comento. En ese orden de ideas, si el acto en estudio es impugnable en vía de revocación, es inconcuso que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la codificación de la materia, es decir, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la parte quejosa. Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, si bien, este asunto es de naturaleza penal, no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de imputado dentro de la causa de origen. Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Asimismo, sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualizan las causales de improcedencia referidas -cuyo estudio resultó ser preferente al actualizarse de manera indudable y manifiesta- con apoyo en el consecutivo 113, de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio.*** Autorizados. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas; y en términos restringidos a las diversas personas que refieren. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Ahora, conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ****. Comisiónese a la Oficial Judicial A de la adscripción, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que realice la autorización en los términos apuntados. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.

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