Irma Verenice Amador Muñoz

Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
682/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Irma Verenice Amador Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, primero de agosto de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en el presente juicio de amparo; a lo cual, se provee. I. Quejosa. Irma Verenice Amador Muñoz II. Acto reclamado. La resolución de seis de junio del año en curso, dictada en el toca 74/2022-C de la Sala de Circuito Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, la cual confirmó la determinación interlocutoria dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente 959/2012, donde se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada. III. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De los preceptos legales trascritos, se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento correspondiente, pudiéndose reclamar de manera conjunta las violaciones cometidas que hubiesen dejado sin defensa al interesado y trascendido en el resultado de la resolución correspondiente. El propio precepto señala que la última resolución en el procedimiento de ejecución es la que aprueba o reconoce incumplimiento a la sentencia o declara la imposibilidad jurídica o material de cumplimiento u ordene el archivo del expediente. En tanto que el procedimiento de remate que se aprueba en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados Por tanto, el juicio de amparo será improcedente si se trata de actos en ejecución de sentencia o de remate y no se trate de la última resolución. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de garantías en la vía indirecta cuando exista afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así lo determinó la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el presente asunto, de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de seis de junio del año en curso, dictada en el toca 74/2022-C de la Sala de Circuito Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, la cual confirmó la determinación interlocutoria dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno en el expediente 959/2012, donde se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada. Bajo ese contexto, es dable precisar que el referido acto reclamado, se dictó en ejecución de sentencia, el cual no es la última resolución dictada en ese período conforme a los lineamientos expuestos anteriormente, porque aun cuando ese acto tuvo verificativo en la etapa de ejecución, en momento alguno se señaló o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la imposibilidad jurídica para poder cumplimentarlo y, de igual manera, tampoco se indicó que el asunto ya estuviera terminado, o en su caso, que se hubiera enviado el expediente al archivo como asunto concluido. Por tanto, el acto reclamado es intermedio, ya que el acuerdo combatido no puede considerarse que sea la última resolución que ponga fin al período de ejecución en el expediente de origen, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido en forma total la sentencia dictada; se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o, se ordene el archivo del expediente y en el caso, aún no se dicta esa resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, interpretando en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 23/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 231, Novena Época, Materia Común, registro digital 178441, de rubro y texto: INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa. IV. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a uno de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda signado por Irma Verenice Amador Muñoz; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Con fundamento en el artículo 108, fracción V, en relación con el diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda respecto de lo siguiente: ? Deberá informar el estado procesal del juicio de origen; esto es, si se encuentra en trámite o en periodo de ejecución, virtud no es clara la demanda en ese sentido. Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento en el plazo que se señala, se tendrá por no presentada su demanda, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. Se tiene por autorizados en términos simples de la parte quejosa a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones electrónicas a la parte quejosa a través del usuario licagustintorres. Se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Se comisiona al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente sean notificadas a la parte quejosa por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. Ahora, si bien es cierto que la parte quejosa señaló domicilio físico para recibir notificaciones, lo cierto es que también solicita de manera expresa se le notifique todo lo relativo a este expediente a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, a efecto de evitar la duplicidad de notificaciones y privilegiando los medios de notificación electrónicos es que se tiene como único medio para recibir notificaciones de carácter personal a la parte quejosa el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ???????????? Por cuanto hace a los correos electrónicos que proporciona, se tienen como forma especial y expedita de contacto a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En la inteligencia, que el referido medio de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo los que se señalan. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del ordinal 21 de la Ley de Amparo, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese de manera personal a la parte promovente.

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