Irma Trejo Hernández

Expediente 569/2021 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Irma Trejo Hernández

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el juez oficiante, solicita se le remita la lista de publicación de la cual se advierta la notificación de IRMA TREJO HERNÁNDEZ, del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el juzgado oficiante.agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes y en atención a la solicitud del juzgado oficiante, remítase copia debidamente certificada de la lista donde se acredite la notificación a la quejosa IRMA TREJO HERNÁNDEZ, del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez ocursante. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de la quejosa, por el cual solicita un juego de copias certificadas de los autos de cinco de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, así como de la notificación ordenada por el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y señala autorizado para recoger las mismas.agréguese a los autos el escrito de mérito, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en atención a la solicitud de la ocursante.expídase a su costa copia certificada de lo solicitado, previa toma de razón que quede en autos por su entrega. Finalmente, como el presente asunto se encuentra en el archivo, por tanto, se ordena devolverlo al mismo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, solicita se le remita la lista de publicación de la cual se advierta la notificación de IRMA TREJO HERNÁNDEZ, del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el juzgado oficiante. agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que por auto de tres de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el acuse de recibo del oficio del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió el auto por el que se declaró firme el diverso acuerdo en el que este Tribunal Federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y se ordenó su archivo sin que al efecto se acordara respecto a la notificación que refiere; por tanto, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que notifique a la quejosa IRMA TREJO HERNÁNDEZ, el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez oficiante, y una vez hecho lo anterior, remita la lista que acredite tal circunstancia. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1297/2021-V-B, POR EL JUEZ DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, QUE A LA LETRA DICE: "Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el expediente del juicio de amparo directo 569/2021 de su índice, así como tres tomos de pruebas, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual el Pleno de ese órgano declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda signada por Irma Trejo Hernández, contra el acto de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ya que no constituye una sentencia definitiva ni decide el juicio en lo principal ni lo da por concluido; por tanto, corresponde conocer a este jugador federal de la demanda que para tal efecto remite. En estricto cumplimiento a lo determinado por el juez oficiante, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, y 45 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se avoca al conocimiento de la demanda; por ende, acúsese de recibido y con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1297/2021-V-B, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien, si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, que establecen Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un Amparo indirecto 1297/2021, motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Bajo ese contexto, debe precisarse que el promovente señala como acto reclamado: La resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en los autos del toca de apelación civil 518/2021 de su índice, interpuesto contra el acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en el proceso ordinario civil de nulidad absoluta de contrato de compraventa de diez de enero de mil novecientos noventa y seis, bajo el expediente 548/2017, en el que determinó no ha lugar de declarar la caducidad de instancia en ese juicio. En ese sentido, el suscrito advierte que respecto del aludido acto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ..."III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...Con base en estas disposiciones puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a Amparo indirecto 1297/2021 situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, la resolución reclamada que revocó la caducidad decretada en la primera instancia, no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que no es posible sostener que en contra de esa resolución proceda el amparo indirecto, por lo que solo puede ser impugnada cuando se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, verbigracia los emitidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis puntualizadas en párrafos precedentes, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 1/2016 (10a.), consultable en la página 15, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal Amparo indirecto 1297/2021 lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. De lo anterior, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando los reclamados no sean de los considerados como tales, el juicio de amparo será improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Ahora, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo cual implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, número VI.1º.A. J/10 (10ª.), publicada en la página mil quinientos setenta, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, Décima Época, materia común, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." l primero de los preceptos citados señala expresamente que, Amparo indirecto 1297/2021 por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." De igual forma, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92, de la Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, (Agosto de 1992), visible en página 11, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese contexto, para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en los autos del toca de apelación civil 518/2021 de su índice, interpuesto en contra del acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno dictado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en el proceso ordinario civil nulidad absoluta de contrato de compraventa de diez de enero de mil novecientos noventa y seis, bajo el expediente 548/2017, en el que determinó no ha lugar de declarar la caducidad de instancia en el juicio; a consideración del suscrito constituye, en todo caso, una violación intraprocesal, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, sino que, en sólo se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la parte afectada obtiene sentencia favorable y, de no ser así, las cuestiones que ahora se plantean constituirían violaciones procesales reclamables en los términos del artículo 171 de la ley de la materia, en la vía directa. En estas condiciones, sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable en el procedimiento de origen, es decir, el perjuicio formal que le hubieran podido originar, desaparecerá de obtener una determinación definitiva favorable a la acción intentada en el procedimiento natural, dejando intacta la esfera jurídica de la parte quejosa, al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad. Amparo indirecto 1297/2021. Resulta aplicable a esto último, por identidad jurídica, la tesis 3a. 40, de la Octava Época, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, primera parte (Julio-Diciembre de 1989), visible en la página 280, cuyo rubro y texto refieren: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que "proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las "mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 58 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Por tanto, en la especie al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda signada por Irma Trejo Hernández, contra el acto reclamado de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En diverso contexto, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio las listas que se fijan en los estrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; por tanto, solicítese al referido órgano que, de no tener inconveniente alguno, se sirva notificar el contenido del presente proveído, a Irma Trejo Hernández; asimismo, la requiera para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este municipio de Naucalpan de Juárez, lugar de residencia de este juzgado, apercibida que de no hacerlo en el término concedido, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio procesal, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo y, una vez publicada, remita copia certificada de la misma a la brevedad. Asimismo, ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en el ocurso de cuenta, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado de manera expresa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de las mismas, será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. INFORMACIÓN PÚBLICA En términos de los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información Amparo indirecto 1297/2021 pública, y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena al secretario que supervise que el Analista Jurídico Especializado realice la captura diaria de los datos que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. Intégrese a los autos la evidencia criptográfica de quienes suscriben el presente acuerdo. Notifíquese a la parte quejosa mediante las listas del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, conforme al artículo 26, fracción III, de la ley de Amparo; y, cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente Héctor Vázquez Ferzuli, Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Israel Longoria Briones, secretario que autoriza y da fe. Doy fe...

  3. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, acusa recibo del oficio del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió el auto por el que se declaró firme el diverso acuerdo en el que este Tribunal Federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, así como la totalidad de constancias inherentes al mismo.agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha causado estado el auto por el que este Tribunal Federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo al rubro citado, y por medio del oficio del índice de este Órgano Colegiado, se le informó esa circunstancia a la autoridad competente, esto es, al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.archívese este cuaderno como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno.se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

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