Irma Townsend Macías
Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 50 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Irma Townsend Macías y Otros.
- Luis Felipe Orozco Beltran
- Irma Townsend Macías
- Angel Ramirez Maya
- Leopoldo Moreno Salinas
- Angel Ramirez Maya y Otros.
- Abraham Pedro Cantu García
- Alberto Sequera Martínez
- Leopoldo Moreno Salinas y Otros.
- Abraham Pedro Cantu García y Otros.
- Franco Segura Cobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo causar agravio, haya recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que ha perdido el derecho que pudo ejercer en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. ...... Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta y de los autos del presente juicio, se advierte que en proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se tuvieron como terceros interesados a: 1. Gaspar García Saqui, 2. Felipe de Jesús Rodríguez Elizondo, 3. Mirna Esthela Monita Carreño, 4. Jorge Luis Vivero Flores, y 5. Delfina de Lourdes Cupil Díaz; quienes fueron emplazados en diligencias de tres de mayo y nueve de julio de dos mil diecinueve, a excepción de la última. Así, una vez agotada la investigación del domicilio de la tercero interesada Delfina de Lourdes Cupil Díaz, en auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos (foja 315), requiriéndose a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días se presentara a recoger los edictos y acreditara haberlos entregado para su publicación, lo que se notificó el trece de septiembre siguiente (foja 318). Por escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve, los quejosos señalaron encontrarse económicamente imposibilitados para sufragar el costo de los edictos, por lo que en auto de dos de octubre de ese año (foja 334), se les concedió un plazo de diez días a fin de que aportaran medios de convicción para demostrar su precariedad; asimismo, de manera, oficiosa se ordenó la práctica de un estudio socioeconómico de dichos quejosos a fin de determinar tal situación, lo que se notificó a la parte quejosa el tres de octubre de dicho año (foja 337). Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por el perito comisionado para tal efecto, Ángel Ramírez Maya, Francisco Ramírez Maya y Alberto Sequera Martínez, no aceptaron que se le hiciera el estudio (foja 387, 391 y 395); Irma Townsend Macías y Víctor Flores Mexicano no se presentaron en la fecha propuesta; Abraham Pedro Cantú García no dio domicilio (foja 392); Leopoldo Moreno Salinas no se localizó en el domicilio y Carlos Guillermo Barrera Aburto no se localizó el domicilio sin número que proporcionó (fojas 390 y 393). En auto de once de febrero de dos mil veinte (foja 420), se tuvo a los quejosos por desinteresados respecto a la imposibilidad que adujeron de realizar la publicación de los edictos, lo que se notificó el doce de febrero siguiente (foja 421). Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte se levantó la suspensión generada por la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, lo que se notificó a la parte quejosa en esa misma fecha (foja 437). El dos de octubre de dos mil veinte (foja 461) se requirió de nueva cuenta a la parte quejosa para que diera cumplimiento al auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, reiterándose el pazo de veinte días correspondiente; al respecto, dicha parte hizo alegaciones relativas por escrito de dos de octubre de dos mil veinte (foja 465). El cinco de octubre de dos mil veinte, se volvió a ordenar el estudio socioeconómico de los quejosos, para lo cual aceptó el cargo el perito en trabajo social Víctor Octavio Nava Ávalos (foja 493) y rindió su dictamen el diez de noviembre de dos mil veinte (foja 498). Sin embargo, Ángel Ramírez Maya, Alberto Sequera Martínez, Leopoldo Moreno Salinas y Francisco Ramírez Maya, no aceptaron la entrevista (fojas 501, 505, 499 y 503); Abraham Pedro Cantú García no dio domicilio (foja 504), Carlos Guillermo Barrera Aburto no se localizó el domicilio sin número que proporcionó (foja 507), y en cuanto a Víctor Flores Mexicano no se encontró en el domicilio (foja 506); finalmente, por lo que hace a Irma Townsend Macías, sí se practicó el estudio socioeconómico (fojas 508 a 538), el cual fue ratificado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. De lo anterior se advierte, por una parte que, al margen de que previamente ya les había fenecido un lapso concedido, desde el dos de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa conoció el auto de esa propia fecha en que se le requirió para que compareciera a recoger y publicar los edictos, sin que a la fecha lo haya realizado. Por otra, que en su oportunidad, los quejosos aportaron copia simple de diversos recibos de pago a fin de acreditar tal circunstancia, de donde se observa el monto de sus pensiones jubilatorias en moneda nacional: Ángel Ramírez Maya ($8,685.46), Irma Townsend Macías ($9,103), Abraham Pedro Cantú García ($6,465.76), Leopoldo Moreno Salinas ($9,672.88), Carlos Guillermo Barrera Aburto ($18,356.44) y Víctor Flores Mexicano ($5,928.71); Francisco Ramírez Maya y Alberto Sequera Martínez no adjuntaron recibos; además de que también se cuenta con el estudio socioeconómico realizado a Irma Townsend Macías. Dicho esto, de lo aportado en autos se advierte que los quejosos no acreditaron que estuvieran en un estado de precariedad, pues salvo Irma Townsend Macías, los quejosos impidieron la práctica del estudio socioeconómico a fin de que este órgano conociera su estatus económico integral; a la vez que esta última, de lo revelado por su pensión jubilatoria, de sus propiedades y posesiones advertidas en dicho dictamen, no se advierte su precariedad para cubrir el gasto de los edictos ordenados en autos. Además, no puede soslayarse que en el presente caso, la parte quejosa se constituye por una pluralidad de personas que bien pudieron repartirse el costo de los edictos, puesto que era de su interés común la prosecución del juicio de amparo. En ese sentido, sobre la base de que el término "escasos recursos", es un concepto dinámico que no atiende sólo a las personas situadas en el ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal, sin embargo, dicha circunstancia no aconteció dado a que con las pruebas documentales que ofrecieron los quejosos, no son suficientes para acreditar tal precariedad; por lo que, no ha lugar a determinar que la publicación de los edictos sea conforme a lo que estipula el inciso c), de la fracción III, del numeral 27 de la Ley de Amparo, tal y como lo solicitaron. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza una causal de sobreseimiento que impide entrar al estudio de fondo del asunto. Cierto, en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 27, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. (.)." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.). b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Con lo anterior, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del término de veinte días, computado legalmente, a entregar la publicación de los edictos ordenado para emplazar a juicio a la parte tercero interesada, o bien demostrar su impedimento económico que impida cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el suscrito no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en este juicio constitucional, por lo que se actualiza una causa de sobreseimiento. Esto es así, toda vez que el emplazamiento de la tercera interesada permitiría tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, de manera que los quejosos estaban condicionados a presentarse a obtener el inserto que debían publicar, pues que el incumplimiento de tal obligación provocaba que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado. Así también, el presente juicio no puede quedar paralizado indefinidamente por no haberse presentado los quejosos a obtener el inserto que debía publicar por edictos, a su costa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados en alusión, por lo que con dicha conducta se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Fundamental, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino a los propios promoventes del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Además, de que la parte quejosa no demostró encontrarse en los supuestos del artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, por tanto no puede estimarse que se priva a los quejosos del derecho humano de acceso a la jurisdicción, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), con registro digital 2006231, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS."
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente se suspendieron los plazos y términos con motivo de la circular CAP/3/2020, del Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero pasado; asimismo, mediante la diversa circular SECNO/1/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, de la Ciudad de México, se advierte que se determinó reanudar los plazos y términos a partir del doce de enero del año en curso; en consecuencia se reanuda la tramitación de este asunto en el punto en que quedó pausado. En esa virtud, se señala las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; lo que se ordena notificar a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el licenciado Leonel Vázquez Ábrego, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos se aprecia que se señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia Constitucional; sin embargo, se asentó que se celebraría en el año dos mil veinte; siendo el correcto, el dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento del presente juicio para que quede señalado para el verificativo de la audiencia Constitucional, las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente a las partes...
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