Irma Teresa Guicho Alba

Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
183/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Irma Teresa Guicho Alba

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida dentro del recurso de queja número 45/2021, interpuesto por la parte quejosa *******. Acúsese vía electrónica el recibo de estilo correspondiente. Por lo que hace a la materia de la queja interpuesta en contra la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la superioridad resolvió: ... En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, al no ubicarse en las hipótesis previstas por el artículo 15, esto es, que no se distingue que guarde relación con delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia; contra el ambiente y la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se desecho la demanda de amparo, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. En consecuencia, una vez cumplido el plazo de tres años indicado en el primer párrafo, del artículo 21 invocado, dentro de los treinta días posteriores, deberá ser depurado y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho1 anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se tuvo por admitido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa *********, por conducto de su autorizado Mario Sedano Ureña, quedando registrado bajo el número 45/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. RECURSO DE QUEJA Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por *********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida; en consecuencia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, contra el aludido auto. Ahora, tomando en consideración que la única parte agraviada en el presente caso se trata de la parte promovente, porque no se dio inicio al trámite del juicio de amparo; por ende, no existe necesidad de notificar a diversa parte Consecuentemente, remítase el original del escrito de agravios, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO el acto recurrido, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo presentada por Irma Teresa Guicho Alba, la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por tanto, se procede a radicar la demanda de amparo, registrándose en el Libro Uno de Juzgado, bajo el número 183/2021-6A. DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del análisis integral del escrito petitorio de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que es procedente DESECHAR LA DEMANDA, respecto al acto que atribuye a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Los artículos aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De lo transcrito se advierte, que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento del asunto, sin embargo, tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que dicha disposición normativa no podría interpretarse literalmente, ya que de hacerlo, el amparo procedería indefinidamente cuando se reclamara este tipo de actos, por tanto, refirió que el alcance de la procedencia estaría sujeta a los principios previstos en la Constitución Federal que rigen al juicio de amparo. Por lo anterior, los actos susceptibles de impugnarse a través de la vía bi-instancial, conforme a lo estatuido en el artículo 107 Constitucional, son aquellos que causan perjuicio al quejoso de imposible reparación y que se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; también los que pongan fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. De ahí, que para que surta el supuesto normativo para la procedencia del amparo indirecto, en específico el previsto en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser de una afectación real, actual, de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, así como que el acto resulta definitivo. Por su parte, competencia se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido, por lo que se trata de un presupuesto procesal de validez de todo acto, procedimiento o juicio; una condición con la que el juzgador debe contar para pueda desarrollar un proceso judicial, y en caso de estimar que no le corresponde conocer sobre un conflicto, podría declararse incompetente de oficio; asimismo, las partes cuentan con la facultad de cuestionar la competencia de la autoridad mediante la declinatoria y la inhibitoria (las cuales tienen la misma finalidad de que el juzgador deje de conocer sobre el caso, pero se siguen mediante distintos procedimientos). Por tanto, si la autoridad se declara incompetente para conocer de determinado asunto, o bien, sea por consecuencia de la formulación de una cuestión competencial (declinatoria o inhibitoria), en cualquiera de los casos se debe llevar a cabo el procedimiento respectivo, incluso agotar los medios de defensa previstos; por lo que la afectación personal, real y directa en la esfera de los derechos del interesado, se actualiza hasta que la nueva autoridad acepta la competencia. Lo anterior, conforme a los principios rectores del juicio de amparo contemplados en la Carta Magna, los cuales aun cuando no se ven reflejados expresamente en la fracción VIII del numeral 107 de la ley de la materia, el acto que da lugar a la procedencia del amparo indirecto, es aquél en el que se acepta la competencia del asunto, debido a que se trata de la última determinación de la autoridad susceptible de ser impugnada, pues considerar lo contrario, significaría la promoción desmedida de amparos cuya demora excesiva obstaculizaría el desarrollo de los procedimientos ordinarios. En ese contexto, se tiene que la declaratoria de incompetencia, ya sea por oficio, por declinatoria o inhibitoria, según sea el caso, por sí sola no constituye una determinación definitiva, ya que no tiene como consecuencia que el órgano r equerido acepte forzosamente el asunto remitido, por lo que la afectación del acto aún no se ha materializado, y por ende, no es susceptible de ser impugnado a través de amparo indirecto, pues se reitera, el perjuicio personal, directo y real de los derechos del promovente surge hasta que se emita la aceptación del asunto. En el caso, se advierte que la quejosa promueve la demanda de amparo contra la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró legalmente incompetente de oficio para conocer sobre el expediente número 1925/2019-1C, ordenando su remisión al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Como se anticipó, la resolución referida de incompetencia de la responsable, por sí solo no le depara perjuicio a la quejosa, debido a que no constituye una determinación definitiva susceptible de impugnación en amparo indirecto, ya que aún existe la posibilidad de que el órgano requerido rechace la competencia, entonces, si el acto aún no se ha materializado, es inconcuso que no le depara perjuicio personal, directo y real a los derechos fundamentales del promovente. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad requerida acepte la competencia y no con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, con número de registro 2009721, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, visible en la página 5, que al rubro y texto señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." [Énfasis añadido]. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Raúl Domingo Cabello Ramírez, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona, así como proporcionando los correos electrónicos que refiere a fin de establecer contacto. SE EXHORTA A LAS PARTES Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes del presente asunto a que de ser posible, realicen las gestiones y solicitudes conducentes, con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que las partes puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con el numeral 22 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 34/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitido por el propio Consejo; dada la situación de contingencia que se encuentra en el país, como consecuencia de la pandemia COVID-19. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificacione s personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que "En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al actuario adscrito para que la notificación que se ordena en el presente auto, se realice observando los lineamientos previstos en los artículos 2, fracción XIV y 6, segundo párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, en relación con la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación de las personas justiciables. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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