Irma Soriano Garcia

Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Irma Soriano Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado consentido para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del incumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo ley, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la responsable de manera inmediata deberá de llevar a cabo las gestiones conducentes de acuerdo a sus facultades y proporcione la atención médica especializada en ortopedia al quejoso sobre los padecimientos que aduce sufrir consistentes lesión en la rodilla derecha con dolor intenso al hacer cualquier tipo de ejercicio, inflamación, imposibilidad para caminar, dolor en glúteo derecho y parte baja de la espalda, con molestia al descansar y dormir, incluyendo la entrega de los medicamentos, dispositivos, estructuras y tratamientos de rehabilitación necesarios para promover y restaurar su salud, lo que deberá acreditar con constancias fehacientes a esta juzgadora, en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria de esta sentencia constitucional(.)." El doce de enero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS Durango, fue omisa en informar sobre las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, toda vez que mediante proveídos de doce de enero, dieciséis, veintisiete de febrero, veintiocho de junio, diez de agosto, veintitrés de octubre, trece de noviembre, veintinueve de diciembre, todos de dos mil diecisiete; tres de enero, veintiuno de febrero, veinticuatro de mayo, veintiséis de junio, dieciséis de julio, tres, veintiocho de agosto, quince de octubre y siete de diciembre, todos de dos mil dieciocho; veinticinco de febrero, veintiséis de marzo, veintitrés de abril, cuatro, veinticinco de junio, nueve de septiembre, nueve de octubre, cinco, diecinueve de noviembre, dos, veintisiete de diciembre, todos de dos mil diecinueve; veinticuatro de enero, veintisiete de febrero, diez de septiembre, todos de dos mil veinte; doce de enero, veinticuatro de junio, veintinueve de julio, nueve de septiembre, trece, veintinueve de diciembre, todos de dos mil veintiuno; veintiocho de enero, dieciocho de febrero y ocho de marzo, todos de dos mil veintidós, se le requirió a dicha autoridad responsable, para que diera el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto. Se declara no cumplido el fallo protector. En tales condiciones, se estima que tal hecho constituye una notoria evasiva en el cumplimiento del fallo protector, ya que no obstante los diversos requerimientos por este órgano jurisdiccional, la citada autoridad responsable ha sido omisa en contestarlos. Incidente de inejecución. De ahí entonces, si la actitud desplegada por la autoridad responsable se traduce en una evidente omisión en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por ello, de conformidad con el acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, resulta procedente remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes por separado, déjese constancia de este proveído así como de las demás constancias que se requieran para lograr su cabal cumplimiento. Sirve a lo anterior, la jurisprudencias 137/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, octubre 2008, página 442, con número de registro 168712, del texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA EN AMPARO INDIRECTO. EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN. Con motivo de la reforma al párrafo séptimo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de junio de 1999, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a expedir acuerdos generales a efecto de remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito todos los asuntos en los que se hubiere establecido jurisprudencia, los que no revistan interés o trascendencia, o en los que el mismo Alto Tribunal estime innecesaria su intervención. En ejercicio de tal facultad, el 21 de junio de 2001 el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y al envío de los de su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito. Entre estos últimos se encuentran los incidentes de inejecución a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias en que se concede el amparo, dictadas por Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios, conforme al punto quinto, fracción IV, que en relación con el punto décimo, fracción I, del mismo Acuerdo General, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano jurisdiccional que hubiese dictado la sentencia respectiva, o al especializado que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión, cuando en el circuito existan dos o más tribunales, o en su caso, al que se encuentre en turno. En consecuencia, si se suscita un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito especializados, pero uno de ellos previno en el conocimiento del amparo en revisión en que se concedió la protección constitucional, a éste compete conocer del incidente de inejecución de sentencia respectivo, debiendo atenderse para ello al Acuerdo General referido, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, como son los de returno que emite el Consejo de la Judicatura Federal, que no pueden estar por encima de un Acuerdo General Plenario de este Alto Tribunal, como lo es el 5/2001, que desarrolla una facultad derivada directamente de la Constitución Federal, relacionada con la delegación de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los Tribunales Colegiados de Circuito". Así como la jurisprudencia 9/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, octubre 2001, página 336, con número de registro 188634, del texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia". En ese mismo sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós y se impone a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a $ 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. En la inteligencia de que este juzgado se reserva enviar del oficio para la aplicación de dicha sanción, hasta en tanto el tribunal colegiado confirme esta determinación. En otro entorno, a fin de procurar el cumplimiento de la protección constitucional, como lo establece el artículo 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, para que en el término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificado de este proveído, cumpla con los efectos de la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente al quejoso y asesor jurídico.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad penitenciaria responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "i. El Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 50/2018, que revocó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, emitido en la causa penal 354/2016, por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos de uso de documento falso y simulación de actos jurídicos, previstos y sancionados en los artículos 297 y 235, fracción I del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en su lugar, dicte con plenitud de jurisdicción, una nueva resolución en la que, en caso de emitirse en el mismo sentido, deberá subsanar las deficiencias formales siguientes: ii. Funde y motive su competencia. iii. Precise con exactitud con qué medios de prueba que obren en la indagatoria justificó, en lo individual, cada uno de los elementos del cuerpo de los delitos, en especial, los elementos subjetivos específicos diversos del dolo, y exponga con toda claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos atribuidos. iv. Señale con precisión las razones, motivos o circunstancias especiales que consideró para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en los injustos atribuidos, con apoyo a los elementos de prueba que resulten aptos para evidenciar esa circunstancia, otorgándoles el valor probatorio que les corresponde. v. Motive adecuadamente el grado de intervención (autoría) del quejoso en la perpetración de la conducta típica imputada, así como la forma de realización de la conducta (dolosa), relacionándolas con las pruebas existentes en el sumario". Impugnación. Inconforme con la sentencia, la parte tercera interesada, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, el cual confirmó la sentencia recurrida. Pronunciamiento. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado federal estima que, en el caso, se cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con total libertad de jurisdicción, la autoridad en comento emitió una determinación el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 50/2018, con la cual dejó insubsistente la resolución de trece de junio de dos mil veintiuno y dictó una nueva en la que precisó los medios convenientes de prueba, fundó y motivo la competencia para dictar la resolución y, al examinar los medios de convicción determinó que estos no acreditaron los elementos del cuerpo del delito, es decir, los relativos a los delitos de uso de documentos falsos y simulación de actos jurídicos previstos y sancionados en los artículos 297 y 235, fracción I del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; por ello, confirmó el auto de libertad objeto de apelación dictado en favor del aquí quejoso dentro de la causa penal de origen. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable emitió una nueva determinación con la cual remedió los vicios de forma que se advirtieron en la ejecutoria de amparo; ello, pues la autoridad dejó sin efecto la resolución reclamada, fundó y motivó su competencia legal y, al examinar los medios de convicción determinó que estos no justificaron los elementos del cuerpo del delito, por lo cual, con libertad de jurisdicción confirmó el auto de libertad objeto de apelación. Ahora bien, con relación a las manifestaciones vertidas por el tercero interesado Eduardo Gabriel Cornú Maynez, con las cuales aduce que la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, debe indicarse que las mismas son infundadas, pues en el caso la ejecutoria de amparo no indicó que se examinarán los medios de prueba en la manera que refiere, ya que sobre ese punto se dijo que la autoridad gozaba de libertad porque precisamente tenía que explicar cuáles pruebas eran las que, a su prudente criterio, resultan aptas para la justificación de los elementos del cuerpo del delito; luego, si la responsable actúo con base en esa libertad de jurisdicción es claro que no incurrió en los excesos o defectos a que alude el tercero en cita, razón por la cual, debe tenerse por cumplida la sentencia por los motivos ya mencionados. Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a las partes.

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