Irma Soriano Garcia

Expediente 232/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
232/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Irma Soriano Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de mayo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas del veinte de abril de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por el quejoso; con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como con la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y las pruebas ofrecidas por el fiscal federal y la autoridad responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que solo el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló alegatos en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse al fiscal federal formulando las alegaciones correspondientes y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Irma Soriano García, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se returnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se aceptó el returno planteado por el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, se admitió la demanda de amparo, y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, registrándose con el número 232/2022-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa en esta vía reclama lo siguiente: i. La omisión por parte de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en la audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Resulta cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, relativas al juicio laboral 448//2020, que en copia certificada fueron allegados a este juicio; a los que por tener la calidad de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, mismas que resultan aptas para acreditar la existencia del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Análisis de la procedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En este sentido, analizada en su totalidad la demanda en cuestión y las constancias de autos, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido vulnerados. Por lo que, el principio que rige su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En el caso, si bien subsiste la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós en la que se reservó emitir pronunciamiento respecto de las pruebas documentales ofrecidas por la aquí quejosa, relativas al incidente de competencia planteado por la parte tercera interesada, no puede surtir efecto material alguno. En virtud que, de las constancias de autos, se advierte que en audiencia celebrada el ocho de marzo de dos mil veintidós, la Junta responsable, resolvió infundado el incidente de competencia planteado por la parte demandada y ordenó continuar con el juicio en su etapa procesal correspondiente; lo que se corrobora de las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, relativas a la audiencia ocho de marzo del presente año, dictada en el juicio laboral 841/2020. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir a la quejosa sobre un derecho que ya no existe, dado que la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, llevó a cabo la audiencia en la que se resolvió como infundado el incidente de competencia planteado por la parte demandada y ordenó continuar con el juicio en su etapa procesal correspondiente, en los términos precisados en el párrafo que antecede. En contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XCIX/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, novena época, página 357, que señala: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, al dejar de existir el objeto o la materia del acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se sobresee en el juicio, conforme a la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal, respecto del citado acto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Intervenciones ministeriales. Se reciben las intervenciones ministeriales a través de las cuales la fiscal de la adscripción ofrece pruebas y realiza manifestaciones en vía de alegatos, mismos que se ordenan agregar a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que refiere, sin perjuicio de tomarlas en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Alegatos. Ahora bien, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional que se celebre. Escrito. Por último, agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y en atención a lo solicitado, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veinticinco de marzo del año en curso. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector, y se ordenó el archivo en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, y el duplicado es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Notifíquese.

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