Irma Rosana Ventura Vargas

Expediente 436/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
436/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Irma Rosana Ventura Vargas
  • Irma Rosana Ventura Vargas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE cuatro de mayo de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese la constancia levantada el día de ayer, con motivo de la comparecencia de la quejosa ***********, en la que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por proveído veinte de abril del año en curso, ratificó la firma que aparece al calce de su escrito presentado el diecinueve de abril del presente año, en la oficialía de partes de este tribunal, cuya promoción fue registrada con el número 6364, refiriendo bajo protesta de decir verdad, que dicha firma es suya, puesta de su puño y letra. ... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por *********, **********, **********, ******, *********y *********. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veinte de abril de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito de la representante común de la parte quejosa Karla del Socorro Garma Paredes, que exhibe con relación al requerimiento efectuado en auto de dieciséis de abril del presente año. Al efecto, toda vez que de la firma puesta al calce de dicho escrito, se aprecia a simple vista que sus rasgos caligráficos no coinciden con la que aparece estampada por el propio quejoso en su escrito de demanda, lo que genera que no sea factible por el momento acordar sobre el contenido del escrito de cuenta, hasta en tanto el nombrado promovente comparezca a ratificar el citado escrito con número de registro 6364. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, requiérase a la referida representante común, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de su notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado Federal con identificación oficial que contenga fotografía actualizada, a fin de ratificar la grafía cuestionada que obra al calce del memorial de cuenta. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 202, publicada en la página 165 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido, que de comparecer al desahogo de la diligencia y se produzca con falsedad ante esta autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, incurrirá en la conducta prevista en el artículo 261 de la Ley de Amparo y se le impondrán las sanciones a que se refiere el propio dispositivo legal. Pues, si a pesar de haber sido apercibida con la posible actualización de las consecuencias referentes al tipo penal aludido, la persona comparece y reconoce una firma como suya, pero, posteriormente, se comprueba que ésta no fue puesta de su puño y letra; es decir, que no es auténtica, resultaría dable presumir que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito. Por ilustrativa se cita la jurisprudencia siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." (Época: Décima Época, Registro: 2014436, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.), Página: 1234) Notifíquese personalmente a la representante común de la parte quejosa.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE REPRESENTANTE COMUN EL PROVEÍDO DE dieciséis de abril de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ********, *******, *******, ******, **********y *******, contra los actos que reclaman del Fiscal General del Estado de Yucatán y Titular de la Agencia Vigésimo Novena Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado, con el número 436/2018-V-B. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 110, 112 y 114, todos de la Ley de Amparo; a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Proporcione el nombre y domicilio de la persona denunciada en la carpeta de investigación 29/000178/2017, pues le reviste el carácter de tercero interesado, de conformidad con la fracción III, inciso d), del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de proceder a su emplazamiento en este juicio, pues no obstante que en el capítulo correspondiente la parte promovente señaló que dada la naturaleza del asunto no existía, en el capítulo de conceptos de violación, se desprende la existencia de una persona identificada en contra de la cual se interpuso la denuncia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1321, del Libro 8, Tomo II, Julio de 2014, correspondiente a la Décima Época, Materia Constitucional, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007048, que indica: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. TIENE ESE CARÁCTER EL INCULPADO, CUANDO AQUÉL ES PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO). De una interpretación conforme del artículo 5o., fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, así como con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el inculpado tiene el carácter de tercero interesado cuando el quejoso es la víctima u ofendido del delito, no sólo cuando en averiguación previa se señala como acto reclamado el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, sino contra todos los actos del Ministerio Público, como los previstos en el artículo 107, fracción VII, de la ley citada, que señala que el amparo indirecto procede: "contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Lo anterior, toda vez que las violaciones a derechos humanos -como lo es la adecuada defensa-, es de especial atención, pues como lo señaló la citada Corte Interamericana, esa prerrogativa necesariamente debe ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena, lo cual debe respetarse en los procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales, verbigracia, el amparo indirecto; por tanto, es indispensable que el inculpado participe en igualdad de circunstancias con la víctima u ofendido, esto es, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, y la mejor forma de lograrlo es a través de su reconocimiento como tercero interesado en el juicio de amparo indirecto." Se apercibe al promovente que de no cumplir con el requerimiento que se le hace dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, como lo dispone el artículo 114, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 538, del Tomo XIV, Julio de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211,339, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los os requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado existe una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgado federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." De igual manera, hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados a Héctor Ernesto Franco Ceja y Miguel Ángel Mateos Escalante. Ambos con las limitaciones del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que relaciona en dicho escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa, a Karla del Socorro Garma Paredes. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a *****, representante común de la parte quejosa.

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