Irma Rivera García
Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Irma Rivera García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, en su carácter de autorizado del quejoso José Luis Avalos Gutiérrez, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se vincule al cumplimentó de la sentencia de amparo al Comandante de la Policía Estatal Acreditable Destacamento en Llera, Tamaulipas. No ha lugar a acordar de conformidad su petición, en atención a que el efecto de la sentencia proteccionista, consiste en que la autoridad responsable concluya el procedimiento de ejecución de laudo dentro del juicio de origen; hipótesis que no se encuentra prevista en el artículo 211 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla. Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición." Asimismo, y atendiendo a lo anterior, se traen a la vista los artículos reguladores de la ejecución de sentencia 192, 193, 194, 195 y 196 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. Párrafo reformado. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según orresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 192 a 196 de la ley de la materia, versan sobre el tratamiento que se le debe dar al cumplimiento de la sentencia protectora de amparo, esto es, desde la notificación a las partes una vez que cause ejecutoria la protección constitucional; el requerimiento a las responsables para el debido cumplimiento; y las sanciones que conllevarían el no acatarlo en el plazo otorgado sin causa justificada. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis ha ido estableciendo principios que emanan de la ley y que deben ser observados en la ejecución y cumplimiento de sentencias de amparo, recogiendo todo lo anterior la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), visible en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, correspondiente al mes de noviembre de 2014, Décima Época, número de registro 2007918, de rubro y letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Ahora bien, el análisis de las normas legales reproducidas en párrafos precedentes y los principios emitidos por el Más Alto Tribunal del País, en la Jurisprudencia acabada de citar, establecen las atribuciones y límites de los juzgadores para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, de los que se advierte que éstos, tienen el deber de dictar las medidas necesarias para evitar el desacato por parte de la autoridad, sin embargo, tales medidas implican hacer los requerimientos pertinentes a las responsables y sus superiores jerárquicos, previniéndolas que en caso de no acatar lo ordenado en la sentencia protectora se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se analice si es el caso de separar a la autoridad contumaz de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito. También dentro de esas tareas se encuentra la de determinar los efectos precisos de la concesión, esto es, los alcances del fallo protector, así como las autoridades encargadas de su cumplimiento, y la medida en que cada una debe participar; considerar, en su caso, la procedencia de un cumplimiento sustituto; analizar si la realización de ciertos actos por parte de la autoridad responsable trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida; o, si por el contrario, no pueden considerarse ni como un principio de ejecución, determinando la remisión del expediente al Alto Tribunal ante la abstención total por parte de la responsable, de acatar lo ordenado en la sentencia de garantías; tomando en cuenta, ante todo, que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, lo que implica, por supuesto, investigar y conocer los datos ciertos del promovente del juicio, así como los actos que originaron la protección constitucional, a fin de proporcionar a la autoridad los elementos suficientes para lograr que aquéllas tomen las medidas necesarias para no eludir el cumplimiento. Sin embargo, en modo alguno se incluye en la ley o la jurisprudencia que establecen las medidas necesarias para lograr el eficaz y pronto cumplimiento del fallo, que este Juzgado obligue a la autoridad responsable por medio de la fuerza pública el pago de la condena establecida en el laudo dictado dentro del juicio de origen. Lo anterior se estima así, pues de acuerdo a los artículos 192, 193, 194, 195 y 196 de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia respectiva se destaca de la siguiente manera el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo: Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. Si no se logra el cumplimiento -que por regla general debe darse dentro del término de tres días, salvo que esto no sea posible en ese término- tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda a la autoridad responsable por medio de la fuerza pública el pago de la condena establecida en el laudo dictado dentro del juicio de origen, pues como ya se dijo el cumplimiento sólo corresponde a la autoridad responsable, lo que excluye la aplicación del primer párrafo del artículo 211 de la Ley de Amparo, ya que se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo del mismo precepto legal, de ahí la improcedencia de la petición de la quejosa Siendo oportuno precisar que la autoridad que conoce del Amparo, dentro del procedimiento jurisdiccional, en tratándose del trámite del cumplimiento de una sentencia de amparo, debe de observar estrictamente lo dispuesto en los Artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo y los Principios que a través de la jurisprudencia citada en líneas antecedentes ha fijado el Más Alto Tribunal del País. De exacta aplicación resulta la tesis de jurisprudencia 2ªP/J.199/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de enero de 2007, Novena Época, número de registro 173579, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. A FIN DE LOGRARLO, EL JUZGADOR DEBE AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO QUE LA LEY DE AMPARO PREVÉ, EL CUAL NO DISPONE QUE SE DENUNCIE A LA RESPONSABLE CON LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES EN SU CONTRA. Los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 104 a 112 de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras y la facultad de los juzgadores para evitar que las autoridades responsables lo eludan, como son dictar las medidas necesarias para evitar el desacato por parte de la autoridad, haciendo los requerimientos pertinentes a la responsable y a sus superiores jerárquicos, previniéndola que en caso de no acatar lo ordenado en dicho fallo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice si es el caso de separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito; determine los efectos precisos de la concesión, así como las autoridades encargadas de su cumplimiento, y la medida en que cada una debe participar, considerando, en su caso, la procedencia de un cumplimiento sustituto, y analizar si la realización de ciertos actos por parte de la responsable trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, lo que implica investigar y conocer los datos ciertos del promovente del juicio, así como los actos que originaron la protección constitucional, entre otros. Sin embargo, dentro de las indicadas medidas no se incluye la de prevenir a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a sus obligaciones se dará vista a la Secretaría de la Función Pública o a la Contraloría Interna del organismo, y hacer efectivo dicho apercibimiento, informando sobre su actitud contumaz con la finalidad de que se dé inicio a un procedimiento de responsabilidades en su contra, conforme al artículo 8o., fracciones I y V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que tal actuación excede del marco jurídico previsto en los numerales citados, y si bien es deber del juzgador velar por el cumplimiento de la ejecutoria, esto no implica denunciar a la autoridad para que se le inicie un procedimiento donde se analice si sus actos u omisiones constituyen una responsabilidad administrativa." Tesis que corrobora lo antes dicho, en el sentido de que en el trámite para el cumplimiento de ejecutoria de amparo, el Juez de Distrito debe observar estrictamente los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo y jurisprudencia ya precisada. De ahí que, si en el caso concreto, no se está en la hipótesis prevista en el artículo 211 de la Ley de Amparo, sino por el contrario, se trata de un asunto en el que, sólo la autoridad responsable puede dar cumplimiento a la sentencia proteccionista, ya que debe realizar el trámite correspondiente para logar la ejecución del laudo y por ende no ha lugar a proceder en los términos solicitados por la promovente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada EDGAR IVÁN CRUZ LERMA, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Coordinador Jurídico de COMAPA, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se les hizo por diverso proveído de veintiocho de diciembre del año próximo pasado, manifiesta que no se encontró usuario alguno a nombre de ******************** ******************** Múltiple, Grupo Financiero ******************** Bancomer, por ********************y ********************. NOTIFÍQUESE.
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