Irma Ríos Pérez
Expediente 92/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Irma Ríos Pérez
- Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en fecha veintiuno de julio del año en curso, fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 92/2016-II, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; que en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa, con valor jurídico, por ende el cuadernillo original del incidente de suspensión es depurable y el duplicado del citado es destruible, en atención al mencionado acuerdo; y, se ordena su archivo definitivo por separado.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra del auto de treinta de junio del año en curso, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico y por ende, destruible.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin necesidad de verificar la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". En efecto, de la demanda de amparo que originó el presente juicio de garantías, recibida en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el cuatro de abril de dos mil dieciséis, se advierte que la quejosa Irma Ríos Pérez, acude a la presente instancia constitucional doliéndose de actos y autoridades que a continuación se precisan: "II.- Las autoridades responsables son: a) En Calidad de Ordenadoras señalo al C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. b) En calidad de Ejecutora señalo a El C. Director De La Policía Ministerial Del Estado De Zacatecas, con domicilio públicamente conocido y Comandante de la Policía Ministerial con destacamento en Miguel Auza, Zacatecas. III.- El acto reclamado: Reclamo de las autoridades señaladas como responsables en su calidad de ordenadoras la ORDEN DE APREHENSIÓN QUE HAN LIBRADO EN MI CONTRA que en forma escrita han girado en mi contra para la privación de mi libertad.". Actos que considera violatorios de las garantías constitucionales tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana. Ahora bien, de la certificación asentada al inicio de la presente determinación, se advierte que la misma quejosa Irma Ríos Pérez, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo son en este caso: a).- El Agente del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público número uno de la ciudad de Miguel Auzao, Zacatecas, con domicilio particular en Casa de Justicia de la misma ciudad de Miguel Auza, Zacatecas. b).- El Agente del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público número dos de Miguel Auza, Zacatecas, con domicilio en particular en casa de Justicia de la misma ciudad de Miguel Auza, Zacatecas. c).- El C. Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, con domicilio en casa de Justicia, del mismo Distrito Judicial. d).- El Encargado de la Policía Ministerial en el Estado con domicilio en Héroes de Chapultepec número 1000, colonia Lázaro Cárdenas, de esta ciudad. Domicilios oficiales bien conocidos. e).- El Comandante de la Policía Ministerial en el Distrito Judicial de Miguel Auza, zacatecas, con domicilio en casa de justicia. Domicilio oficial bien conocido. IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- De los incisos a) b) y c) les reclamó (sic) la ilegal Orden de Aprehensión y/o presentación y detención que arbitrariamente hayan emitido en mi contra. b).- De los incisos d) y e) les reclamó (sic), la ejecución en su caso de la orden de Aprehensión y/o presentación y detención que se quiere ejecutar en mi contra de manera antijurídica.". Actos que considera violatorios de las garantías constitucionales tuteladas por los artículos 14, 16 y 102 de la Constitución Política Mexicana. Juicio de amparo que fue admitido a trámite por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, registrado bajo el folio 55/2016-I y, en el que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil dieciséis, para el verificativo de la audiencia constitucional. Ahora bien, del análisis íntegro de las constancias que integran dichos juicios de amparo, se advierte que en ambos juicios las autoridades responsables únicamente reconocieron la existencia de la orden de aprehensión librada el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Miguel Auza, Zacatecas, dentro del proceso penal 23/2014 de su índice, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de robo calificado ejecutado con violencia en las personas, vivienda y usando armas, en perjuicio de Enrique Salazar Ríos. Cabe precisar que el referido expediente (juicio de amparo 55/2016-I) se toma como elemento de prueba, sin necesidad que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve la referida quejosa Irma Ríos Pérez, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el suscrito puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance. Al respecto, es aplicable en lo conducente el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 199531, del tenor: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En consecuencia, es evidente que al promover la quejosa Irma Ríos Pérez el juicio de amparo 55/2016-I, del índice de este juzgado, contra las mismas autoridades responsables señaladas en el presente juicio de amparo 92/2016-II (aun cuando en el primero de los citados juicios de amparo se hayan señalado más autoridades ejecutoras), por el mismo acto reclamado (orden de aprehensión librada el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Miguel Auza, Zacatecas, dentro del proceso penal 23/2014 de su índice, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de robo calificado ejecutado con violencia en las personas, vivienda y usando armas, en perjuicio de Enrique Salazar Ríos), mismo que se encuentra en trámite, de acuerdo a lo asentado en la certificación de cuenta, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Miguel Auza, Zacatecas y otra autoridad, es materia de otro juicio de garantías (55/2016-I), el cual se encuentra en trámite, puesto que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil dieciséis, para el verificativo de la audiencia constitucional en dicho juicio, por lo que se reúnen los extremos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que se trata de dos juicios de garantías promovidos por la misma quejosa, contra las mismas autoridades (variando únicamente en el sentido que en el juicio de amparo 55/2016-I, fueron señaladas otras tres autoridades ejecutoras, además del Director General de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, quien rindió informe por la diversa autoridad que la quejosa denominó como Encargado de la Policía Ministerial en el Estado) y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; uno de los cuales se encuentra en trámite, de acuerdo a los razonamientos expuestos con antelación. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, materia común, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006145, del tenor: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción X, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis, se deja sin efecto dicho señalamiento. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para obrar como corresponda el acta de defunción del tercero interesado, quien en vida llevara el nombre de Enrique Ríos Salazar, que remite el Oficial del Registro Público Civil en Juan Aldama, Zacatecas; téngase por cumplido el requerimiento hecho por este juzgado en proveído de diecisiete de junio del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se desprende que en proveído de diecisiete de junio del año en curso, se requirió al Oficial del Registro Civil en Juan Aldama, Zacatecas, para que remitiera copia debidamente certificada del acta de defunción del tercero interesado Enrique Ríos Salazar; para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis para su verificativo.
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