Irma Revilla Aguilar

Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
814/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Irma Revilla Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el apartado 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que sobreseyó y negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó y negó la protección constitucional. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el arábigo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el apartado 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 814/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 814/2021, promovido por ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de la citada autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la acción de amparo; se requirió informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en el citado proveído se determinó que no era procedente la petición de la impetrante, en el sentido de que se le designara un representante especial en términos del numeral 8 de la ley de la materia, pues no acreditó, con las constancias idóneas, que ya fuera declarada interdicta. Por ello, iuris tantum, la sustanciación del juicio se llevó bajo el reconocimiento de que tiene plenitud de facultades físicas, mentales y jurídicas, toda vez que su sola edad por sí sola no es factor para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ello, conforme a la tesis 1a. CXXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de la Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, en Materia(s): Constitucional, Página: 1103, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Sin que se fomente o la coloque en estado de indefensión, pues de su demanda se advirtió que cuenta con personas para la protección de sus intereses, ya que autorizó a abogados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como diversas para oír y recibir notificaciones a su nombre. Además, se indicó que lo anterior era sin perjuicio de que, durante la sustanciación del juicio, pudo aportar las constancias correspondientes, para acreditar la situación legal de ..., pues indicó bajo protesta de decir verdad que el proceso instado para la declaratoria de interdicción aún se encuentra en trámite. Resultando orientadora por sus consideraciones, la tesis IX.2o.5 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, Tomo II, página 1604, registro digital 2006763, Décima Época, de rubro siguiente: AMPARO PEDIDO POR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. SI QUIEN SE OSTENTA COMO SU REPRESENTANTE MANIFIESTA EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE AQUÉLLA ES INCAPAZ PARA PROMOVERLO, SIN APORTAR PRUEBA ALGUNA QUE LO ACREDITE, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN Y AL PRINCIPIO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DEBE ATENDER DICHO SEÑALAMIENTO Y ADMITIRLA SIN PERJUICIO DE QUE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO SE APORTEN LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES." TERCERO. Trámite. La autoridad responsable rindió su informe justificado; la parte tercera interesada fue emplazada; la fiscal federal no presentó pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 36 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: La sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación ... de la Segunda Sala Familiar de esta ciudad, por la cual modificó el auto impugnado de cinco de abril de ese año, emitido en el proceso sucesorio testamentario ... radicado ante el juzgado Trigésimo Segundo Familiar de esta entidad. En dicho proveído, originalmente el juez de origen tuvo por exhibidas las constancias del procedimiento llevado en el Estado de Querétaro, para apoyo y salvaguarda de la aquí quejosa, por lo que aduciendo que para no afectar sus prerrogativas, ordenó la suspensión del procedimiento sucesorio hasta la ejecución de los estudios psiquiátricos y asignación de un tutor a la presunta incapaz ..., y se requirió seguir informando el estado procesal del asunto foráneo y los datos de aquel que se designen como tutor. Sin embargo, la materia de la modificación resuelta por la Sala responsable consistió en decretar que no era procedente ordenar la suspensión del juicio sucesorio de origen, quedando incólume el resto. TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendidos en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1. ..., ... y ..., de apellidos ... denunciaron la sucesión testamentaria a bienes de ... , viuda de ..., la que se radicó, misma que se admitió a trámite el doce de abril de dos mil dieciséis. 2. El trece de junio de dos mil dieciocho, tuvo lugar la junta de herederos prevista en el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, donde se determinó: ".Con fundamento en el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, se declara la validez del testamento público abierto que ... otorgó el día diez de abril de dos mil seis, contenido en la escritura número ... pasada ante la fe del Notario número 2 del Distrito Judicial de Pachuca, Estado de Hidalgo Licenciado ... y se reconoce como legatarios de la autora de la sucesión a ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... y ..., y como herederos a ..., ..., ..., ..., ... y...." 3. Luego, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, se designó como albacea definitiva a .... 4. Posteriormente, ... exhibió copia certificada de todo lo actuado en el juicio de acción de fijación de apoyos y salvaguardas promovido por ésta en contra de ..., expediente...del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de San Juan del Río, Querétaro. 5. El cinco de abril de dos mil veintiuno, el juez natural resolvió: "Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. A los autos, el escrito y anexo que presenta ..., coheredera y albacea de la presente sucesión. Visto su contenido, se le tiene exhibiendo copia certificada de lo actuado en el expediente relativo a la ACCIÓN DE FIJACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDAS promovido por ... Y OTRAS en contra de ..., número ... que se tramita ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de San Juan del Río, Querétaro, la cual por su naturaleza reviste valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 327, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y en la cual se desprende la iniciación de un procedimiento judicial, el cual tiene como finalidad primordial, establecer los apoyos y salvaguardas que necesita ... para el desarrollo de su vida, debiendo garantizar en todo momento los derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, y preservar su mayor bienestar, debiendo en todo momento procurar que la antes mencionada disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por sí misma sobre su vida, estableciendo mecanismos de asistencia para que pueda tomar sus propias decisiones y favorecer su autonomía, buscando en todo momento el mayor beneficio para la probable interdicta, dentro de un modelo de inclusión y tutela de sus derechos velando por su protección, supliendo en toda su amplitud la queja de la probable incapaz, sin que sea obstáculo para ello, la naturaleza de los derechos cuestionados; y para ello, es menester la designación de un tutor a la presunta incapaz ..., y la realización de un estudio psiquiátrico a la misma, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual, si necesita de un representante para su acompañamiento y administración de sus bienes, por lo que hasta en tanto suceda eso, y con el fin de no vulnerar a la presunta incapaz y coheredera de la presente sucesión ..., su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juez, en términos del artículo 137-Bis fracción X, inciso b) del Código Adjetivo Civil, estima necesario suspender el procedimiento del presente juicio sucesorio, y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se previene a la ocursante para que informe al suscrito Juez, los avances del procedimiento judicial aquí aludido y el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor de ..., apercibida que en caso de no hacerlo, así como en el término de CINCO DÍAS posteriores a la aceptación y discernimiento del cargo de tutor de dicha persona, se le impondrá como medida de apremio una multa de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por oposición a un mandamiento de naturaleza judicial, de conformidad con los artículo 62 y 73 del Código Adjetivo Civil.- Lo anterior sin menoscabo de que se deberá continuar con el incidente de remoción de albacea que está en trámite, con el diverso de oposición a las cuenta de albacea, que está en trámite, con el diverso de oposición a las cuentas de albacea, (SIC) ya que en los mismos no es parte la presunta incapaz." 6. Inconformes, ..., ... y ..., de apellidos... interpusieron recurso de apelación, mismo que fue resuelto el nueve de septiembre de dos mil veintiuno por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca ..., quien modificó el auto recurrido, para quedar: "Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. A sus autos, el escrito y anexo que presenta ..., coheredera y albacea de la presente sucesión. Visto su contenido, se le tiene exhibiendo copia certificada de lo actuado en el expediente relativo a la ACCIÓN DE FIJACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDAS promovido por ... Y OTRAS en contra de ..., número ... que se tramita en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de San Juan del Río, Querétaro, la cual por su naturaleza reviste de valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 327, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y en la cual se desprende la iniciación de un procedimiento judicial, el cual tiene como finalidad primordial, establecer los apoyos y salvaguardas que necesite ... para el desarrollo de su vida, debiendo garantizar en todo momento los derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, y preservar su mayor bienestar, debiendo en todo momento procurar que la antes mencionada disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones y favorecer su autonomía, buscando en todo momento el mayor beneficio para la probable interdicta, dentro de un modelo de inclusión y tutela de sus derechos, velando por su protección, supliendo en toda su amplitud la queja de la probable incapaz, sin que sea obstáculo para ello, la naturaleza de los derechos cuestionados; y para ello, es mantener la designación de un tutor a la presunta incapaz ..., y la realización de un estudio psiquiátrico a la misma, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual, si necesita de un representante para su acompañamiento y administración de sus bienes, por lo que hasta en tanto suceda eso, y con el fin de no vulnerar a la presunta incapaz y coheredera de la presente sucesión ..., su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se previene a la ocursante para que informe al suscrito Juez, los avances del procedimiento judicial aquí aludido, y el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor de ..., apercibida que en caso de no hacerlo así en el término de CINCO DÍAS posteriores a la aceptación y discernimiento del cargo de tutor de dicha persona, se le impondrá como medida de apremio, una multa de $5, 000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por oposición a un mandamiento de naturaleza judicial, de conformidad con los artículos 62 y 73 del Código Adjetivo Civil. Notifíquese" Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto ... . La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente porque no existe un agravio actual, real y directo contra el citado quejoso, en términos del precepto 107 fracción I de la Carta Magna, 61 fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. Los ordinales que sustentan la improcedencia, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por otra parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la accionante, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Por tanto, la procedencia del juicio constitucional en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el caso, ... reclama la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación ... de la Segunda Sala Familiar de esta ciudad, por la cual modificó el auto impugnado de cinco de abril de ese año, para en su lugar, no ordenar la suspensión del juicio sucesorio de origen, pero quedó incólume las consideraciones en las que se tuvieron por exhibidas las constancias del procedimiento llevado en el Estado de Querétaro, para apoyo y salvaguarda de ... y se requirió información del estado procesal del asunto foráneo y los datos de aquel que se designen como tutor. De tal suerte que, no se advierte una afectación de forma actual y directa, en virtud que no existe, en este momento, algún acto de ejecución que vulnere la esfera jurídica del demandante pues del acto reclamado del que se duele, versa sobre la información de la diversa impetrante, así como en la continuación del sucesorio de origen, por lo que no se evidencia una acción u omisión por parte de la autoridad que vulnere los derechos sucesorios que pretende defender. De tal forma que lo reclamado, por el estado del juicio natural, no colma el presupuesto de la Ley de la materia relativo a la existencia de un agravio real y actual en perjuicio de la peticionaria, así el amparo promovido es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de garantías, consistente en "la afectación" a los derechos del quejoso. Al respecto, se cita por analogía, la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas." Consecuentemente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la quejosa dado el estado procesal del juicio al que se ostenta tercero extraño, se actualiza la causal de improcedencia aludida; y con fundamento en el ordinal 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa esencialmente aduce que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues no se desprende la cita de algún precepto legal, que haya servido para modificar el auto impugnado, contrario a lo señalado por el artículo 137 Bis fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles para la ahora Ciudad de México, del que no se hizo mención a pesar de ser el invocado por el juez natural, dejándole en estado de indefensión. Lo anterior, sin considerar que tiene la obligación de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en los procedimientos judiciales, puesto que aunque reconoce su disminución cognitiva no suspendió el procedimiento sucesorio, pasando por alto los preceptos 449, 537 del Código Civil para la Ciudad de México y el 137 Bis fracción X del Código de Procedimientos de esta capital. Se debe suspender el procedimiento para que ... sea representada por un tutor, conforme al juicio promovido en diversa entidad, pues se deben salvaguardar sus derechos; ya que si bien reconoció la disminución cognitiva, así como el hecho de que en el auto impugnado se ponderó la situación de la presunta incapaz, también lo es que consideró que ello no era suficiente. Es así, pues el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no establece de manera expresa que sólo en esos casos sea en los que procede la suspensión del juicio sucesorio, por lo que aplicarlos resulta restrictivo y deficiente; aunado a que el criterio invocado por la responsable se trata de una tesis aislada que no es obligatoria. Igualmente, en atención al principio supralegal de protección a los derechos de personas con discapacidad, debe esperar a que se le designe un tutor que la asista fuera de juicio y durante el sucesorio, pues de lo contrario no se atendería la aplicación de la disposición legal más favorable en beneficio del gobernado, conforme al dispositivo 1° Constitucional, aunado que no se consideró que es vulnerable y tiene la obligación de salvaguardar sus derechos humanos. Máxime, que el precepto 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no fue invocado por el juez en el auto impugnado, ni resulta aplicable, pues regula un supuesto diverso, ya que dicho numeral es relativa a la impugnación del testamento, o bien, a la impugnación de la capacidad para heredar de los herederos, circunstancias que no se actualizan, pues se trata de la capacidad de ejercicio. De ahí que, se dejara de aplicar lo dispuesto por el dispositivo 137 Bis fracción X del Código de Procedimientos de esta capital, haciendo nugatorio su derecho de audiencia. Analizados los conceptos de violación, se arriba a la conclusión de que son infundados. Es así, porque contrario a lo aducido por la accionante de amparo, la sentencia reclamada sí fue emitida con apego a los principios de congruencia, fundamentación y motivación, como se ve a continuación. De acuerdo a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, la autoridad responsable determinó lo siguiente en el acto reclamado: En el auto combatido se ponderó la situación de la presunta incapaz, quien tiene reconocidos sus derechos hereditarios en la sucesión de origen, pero ello por sí mismo no es contundente para decretar la suspensión del procedimiento, ya que el arábigo 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, señala como único caso en el que procede tal paralización, cuando se substancia en la vía ordinaria la impugnación de la validez del testamento o capacidad legal de algún herederos (objeción que se realice sobre su calidad otorgada por el de cujus en un testamento no impugnado). Respecto a lo último, la resolución que declara herederos a ciertas personas, tiene carácter declarativo, más de esto no se infiere que no tenga consecuencias dicha declaración, ya que los herederos declarados pueden intervenir en el juicio sucesorio, sobre todo en la designación del albacea y tienen el derecho a reclamar lo que les corresponde de la herencia; en ese concepto aun cuando el procedimiento judicial es de orden público y no puede paralizarse, sí hay actos definitivos que se pueden impedir como son el hecho de que no se haga la adjudicación a los herederos declarados y objetados, de la parte de bienes que les corresponden, mientras se falla el juicio principal, ya que de hacerlos puede ocasionarse a los demás herederos perjuicios de difícil reparación. La objeción de la capacidad de un heredero tiene como objeto controvertir la calidad que a éste se le reconoce en el testamento, para que tenga participación sobre los bienes que conforman el relicto hereditario, y no, como en el caso que la disminución de la capacidad cognitiva de ..., actualice el segundo supuesto normativo. Ponderando que en el presente asunto, se reconoció la validez del testamento otorgado por la de cujus, y que la capacidad de los herederos en la misma diligencia no fue objetada por alguno de los interesados, dentro de los que se incluye a la presunta incapaz, se considera pertinente modificar el auto debatido para el solo efecto de que no se ordene la suspensión del juicio sucesorio, y en lo demás, se informe al juzgador sobre las diligencias que se lleven a cabo de ... . Es aplicable la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE ÚNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO.". Así, contrario a lo aducido por la quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el ordinal 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como en el diverso criterio aplicable al problema jurídico a resolver. Bajo ese contexto tomó como base para modificar el auto dictado por el Juez de origen, si bien existen supuestos para la suspensión de los juicios sucesorios, como lo son los establecidos en el numeral 797 del Código Adjetivo Civil para esta capital, es decir cuando se substancia en la vía ordinaria la impugnación de la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, lo cierto es, que la instauración del diverso procedimiento en el que se dilucida la capacidad cognitiva de Irma Revilla Aguilar, no actualiza alguna hipótesis de paralización. Ello, pues señaló que la impugnación de la capacidad del heredero, atiende a la objeción que se realiza sobre la calidad de éste otorgada por el autor de la sucesión en un testamento. Asimismo, lo anterior se robustece con la guisa que efectúa la Sala al exponer los argumentos relativos a que en el caso se reconoció la validez del testamento, así como la capacidad de los herederos. Aunado a que indicó que el procedimiento judicial es de orden público y no puede paralizarse, pero existen actos definitivos que se pueden impedir, como es el hecho de que no se haga la adjudicación a los herederos declarados y objetados mientras se falla en el juicio principal, pues de suspenderse podrían ocasionarse a los demás herederos perjuicios de difícil reparación. Bajo ese tenor, debe decirse que todas las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, a lo que se le denomina congruencia interna, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada, a lo que se le denomina congruencia externa; lo anterior, refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se contempla en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dispone: "Articulo 81. Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Así lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos". Asimismo, sirve de criterio orientador al presente caso la tesis que a la letra expresa: "SENTENCIAS. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a su consideración". De igual manera es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia". Con base en lo anterior, se concluye que una resolución será incongruente si: a) Resuelve cuestiones que no fueron sometidas a su consideración, (congruencia externa); b) Omite pronunciarse sobre algún punto controvertido, (congruencia externa); c) No toma en consideración las constancias de las que emana la actuación judicial sometida a su consideración; o resuelve en contra de éstas; (congruencia externa); d) O bien, que la resolución jurisdiccional contenga tesis o estimaciones contradictorias entre sí, esto es, que afirme y niegue a la vez una cualidad con relación a la misma cuestión dilucidada (congruencia interna). En el particular, de la resolución impugnada se advierte que la autoridad responsable se pronunció de manera clara, precisa y puntual, respecto de los agravios que se hicieron valer, pues aun y cuando puntualizó "la disminución de la capacidad cognitiva", así como la ponderación de tal circunstancia, también lo es que ello atendió al análisis de los supuestos que efectuó la Sala para la procedencia de la suspensión del juicio sucesorio de origen. En ese contexto, se evidencia que la Sala responsable analizó y resolvió la totalidad de la litis expuesta a su jurisdicción, emitiendo los argumentos necesarios para motivar su decisión, considerando que lo procedente era modificar el auto impugnado para no suspender el procedimiento natural, por lo que no se vulneraron los principios de congruencia, fundamentación y motivación que alega la quejosa. Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Por su parte, con relación a los conceptos de violación en los que señala que se debe suspender el procedimiento hasta que a ... (coheredera) se le designe un tutor en el diverso juicios, puesto que se debe observar lo dispuesto en la fracción X, inciso b), precepto 137 BIS del Código de Procedimientos Civiles, debe decirse que es infundado. Es así, en razón de que los juicios universales como el sucesorio, comprenden la totalidad del patrimonio de una persona, es decir, recaen sobre la universalidad de bienes, derechos y obligaciones del de cujus, por lo cual, los intereses que pueden verse afectados o involucrados no solamente corresponden a quienes pueden promover dentro del juicio, sino también a otras personas, a quienes no resultaría válido perjudicar con motivo de su paralización; máxime si al juez se le impone un deber de impulso procesal en esa clase de juicios. Además, resulta más importante o prioritario que se lleve a cabo la transmisión de los bienes y obligaciones de la herencia, a fin de que no permanezcan sin titular y puedan verse satisfechos los intereses de sus acreedores y demás personas interesadas. En efecto, los juicios sucesorios son procedimientos universales mortis causa, cuyo objeto es la transmisión del patrimonio que conforma la masa hereditaria de una persona fallecida a quienes lo suceden. Por lo cual el proceso está encaminado a lograr esa transmisión, en la que no sólo se deben tener en cuenta los derechos y bienes, sino también soportar las cargas y obligaciones subsistentes al momento de la muerte del autor de la sucesión. Por tanto, dichos procedimientos son de orden público, pues la sociedad está interesada en que no se entorpezca ni dilate y en que, a la mayor brevedad posible, se prosiga su tramitación. Es ilustrativa la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 312389, Quinta Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLV, página 5968, que señala: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN LAS SUCESIONES, SUSPENSION TRATANDOSE DEL. El procedimiento de los juicios sucesorios es de orden público y la sociedad está interesada en que no se entorpezca ni dilate y en que, a la mayor brevedad posible, se prosiga su tramitación, a fin de que los bienes hereditarios no permanezcan mucho tiempo sin dueño; por tanto, es improcedente conceder al suspensión contra dicho procedimiento." Bajo ese contexto, la legislación aplicable establece en su artículo 797 lo siguiente: "Artículo 797.- Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el juez en la misma junta, reconocerá como herederos a los que estén nombrados en las porciones que les correspondan. Cuando se impugne la autenticidad o la existencia del testamento, se podrá hacer valer a través de incidente, en los términos del artículo 88 de este ordenamiento. Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el heredero respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición." De lo anterior, se advierte que se actualizará en los juicios sucesorios la suspensión parcial del procedimiento cuando se impugne la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero; disposición que adquiere armonía con el marco normativo que rige a tal juicio, al observar el interés general, que está vinculado estrechamente con que los juicios sucesorios se terminen rápidamente, para que se establezca en definitiva la verdadera situación de los bienes que corresponden a los herederos. Resulta aplicable la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 350956, Quinta Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXVII, página 5936, de rubro y texto siguientes: "JUICIOS SUCESORIOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE TRATANDOSE DE. Si lo que pretende el quejoso es que se paralice el procedimiento de un juicio sucesorio, mientras se decide en el amparo, si procede el incidente penal surgido en el propio juicio, no obstante que la autoridad responsable juzgó pertinente esa continuación, como la paralización del expresado juicio afectaría el interés general, que está vinculado estrechamente con que los juicios sucesorios se terminen rápidamente, para que se establezca en definitiva la verdadera situación de los bienes que corresponden a los herederos, debe decirse que no estando satisfecho el requisito de la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, no es procedente dicha suspensión." Circunstancia que se evidencia, con el numeral 769 del mismo ordenamiento legal, en el que se impone al juez el deber de que, cuando tenga conocimiento de la muerte de una persona, dictará, con audiencia del Ministerio Público, mientras no se presenten los interesados y sin perjuicio de lo dispuesto en el diverso 205 del Código Civil, las providencias necesarias para asegurar los bienes. En efecto, tales deberes ponen de manifiesto el interés del legislador en impedir que los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de la persona que ha fallecido, se queden sin titular y sean aplicados a sus sucesores. Por lo que, la limitación a su paralización (únicamente parcial) se contempló en el numeral invocado por la autoridad responsable (797 transcrito), a solamente en el supuesto de que se impugne la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I. 8o. C. 69 C, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 210664, Octava Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 444, que señala: "SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE UNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACION DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO. Es cierto que de acuerdo con el artículo 137 bis, fracción X, inciso b), de la ley adjetiva civil local, la suspensión del proceso tiene lugar, entre otros supuestos, cuando es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; sin embargo no es ésta la hipótesis que regula la suspensión del procedimiento en los juicios sucesorios, sino la mencionada en el segundo párrafo del artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Así, de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto legal, el único caso en el que procede la suspensión del procedimiento en un juicio sucesorio, es cuando se substancia en un juicio ordinario la impugnación de la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, suspensión que es parcial, porque está limitada únicamente para el efecto de que no se emita la sentencia de adjudicación, por lo que ello implica que no opera la paralización del procedimiento respecto de todos los demás actos integrantes del juicio sucesorio." No es inadvertido para el suscrito que la quejosa señale que el criterio anterior no sea de carácter obligatorio, pues si bien así lo es, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, también es cierto que la práctica seguida por los tribunales al aplicar en sus sentencias precedentes judiciales establecidos, cuando comparten la tesis que en ellos se sustenta, redunda en la satisfacción de los fines del derecho, y lejos de ser criticable, es título de exaltación para la administración de justicia. Es ilustrativa la tesis del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233470, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 39, Primera Parte, página 14, que señala: "ANALOGIA, APLICACION POR, DE PRECEDENTES JUDICIALES. SATISFACE LOS FINES DEL DERECHO. La práctica seguida por los tribunales al aplicar en sus sentencias precedentes judiciales establecidos, cuando comparten la tesis que en ellos se sustenta, redunda en la satisfacción de los fines del derecho, y lejos de ser criticable, es título de exaltación para la administración de justicia. La resolución judicial sólo causa agravio cuando el Juez aplica el precedente a una hipótesis distinta de la que justificó su adopción, en cuyo caso la anomalía es similar a la que se comete aplicando inexactamente la ley." Igualmente, es aplicable la Jurisprudencia 3a./J. 22/91 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 207003, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 51, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO SOLO ES POSIBLE SINO CONVENIENTE QUE SE ACUDA A PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE PARA FUNDAR LAS. La cita de precedentes de la Suprema Corte de Justicia no sólo es posible hacerla para fortalecer el fundamento de las sentencias, sino conveniente, pues gracias a ellas es posible adecuar las normas jurídicas a las variadas situaciones concretas que se encuentran regidas por ellas." De ahí que, contrario a lo señalado por la impetrante, la suspensión del juicio sucesorio se encuentra limitada a las hipótesis señaladas en la norma aplicable. De otro lado, no asiste la razón a la quejosa al señalar que se obvió el contenido del dispositivo 137 Bis fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para esta capital, resultando éste aplicable, pues sí es necesario esperar a que se le designe un tutor a fin de salvaguardar sus derechos, lo que contempla el citado precepto. Se afirma que es infundado, debido a que dicho numeral establece: "Artículo 137 bis.- Operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes. Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: I. La caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable, y no puede ser materia de convenios entre las partes. El juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes, cuando concurran las circunstancias a que se refiere el presente artículo. II. La caducidad extingue el proceso, pero no la acción; en consecuencia se puede iniciar un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción V de este artículo. III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares. Se exceptúan de la ineficacia referida las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, podrán ser invocadas en el nuevo, si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal; IV. La caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial ninguna de las partes hubiere promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar firme lo actuado ante el juez; V. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin promoción alguna de las partes; la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal aunque haya quedado en suspenso ésta por la aprobación de aquél; VI. Para los efectos del artículo 1168, fracción II del Código Civil, se equipara a la desestimación de la demanda la declaración de caducidad del proceso. VII. (Derogada). VIII. No tiene lugar la declaración de caducidad: a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se motive; b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; c) En los juicios de alimentos y en los previstos por los artículos 322 y 323 del Código Civil; y, d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz. IX. El término de la caducidad sólo se interrumpirá por promociones de las partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia. X. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar: a) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar; b) En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; c) Cuando se pruebe ante el Juez en incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra; d) Cuando el Juez tenga conocimiento de que las partes están participando en un procedimiento de mediación de los referidos por la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, y e) En los demás casos previstos por la ley. XI.- Contra la declaración de caducidad se da sólo el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. Se substanciará con un escrito de cada parte en que se propongan pruebas y la audiencia de recepción de éstas, de alegatos y sentencia. En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá la reposición. Tanto en la apelación de la declaración como en la reposición la substanciación se reducirá a un escrito de cada parte en que se ofrezcan pruebas y una audiencia en que se reciban, se alegue y se pronuncie resolución. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada cabe la apelación en el efecto devolutivo, con igual substanciación; En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. La declaratoria de caducidad en segunda instancia o la negativa a ésta, admitirá la reposición. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada cabe la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, y XII.- Las costas serán a cargo del actor; pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y además en aquellos en que opusiere reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones que tienden a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda." De ello se observa claramente que dicho arábigo establece las hipótesis para la actualización de la caducidad en los procedimientos; sin embargo, tal figura jurídica resulta inaplicable a los juicios sucesorios, como lo señala el propio dispositivo. Ello, pues permitir la perención de la instancia y dejar ineficaces las actuaciones en los juicios universales, como el de sucesión, generaría mayores perjuicios a los intereses generales y de orden público que los que representa la prolongación del juicio. Apoya lo anterior, la Tesis 1a. XVII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2013533, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 378, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES INCOMPATIBLE E INAPLICABLE A LOS JUICIOS UNIVERSALES, COMO EL DE SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación conforme de los artículos 53 a 57 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, con el derecho a la seguridad jurídica, conduce a determinar que la institución de la caducidad de la instancia prevista en esos preceptos es incompatible e inaplicable a los juicios universales, como el de sucesión, porque de permitir la perención de la instancia y dejar ineficaces las actuaciones de dichos procesos, generaría mayores perjuicios a los intereses generales y de orden público que los que representa la prolongación del juicio, ya que implicaría dejar sin efectos los actos con los cuales ya se hubiere avanzado hacia la liquidación y aplicación del patrimonio del de cujus, con el consecuente impacto en múltiples relaciones y actos jurídicos derivados de la transmisión del patrimonio del autor de la herencia, cuyos efectos ya no se justificaría retrotraer al estado anterior a la denuncia de la sucesión, porque podría derivar en la privación de derechos adquiridos por personas ajenas a quienes pueden promover dentro del juicio, como podría ser la declaratoria de herederos o legatarios, la junta de lectura del testamento, la declaración de repudiación de la herencia, la representación de ésta por el interventor o el albacea, y los actos llevados a cabo por éstos con esa representación, sea el inicio de juicios singulares, sean actos de administración como el pago de las deudas mortuorias, por alimentos al momento de la muerte o de cualquier otra especie, o la distribución de frutos o productos entre los herederos, la formulación del inventario y avalúo de los bienes, la rendición y aprobación de cuentas, el proyecto de partición de bienes, etcétera. Al respecto, se tiene en cuenta que por su naturaleza y efectos, la caducidad de la instancia está diseñada para los juicios singulares de cognición, donde el litigio se enfoca en bienes o derechos determinados, ya que el interés por la materia generalmente se limita a las partes y, por tanto, los perjuicios de su inactividad sólo recaen en éstos, con la posibilidad de volver a plantear su demanda si la acción no ha prescrito. En cambio, los juicios universales, como el sucesorio, comprenden la totalidad del patrimonio de una persona, por lo cual, los intereses involucrados no solamente corresponden a quienes pueden promover dentro del juicio, sino también a otras personas, como los acreedores o deudores de ese patrimonio, a quienes no resultaría válido perjudicar con motivo de la inactividad de las partes, máxime cuando al juez se le impone un deber de impulso procesal en esa clase de juicios. Además, por sobre los inconvenientes de la inactividad procesal, resulta más importante llevar a cabo la transmisión de los bienes y obligaciones de la herencia, a fin de que no permanezcan sin titular y puedan satisfacerse los intereses de sus acreedores y demás personas interesadas." Así, debido a que la disposición invocada por la impetrante para solicitar la suspensión del juicio sucesorio de origen se ubica dentro de la regulación de una figura jurídica inaplicable para el procedimiento natural, es que el mismo también es incompatible. Es así, pues el precepto atiende a la regulación de la caducidad por lo que guarda una inmediata relación con ésta; sin que su aplicación sea correcta al señalarse por disposición expresa del mismo y, por igualdad de razón, no procede tal figura en estos procedimientos. De ahí que lo sostenido por la impetrante resulte infundado. De otro lado, con relación a lo que señala en el sentido de que se desatendió al principio supralegal de protección a los derechos de personas con discapacidad, por lo que se debe esperar a que se le designe un tutor que la asista, pues de lo contrario no se atendería a la aplicación de la disposición legal más favorable en beneficio del gobernado, conforme al artículo 1° Constitucional, aunado que no se consideró que es vulnerable y se tiene la obligación de salvaguardar sus derechos humanos, se tiene lo siguiente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representa la adopción normativa de un modelo social que aborda el factor humano, es decir, la existencia de una persona con una diversidad funcional y, por otra parte, prevé el factor social conformado por las barreras contextuales que causan una discapacidad, como parámetros objeto de valoración conforme a las características de cada caso en concreto. El ordinal 3º de dicha Convención señala los principios rectores de la materia: (i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; (ii) la no discriminación; (iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; (iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; (v) la igualdad de oportunidades; (vi) la accesibilidad; (vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; y (viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La Convención enuncia qué debe entenderse por la expresión "persona con discapacidad", señalando en su numeral 1º, que se trata de aquellas personas con "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". Aunado a lo anterior, conforme al precepto 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su personalidad jurídica. Tal reconocimiento se realizará en las mismas condiciones que las demás personas, tomando en consideración todos los aspectos de su vida. Frente a tal premisa, los compromisos del Estado de velar porque las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, se traduce en que se deben tomar medidas enfocadas a permitir la capacidad de ejercicio, al menos en el proceso, respetando los derechos, voluntad y preferencias. Medidas que deberán ser proporcionales y adaptadas a la persona, para aplicarlas a corto plazo y sujetarlas a procesos periódicos, para determinar la forma de intervenir en los derechos de una persona con indicios de limitaciones a causa de su estado de salud, pues se debe justificar el nexo entre la medida adoptada y los valores finales que se pretenden alcanzar, es decir, que son idóneos para la consecución de las metas buscadas, conforme al caso en concreto, atendiendo al ámbito evaluativo en particular, compuesto por las variables involucradas, al amparo de un estándar de razonabilidad. Apoya lo anterior, la tesis publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Constitucional-Civil, página 514, que dice: "ESTADO DE INTERDICCIÓN. ACORDE AL MODELO DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EXTERNARÁ SU VOLUNTAD, MISMA QUE SERÁ RESPETADA Y ACATADA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde al modelo social de discapacidad consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la determinación judicial que limite la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la primacía de la autodeterminación libre de la persona, pues de lo contrario nos encontraríamos frente a un esquema de "sustitución en la toma de decisiones", lo cual no sería adecuado en términos del instrumento internacional antes citado. Así, no debe confundirse el principio de mayor protección de la persona con discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de que la misma decida qué es lo que le beneficia, situación que redunda de forma directa en el desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de una vida autónoma y de una identidad propia, sin que deba restringirse la capacidad jurídica de una persona solamente porque la misma ha tomado una opción que la generalidad de la sociedad pudiese considerar o calificar como "no acertada". Por tanto, mediante la adopción del modelo de "asistencia en la toma de decisiones", la persona no debe renunciar al derecho a tomar sus propias decisiones, respetándose así su libertad de elección, ello mediante la asistencia en la toma de las mismas. Es decir, mediante dicho modelo, se deberán generar escenarios idóneos para que se asista a las personas con discapacidad, guiándolas y aconsejándolas para que tomen sus decisiones, pero una vez que en el caso concreto se ha determinado que la asistencia es necesaria y la persona con discapacidad ha sido asistida, la voluntad que la misma externe deberá respetarse y acatarse, es decir, en el centro de las decisiones relativas a las personas con discapacidad, se encontrará la voluntad del individuo cuya capacidad ha de limitarse. Tal ayuda en la toma de decisiones no atiende a un modelo único, sino que deberá ser fijada por el juzgador en el caso en concreto, delimitando los alcances de la relación entre el individuo que asistirá en la toma de decisiones y la persona con discapacidad, precisando que las intervenciones en la voluntad de las personas con discapacidad deberán ser lo menos restrictivas posibles, favoreciendo aquellos esquemas que permitan en mayor grado la toma de decisiones y, por tanto, la mayor autotutela posible. Lo anterior no implica que no puedan existir escenarios en los cuales, el juzgador, una vez analizadas las diversidades funcionales de la persona y, por tanto, las discapacidades involucradas en el caso en concreto, determine que la asistencia en la toma de decisiones no es suficiente para asegurar la protección y el bienestar de quien tiene la discapacidad, ante lo cual, deberá nombrarse a alguien que tome las decisiones en lugar de la misma -por ejemplo, ante la presencia de una falta de autonomía mental severa que impida a la persona expresar su voluntad por cualquier medio-. Sin embargo, cabe señalar que tales escenarios son la excepción del esquema asistencial, ante lo cual, estos casos deberán sujetarse a un mayor escrutinio por parte del juzgador." Ahora, para que una persona sea declarada en el estado de interdicción, la propia legislación señala un procedimiento en virtud del cual, el juez deberá constatar la existencia de la diversidad funcional que posee la persona con discapacidad, con tal objetivo el juzgador deberá solicitar la opinión de médicos especialistas en la materia, a partir de analizar todos los elementos del caso en concreto, y el reconocimiento de la diversidad funcional que también incide de forma diversa en el proceso, sus peculiaridades e involucrar al sujeto en el proceso, además de vincular las pruebas por las cuales se justifique la vinculación. En tal sentido, resulta evidente que las limitantes a la capacidad jurídica se encuentran dirigidas a las diversidades funcionales de índole mental, esto es, no cualquier discapacidad podría dar lugar a una declaración de estado de interdicción, es decir, aquellas instituciones jurídicas que tengan como finalidad limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, deberán tomar como punto de partida el tipo de diversidad funcional del caso en concreto, pues de lo contrario, pretender el establecimiento del mismo tipo de limitación a personas con discapacidades sumamente diversas, implica ver al estado de interdicción como una institución jurídica cerrada. Para llevar a cabo tal ejercicio judicial debe atenderse lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión ..., donde estableció que el juez deberá establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá ser asistida, fijando la naturaleza de tal intervención así como los alcances de la misma, velando porque en todo momento se adopte la decisión más favorable para el individuo, propiciando que las restricciones sean las menos posibles, y aquellas que se implementen deberán ser las estrictamente indispensables para la integridad física y mental, fomentando su autonomía. Determinar qué actos personalísimos puede realizar la persona en estado de interdicción, no resulta suficiente para concluir que se establezca un parámetro de limitación a la capacidad de ejercicio acorde a cada caso en concreto, pues debe precisarse la limitación específica a la capacidad jurídica, misma que se encuentra determinada por la discapacidad involucrada en cada caso en concreto y, por tanto, el nivel de limitación debe encontrar una proporcionalidad acorde a la diversidad funcional de la persona, a partir de lo cual, el juez deberá establecer qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad. En el caso, la sala responsable determinó: ". se desprende la iniciación de un procedimiento judicial, el cual tiene como finalidad primordial, establecer los apoyos y salvaguardas que necesite ... para el desarrollo de su vida, debiendo garantizar en todo momento los derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, y preservar su mayor bienestar, debiendo en todo momento procurar que la antes mencionada disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones y favorecer su autonomía, buscando en todo momento el mayor beneficio para la probable interdicta, dentro de un modelo de inclusión y tutela de sus derechos, velando por su protección, supliendo en toda su amplitud la queja de la probable incapaz, sin que sea obstáculo para ello, la naturaleza de los derechos cuestionados; y para ello, es mantener la designación de un tutor a la presunta incapaz ..., y la realización de un estudio psiquiátrico a la misma, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual, si necesita de un representante para su acompañamiento y administración de sus bienes, por lo que hasta en tanto suceda eso, y con el fin de no vulnerar a la presunta incapaz y coheredera de la presente sucesión ..., su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se previene a la ocursante para que informe al suscrito Juez, los avances del procedimiento judicial aquí aludido, y el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor de ... ." Conforme a ello, se advierte que la responsable atendió dicho aspecto operativo de la intervención judicial, desarrollado por la propia Primera Sala del Alto Tribunal respecto del cual el juez debe construir el escenario menos restrictivo posible, favoreciendo en mayor grado la propia toma de decisiones y la mayor autotutela posible, y para lograrlo la voluntad de la persona será el núcleo esencial que se le habrá de garantizar, sin sustituir la voluntad de la persona, sino asistirla para que tome sus propias decisiones y asuma las consecuencias de las mismas. Es así, puesto que si bien no ordenó la suspensión del procedimiento sucesorio, también lo es que valoró las actuaciones presentadas señalando que se advertía la instauración de un juicio que tiene como objetivo determinar los apoyos y salvaguardas para Irma Revilla Aguilar, pues de debía asegurar sus derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, preservando su mayor bienestar y beneficio, dentro de un modelo de inclusión, por lo que era vital la designación de un tutor y la realización de un estudio psiquiátrico, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual. Por tal motivo, indicó que con el fin de no vulnerar los derechos de la quejosa y su acceso a una tutela judicial efectiva, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, era procedente requerir información sobre los avances del procedimiento judicial exhibido, así como el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor. De lo que se colige, que se pidió lo mencionado en aras de que el juzgador se allegue de la mayor cantidad de elementos para establecer una protección mayor a la impetrante y una vez establecidos los alcances de su discapacidad, pues acorde a ello se le designará su tutor, se atendería a participación en el sucesorio. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por ... contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los arábigos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ... contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en el quinto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, por los motivos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO EN DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy diez de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LOS QUEJOSOS NO ACUDIERON PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LOS REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE LES NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 10 MZO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 814/2021, promovido por ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de la citada autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la acción de amparo; se requirió informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en el citado proveído se determinó que no era procedente la petición de la impetrante, en el sentido de que se le designara un representante especial en términos del numeral 8 de la ley de la materia, pues no acreditó, con las constancias idóneas, que ya fuera declarada interdicta. Por ello, iuris tantum, la sustanciación del juicio se llevó bajo el reconocimiento de que tiene plenitud de facultades físicas, mentales y jurídicas, toda vez que su sola edad por sí sola no es factor para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ello, conforme a la tesis 1a. CXXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de la Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, en Materia(s): Constitucional, Página: 1103, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Sin que se fomente o la coloque en estado de indefensión, pues de su demanda se advirtió que cuenta con personas para la protección de sus intereses, ya que autorizó a abogados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como diversas para oír y recibir notificaciones a su nombre. Además, se indicó que lo anterior era sin perjuicio de que, durante la sustanciación del juicio, pudo aportar las constancias correspondientes, para acreditar la situación legal de ..., pues indicó bajo protesta de decir verdad que el proceso instado para la declaratoria de interdicción aún se encuentra en trámite. Resultando orientadora por sus consideraciones, la tesis IX.2o.5 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, Tomo II, página 1604, registro digital 2006763, Décima Época, de rubro siguiente: AMPARO PEDIDO POR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. SI QUIEN SE OSTENTA COMO SU REPRESENTANTE MANIFIESTA EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE AQUÉLLA ES INCAPAZ PARA PROMOVERLO, SIN APORTAR PRUEBA ALGUNA QUE LO ACREDITE, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN Y AL PRINCIPIO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DEBE ATENDER DICHO SEÑALAMIENTO Y ADMITIRLA SIN PERJUICIO DE QUE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO SE APORTEN LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES." TERCERO. Trámite. La autoridad responsable rindió su informe justificado; la parte tercera interesada fue emplazada; la fiscal federal no presentó pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 36 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: La sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación ... de la Segunda Sala Familiar de esta ciudad, por la cual modificó el auto impugnado de cinco de abril de ese año, emitido en el proceso sucesorio testamentario ... radicado ante el juzgado Trigésimo Segundo Familiar de esta entidad. En dicho proveído, originalmente el juez de origen tuvo por exhibidas las constancias del procedimiento llevado en el Estado de Querétaro, para apoyo y salvaguarda de la aquí quejosa, por lo que aduciendo que para no afectar sus prerrogativas, ordenó la suspensión del procedimiento sucesorio hasta la ejecución de los estudios psiquiátricos y asignación de un tutor a la presunta incapaz ..., y se requirió seguir informando el estado procesal del asunto foráneo y los datos de aquel que se designen como tutor. Sin embargo, la materia de la modificación resuelta por la Sala responsable consistió en decretar que no era procedente ordenar la suspensión del juicio sucesorio de origen, quedando incólume el resto. TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendidos en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1 ..., ... y ..., de apellidos ... denunciaron la sucesión testamentaria a bienes de ... , viuda de ..., la que se radicó, misma que se admitió a trámite el doce de abril de dos mil dieciséis. 2 El trece de junio de dos mil dieciocho, tuvo lugar la junta de herederos prevista en el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, donde se determinó: "Con fundamento en el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, se declara la validez del testamento público abierto que ... otorgó el día diez de abril de dos mil seis, contenido en la escritura número ... pasada ante la fe del Notario número 2 del Distrito Judicial de Pachuca, Estado de Hidalgo Licenciado ... y se reconoce como legatarios de la autora de la sucesión a ... " 3. Luego, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, se designó como albacea definitiva a ... 4. Posteriormente, ... exhibió copia certificada de todo lo actuado en el juicio de acción de fijación de apoyos y salvaguardas promovido por ésta en contra de ..., expediente...del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de San Juan del Río, Querétaro. 5. El cinco de abril de dos mil veintiuno, el juez natural resolvió: "Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. A los autos, el escrito y anexo que presenta ..., coheredera y albacea de la presente sucesión. Visto su contenido, se le tiene exhibiendo copia certificada de lo actuado en el expediente relativo a la ACCIÓN DE FIJACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDAS promovido por ... Y OTRAS en contra de ..., número ... que se tramita ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de San Juan del Río, Querétaro, la cual por su naturaleza reviste valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 327, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y en la cual se desprende la iniciación de un procedimiento judicial, el cual tiene como finalidad primordial, establecer los apoyos y salvaguardas que necesita ... para el desarrollo de su vida, debiendo garantizar en todo momento los derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, y preservar su mayor bienestar, debiendo en todo momento procurar que la antes mencionada disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por sí misma sobre su vida, estableciendo mecanismos de asistencia para que pueda tomar sus propias decisiones y favorecer su autonomía, buscando en todo momento el mayor beneficio para la probable interdicta, dentro de un modelo de inclusión y tutela de sus derechos velando por su protección, supliendo en toda su amplitud la queja de la probable incapaz, sin que sea obstáculo para ello, la naturaleza de los derechos cuestionados; y para ello, es menester la designación de un tutor a la presunta incapaz ..., y la realización de un estudio psiquiátrico a la misma, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual, si necesita de un representante para su acompañamiento y administración de sus bienes, por lo que hasta en tanto suceda eso, y con el fin de no vulnerar a la presunta incapaz y coheredera de la presente sucesión ..., su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juez, en términos del artículo 137-Bis fracción X, inciso b) del Código Adjetivo Civil, estima necesario suspender el procedimiento del presente juicio sucesorio, y mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se previene a la ocursante para que informe al suscrito Juez, los avances del procedimiento judicial aquí aludido y el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor de ..., apercibida que en caso de no hacerlo, así como en el término de CINCO DÍAS posteriores a la aceptación y discernimiento del cargo de tutor de dicha persona, se le impondrá como medida de apremio una multa de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por oposición a un mandamiento de naturaleza judicial, de conformidad con los artículo 62 y 73 del Código Adjetivo Civil.- Lo anterior sin menoscabo de que se deberá continuar con el incidente de remoción de albacea que está en trámite, con el diverso de oposición a las cuenta de albacea, que está en trámite, con el diverso de oposición a las cuentas de albacea, (SIC) ya que en los mismos no es parte la presunta incapaz." 6. Inconformes, ..., ... y ..., de apellidos... interpusieron recurso de apelación, mismo que fue resuelto el nueve de septiembre de dos mil veintiuno por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca ..., quien modificó el auto recurrido, para quedar: "Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintiuno. A sus autos, el escrito y anexo que presenta ..., coheredera y albacea de la presente sucesión. Visto su contenido, se le tiene exhibiendo copia certificada de lo actuado en el expediente relativo a la ACCIÓN DE FIJACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDAS promovido por ... Y OTRAS en contra de ..., número ... que se tramita en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de San Juan del Río, Querétaro, la cual por su naturaleza reviste de valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 327, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y en la cual se desprende la iniciación de un procedimiento judicial, el cual tiene como finalidad primordial, establecer los apoyos y salvaguardas que necesite ... para el desarrollo de su vida, debiendo garantizar en todo momento los derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, y preservar su mayor bienestar, debiendo en todo momento procurar que la antes mencionada disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones y favorecer su autonomía, buscando en todo momento el mayor beneficio para la probable interdicta, dentro de un modelo de inclusión y tutela de sus derechos, velando por su protección, supliendo en toda su amplitud la queja de la probable incapaz, sin que sea obstáculo para ello, la naturaleza de los derechos cuestionados; y para ello, es mantener la designación de un tutor a la presunta incapaz ..., y la realización de un estudio psiquiátrico a la misma, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual, si necesita de un representante para su acompañamiento y administración de sus bienes, por lo que hasta en tanto suceda eso, y con el fin de no vulnerar a la presunta incapaz y coheredera de la presente sucesión ..., su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se previene a la ocursante para que informe al suscrito Juez, los avances del procedimiento judicial aquí aludido, y el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor de ..., apercibida que en caso de no hacerlo así en el término de CINCO DÍAS posteriores a la aceptación y discernimiento del cargo de tutor de dicha persona, se le impondrá como medida de apremio, una multa de $5, 000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por oposición a un mandamiento de naturaleza judicial, de conformidad con los artículos 62 y 73 del Código Adjetivo Civil. Notifíquese" Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto ... . La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente porque no existe un agravio actual, real y directo contra el citado quejoso, en términos del precepto 107 fracción I de la Carta Magna, 61 fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. Los ordinales que sustentan la improcedencia, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico... Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley ... Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." Por otra parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la accionante, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Por tanto, la procedencia del juicio constitucional en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL" También, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS..." En el caso, ... reclama la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación ... de la Segunda Sala Familiar de esta ciudad, por la cual modificó el auto impugnado de cinco de abril de ese año, para en su lugar, no ordenar la suspensión del juicio sucesorio de origen, pero quedó incólume las consideraciones en las que se tuvieron por exhibidas las constancias del procedimiento llevado en el Estado de Querétaro, para apoyo y salvaguarda de ... y se requirió información del estado procesal del asunto foráneo y los datos de aquel que se designen como tutor. De tal suerte que, no se advierte una afectación de forma actual y directa, en virtud que no existe, en este momento, algún acto de ejecución que vulnere la esfera jurídica del demandante pues del acto reclamado del que se duele, versa sobre la información de la diversa impetrante, así como en la continuación del sucesorio de origen, por lo que no se evidencia una acción u omisión por parte de la autoridad que vulnere los derechos sucesorios que pretende defender. De tal forma que lo reclamado, por el estado del juicio natural, no colma el presupuesto de la Ley de la materia relativo a la existencia de un agravio real y actual en perjuicio de la peticionaria, así el amparo promovido es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de garantías, consistente en "la afectación" a los derechos del quejoso. Al respecto, se cita por analogía, la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA..." Consecuentemente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la quejosa dado el estado procesal del juicio al que se ostenta tercero extraño, se actualiza la causal de improcedencia aludida; y con fundamento en el ordinal 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa esencialmente aduce que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues no se desprende la cita de algún precepto legal, que haya servido para modificar el auto impugnado, contrario a lo señalado por el artículo 137 Bis fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles para la ahora Ciudad de México, del que no se hizo mención a pesar de ser el invocado por el juez natural, dejándole en estado de indefensión. Lo anterior, sin considerar que tiene la obligación de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en los procedimientos judiciales, puesto que aunque reconoce su disminución cognitiva no suspendió el procedimiento sucesorio, pasando por alto los preceptos 449, 537 del Código Civil para la Ciudad de México y el 137 Bis fracción X del Código de Procedimientos de esta capital. Se debe suspender el procedimiento para que ... sea representada por un tutor, conforme al juicio promovido en diversa entidad, pues se deben salvaguardar sus derechos; ya que si bien reconoció la disminución cognitiva, así como el hecho de que en el auto impugnado se ponderó la situación de la presunta incapaz, también lo es que consideró que ello no era suficiente. Es así, pues el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no establece de manera expresa que sólo en esos casos sea en los que procede la suspensión del juicio sucesorio, por lo que aplicarlos resulta restrictivo y deficiente; aunado a que el criterio invocado por la responsable se trata de una tesis aislada que no es obligatoria. Igualmente, en atención al principio supralegal de protección a los derechos de personas con discapacidad, debe esperar a que se le designe un tutor que la asista fuera de juicio y durante el sucesorio, pues de lo contrario no se atendería la aplicación de la disposición legal más favorable en beneficio del gobernado, conforme al dispositivo 1° Constitucional, aunado que no se consideró que es vulnerable y tiene la obligación de salvaguardar sus derechos humanos. Máxime, que el precepto 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no fue invocado por el juez en el auto impugnado, ni resulta aplicable, pues regula un supuesto diverso, ya que dicho numeral es relativa a la impugnación del testamento, o bien, a la impugnación de la capacidad para heredar de los herederos, circunstancias que no se actualizan, pues se trata de la capacidad de ejercicio. De ahí que, se dejara de aplicar lo dispuesto por el dispositivo 137 Bis fracción X del Código de Procedimientos de esta capital, haciendo nugatorio su derecho de audiencia. Analizados los conceptos de violación, se arriba a la conclusión de que son infundados. Es así, porque contrario a lo aducido por la accionante de amparo, la sentencia reclamada sí fue emitida con apego a los principios de congruencia, fundamentación y motivación, como se ve a continuación. De acuerdo a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, la autoridad responsable determinó lo siguiente en el acto reclamado: En el auto combatido se ponderó la situación de la presunta incapaz, quien tiene reconocidos sus derechos hereditarios en la sucesión de origen, pero ello por sí mismo no es contundente para decretar la suspensión del procedimiento, ya que el arábigo 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, señala como único caso en el que procede tal paralización, cuando se substancia en la vía ordinaria la impugnación de la validez del testamento o capacidad legal de algún herederos (objeción que se realice sobre su calidad otorgada por el de cujus en un testamento no impugnado). Respecto a lo último, la resolución que declara herederos a ciertas personas, tiene carácter declarativo, más de esto no se infiere que no tenga consecuencias dicha declaración, ya que los herederos declarados pueden intervenir en el juicio sucesorio, sobre todo en la designación del albacea y tienen el derecho a reclamar lo que les corresponde de la herencia; en ese concepto aun cuando el procedimiento judicial es de orden público y no puede paralizarse, sí hay actos definitivos que se pueden impedir como son el hecho de que no se haga la adjudicación a los herederos declarados y objetados, de la parte de bienes que les corresponden, mientras se falla el juicio principal, ya que de hacerlos puede ocasionarse a los demás herederos perjuicios de difícil reparación. La objeción de la capacidad de un heredero tiene como objeto controvertir la calidad que a éste se le reconoce en el testamento, para que tenga participación sobre los bienes que conforman el relicto hereditario, y no, como en el caso que la disminución de la capacidad cognitiva de ..., actualice el segundo supuesto normativo. Ponderando que en el presente asunto, se reconoció la validez del testamento otorgado por la de cujus, y que la capacidad de los herederos en la misma diligencia no fue objetada por alguno de los interesados, dentro de los que se incluye a la presunta incapaz, se considera pertinente modificar el auto debatido para el solo efecto de que no se ordene la suspensión del juicio sucesorio, y en lo demás, se informe al juzgador sobre las diligencias que se lleven a cabo de ... Es aplicable la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE ÚNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO." Así, contrario a lo aducido por la quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el ordinal 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como en el diverso criterio aplicable al problema jurídico a resolver. Bajo ese contexto tomó como base para modificar el auto dictado por el Juez de origen, si bien existen supuestos para la suspensión de los juicios sucesorios, como lo son los establecidos en el numeral 797 del Código Adjetivo Civil para esta capital, es decir cuando se substancia en la vía ordinaria la impugnación de la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, lo cierto es, que la instauración del diverso procedimiento en el que se dilucida la capacidad cognitiva de ..., no actualiza alguna hipótesis de paralización. Ello, pues señaló que la impugnación de la capacidad del heredero, atiende a la objeción que se realiza sobre la calidad de éste otorgada por el autor de la sucesión en un testamento. Asimismo, lo anterior se robustece con la guisa que efectúa la Sala al exponer los argumentos relativos a que en el caso se reconoció la validez del testamento, así como la capacidad de los herederos. Aunado a que indicó que el procedimiento judicial es de orden público y no puede paralizarse, pero existen actos definitivos que se pueden impedir, como es el hecho de que no se haga la adjudicación a los herederos declarados y objetados mientras se falla en el juicio principal, pues de suspenderse podrían ocasionarse a los demás herederos perjuicios de difícil reparación. Bajo ese tenor, debe decirse que todas las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, a lo que se le denomina congruencia interna, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada, a lo que se le denomina congruencia externa; lo anterior, refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se contempla en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dispone: "Articulo 81. Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Así lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos". Asimismo, sirve de criterio orientador al presente caso la tesis que a la letra expresa: "SENTENCIAS. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a su consideración". De igual manera es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia". Con base en lo anterior, se concluye que una resolución será incongruente si: a) Resuelve cuestiones que no fueron sometidas a su consideración, (congruencia externa); b) Omite pronunciarse sobre algún punto controvertido, (congruencia externa); c) No toma en consideración las constancias de las que emana la actuación judicial sometida a su consideración; o resuelve en contra de éstas; (congruencia externa); d) O bien, que la resolución jurisdiccional contenga tesis o estimaciones contradictorias entre sí, esto es, que afirme y niegue a la vez una cualidad con relación a la misma cuestión dilucidada (congruencia interna). En el particular, de la resolución impugnada se advierte que la autoridad responsable se pronunció de manera clara, precisa y puntual, respecto de los agravios que se hicieron valer, pues aun y cuando puntualizó "la disminución de la capacidad cognitiva", así como la ponderación de tal circunstancia, también lo es que ello atendió al análisis de los supuestos que efectuó la Sala para la procedencia de la suspensión del juicio sucesorio de origen. En ese contexto, se evidencia que la Sala responsable analizó y resolvió la totalidad de la litis expuesta a su jurisdicción, emitiendo los argumentos necesarios para motivar su decisión, considerando que lo procedente era modificar el auto impugnado para no suspender el procedimiento natural, por lo que no se vulneraron los principios de congruencia, fundamentación y motivación que alega la quejosa. Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Por su parte, con relación a los conceptos de violación en los que señala que se debe suspender el procedimiento hasta que a ... (coheredera) se le designe un tutor en el diverso juicios, puesto que se debe observar lo dispuesto en la fracción X, inciso b), precepto 137 BIS del Código de Procedimientos Civiles, debe decirse que es infundado. Es así, en razón de que los juicios universales como el sucesorio, comprenden la totalidad del patrimonio de una persona, es decir, recaen sobre la universalidad de bienes, derechos y obligaciones del de cujus, por lo cual, los intereses que pueden verse afectados o involucrados no solamente corresponden a quienes pueden promover dentro del juicio, sino también a otras personas, a quienes no resultaría válido perjudicar con motivo de su paralización; máxime si al juez se le impone un deber de impulso procesal en esa clase de juicios. Además, resulta más importante o prioritario que se lleve a cabo la transmisión de los bienes y obligaciones de la herencia, a fin de que no permanezcan sin titular y puedan verse satisfechos los intereses de sus acreedores y demás personas interesadas. En efecto, los juicios sucesorios son procedimientos universales mortis causa, cuyo objeto es la transmisión del patrimonio que conforma la masa hereditaria de una persona fallecida a quienes lo suceden. Por lo cual el proceso está encaminado a lograr esa transmisión, en la que no sólo se deben tener en cuenta los derechos y bienes, sino también soportar las cargas y obligaciones subsistentes al momento de la muerte del autor de la sucesión. Por tanto, dichos procedimientos son de orden público, pues la sociedad está interesada en que no se entorpezca ni dilate y en que, a la mayor brevedad posible, se prosiga su tramitación. Es ilustrativa la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 312389, Quinta Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLV, página 5968, que señala: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN LAS SUCESIONES, SUSPENSION TRATANDOSE DEL. El procedimiento de los juicios sucesorios es de orden público y la sociedad está interesada en que no se entorpezca ni dilate y en que, a la mayor brevedad posible, se prosiga su tramitación, a fin de que los bienes hereditarios no permanezcan mucho tiempo sin dueño; por tanto, es improcedente conceder al suspensión contra dicho procedimiento." Bajo ese contexto, la legislación aplicable establece en su artículo 797 lo siguiente: "Artículo 797.- Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el juez en la misma junta, reconocerá como herederos a los que estén nombrados en las porciones que les correspondan. Cuando se impugne la autenticidad o la existencia del testamento, se podrá hacer valer a través de incidente, en los términos del artículo 88 de este ordenamiento. Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el heredero respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición." De lo anterior, se advierte que se actualizará en los juicios sucesorios la suspensión parcial del procedimiento cuando se impugne la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero; disposición que adquiere armonía con el marco normativo que rige a tal juicio, al observar el interés general, que está vinculado estrechamente con que los juicios sucesorios se terminen rápidamente, para que se establezca en definitiva la verdadera situación de los bienes que corresponden a los herederos. Resulta aplicable la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 350956, Quinta Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXVII, página 5936, de rubro y texto siguientes: "JUICIOS SUCESORIOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE TRATANDOSE DE. Si lo que pretende el quejoso es que se paralice el procedimiento de un juicio sucesorio, mientras se decide en el amparo, si procede el incidente penal surgido en el propio juicio, no obstante que la autoridad responsable juzgó pertinente esa continuación, como la paralización del expresado juicio afectaría el interés general, que está vinculado estrechamente con que los juicios sucesorios se terminen rápidamente, para que se establezca en definitiva la verdadera situación de los bienes que corresponden a los herederos, debe decirse que no estando satisfecho el requisito de la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, no es procedente dicha suspensión." Circunstancia que se evidencia, con el numeral 769 del mismo ordenamiento legal, en el que se impone al juez el deber de que, cuando tenga conocimiento de la muerte de una persona, dictará, con audiencia del Ministerio Público, mientras no se presenten los interesados y sin perjuicio de lo dispuesto en el diverso 205 del Código Civil, las providencias necesarias para asegurar los bienes. En efecto, tales deberes ponen de manifiesto el interés del legislador en impedir que los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de la persona que ha fallecido, se queden sin titular y sean aplicados a sus sucesores. Por lo que, la limitación a su paralización (únicamente parcial) se contempló en el numeral invocado por la autoridad responsable (797 transcrito), a solamente en el supuesto de que se impugne la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I. 8o. C. 69 C, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 210664, Octava Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 444, que señala: "SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE UNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACION DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO. Es cierto que de acuerdo con el artículo 137 bis, fracción X, inciso b), de la ley adjetiva civil local, la suspensión del proceso tiene lugar, entre otros supuestos, cuando es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; sin embargo no es ésta la hipótesis que regula la suspensión del procedimiento en los juicios sucesorios, sino la mencionada en el segundo párrafo del artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Así, de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto legal, el único caso en el que procede la suspensión del procedimiento en un juicio sucesorio, es cuando se substancia en un juicio ordinario la impugnación de la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, suspensión que es parcial, porque está limitada únicamente para el efecto de que no se emita la sentencia de adjudicación, por lo que ello implica que no opera la paralización del procedimiento respecto de todos los demás actos integrantes del juicio sucesorio." No es inadvertido para el suscrito que la quejosa señale que el criterio anterior no sea de carácter obligatorio, pues si bien así lo es, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, también es cierto que la práctica seguida por los tribunales al aplicar en sus sentencias precedentes judiciales establecidos, cuando comparten la tesis que en ellos se sustenta, redunda en la satisfacción de los fines del derecho, y lejos de ser criticable, es título de exaltación para la administración de justicia. Es ilustrativa la tesis del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233470, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 39, Primera Parte, página 14, que señala: "ANALOGIA, APLICACION POR, DE PRECEDENTES JUDICIALES. SATISFACE LOS FINES DEL DERECHO. La práctica seguida por los tribunales al aplicar en sus sentencias precedentes judiciales establecidos, cuando comparten la tesis que en ellos se sustenta, redunda en la satisfacción de los fines del derecho, y lejos de ser criticable, es título de exaltación para la administración de justicia. La resolución judicial sólo causa agravio cuando el Juez aplica el precedente a una hipótesis distinta de la que justificó su adopción, en cuyo caso la anomalía es similar a la que se comete aplicando inexactamente la ley." Igualmente, es aplicable la Jurisprudencia 3a./J. 22/91 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 207003, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 51, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO SOLO ES POSIBLE SINO CONVENIENTE QUE SE ACUDA A PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE PARA FUNDAR LAS..." De ahí que, contrario a lo señalado por la impetrante, la suspensión del juicio sucesorio se encuentra limitada a las hipótesis señaladas en la norma aplicable. De otro lado, no asiste la razón a la quejosa al señalar que se obvió el contenido del dispositivo 137 Bis fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para esta capital, resultando éste aplicable, pues sí es necesario esperar a que se le designe un tutor a fin de salvaguardar sus derechos, lo que contempla el citado precepto. Se afirma que es infundado, debido a que dicho numeral establece: "Artículo 137 bis.- Operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes. Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: I. La caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable, y no puede ser materia de convenios entre las partes. El juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes, cuando concurran las circunstancias a que se refiere el presente artículo. II. La caducidad extingue el proceso, pero no la acción; en consecuencia se puede iniciar un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción V de este artículo. III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares. Se exceptúan de la ineficacia referida las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, podrán ser invocadas en el nuevo, si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal; IV. La caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial ninguna de las partes hubiere promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar firme lo actuado ante el juez; V. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin promoción alguna de las partes; la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal aunque haya quedado en suspenso ésta por la aprobación de aquél; VI. Para los efectos del artículo 1168, fracción II del Código Civil, se equipara a la desestimación de la demanda la declaración de caducidad del proceso. VII. (Derogada). VIII. No tiene lugar la declaración de caducidad: a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se motive; b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; c) En los juicios de alimentos y en los previstos por los artículos 322 y 323 del Código Civil; y, d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz. IX. El término de la caducidad sólo se interrumpirá por promociones de las partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia. X. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar: a) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar; b) En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; c) Cuando se pruebe ante el Juez en incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra; d) Cuando el Juez tenga conocimiento de que las partes están participando en un procedimiento de mediación de los referidos por la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, y e) En los demás casos previstos por la ley. XI.- Contra la declaración de caducidad se da sólo el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. Se substanciará con un escrito de cada parte en que se propongan pruebas y la audiencia de recepción de éstas, de alegatos y sentencia. En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá la reposición. Tanto en la apelación de la declaración como en la reposición la substanciación se reducirá a un escrito de cada parte en que se ofrezcan pruebas y una audiencia en que se reciban, se alegue y se pronuncie resolución. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada cabe la apelación en el efecto devolutivo, con igual substanciación; En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. La declaratoria de caducidad en segunda instancia o la negativa a ésta, admitirá la reposición. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada cabe la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, y XII.- Las costas serán a cargo del actor; pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y además en aquellos en que opusiere reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones que tienden a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda." De ello se observa claramente que dicho arábigo establece las hipótesis para la actualización de la caducidad en los procedimientos; sin embargo, tal figura jurídica resulta inaplicable a los juicios sucesorios, como lo señala el propio dispositivo. Ello, pues permitir la perención de la instancia y dejar ineficaces las actuaciones en los juicios universales, como el de sucesión, generaría mayores perjuicios a los intereses generales y de orden público que los que representa la prolongación del juicio. Apoya lo anterior, la Tesis 1a. XVII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2013533, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 378, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES INCOMPATIBLE E INAPLICABLE A LOS JUICIOS UNIVERSALES, COMO EL DE SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)..." Así, debido a que la disposición invocada por la impetrante para solicitar la suspensión del juicio sucesorio de origen se ubica dentro de la regulación de una figura jurídica inaplicable para el procedimiento natural, es que el mismo también es incompatible. Es así, pues el precepto atiende a la regulación de la caducidad por lo que guarda una inmediata relación con ésta; sin que su aplicación sea correcta al señalarse por disposición expresa del mismo y, por igualdad de razón, no procede tal figura en estos procedimientos. De ahí que lo sostenido por la impetrante resulte infundado. De otro lado, con relación a lo que señala en el sentido de que se desatendió al principio supralegal de protección a los derechos de personas con discapacidad, por lo que se debe esperar a que se le designe un tutor que la asista, pues de lo contrario no se atendería a la aplicación de la disposición legal más favorable en beneficio del gobernado, conforme al artículo 1° Constitucional, aunado que no se consideró que es vulnerable y se tiene la obligación de salvaguardar sus derechos humanos, se tiene lo siguiente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representa la adopción normativa de un modelo social que aborda el factor humano, es decir, la existencia de una persona con una diversidad funcional y, por otra parte, prevé el factor social conformado por las barreras contextuales que causan una discapacidad, como parámetros objeto de valoración conforme a las características de cada caso en concreto. El ordinal 3º de dicha Convención señala los principios rectores de la materia: (i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; (ii) la no discriminación; (iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; (iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; (v) la igualdad de oportunidades; (vi) la accesibilidad; (vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; y (viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La Convención enuncia qué debe entenderse por la expresión "persona con discapacidad", señalando en su numeral 1º, que se trata de aquellas personas con "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". Aunado a lo anterior, conforme al precepto 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su personalidad jurídica. Tal reconocimiento se realizará en las mismas condiciones que las demás personas, tomando en consideración todos los aspectos de su vida. Frente a tal premisa, los compromisos del Estado de velar porque las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, se traduce en que se deben tomar medidas enfocadas a permitir la capacidad de ejercicio, al menos en el proceso, respetando los derechos, voluntad y preferencias. Medidas que deberán ser proporcionales y adaptadas a la persona, para aplicarlas a corto plazo y sujetarlas a procesos periódicos, para determinar la forma de intervenir en los derechos de una persona con indicios de limitaciones a causa de su estado de salud, pues se debe justificar el nexo entre la medida adoptada y los valores finales que se pretenden alcanzar, es decir, que son idóneos para la consecución de las metas buscadas, conforme al caso en concreto, atendiendo al ámbito evaluativo en particular, compuesto por las variables involucradas, al amparo de un estándar de razonabilidad. Apoya lo anterior, la tesis publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Constitucional-Civil, página 514, que dice: "ESTADO DE INTERDICCIÓN. ACORDE AL MODELO DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EXTERNARÁ SU VOLUNTAD, MISMA QUE SERÁ RESPETADA Y ACATADA..." Ahora, para que una persona sea declarada en el estado de interdicción, la propia legislación señala un procedimiento en virtud del cual, el juez deberá constatar la existencia de la diversidad funcional que posee la persona con discapacidad, con tal objetivo el juzgador deberá solicitar la opinión de médicos especialistas en la materia, a partir de analizar todos los elementos del caso en concreto, y el reconocimiento de la diversidad funcional que también incide de forma diversa en el proceso, sus peculiaridades e involucrar al sujeto en el proceso, además de vincular las pruebas por las cuales se justifique la vinculación. En tal sentido, resulta evidente que las limitantes a la capacidad jurídica se encuentran dirigidas a las diversidades funcionales de índole mental, esto es, no cualquier discapacidad podría dar lugar a una declaración de estado de interdicción, es decir, aquellas instituciones jurídicas que tengan como finalidad limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, deberán tomar como punto de partida el tipo de diversidad funcional del caso en concreto, pues de lo contrario, pretender el establecimiento del mismo tipo de limitación a personas con discapacidades sumamente diversas, implica ver al estado de interdicción como una institución jurídica cerrada. Para llevar a cabo tal ejercicio judicial debe atenderse lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión ..., donde estableció que el juez deberá establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá ser asistida, fijando la naturaleza de tal intervención así como los alcances de la misma, velando porque en todo momento se adopte la decisión más favorable para el individuo, propiciando que las restricciones sean las menos posibles, y aquellas que se implementen deberán ser las estrictamente indispensables para la integridad física y mental, fomentando su autonomía. Determinar qué actos personalísimos puede realizar la persona en estado de interdicción, no resulta suficiente para concluir que se establezca un parámetro de limitación a la capacidad de ejercicio acorde a cada caso en concreto, pues debe precisarse la limitación específica a la capacidad jurídica, misma que se encuentra determinada por la discapacidad involucrada en cada caso en concreto y, por tanto, el nivel de limitación debe encontrar una proporcionalidad acorde a la diversidad funcional de la persona, a partir de lo cual, el juez deberá establecer qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad. En el caso, la sala responsable determinó: "se desprende la iniciación de un procedimiento judicial, el cual tiene como finalidad primordial, establecer los apoyos y salvaguardas que necesite ... para el desarrollo de su vida, debiendo garantizar en todo momento los derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, y preservar su mayor bienestar, debiendo en todo momento procurar que la antes mencionada disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones y favorecer su autonomía, buscando en todo momento el mayor beneficio para la probable interdicta, dentro de un modelo de inclusión y tutela de sus derechos, velando por su protección, supliendo en toda su amplitud la queja de la probable incapaz, sin que sea obstáculo para ello, la naturaleza de los derechos cuestionados; y para ello, es mantener la designación de un tutor a la presunta incapaz ..., y la realización de un estudio psiquiátrico a la misma, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual, si necesita de un representante para su acompañamiento y administración de sus bienes, por lo que hasta en tanto suceda eso, y con el fin de no vulnerar a la presunta incapaz y coheredera de la presente sucesión ..., su derecho de acceso a una tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, se previene a la ocursante para que informe al suscrito Juez, los avances del procedimiento judicial aquí aludido, y el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor de ..." Conforme a ello, se advierte que la responsable atendió dicho aspecto operativo de la intervención judicial, desarrollado por la propia Primera Sala del Alto Tribunal respecto del cual el juez debe construir el escenario menos restrictivo posible, favoreciendo en mayor grado la propia toma de decisiones y la mayor autotutela posible, y para lograrlo la voluntad de la persona será el núcleo esencial que se le habrá de garantizar, sin sustituir la voluntad de la persona, sino asistirla para que tome sus propias decisiones y asuma las consecuencias de las mismas. Es así, puesto que si bien no ordenó la suspensión del procedimiento sucesorio, también lo es que valoró las actuaciones presentadas señalando que se advertía la instauración de un juicio que tiene como objetivo determinar los apoyos y salvaguardas para ..., pues de debía asegurar sus derechos de audiencia, participación y acceso a la justicia, preservando su mayor bienestar y beneficio, dentro de un modelo de inclusión, por lo que era vital la designación de un tutor y la realización de un estudio psiquiátrico, a fin de verificar si presenta alguna incapacidad para atender su condición jurídica actual. Por tal motivo, indicó que con el fin de no vulnerar los derechos de la quejosa y su acceso a una tutela judicial efectiva, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, era procedente requerir información sobre los avances del procedimiento judicial exhibido, así como el nombre y domicilio de la persona que se designe como tutor. De lo que se colige, que se pidió lo mencionado en aras de que el juzgador se allegue de la mayor cantidad de elementos para establecer una protección mayor a la impetrante y una vez establecidos los alcances de su discapacidad, pues acorde a ello se le designará su tutor, se atendería a participación en el sucesorio. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por ... contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los arábigos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ... contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en el quinto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, por los motivos señalados en el último considerando".

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