Irma Patricia Ruelas

Expediente 425/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
425/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Irma Patricia Ruelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por este medio se tiene por notificadas a las partes quejosa y tercero interesada respecto de la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, que a la letra dice: Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ******************** por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales ********************, en contra del acto de la autoridad, que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el presente proveído. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Cortázar, Guanajuato, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del cuadernillo auxiliar del expediente ** de su estadística, devuélvansele. Se solicita el acuse de recibo respectivo, mismo que deberá remitirse vía electrónica, al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 425/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte (fojas 3 a 14), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, remitido a este juzgado el diez de septiembre siguiente, ******************** por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcriben: "IV.- ACTOS RECLAMADOS --- Resolución de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario familiar, identificado con el número de expediente F414/2018." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES (sic) --- Titular del Juzgado Único de Oralidad Familiar de Cortar, Guanajuato, en el desempeño de sus funciones, con domicilio bien conocido en la calle (.)." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya; mediante proveído de once de septiembre de dos mil veinte (fojas 20 a 22), esta potestad admitió la demanda y la registró bajo el número 425/2020-V; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; reconoció el carácter de tercero interesado a Diego Iván Nieto Almanza, de quien ordenó su emplazamiento; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló tanto fecha como hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Destaca que el veintidós de septiembre de dos mil veinte, fue emplazado a juicio el tercero interesado Diego Iván Nieto Almanza, por conducto de su apoderado Raúl Carmona González (fojas 44 y vuelta). Tercero interesado en cita que se apersonó al sumario mediante ocurso registrado con número 5436 (fojas 52 y 53). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad judicial residente en Cortazar, Guanajuato, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado en forma destacada lo constituye: La resolución de diecisiete de agosto de dos mil veinte, a través de la cual se dirimió el recurso de revocación interpuesto por la parte ahora quejosa en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio oral ordinario F0414/2018 del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar con sede en Cortazar, Guanajuato. La autoridad señalada como responsable es: 1. El juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, residente en Cortazar, Guanajuato. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El juez civil familiar responsable (foja 39 cuaderno principal), aceptó la existencia del acto que se le atribuyó; en consecuencia, debe tenerse por cierto el acto impugnado, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto cuestionado se robustece con documental que el juez del conocimiento primario acompañó a su informe de ley, consistente en copia certificada de algunas actuaciones judiciales del expediente F0414/2018 de su estadística; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un civil familiar tramitado por y ante autoridad judicial del ramo civil. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Ante el Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar en Cortazar, Guanajuato, se sustanció el juicio oral ordinario familiar F0414/2018 iniciado por ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, en contra del hoy tercero interesado Diego Iván Nieto Almanza; y su acumulado F0764/2018 promovido por Diego Iván Nieto Almanza en contra de ********************, sobre cambio de guarda y custodia sobre el referido menor de edad, así como aumento de convivencias (foja 3 a 7 tomo de pruebas I). 2. En el juicio civil familiar en cita -con su acumulado-, se dictó sentencia en primera instancia, con data dieciséis de enero de dos mil veinte, la cual concluyó con los siguientes putos resolutivos: "PRIMERO: La vía Oral ordinaria mediante la cual se encausó el procedimiento resulto la correcta; este Juzgado fue competente. SEGUNDO: La parte actora dentro del proceso F0764/2018 DIEGO IVAN NIETO ALMANZA NO demostró los elementos constitutivos de su acción de CAMBIO DE GUARDA Y CUSTODIA, por lo que se absuelve a la parte demandada IRMA PATRICIA ARRIAGA RUELAS de dicha prestación. TERCERO: La parte actora dentro del proceso F0414/2018 IRMA PATRICIA ARRIAGA RUELAS NO acreditó los elementos de la acción de SUSPENSIÓN DE LAS CONVIVENCIAS del demandado con su hijo, el niño SAÚL JESÚS NIETO ARRIAGA, por lo que se absuelve a DIEGO IVAN NIETO ALMANZA de dicha prestación. CUARTO: Se determina que la parte actora dentro del proceso F0764/2018 DIEGO IVAN NIETO ALMANZA probó los hechos constitutivos de su acción de AMPLIACIÓN DE CONVIVENCIAS, por lo que éstas deberán desarrollarse los días sábados de las trece horas con treinta minutos a las veinte horas siendo la entrega y recepción del menor de edad, como hasta hoy se vienen desarrollando en el domicilio ubicado en Calle Aldama número 222 de la Zona Centro de esta ciudad de Cortazar, Guanajuato. Se exhorta a la progenitora IRMA PATRICIA ARRIAGA RUELAS para que se abstenga de realizar conductas u omisiones que obstaculicen el sano desarrollo de las convivencias aquí decretadas. QUINTO: NO se realiza CONDENA en COSTAS generadas dentro de esta instancia (.)"; (fojas 3 a 21 tomo I de pruebas). 3. Inconforme con la sentencia indicada en el punto que antecede, Diego Iván Nieto Almanza interpuso recurso de apelación del que conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, quien lo resolvió mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte en el toca 116/2020, donde modificó la sentencia apelada a fin de determinar que las convivencias decretadas entre el apelante y su menor hijo se deberán llevar a cabo además de los periodos establecidos en la sentencia de primer grado, en los periodos vacacionales como son semana santa y verano, así como fiestas navideñas y de año nuevo, por lo que precisó con quien habrá de pasar los periodos vacacionales en los años 2020 y 2021; acotó que se está en el entendido de que los padres habrán de ponerse de acuerdo en cuanto a la hora y lugar de entrega y devolución del menor; asimismo, se les exhortó a ambos para que se abstengan de realizar conductas u omisiones que impidan la convivencia y el pleno desarrollo del menor. De igual modo, se determinó dejar intocado el resto de la sentencia revisada (fojas 31 a 36 tomo I cuaderno de pruebas). 4. El veintiocho de junio de dos mil veinte, la mencionada sala civil, proveyó sobre la demanda de amparo directo presentada por la parte aquí quejosa; en dicha providencia negó la medida suspensional solicitada (fojas 38 a 42 tomo I cuaderno de pruebas). 5. Por escrito presentado ante el juzgado de origen el veinte de julio de dos mil veinte, ********************, expresó que como su menor hijo ha contraído enfermedades durante las convivencias que ha tenido con Diego Iván Nieto Almanza, y que como este tiene más de cuatro meses de no convivir con su hijo, además de que se desconoce si el progenitor ha guardado escrupulosamente las medidas preventivas para evitar algún contagio del COVID-19 en su persona o bien, si ya se encuentra contagiado, solicitó al juzgado prevenir al padre del menor a efecto de que presente ante esa potestad un certificado de salud expedido por institución pública de salud, en el que se haga constar si está o no contagiado de la referida enfermedad; además, que debe presentar un certificado cada vez que solicite la contraseña para recoger al menor a efecto de tener las convivencias (fojas 54 y 55 tomo I cuaderno de pruebas). 6. En auto de veintiuno de julio de dos mil veinte, se ordenó dar vista tanto al progenitor como a la agente del Ministerio Público y Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con las manifestaciones vertidas por la hoy quejosa en el punto que antecede (foja 56 tomo I cuaderno de pruebas). 7. Por escrito presentado el veintidós de julio de la esta anualidad, ante el juzgado natural, el mandatario del progenitor solicitó se decreten las convivencias entre su representado y el hijo de este en los periodos y fechas que ahí precisó. Asimismo, exhibió la impresión electrónica de la que se desprende que se realizó la prueba del Covid-19, que arrojó como resultado "no detectado"; también expresó que por protocolo el padre del menor se realizó dicha prueba y ha cumplido con todos los lineamientos sanitarios de salud (fojas 64 a 67 tomo I cuaderno de pruebas). 8. El veinticuatro de julio de dos mil veinte, se proveyó, entre otras cuestiones, sobre la promoción y documental indicada en el punto que precede en el sentido de tenerlo por exhibiendo escrito de resultados de detección del coronavirus. Por tanto, ordenó dejar ficha a disposición de Diego Iván Nieto Almanza para que gestione fecha para las convivencias con su menor hijo, en los términos precisados en dicho acuerdo (fojas 73 y 74 tomo I cuaderno de pruebas). 9. Inconforme con la providencia indicada en el punto que antecede, ********************, por sí y en representación de su menor hijo, promovió recurso de revocación (fojas 82 a 96 tomo I cuaderno de pruebas). 10. Por escrito signado por el mandatorio judicial de ********************, objetó en cuanto a su alcance y valor probatorio el "escrito de resultados de detección del coronavirus", exhibido por el mandatario judicial de Diego Iván Nieto Almanza (fojas 97 y 98 tomo I cuaderno de pruebas). 11. En auto de tres de agosto de dos mil veinte, la juez admitió el recurso de revocación de mérito y ordenó dar vista al hoy tercero interesado; asimismo, tuvo al mandatario judicial de ******************** por haciendo las manifestaciones con relación a la documental denominada "escrito de resultados de detección del coronavirus" (fojas 101 y 102, tomo I cuaderno de pruebas). 12. Por escrito presentado ante el juzgado primario el once de agosto de dos mil veinte, Raúl Carmona González, mandatario judicial de Diego Iván Nieto Almanza, dio contestación a la vista que se le corrió con la admisión del recurso de revocación de mérito, lo que se acordó favorablemente en auto de doce de agosto siguiente (fojas 108 a 111). 13. Así, tras la sustanciación del referido medio de impugnación horizontal, por resolución de diecisiete de agosto de dos mil veinte, el juzgado natural lo resolvió en el sentido de modificar el auto impugnado (fojas 112 a 119 tomo I de pruebas). Esta determinación constituye el acto reclamado en forma destacada. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son ineficaces los conceptos de violación. Como cuestión previa, cabe precisar que este sumario es promovido por Patricia Arriaga Ruelas, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales ********************; por tanto, el estudio del presente asunto se realiza desde la perspectiva del interés superior del menor de edad, habida cuenta que el tema de fondo de la controversia natural versa sobre de las convivencias entre dicho menor y su progenitor, en específico, si este debe presentar una prueba de detección sobre el COVID-19, periódicamente a fin de que puede acceder a las convivencias en los plazos y términos fijados en la sentencia de segundo grado -actualmente impugnada en amparo directo por la hoy agraviada, y pendiente de resolución constitucional-. I. Expresa la parte quejosa, en el concepto de violación primero, sustancialmente y en atención a la causa de pedir, que la resolución debatida es violatoria de derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque al dictarse tal determinación se omitió dar respuesta íntegra a los agravios que expresó en contra del auto recurrido, en específico, aquellos argumentos de inconformidad a través de los cuales mencionó que la documental exhibida por su contraria relativa a la práctica de la prueba para detección de COVID-19, incumple con requisitos legales para ser considerada en el asunto de origen. Que tal omisión quebranta en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad. Que a ese documento se otorgó valor probatorio en tanto que fue la base para sustentar la determinación cuestionada; que con ello se conculcan las reglas de la prueba tasada porque la documental en cuestión no contiene los datos y elemento mínimos de existencia y validez legal; que por ello la resolución combatida causa perjuicio de difícil reparación habida cuenta que con ello se pretende justificar la sanidad del progenitor del menor involucrado, y así garantizar la inexistencia de riesgo para su salud, respecto de una enfermedad altamente contagiosa. Que la resolución reclamada, implica un riesgo a la salud del menor de edad, donde se soslayó la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud del mencionado menor. II. En el concepto de violación segundo, sustancialmente, indica la parte quejosa que la resolución reclamada omite la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud del menor de edad. Que el documento exhibido, al sumario natural, por su contraria para justificar que está libre de contagio de COVID-19, no está suscrito por quién lo expidió; que ello equivale a la ausencia de manifestación de voluntad. Que tal documental se objetó en cuanto alcance y valor probatorio, en tiempo y forma; empero que en la determinación tildada de inconstitucional se omitió responder al respecto. Los anteriores planteamientos analizados en su conjunto, son infundados. En principio ha de señalarse que, efectivamente, en el acto reclamado inexistió respuesta puntal a cada uno de los argumentos que la recurrente, ahora quejosa, expresó con relación a los vicios que atribuyó a la documental exhibida por el hoy tercero interesado con el fin de justificar que está libre de contagio de COVID-19; así como sobre la objeción en cuanto alcance y valor probatorio, de ese medio de convicción. Sin embargo, el análisis de la resolución reclamada hace patente que se dio respuesta integral al planteamiento de la recurrente, relacionados con dicha documental. De ahí lo infundado el motivo de disenso en trato. Esa así porque, en la resolución cuestionada se determinó que es improcedente lo solicitado por la recurrente hoy quejosa, en el sentido de requerir al progenitor del menor de edad, para que periódicamente presente una documental sobre resultados de COVID-19, con la que demuestre que no padece dicha enfermedad, a fin de poder acceder a las convivencias con su menor hijo en los términos establecidos en la sentencia de segundo grado -actualmente impugnada mediante amparo directo y pendiente de resolución-. Lo que antecede, revela que la juez civil responsable atendió de fondo el tema sobre la prueba documental relativa a la detección de la enfermedad COVID-19, en el sentido de que es innecesario requerir al progenitor que periódicamente se practique tal prueba, lograr el acceso a las convivencias con su hijo menor de edad. Esta circunstancia pone de manifiesto que, adverso a lo discutido por la parte agraviada, en el acto reclamado se atendió de fondo el planteamiento que propuso sobre exigir al progenitor que se practicara la prueba de detección de la enfermedad en comento. No obsta a lo que antecede, que en el acto reclamado no se haya respondido sobre cada uno de los vicios y la objeción a la documental referida; ello, toda vez que dichos aspectos quedaron superados cuando la juez civil responsable atendió de fondo el planteamiento de la recurrente hoy quejosa, pues sobre el punto en cuestión determinó, se insiste, que es innecesario que el progenitor se practique la prueba de detección de COVID-19, periódicamente como requisito para tener convivencias con dicho infante. Desde esta perspectiva es inconcuso que la resolución reclamada no transgrede el principio de congruencia, como lo discute la parte quejosa, precisamente porque se atendió de fondo el planteamiento de la quejosa. Por otra parte, la resolución reclamada se estima ajustada a Derecho, en virtud de que se dictó con apego al principio del interés superior, dado que determinó la continuación de las convivencias entre el menor de edad y su papá, con observancia de lineamientos y mecanismos de protección sanitaria difundidos por las Secretaría de Salud, tanto federal como local -que por cierto coincide con lo divulgado, sobre el tema, por la Organización Mundial de la Salud-, con el propósito evitar riesgos de contagio; todo ello en aras de salvaguardar del interés superior del menor de edad. Para corroborar lo anterior es menester hacer énfasis en la relevancia de las convivencias entre padres e hijos. En efecto, los padres que no ejercen la guarda y custodia de sus hijos, en función de la patria potestad que mantienen, tienen el derecho de visitarlos y convivir con ellos; sin embargo, no se debe perder de vista que este "derecho de los padres", es primordialmente un derecho de los menores. Es así, pues al respecto se ha considerado que el desarrollo integral de un menor solo puede lograrse si mantiene lazos afectivos con sus padres. En ese orden de ideas, cuando un niño que es "separado" de uno de sus padres porque solo uno de ellos puede ejercer la guarda y custodia, necesariamente debe establecerse un régimen de visitas y convivencias entre el menor y su otro progenitor, en tanto como se mencionó, dicho menor tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de un modo regular con el que no ejerce su guarda y custodia. Atento a ello, las visitas y convivencias entre el padre que no ejerce la guarda y custodia y sus hijos, solo debe restringirse o suspenderse cuando el interés superior del menor así lo manda. Bajo ese panorama, toda vez que el interés superior del menor constituye un concepto jurídico indeterminado, para decidir cuándo deben restringirse o suspenderse las visitas y convivencias entre los hijos y el padre que no ejerce la guarda y custodia, el juzgador debe analizar en cada caso concreto, cuáles son los hechos y circunstancias que rodean a los menores en torno a los cuales gira la controversia, a fin de resolver lo conducente. Aunado a lo anterior, en relación al régimen de convivencias o derecho de visitas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido de que al momento de implementar el régimen de convivencia, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Estimó que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atento a las circunstancias de cada caso, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Tales razonamientos, encuentran fundamento en la tesis CCCVII/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1064, libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Precisado lo anterior y, en torno al presente caso, en el que el desarrollo de las convivencias a que se ha hecho referencia debe efectuarse entre el menor y su progenitor no custodio, dentro del marco de la pandemia existente derivado de la enfermedad generada por el virus denominado COVID-19, es conveniente mencionar que al respecto y, particularmente, por lo que hace a la forma en que el citado virus se propaga, la Organización Mundial de la Salud señaló que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se transmite por contacto con una persona que esté infectada por el virus, mediante la inhalación de las "gotículas" que salen despedidas de su nariz o boca al toser, estornudar o hablar. Las "gotículas" pueden caer en objetos o superficies como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Existe información, incluso, que apunta a que las personas sin síntomas pueden también transmitir el virus. Dicha información, es coincidente con la proporcionada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y la Secretaría de Salud del Gobierno local, lo que constituye un hecho notorio en términos de la tesis: I.3o.C.35 K, que se comparte, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1373, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Ahora, al tomar en consideración tanto la importancia de las convivencias que deben verificarse entre el menor involucrado en el asunto de origen y su padre, como la protección a su salud que debe observarse derivado de la contingencia existente, así como lo informado sobre el tema por la Organización Mundial de la Salud y las secretarías de salud tanto federal como local; este operador jurídico, contrario a lo considerado por la parte quejosa, estima adecuada la resolución reclamada. Es así porque se determinó proseguir con las convivencias de mérito; además, se ordenó tomar medidas de protección sanitaria difundidas por la sendas secretarías de salud -federal y local-, con el propósito evitar riesgos de contagio al desarrollarse las convivencias; todo ello a fin de proteger del interés superior del menor de edad. Ciertamente, del análisis a la resolución reclamada se obtiene que en el considerando tercero, luego de hacer alusión tanto a los agravios como al ocurso por el que contestó la vista el tercero interesado Diego Iván Nieto Almanza respecto una de las documentales que este allegó -documental que contiene resultados de prueba de detección COVID-19-, se calificó el primer agravio como parcialmente fundado pero inoperante. -Sostuvo que ningún perjuicio le ocasiona el que se haya tenido al progenitor por exhibiendo copia del calendario escolar 2019 y 2020 de la Secretaría de Educación Pública, así como escrito de resultados de detección del coronavirus SARS-COV-2, ni que se hayan ordenado agregar dichos documentos al sumario. -Seguidamente, se indicó que asiste razón a la parte recurrente cuando alega falta de fundamentación y motivación del proveído que impugnó; empero, acotó, que es inoperante para modificar el sentido del auto, aunque sí su contenido. -Afirmó que son inaplicables los preceptos legales invocados por la parte recurrente -227 y 358 del código adjetivo civil local- en virtud de que estos refieren a las sentencias, y que en el caso se trata de un recurso planteado en contra de un auto. -Prosiguió con el estudio del segundo agravio, al que estimó parcialmente fundado y operante. Así, expuso que no asiste razón a la inconforme cuando alega que el acuerdo recurrido atenta en contra de la salud y del interés superior del menor de edad. -Expresó que las convivencias están pactadas dentro del expediente natural a fin de desarrollarse en la forma y términos ahí estipulados, con lo cual se actúa en aras de proteger el interés superior del hijo menor de las partes en conflicto, habida cuenta que así se respeta lo dispuesto por el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos Niño -el derecho del infante de convivir con la familia-, como acontece en la especie. -También indicó que veló por la protección de la salud del infante, esto al haber aportado el papá un resultado de detección de coronavirus SARS-COV-2, suscrito por la QFB Amanda del Socorro Álvarez Marín, en el que se asentó que no se detectó dicho virus en Diego Nieto Almanza. Sobre la petición de que se suspenda la convivencia relativa al uno de agosto del actual año, declaró que es improcedente por tratarse de un hecho consumado; empero, que como las convivencias son de tracto sucesivo al celebrarse cada semana, asiste razón al recurrente al solicitar que se garantice el derecho a la salud del infante al desahogarse las convivencias para que el menor no tenga riesgo de ser contagiado. -Empero, garantizar la salud del niño debe ser tanto al estar con la mamá como con el papá, virtud a que están en un mismo plano de igualdad. -Que es imposible garantizar que el infante no se va a contagiar estando en el domicilio materno, tampoco si se realizan las convivencias con su progenitor. -Por ello se deben observar todas las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, tanto federal como local, para reducir al máximo las posibilidades de contagio. Así, respetando dichas medidas se debe permitir las convivencias durante la cual deberán observar las recomendaciones sanitarias emitidas por el gobierno. -Acotó, que es de conocimiento general que las pruebas de laboratorio que detectan el virus en comento no se encuentran disponibles diariamente en las instituciones pública de salud, y que además los resultados no se entregan en el mismo día, por lo que es inviable que el padre se realice dicha prueba previo a cada solicitud de contraseña para las convivencias. -No obstante, se deben implementar medidas tales como que el día de la convivencia previo a la entrega del menor de edad y en presencia del actuario encomendado se realice la toma de temperatura tanto al papá como al infante y en caso de que alguno presente temperatura mayor a 37.5 grados centígrados, entonces no se deberá desahogar la convivencia; además, el progenitor deberá acudir con cubrebocas debidamente colocado y conservarlo durante el lapso de la convivencia. Las convivencias se suspenderán, excepcionalmente, solo cuando alguno de los dos -padre o hijo- esté contagiado. Así, concluyó la resolución cuestionada que ante tal panorama, se modifica el acuerdo recurrido a fin de que en su párrafo séptimo y quince, a fin de que inserten las consideraciones reseñadas en los epígrafes correspondientes. Ahora bien, lo que precede hace patente que en la resolución reclamada se determinó que es inviable que el padre se realice una prueba de detección de COVID-19, cada que vaya a tener convivencia con su menor hijo, en virtud de que es del conocimiento general que las pruebas de laboratorio correspondientes no se encuentran disponibles diariamente en las instituciones públicas de salud, además, que los resultados no se entregan en el mismo día en que se practica la prueba. Asimismo, se resolvió sobre la continuidad de las convivencias entre el menor de edad y el progenitor que no cuenta con la guarda y custodia; que para el desarrollo de las convivencias se deberán observar las medidas de protección sanitaria difundidas por sendas secretarías de salud -federal y local-, para evitar riesgos de contagio de virus COVID-19. Ante tal contexto, como se indicó, las medidas cuya vigilancia se ordena en la resolución reclamada, a juicio de este juzgador federal son adecuadas, pues a diferencia de lo sustancialmente alegado en los motivos de disenso, se estima que el simple hecho de que se desahoguen las convivencias sin una prueba vigente de detección de virus COVID-19, por parte del padre, no implica un riesgo de contagio para el infante, dado que como se destacó, acorde a lo informado por la Organización Mundial de la Salud y las secretarías de salud tanto federal como local, el riesgo deriva de la convivencia con personas infectadas (tengan síntomas o sean asintomáticos) y sin observar los mecanismos de protección a la salud ya indicados en párrafos que anteceden. De tal manera, este juzgado federal no advierte que con la resolución reclamada se vea vulnerado el derecho a la salud del menor involucrado; por el contrario, se aprecia que la autoridad responsable ponderó tanto el derecho a la salud del infante, al cual prestó especial atención dada la contingencia existente derivada del virus COVID-19, así como el derecho que tienen de convivir con su padre, el cual como se mencionó, y según lo ha establecido el máximo tribunal de este país, se trata primordialmente de un derecho a favor del menor de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En ese contexto, se reitera, se estima ajustada a Derecho la interlocutoria reclamada, en razón de que se encuentra armonizado tanto el derecho del menor a convivir con su padre, así como su derecho a la salud, en el marco de la pandemia existente. De ahí que sean ineficaces los conceptos de violación para alcanzar la pretensión pretendida por la quejosa. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ******************** por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales ********************, en contra del acto de la autoridad, que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo consistente en prueba documental, presentados por la autoridad responsable jueza Especializada en Materia Familiar con sede en Cortázar, Guanajuato, sin que recaiga mayor proveído al respecto en razón de que el juicio de amparo 425/2020, tiene audiencia constitucional celebrada y solo resta dictar sentencia. Intégrese lo de cuenta al cuadernillo provisional que obra en autos, para glosar el presente acuerdo junto con la comunicación oficial y anexo respectivo, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sean agregados al juicio de amparo citado en el párrafo precedente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano