Irma Patricia Hernández Gómez

Expediente 2120/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2120/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Irma Patricia Hernández Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual solicita que se remitan las actuaciones del presente expediente; en ese sentido, y toda vez que del estado de autos se advierte que el presente expediente se encuentra archivado, remítasele a la Superioridad lo solicitado en el oficio de cuenta, para que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir de esta determinación. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de utilización y racionalización de los recursos materiales para la formación de diversos expedientes, así como al dictamen aprobado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del oficio CJF/VJ/6052/2011, de veinte de septiembre de dos mil once, signado por el entonces Visitador General, en el que se determinó que el cuaderno de antecedentes se integra con las constancias que el titular del órgano. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Citatorio principal. Por medio de lista notifico a la parte quejosa, el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, que dice: dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Se recibe resolución. Ténganse por recibidos el oficio y anexo remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución pronunciada en la queja 204/2023, en la que se resolvió: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido de treinta de mayo de dos mil veintitrés, pronunciado por la Jueza Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en autos del juicio de amparo 1194/2023." Acúsese recibo. II. Actos tendentes a cumplimentar la orden de Tribunal Colegiado. Atento a la resolución del tribunal revisor y, en cumplimiento a las disposiciones de la ejecutoria, se provee de la siguiente manera: III. Decisión sobre la instancia constitucional. Antes de proveer respecto a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo establecido por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que le sea practicada de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Precise con exactitud el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables, pues se advierte imprecisión en ese sentido. 2. Realice una narración sucinta y cronológica de los antecedentes de los actos reclamados. 3. Manifieste cuál es la calidad con la que comparece a la presente instancia constitucional, es decir si lo hace por propio derecho o en representación de alguien más. En caso de acontecer esto último, deberá acreditar con constancia fehaciente el carácter que ostenta, en virtud de que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, se debe hacer constar en el acuerdo admisorio. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.1 " "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Precisión que resulta indispensable para examinar la procedencia del juicio, además de determinar que se encuentre debidamente integrada la litis constitucional en atención al artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado; y en su caso, la autoridad responsable pueda estar en aptitud de justificar la constitucionalidad del acto concreto que se le atribuye. Asimismo, para satisfacer la exigencia a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, a fin de conocer los antecedentes del acto reclamado y estar en posibilidad de resolver sobre a la procedencia de la demanda, por lo que menester resulta formular la prevención de que se trata. APERCIBIMIENTO. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con lo solicitado y de no exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes (en caso de presentarlo físicamente), se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. Se hace saber a la parte quejosa del delito en el cual incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]." Lo anterior tiene su razón de ser en que si los promoventes incurren en falsedad, los hacen acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que el requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/20103 . Notifíquese personalmente.

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