Irma Patricia Flores Ortíz
Expediente 363/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 43 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Irma Patricia Flores Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda el oficio con anexos signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 363/2020, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativa 197/2022, misma que se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio por los motivos expuestos en el considerando tercero de la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, en los términos expresados en el último considerando de la presente resolución." Integración. Agréguense las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es depurable, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente provéase lo correspondiente. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, y el duplicado es destruible, conforme a los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese únicamente para efectos de control el oficio signado por el Encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad; lo anterior, toda vez que el quince de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio en el mismo sentido, y se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la tercera interesada María Hilda Alvarez Soto. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio ..., que en el periodo comprendido del catorce al dieciocho de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General ... del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del mencionado acuerdo general; por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no obran las constancias de notificación de los terceros interesados dentro del presente juicio María Hilda Álvarez Soto y José Rafael Orozco Caballero, tanto de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno en el presente juicio, como del auto de veintiocho de octubre del mismo año, en el cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Se ordena notificación. Ahora bien, considerando lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción, para que inmediatamente practique las notificaciones ordenadas en los proveídos de referencia a los terceros interesados. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que no aparecen agregados los acuses de recibo de los oficios ... dirigidos al Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio y el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa. En obvio de dilaciones, requiérase al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe el trato dado a las piezas postales que contienen los oficios de referencia, o en su caso remita copia certificada de la constancia de entrega a su destinatario. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo personal multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Escrito. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito signado por el autorizado de la quejosa, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, remite las copias de traslado relativas al recurso de revisión que hace valer contra la sentencia dictada en autos. Acuerdo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copia del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio de amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Se notifica por lista sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veinte, ante este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Irma Patricia Flores Ortiz, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se recibió directamente en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se dio legal intervención la Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el doce de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa amplió la demanda de amparo respecto el acto que a continuación se digitaliza: Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, el mismo tiene ejecución en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: El acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión celebrada el once de febrero de dos mil veinte, en el que se determina iniciar en su contra procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido bajo el número estadístico A-40/2018, así como la suspensión en el ejercicio de sus funciones y la reducción del treinta por ciento de sus percepciones. La suspensión absoluta del pago de sus percepciones. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable Instituto Estatal de Defensoría Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Delegación Torreón, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. Por su parte, la diversa responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, al rendir su informe justificado en relación con la ampliación de la demanda, negó categóricamente el acto que se le reclama, precisado como ii. La suspensión absoluta del pago de sus percepciones; sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables antes mencionadas al rendir su informe justificado, en torno a los actos que se les atribuyen, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades se encuentran en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la existencia de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la existencia de los actos que se les atribuyen y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que se reclaman a dichas autoridades, claro está, en los términos antes precisados. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). CUARTO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila, pues al rendir su informe justificado reconoció expresamente su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los actos se encuentra corroborada con las documentales que en copia certificada fueron allegadas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo disciplinario A-40/2018, de su índice; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causa de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Sostiene la parte quejosa -primero- que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio el derecho al trabajo. Ello, pues estima, que el derecho al trabajo no puede ser suspendido sino por razones particularmente graves y dicha suspensión en todo caso debe encontrar su origen en una determinación judicial, dentro de un proceso seguido con todas la garantías que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, o bien mediante una resolución gubernativa entendida como un acto de gobierno emitido por uno de los poderes políticos del Estado, cuando se estime que existan causas de orden público o interés social que sean de mayor peso que el derecho al trabajo de aquéllas personas que se verán afectadas por la restricción. Que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, no tiene calidad de órgano judicial, de ahí que no puede emitir resoluciones judiciales. En ese mismo sentido, que no puede sustanciar procedimientos contradictorios, por no estar dentro de las facultades dispuestas por el constituyente. Por otro lado, señala que el acuerdo reclamado no puede ser considerado una resolución gubernativa, dado que fue emitido por una autoridad que se circunscribe a una situación específica que no aborda cuestiones generales ni implica el establecimiento de categorías de ordenamiento. En ese sentido sostiene la quejosa que el derecho al trabajo solamente puede ser limitado en dos supuestos específicos previsto en el artículo 5to. Constitucional, y que ello debe interpretarse en forma restrictiva, así, estima que el acuerdo reclamado en esta instancia constitucional no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el mencionado numeral. Por otro lado - Segundo-, señala la quejosa, esencialmente que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio el principio de seguridad jurídica en su vertiente de legalidad, por ausencia de la fundamentación de la competencia; así como que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, no es competente para sustanciar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios adscritos al Instituto Estatal de la Defensoría Pública, Delegación Torreón, y por ende al resultar incompetente para substanciarlo, carece también de competencia para emitir la orden de suspensión de la relación laboral. En ese mismo sentido señala la quejosa que la autoridad responsable no invocó por no existir una norma jurídica que le faculte para instaurar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios públicos adscritos al Instituto Estatal de Defensoría Pública, Delegación Torreón del Poder Judicial de Estado de Coahuila. Ello es así, pues considera, que de la lectura de los numerales citados por la autoridad responsable se puede advertir la ausencia de facultades del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, para instaurar el procedimiento administrativo en su contra. En ese sentido, esencialmente sostiene que el acto reclamado es inconstitucional en tanto que no fue emitido por autoridad competente. Por otro lado -tercero-, sostiene la quejosa, que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio el principio de legalidad, así como el de seguridad jurídica, el derecho al trabajo, derecho fundamental al honor y el principio de presunción de inocencia. Ello lo estima así, pues considera, que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado ya que al resolver que ameritaba adoptar la medida de suspensión provisional de la relación laboral en términos del artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, la autoridad responsable arguyó hechos falsos, aunado a que no realizó un ejercicio correcto de razonamiento jurídico. Específicamente señala la inconforme que es falso que exista una denuncia a través de la cual se hicieron del conocimiento del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, hechos constitutivos de probables faltas administrativas que le sean imputables. Que la autoridad es imprecisa, puesto que utiliza la palabra denuncia para referirse a la queja. Ello es así, puesto que afirma no existe ningún escrito de queja que se haya presentado directamente ante la autoridad que le corresponde conocer de la misma, menos aún, que exista ratificación alguna del citado escrito, asimismo, señala que es falso que al escrito que pudiera ser considerado como queja, se hubiere aportado prueba alguna. Aunado a que no existe ninguna queja en su contra que satisfaga los requisitos que impone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, para que pueda tomarse como base para la iniciación de un procedimiento administrativo disciplinario. Lo anterior es así pues considera que: No existe una queja presentada en su contra en términos del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Que no existe un escrito de queja presentado directamente ante la autoridad que le corresponde conocer de la misma. Que no existe ratificación alguna del citado escrito de queja. Tampoco existe un escrito que pueda ser considerado como queja al que se hubiese aportado prueba alguna. También sostiene la quejosa que no se le puede otorgar valor probatorio a las pruebas que tuvo en consideración la responsable para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y para suspenderla en sus labores, así como para justificar la disminución de su salario. Que no es cierto que la causa penal 1197/2017 se encuentre en suspensión condicional del proceso, toda vez que esta fue sobreseída desde el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por lo que la autoridad responsable aduce hechos falsos. Así como que la afirmación de la autoridad responsable en el sentido de que tiene acceso a la información administrativa relacionada con la causa penal instruida en contra de las personas que indica, así como que tiene una relación con el personal y otros funcionarios, no se enlaza en forma alguna a una consecuencia nociva para los fines del procedimiento administrativo disciplinario. En su último concepto de violación argumenta la quejosa que el acuerdo reclamado carece de fundamentación y motivación respecto del monto establecido a modo de garantía de subsistencia, esto es, del treinta por ciento de sus percepciones, así como que la autoridad responsable no indica que parámetros tomó en consideración para estimar que en el caso concreto, el treinta por ciento de sus prestaciones es suficiente para subvenir los gastos mínimos para su subsistencia y sus dependientes económicos. Los conceptos de violación hecho valer por la parte quejosa resultan infundados. Derecho al honor y presunción de inocencia. En primer término, es importante señalar que el derecho al honor es uno de los derechos derivados del reconocimiento de la dignidad humana, contenido en el artículo 1° constitucional y reconocido implícitamente como límite a las libertades de expresión, información e imprenta en los artículos 6 y 7 constitucionales, a la vez que se encuentra reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si bien es cierto que el derecho al honor no encuentra una definición rígida en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, el mismo es jurídicamente indeterminado, de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social, lo que jurídicamente se traduce en un derecho que involucra la facultad de cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. En este sentido, existen dos formas de sentir y entender el honor, a saber: a. aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, siendo lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad; y b. aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad (comprendiendo en esta forma el prestigio y la credibilidad), siendo lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece. En este segundo sentido, el derecho al honor bien puede definirse como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 118/2013, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 470, registro digital: 2005523, de contenido siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros". En el caso que nos ocupa, la quejosa sostiene que la autoridad responsable, viola en su perjuicio el derecho fundamental al honor y el principio de presunción de inocencia, al sancionarla anticipadamente, de ahí que se encuentran íntimamente relacionados y ambos serán analizados en estudio del principio de presunción de inocencia, puesto que del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que los hechos por los que se inició el procedimiento administrativo de donde deriva el acto reclamado hayan trascendido a la opinión pública, ni tampoco existe argumento de la parte quejosa en el sentido de que la conducta que se le imputa por la autoridad responsable, hubiese sido exhibida en los medios de comunicación o se haya hecho del conocimiento de terceros. Ahora bien, el principio de presunción de inocencia, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se encuentra consagrado en la Constitución Federal, en su artículo 20, apartado B), fracción I, en los términos siguientes: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...) (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; (...)." De la porción del precepto constitucional transcrito, se advierte que el principio de presunción de inocencia consiste en que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia en tanto no se declare su responsabilidad penal en una resolución emitida por la autoridad competente. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, la presunción de inocencia es un derecho que se puede entender de diversas formas, por ejemplo: como regla de tratamiento del imputado; como regla probatoria; como estándar probatorio o regla del juicio. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla de trato del imputado exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento. En este sentido, la presunción de inocencia denota el derecho de toda persona a ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, tal criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 497 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2006092, de texto y rubro siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Por otra parte, la propia Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, ha determinado que el citado principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, exige el establecimiento de las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 25/2014 (10a.), de la Primera Sala, consultable en la página 478, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2006093, de contenido siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País precisó que, en su vertiente de estándar probatorio o regla del juicio, el principio de presunción de inocencia obliga a los juzgadores a absolver a los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad que se les impute; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. En ese orden, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio admite dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar, tal criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 26/2014 (10a.), visible en la página 476, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, registro 2006091, que a la letra establece: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. En esas condiciones, se advierte que, el principio de presunción de inocencia se refiere al derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2013 que dio origen a la jurisprudencia 43/2014, se pronunció en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que dicho principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la "responsabilidad penal" del inculpado en la comisión del delito. Sin embargo, el máximo tribunal del país hizo extensiva la aplicación del mencionado principio al derecho administrativo sancionador sólo en cierta medida, pues determinó que su traslado al ámbito administrativo debe realizarse con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar, en tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el principio de presunción de inocencia es inherente al derecho penal, porque está encaminado a evitar que se sancione al probable responsable hasta en tanto se acredite plenamente su culpabilidad, situación que también puede presentarse en el procedimiento administrativo sancionador, en cuanto a que en éste también se imponen sanciones. De la ejecutoria en cita, emanó la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), consultable en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, registro 2006590, de contenido siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." Por tanto, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la sanción administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por lo que guarda similitud fundamental con la pena, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción ante lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida con la amenaza de imponer una sanción, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el Juez penal, como por la autoridad administrativa. Dadas las similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo; pero ello, tal como lo precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis, anteriormente transcrita, con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar, en tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, la suspensión temporal reclamada por la aquí quejosa, se encuentra prevista en el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 208.- En cualquier momento, antes o después de la iniciación del proceso disciplinario, se podrá acordar la suspensión temporal del presunto autor en su cargo, empleo o comisión, si a juicio de la autoridad instructora o resolutiva, así conviniere para el desarrollo de la investigación. La suspensión temporal no prejuzga sobre la determinación final que se tome. Si el servidor público temporalmente suspendido, no resultare responsable de la falta que se le haya imputado, será restituido en el goce de sus derechos, y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el término de la suspensión." Del precepto transcrito se desprende que: La suspensión temporal es de carácter preventivo y procederá contra el probable responsable que se encuentre sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa, cuando con su permanencia se estime que, se corre el riesgo de afectación en el desarrollo de la investigación. La suspensión subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente. En el caso de que el servidor público resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión. Así, se obtiene que la suspensión temporal de funciones de carácter preventivo sea una medida precautoria o provisional que tiene por objeto: Facilitar el curso de las investigaciones. Proteger y preservar los intereses públicos fundamentales del Estado, tales como el, implementar mecanismos de anticorrupción y prevenir que se cause algún detrimento en las funciones propias del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento. Por tanto, la suspensión temporal de los servidores públicos sujetos a un procedimiento de responsabilidad resulta, como medida preliminar, un instrumento que razonablemente se justifica en la finalidad que persigue, consistente en facilitar el curso de las investigaciones y evitar que se vean afectados los gobernados y las instituciones. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por la quejosa, la suspensión temporal de funciones de carácter preventivo, es una medida cautelar y no una medida anticipada de sanción o una pena inusitada e infamante, que subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente y que tiene por objeto facilitar las investigaciones que por la naturaleza de este tipo de procedimientos busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales del Estado, garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y en su caso, prevenir que se lleguen ocasionar o sigan generando daños mayores a la administración pública. En efecto, si bien es cierto, la suspensión temporal preventiva que nos ocupa, tiene su origen en que la quejosa se encuentra sujeto al procedimiento administrativo de disciplina, también es que su objeto no es sancionarla, sino únicamente separarla del servicio de la función que desempeña como servidora pública del Poder Judicial del Estado hasta que la investigación quede total y definitivamente resuelta en la instancia final del procedimiento correspondiente, pero sin prejuzgar sobre su responsabilidad. Máxime si se considera que el propio artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prevé que, en el caso de que el servidor público suspendido resulte declarado sin responsabilidad en la investigación administrativa, se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión por el tiempo que ésta duró. Por tanto, se insiste, la suspensión temporal preventiva de funciones, se trata únicamente de una medida precautoria o provisional no de una sanción anticipada, pues, mediante dicha suspensión no se califican los actos que motivaron tal investigación administrativa, como tampoco la responsabilidad de la quejosa en su comisión, ni mucho menos, se le sanciona por ese motivo. Así, se puede concluir que la promovente del amparo conserva su calidad de inocente hasta en tanto no exista una resolución definitiva por parte de la autoridad competente que determine la plena acreditación de la conducta irregular atribuida y su correspondiente responsabilidad, con motivo de la investigación administrativa derivado de un procedimiento instaurado en su contra. Además, debe puntualizarse que sobre el tema existe Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que analizó el precepto 21 de la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de contenido esencialmente similar a la porción normativa aplicada a la quejosa, como se constata en el siguiente recuadro: Ley Orgánica del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. "Artículo 208.- En cualquier momento, antes o después de la iniciación del proceso disciplinario, se podrá acordar la suspensión temporal del presunto autor en su cargo, empleo o comisión, si a juicio de la autoridad instructora o resolutiva, así conviniere para el desarrollo de la investigación. La suspensión temporal no prejuzga sobre la determinación final que se tome. Si el servidor público temporalmente suspendido, no resultare responsable de la falta que se le haya imputado, será restituido en el goce de sus derechos, y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el término de la suspensión. "ARTÍCULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: (.) V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. (.)" De dichos artículos, se aprecia que son substancialmente similares en virtud a que ambos establecen la facultad de carácter discrecional para decretar una medida provisional que suspenda al presunto responsable en el empleo, cargo o comisión cuando convenga a juicio del órgano instructor, a fin de salvaguardar la conducción o continuación de las investigaciones, y que en caso de que aquél no resultare responsable, lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se encontró suspendido. En la contradicción de tesis 311/2015, que dio origen a la jurisprudencia 3/2017 el Pleno del alto tribunal resolvió, en la parte que interesa, que la suspensión del servicio público como consecuencia del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa resulta razonable e idónea con la finalidad pretendida por el legislador. Puntualizó que la medida tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones que por la naturaleza de ese tipo de procedimientos, se busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia) que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y en su caso, prevenir que se sigan generando daños a la administración pública. El máximo tribunal precisó que se debe privilegiar el correcto desempeño de los servidores públicos para que éstos no cometan actos en contra del servicio público, entendida la protección del servicio público, como la justificación fundamental de la existencia de la suspensión del servicio y de las prestaciones respectivas. Asimismo, determinó que la separación temporal del servidor público, así como la suspensión de las percepciones correspondientes resultan constitucionalmente razonables, en tanto tengan por objeto facilitar el curso normal de las investigaciones o evitar un perjuicio mayor a la administración pública. De la ejecutoria en cita, emanó la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.) consultable en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, registro 2013719 del tenor siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." El anterior criterio resulta obligatorio para este Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. Derecho al trabajo. Son infundados los conceptos de violación hecho valer por la quejosa en el sentido de que su derecho al trabajo haya sido suspendido por la autoridad responsable en el acuerdo que constituye el acto reclamado, puesto que no se le impidió a la quejosa que se dedique a la profesión o trabajo de su elección, sino que únicamente se determinó suspenderla de sus labores de manera temporal; sin que ello implique que se haya suspendido el derecho al trabajo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado, en temas como el que nos ocupa, que la suspensión temporal del servidor público cuando es sujeto a investigación derivada de un procedimiento administrativo disciplinario, no se establece una sanción, sino sólo una medida preventiva, cuya duración se limita hasta en tanto el procedimiento respectivo, quede total y definitivamente resuelto en su instancia final, dispositivo legal que en caso de no haber responsabilidad, también dispone la reintegración al interesado de los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir con motivo de la suspensión. Consecuentemente, la suspensión provisional autorizada en el artículo 208 en cita no constituye un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo, sino en todo caso es un acto de molestia, cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con el artículo 16 de la Carta Magna, lo que en la especie sucedió como previamente se dejó anotado; también esa medida cautelar no es indefinida, pues su duración se limita al tiempo que requiere la resolución del procedimiento administrativo, mismo que tiene como finalidad evitar posibles afectaciones a la sociedad y a la propia institución, aunado a que encuentra su justificación en la naturaleza de las labores desarrolladas por los servidores públicos; de ahí que, por lo delicado de sus funciones, se requiere que su actuación sea irreprochable, no siendo conveniente que se mantenga en funciones a un funcionario cuya conducta se encuentre sujeta a investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXXXIV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 271, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190381, de contenido siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL QUE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS SUJETOS A INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O AVERIGUACIÓN PREVIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." De lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, se advierte que la suspensión provisional de los elementos de la policía sujetos a investigación administrativa o averiguación previa que autoriza, no constituye un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo, sino un acto de molestia cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que prevé el artículo 16 constitucional, puesto que esa medida preventiva está limitada en cuanto a su duración, hasta en tanto el procedimiento respectivo quede total y definitivamente resuelto en su instancia final; dispositivo legal que, en caso de no haber responsabilidad, prevé la reintegración al interesado de los salarios y demás prestaciones que hubiese dejado de percibir con motivo de la suspensión decretada. Por tanto, no se requiere que el precepto ordinario en cita contenga un mecanismo previo a la restricción provisional de mérito, a fin de cumplir con la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no tratarse de un acto privativo." Así también, debe puntualizarse que la duración del procedimiento dependerá de las partes, y la celeridad con la que promovieran; sin embargo, se reitera, que una vez que sea resuelto, en caso de que la quejosa resulte declarada sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión. Por otra parte, la medida de suspensión temporal, encuentra justificación constitucional expresa en el artículo 109 constitucional, de ahí que como medida cautelar siga resultando idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública tal y como lo estimó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 311/2015. El precepto aludido es del tenor siguiente: "Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (...) III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. (...) Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y (...) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. (...) La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes." En tales condiciones, no asiste razón a la quejosa cuando señala que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio el derecho al trabajo, y que este únicamente puede ser suspendido por razones particularmente graves y encontrar su origen en una determinación judicial, dentro de un proceso seguido con todas la garantías que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, o bien mediante una resolución gubernativa; así como que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, no tiene calidad de órgano judicial, de ahí que no puede emitir resoluciones judiciales. Lo anterior es infundado, pues como se señaló anteriormente, el acuerdo reclamado no constituye un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo, sino en todo caso es un acto de molestia, cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con el artículo 16 de la Carta Magna. Aunado a lo anterior, la circunstancias de que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, sea un órgano administrativo del Poder Judicial, no implica que sea una autoridad administrativa, pues aun cuando ejerce funciones de esa índole, es un órgano integrante del Poder Judicial Local y, por tanto, debe considerarse como una autoridad formalmente Judicial y no una autoridad administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1580, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 170365, de contenido siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ESA ÍNDOLE. Conforme a los artículos 2o., 91, 122, 123 y 125 al 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano de carácter administrativo del Poder Judicial Local en tanto tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de dicho Poder, con excepción del Tribunal Superior de Justicia. En congruencia con lo anterior y acorde con el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la independencia judicial como postulado básico de la administración de justicia a nivel nacional, se concluye que la circunstancia de que el mencionado Consejo sea un órgano administrativo del Poder Judicial no lo convierte en una autoridad administrativa, en su connotación tradicional, pues aun cuando ejerce funciones de esa índole, al ser un órgano integrante del referido Poder, es una autoridad formalmente judicial, por lo que no debe equiparársele a alguna de las que conforman la administración pública estatal". En ese tenor, es infundado que se viole en perjuicio de la quejosa el derecho al trabajo. Análisis del Segundo concepto de violación. Violación al principio de legalidad por ausencia de fundamentación de la competencia e incompetencia de Consejo de la Judicatura Federal. De la lectura de la resolución reclamada permite llegar a la convicción de que los conceptos de violación expresados por la quejosa, son infundados, por los motivos siguientes: Señala la quejosa, que la autoridad responsable no fundamentó la competencia para conocer del procedimiento administrativo A-40/2018, de su índice. Ahora bien, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les ordena; mientras que la motivación se traduce en el señalamiento de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". De igual manera sirve de apoyo la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Visible en la página 837 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN". Bajo esa tesitura, conforme al numeral 16 de nuestra Carta Magna, todo acto de autoridad debe reunir los requisitos siguientes: 1. Ser emitido por autoridad competente. 2. Adoptar la forma escrita. 3. Citar el fundamento legal en que se sustenta el acto. 4. Encontrarse motivado. La exigencia de motivación implica que la autoridad debe exponer por qué considera que las circunstancias y modalidades del caso particular se adecuan a la hipótesis normativa, esto es, para aplicar una norma jurídica al caso concreto donde vaya a operar el acto de autoridad, ésta debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que se adecuen a los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto autoritario pueda conocer su fundamentación y motivación, así como quien lo emitió, para que esté en condiciones de producir su defensa. Se invoca el criterio sustentado en la jurisprudencia XIV.2o. J/12, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página 538, Tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal precepto constitucional." La exigencia de tales requisitos, tiene como finalidad salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica; es decir, que todo acto de autoridad debe provenir de quien sea competente, donde se cumpla con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental. De lo anterior, resulta que en torno a satisfacer los requerimientos de adecuada fundamentación y motivación, son precisamente los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración, con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre que existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. Ahora bien, en el caso, mediante acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, acordó iniciar el procedimiento re responsabilidad administrativa en contra de la quejosa, en su carácter de defensora pública adscrita al Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado de Coahuila, delegación Torreón, por los hechos y faltas que probablemente cometió, así como suspenderla en sus funciones; sustentando su determinación en los numerales 143 de la Constitución Política del Estado, en relación con los numerales 57 Bis y 188 fracción II, 189, 196 y 198 fracciones I, II y III, 199 fracción II, 200, 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; de ahí que se tengan por colmados los dos requisitos precisados, esto es, se emitió por autoridad competente y por escrito. Con relación a citar el fundamento legal en que se sustenta el acto, también se tiene por colmado ese requisito, ya que la responsable citó los normativos que consideró aplicables. En específico, la quejosa señala que la autoridad responsable no fundó su competencia legal para sustanciar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios adscritos al Instituto Estatal de Defensoría Pública Delegación Torreón; sin embargo, como se adelantó, es infundado dicho concepto de violación, pues como se adelantó, la responsable sí precisó los preceptos que la facultan para ello. Ello es así, ya que el Consejo de la Judicatura del Estado en el acuerdo reclamado de fecha once de febrero de dos mil veinte, fundó su competencia en los numerales 143 primer párrafo de la Constitución Política de Estado, en relación con los numerales 57 Bis y 199 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Ahora bien, también se duele la quejosa de que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, no es competente para sustanciar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios adscritos al Instituto Estatal de la Defensoría Pública, Delegación Torreón, y por ende carece también de competencia para emitir la orden de suspensión de la relación laboral. En ese mismo sentido señala la quejosa que la autoridad responsable no invocó por no existir una norma jurídica que le faculte para instaurar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios públicos adscritos al Instituto Estatal de Defensoría Pública, Delegación Torreón del Poder Judicial de Estado de Coahuila. Ello es así, pues considera, que de la lectura de los numerales citados por la autoridad responsable se puede advertir la ausencia de facultades del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, para instaurar el procedimiento administrativo en su contra. Son infundadas dichas alegaciones, puesto que contrario a lo sostenido por la quejosa, en términos de los artículos 143 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con los numerales 57 Bis y 199 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la autoridad responsable tiene facultades para instaurar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios públicos adscritos al Instituto Estatal de Defensoría Pública, Delegación Torreón del Poder Judicial de Estado de Coahuila. Al respecto conviene citar el contenido de los mencionados numerales: "Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (.) Artículo 143.- El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, que tendrá como funciones la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales. La administración de las dependencias del Pleno, la Presidencia y las Salas, estará a cargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. (.)" "Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila. (.) Artículo 199.- La jurisdicción disciplinaria, se ejercerá en única instancia: I.- Por el Tribunal Pleno, cuando se trate de quejas en contra de su Presidente o de los magistrados de las Salas; II.- Por el Consejo de la Judicatura, cuando se trate de quejas en contra de los servidores públicos judiciales integrantes de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Apelación Especializado en materia de Adolescentes, de los Tribunales Distritales y de los Juzgados del Poder Judicial; (.)" "Artículo 57 BIS.- El Poder Judicial contará con un órgano denominado Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, bajo la administración, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura." De la anterior transcripción se advierte que, contrario a lo sostenido por la quejosa, el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila tiene facultades para instaurar procedimientos administrativos disciplinarios frente a funcionarios públicos adscritos al Instituto Estatal de Defensoría Pública, Delegación Torreón del Poder Judicial de Estado de Coahuila, puesto que como lo precisa el numeral 57 bis antes transcrito, el Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, se encuentra bajo la administración, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura; así, el resto de las facultades se encuentran previstas en los numerales citados en el mencionado acuerdo, sin que sea necesario que en la ley orgánica relativa se especifique, como lo pretende la quejosa, explícitamente que el Consejo pueda sancionar al personal de defensoría. Ahora bien, tampoco puede pasar inadvertido el contenido del artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece lo siguiente: "Artículo 160.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones señaladas en el artículo 164 a los servidores públicos a que se refiere el artículo 163, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particular que incurran por hechos de corrupción, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones de conformidad con la Ley General de la materia y demás ordenamientos legales aplicables. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán investigadas, substanciadas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado se estará a lo previsto por el artículo 143 de esta Constitución y las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. (.)". Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional. De lo anterior se advierte que para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado se estará a lo previsto por el artículo 143 de esta Constitución y las leyes aplicables; en ese sentido, si la quejosa es funcionara del Poder Judicial del Estado, es claro que se encuentra sujeta al régimen disciplinario previsto en la ley orgánica respectiva y en la propia constitución estatal. Sin que obste el hecho que el mencionado numeral no haya sido citado por la responsable, pues los numerales en señaló en el acuerdo reclamado y en los que basó su competencia se estiman suficientes para atribuir la misma. Así, considerar que el Consejo no cuenta con facultades para sancionar a la quejosa por no estar previsto explícitamente en los numerales 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 199 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, que puede hacerlo respecto del personal de defensoría pública, implicaría desconocer la obligación que por mandato constitucional tiene, como más adelante se verá. Ahora bien, los mencionados numerales no pueden analizarse de manera separada, por el contrario, deben ser interpretados de manera conjunta por tratarse de un sistema sancionador, de ahí que no asista razón a la quejosa, y por ende resultan infundadas sus alegaciones. Ahora bien, conviene hacer notar que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a los Estados que conforman la República Mexicana, establecer sistemas locales anti corrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas de servidores públicos. En acatamiento a ese dispositivo constitucional, por lo que respecta al Estado de Coahuila de Zaragoza conforme a los artículos 159 y 160 de su Constitución, se facultó al Congreso del Estado a emitir leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos (hasta antes de la reforma de 2017), en las que se determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Lo anterior encuentra justificación en la responsabilidad que tiene el Estado de evitar daños, que con motivo de alguna actividad administrativa irregular por parte de algún funcionario público pudiera causarse a los particulares. En esa tesitura, a la luz del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los preceptos 56, 57, 199, 200 y 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza es un órgano del Poder Judicial local que cuenta con facultades de organización interna y de administración, de designación, de vigilancia y disciplina y carrera judicial y, conforme a las bases previstas en la Constitución local, y su ley orgánica, cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, por ello, no guarda una relación jerárquica con los órganos jurisdiccionales y, menos aún, de dependencia o sumisión en el desarrollo de sus funciones. Por ello de conformidad con el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, tiene competencia y está facultado para instruir procedimientos administrativos disciplinarios, recabar pruebas y emitir la resolución que proceda, contra todo el personal del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila y en general del personal adscrito a los órganos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Además, no debe perderse de vista que el numeral 57 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, establece que el Poder Judicial contará con un órgano denominado Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, bajo la administración, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, es que el actuar del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, en ese tipo de procedimientos contenga una justificación constitucionalmente válida, pues el motivo de su origen se ajusta de forma razonable e idónea a la finalidad pretendida por el legislador constitucional en el artículo 113 de la Constitución Federal, esto es que, las Entidades Federativas tales como el Estado de Coahuila de Zaragoza implementen sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a autoridades locales competentes en la prevención y detección y sanción de responsabilidades administrativas. Atento a lo anterior, se reitera, son infundados los conceptos de violación hechos valer en el sentido de la responsable no tiene competencia para emitir el acuerdo que se le reclama. Tercer concepto. Principio de legalidad, seguridad jurídica. No asiste razón a la quejosa cuando señala que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Al respecto considera que, no se encuentra debidamente fundado y motivado ya que al resolver que ameritaba adoptar la medida de suspensión provisional de la relación laboral en términos del artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, la autoridad responsable arguyó hechos falsos, y que no realizó un ejercicio correcto de razonamiento jurídico, aunado a que manifiesta que es falso que exista una denuncia a través de la cual se hicieron del conocimiento del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, hechos constitutivos de probables faltas administrativas que le sean imputables. Que la autoridad es imprecisa, puesto que utiliza la palabra denuncia para referirse a la queja. Esencialmente refiere que no existe ningún escrito de queja no existe una queja presentada en su contra en términos del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, no existe un escrito de queja presentado directamente ante la autoridad que le corresponde conocer de la misma, y no existe ratificación alguna del citado escrito de queja y que no existen pruebas en su contra y que no se le puede otorgar valor probatorio a las pruebas que tuvo en consideración la responsable para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y para suspenderla en sus labores, así como para justificar la disminución de su salario. Al respecto, este juzgador considera infundados los mencionados conceptos de violación, pues fue correcto el actuar del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, al dictar el acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario, pues para dar inicio al mismo, no es necesario que se encuentre acreditada en forma plena la conducta atribuida al servidor público. Aunado a lo anterior, tampoco asiste razón a la quejosa cuando señala que para dar inicio al procedimiento se requiera de las formalidades señaladas, es decir, que únicamente pueda iniciarse virtud a un escrito de queja, presentado ante la autoridad competente para sancionarla, ratificarlo y ofrecer los medios de prueba respectivo. Lo cierto es que, ante el conocimiento de alguna conducta desplegada por un servidor público del Poder Judicial del Estado que probablemente constituye una falta administrativa, dicho órgano no puede quedarse estático, sino por el contrario se encuentra obligado a instruir el procedimiento administrativo disciplinario respectivo, recabar pruebas y emitir la resolución que proceda, pues actúa como garante de la administración, vigilancia y disciplina de éste. Así, la responsable determinó iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, tomando en consideración los hechos denunciados como posibles faltas, lo anterior con base en: La tarjeta informativa de treinta de diciembre de dos mil diecisiete. El acta de quince de marzo de dos mil dieciocho. Acta circunstanciada de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. Bitácora de asistencia de los imputados dentro de la causa penal 1197/2017. Oficio de renuncia laboral voluntaria de Jesús Daniel García Saucedo, y, Copia de la causa penal 1197/2017, instruida contra los denunciantes. Ahora bien, en el acuerdo reclamado, la responsable precisó las conductas que se atribuyen a la quejosa, esto es, la falta prevista en el artículo 188 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en solicitar o recibir dádivas, a una de las partes por conducto de sus intermediarios en un negocio en el que intervenía como defensora pública; lo que puede dar lugar a imponer una o mas de las sanciones previstas en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Así, el dictado del acuerdo de inicio al referido procedimiento, aun cuando pudiera parecer restrictivo de algún derecho de la funcionaria pública al que se sujeta a éste, tiene una justificación constitucionalmente valida que descansa esencialmente en el artículo 113 de la Constitución Federal, ello, por la responsabilidad que tiene el Estado de evitar daños, que con motivo de alguna actividad administrativa irregular por parte de algún funcionario público pudiera causarse a los particulares; es decir, la autoridad lo único que hace es ponderar principios de orden público e interés social que tienen mayor peso al interés particular del servidor público que presuntamente pudo incurrir en una falta administrativa. Además se debe tener en cuenta que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2013, se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que dicho principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la "responsabilidad penal" del inculpado en la comisión del delito. Así, la Suprema Corte sostuvo que el principio de presunción de inocencia es inherente al derecho penal, porque está encaminado a evitar que se sancione al probable responsable hasta en tanto se acredite plenamente su culpabilidad, situación que también puede presentarse en el procedimiento administrativo sancionador, en cuanto a que en éste también se imponen sanciones. Por tanto, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la sanción administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por lo que guarda similitud fundamental con la pena, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción ante lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida con la amenaza de imponer una sanción, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el juez penal, como por la autoridad administrativa. Dadas las similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo; pero ello, tal como lo precisó el alto tribunal del país al resolver la contradicción de tesis, anteriormente transcrita, con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar, en tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador. Bajo esa perspectiva, en el caso particular el actuar reprochado al Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, obedeció en primer término a la información proporcionada en la tarjeta informativa de treinta de diciembre de dos mil diecisiete, por el licenciado Hugo Alerto Hernández de León, así como las actas circunstanciadas de quince y diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, de donde se advirtió la conducta atribuida a la quejosa; derivado de lo anterior la autoridad responsable, en el acuerdo reclamado, estableció la conducta atribuida. De ahí que, la autoridad responsable, con los medios de prueba que obran en el expediente respectivo, determinó iniciar el procedimiento de que se trata; ahora bien, si considera que los medios de prueba no son suficientes para acreditar la conducta que se le imputa, ello no impide a la quejosa desvirtuar las mismas, pues esa circunstancia la podrá hacer valer en el procedimiento respectivo; pues no debe soslayarse que el acto reclamado lo constituye el auto por el que se inicia el procedimiento de investigación, del cual se va a desprender la demostración plena o no, de la existencia de la o las conductas atribuidas y en su caso de su responsabilidad. Es importante resaltar que con base en el marco jurídico que se ha invocado, en concepto de quien aquí resuelve, para el inicio de la investigación como sucede en el caso, basta con que la autoridad responsable establezca la conducta sancionada por la ley respectiva; así como con claridad los elementos de prueba y los datos que le hayan servido de base para el inicio de la investigación sobre la probable participación de la involucrada. Aspectos con los que se cumple en el acuerdo reclamado, en cuanto estableció la conducta que se le atribuye, asimismo, hizo una reseña y valoración de los medios de prueba de los que partió. Todo lo cual la responsable consideró suficiente para dar inicio a la investigación en comento con el objeto de dilucidar si las conductas se prueban o no; y en su caso, si se prueba o no, plenamente la responsabilidad en este caso de la aquí quejosa. Actuar, que no violenta los derechos de presunción de inocencia o debido proceso de la quejosa, pues el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza lo único que realizó fue una ponderación de principios de orden público e interés social que tienen mayor peso en relación con el interés de particular de la quejosa, realizando una restricción mínima de derechos, que constitucionalmente resulta valida a la luz del artículo 113 de la Constitución Federal, pues ese órgano del Estado tiene la obligación de evitar daños, que con motivo de alguna actividad administrativa irregular probablemente desplegada por la impetrante de amparo pudiera haber causado a los particulares. En ese sentido, se reitera lo infundado de los conceptos de violación, pues no es cierto que para iniciar el procedimiento respectivo sea necesario el escrito de queja ratificado, así como que las conductas deban estar fehacientemente probadas. Quinto Concepto de violación. Garantía del mínimo vital. Fundamentación y motivación. Por otra parte, el hecho de que la quejosa se duela de la suspensión provisional prevista en el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la que es objeto, aduciendo que ésta afecta su libertad de trabajo, su garantía de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, economía familiar, ello tampoco vuelve violatorio de sus derechos al acuerdo reclamado, pues como ya se dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 311/2015, en cuanto al inicio de procedimiento en contra de servidores públicos, que implicaba su suspensión temporal en el empleo, concluyó como en el acuerdo recurrido, que ese tipo de medida, se debe interpretar en el sentido de que el órgano interno de control prevendrá una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo para la subsistencia del servidor público durante el procedimiento respectivo, hasta en tanto no se dicte la resolución administrativa que determine aquéllas. Es decir, que se debe prever un pago en favor de los servidores públicos sujetos a un proceso de investigación, que garantice su subsistencia mínima, tal como se advierte de las consideraciones de la contradicción de tesis, que a continuación se reproducen: "(.) Bajo esta perspectiva, la separación temporal del servidor público, así como la suspensión de las percepciones correspondientes, resultan constitucionalmente razonables, en tanto tengan por objeto cumplir con los fines señalados en el referido artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como es la posibilidad de facilitar el curso normal de las investigaciones o evitar un perjuicio mayor a la administración pública. Circunstancia que significa, por una parte, que en determinadas situaciones y cuando el caso así lo justifique si un servidor público no es separado de su encargo, no podría llevarse a cabo una investigación pulcra y aséptica, esto es, carente de anomalías o irregularidades que supondrían su permanencia en el puesto, ya que lejos de facilitar la investigación se entorpecería el curso normal del procedimiento sancionatorio en detrimento del interés público y del propio servidor. Ahora bien, los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan precisamente del desempeño de las funciones que le son encomendadas y tendrá derecho a aquellas, siempre que dicha función se desarrolle efectivamente. En esa medida, cuando se ordena una suspensión del servidor público en sus labores, es inconcuso que ello necesariamente conlleva la imposibilidad de que el servidor público reciba los emolumentos que le son propios al cargo, en tanto no se está desarrollando ninguna función que los respalde, o bien del que deriven. En esa virtud, el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad conserva su calidad de inocente -tal como se desprende de lo señalado en el párrafo primero de la fracción V del artículo 21, en comento- hasta en tanto no exista una resolución administrativa por parte de la autoridad competente, que determine la plena acreditación de la infracción y su correspondiente destitución, empero, ello no implica la proscripción de la facultad de la autoridad administrativa de dictar todas aquellas medidas cautelares que, con fundamento en la legislación de la materia, estime pertinentes para la protección de los principios rectores del servicio público, previstos en el artículo 113 constitucional, en el entendido de que, en el caso dado de que no se acredite que se configuró la infracción correspondiente, tendrá derecho a que se le restituya en el pleno goce de sus derechos y, en consecuencia, se le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido, lo cual dicho sea de paso, no necesariamente implica que la única hipótesis táctica posible sea la de dejarle de cubrir el sueldo en su totalidad, pues si se paga parcialmente, de resultar no responsable se le restituye todo aquello que dejó de recibir, como un remanente a su favor. En esa tesitura, el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe interpretarse de conformidad con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que supone su reconocimiento de conformidad o validez, en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora deberá contemplar en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad -Secretaría, Órgano Interno de Control o Titular del Área de Responsabilidades- no dicte resolución administrativa en la que determine su plena responsabilidad y la destitución del cargo. Es decir, de conformidad con en el artículo 1, realizando la Interpretación más favorable y acorde con la Constitución Federal, para salvar la constitucionalidad y convencionalidad del citado precepto legal, debe concluirse que la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable, de ahí que en forma simultánea, determinará la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas, cantidad que no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, dependiendo la gravedad de la infracción, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. Leído así, se estima que la suspensión de las funciones del servidor público así como la retención de sus percepciones, constituye una medida precautoria que cuenta con sustento constitucional y legal, en la que si bien se priva al servidor público de la posibilidad de continuar prestando sus servicios en el órgano de gobierno de que se trate, lo cierto es que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública; visto de otra manera podría generarse un perjuicio para la sociedad, de ahí que se justifique que, mientras se determine si el servidor público incurrió o no en alguna responsabilidad, se tomen algunas medidas restrictivas sin llegar al extremo de conculcar los derechos a una vida digna de dichos servidores, ya que el procedimiento instaurado debe de cumplir con las formalidades esenciales mínimas, además de que deberá contar con la oportunidad plena de presentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes, enderezados a demostrar que la infracción que se le imputa es infundada. Aunado a lo anterior, debe destacarse que no es posible trasladar el principio de "presunción de inocencia" del derecho penal al derecho administrativo sancionador, sin mayor modulación, circunstancia que resultaría contraría a lo determinado por el propio Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia número 43/2014, que lleva por rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." En este sentido, en el procedimiento administrativo sancionador, el principio de presunción de inocencia implica posibilidad de ser tratado como sujeto no responsable, tal como se desprende del texto del artículo 21, fracción V, párrafo primero, hasta en tanto exista la resolución administrativa correspondiente en la que se desvirtúe dicha presunción, sin embargo ello no puede nulificar la posibilidad de que la autoridad responsable del procedimiento pueda decretar en el inicio de éste, la suspensión en el cargo y la retención de los ingresos, máxime que la figura de la suspensión como medida cautelar y como sanción, encuentra asidero constitucional expreso en el artículo 113 constitucional. De esta manera, se considera que debe subsistir la interpretación conforme y la más favorable a la persona del artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, puesto que es una obligación constitucional -artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Fundamental- integrar y preferir aquella interpretación que preserve la constitucionalidad de la disposición y su apego con el texto de la Constitución Federal, en la inteligencia de que los principios constitucionales que rigen el servicio público y el alto interés de la sociedad porque no queden impunes éste tipo de conductas u omisiones que pudieran generar alguna responsabilidad administrativa del servidor público, constituyen la razón de existencia de este tipo de medidas que son previstas por el legislador, con la finalidad de que sea posible llevar este tipo de procedimientos administrativos sancionatorios, desprovisto de injerencias e irregularidades por parte de los servidores sujetos a ellos, pero respetando un ingreso mínimo que garantice su subsistencia. En conclusión, la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso para la subsistencia del presunto responsable y deberá determinar la cantidad que le otorgará cara cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia. La referida cantidad, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, no deberá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. (...) En el entendido de que, si dictada la resolución respectiva, el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando, por supuesto, la cantidad que sí se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial(...)." (Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional). De la ejecutoria en cita, emanó la jurisprudencia P./J, 2/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, página 7, registro 2013718, de contenido siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos." En esas condiciones, atendiendo al criterio sostenido en la jurisprudencia antes referida, así como al principio de presunción de inocencia y al derecho al mínimo vital, debe entenderse que la retención del salario durante el tiempo que se encuentre suspendida la quejosa en su calidad de servidora pública, implica a su vez el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta que el asunto que la motivó quede total y definitivamente resuelto. Ahora bien, en el acuerdo reclamado, la autoridad responsable determinó que al haber decretado la suspensión temporal de la quejosa, conlleva la suspensión de sus emolumentos durante el periodo en que se realicen las investigaciones, y consideró necesario garantizarle su derecho al mínimo vital, para cubrir sus necesidades básicas; ello con la finalidad de respetar los derechos de la quejosa en términos del párrafo tercero del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, determinó se le proporcione a la quejosa, el treinta por ciento de su ingreso nominal u ordinario que obtiene como funcionaria, a partir de la suspensión y durante el periodo en que dure la misma; apoyando su determinación además, en la jurisprudencia 2/2017, anteriormente citada. Por tanto, no asiste razón a la promovente del amparo cuando refiere que la medida que se le impuso afecta cuestiones económicas, pues como se explicó el propio artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, impone como obligación del órgano disciplinario restituir en el goce de sus derechos, y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el término de la suspensión. De igual forma, no asiste razón a la quejosa cuando acusa ausencia de fundamentación y motivación por parte de la autoridad responsable al establecer el treinta por cierto de las percepciones como mínimo vital, pues sin lugar a dudas, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y suficientemente motivado, pues incluso, la autoridad apoyo su determinación en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, a juicio de quien resuelve, contrario a lo sostenido por la quejosa, sí constituye motivación suficiente. En ese mismo sentido, debe decirse que contrario a lo sostenido por la quejosa en cuanto a que se le deja en estado de vulneración e indefensión, la autoridad responsable determinó el treinta por ciento, siendo que este resulta el tope máximo que se puede fijar en estos casos, pues así lo consideró en la ejecutoria respectiva el Pleno del Máximo Tribunal, al establecer que la cantidad que se fije, no debe ser superior al treinta por ciento de su ingreso real. Sin que en el caso concreto sea necesario que la autoridad responsable indique qué parámetros tomó en consideración para estimar que el treinta por ciento de sus percepciones es suficiente en su circunstancia particular para subvenir los gastos mínimos para su subsistencia y la de sus dependientes económicos, pues como ha quedado relatado, se determinó que continuará percibiendo el treinta por ciento de sus percepciones, lo cual es el tope máximo que puede fijar. Además, la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial que además resulta ser de observancia obligatoria. Sin que se inadvierta por este juzgador que la quejosa señale que la reducción de sus percepciones nunca puede ser menor al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que labora; sin embargo, en relación a ello, únicamente señala fue inobservado por la autoridad responsable y por ello se le deja en estado de vulnerabilidad e indefensión; sin que al respecto haya ofrecido medio de prueba para acreditar tal extremo. Entonces, la suspensión de las percepciones correspondientes como consecuencia de la medida cautelar impuesta prevista en el artículo 208 del referido cuerpo de leyes, no resulta violatoria de sus derechos, ya que de acuerdo a la jurisprudencia citada anteriormente, al decretarse la suspensión temporal de su empleo en el procedimiento de responsabilidad administrativa, se le debe de garantizar a la quejosa su derecho al ingreso mínimo para su subsistencia (30% -treinta por ciento- de su percepción salarial y no menos), a efecto de cubrir sus necesidades básicas que garanticen una vida digna, hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento respectivo, de ahí que se estimen infundadas las manifestaciones que vierte en ese sentido. En ese sentido, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Irma Patricia Flores Ortiz, en términos del último el considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
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