Irma Padilla Lara

Expediente 1634/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1634/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Irma Padilla Lara

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta proveniente del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, el cual contiene el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1439/2023-VII, del que se advierte que el órgano jurisdiccional de referencia, aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 19, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que, de conformidad en el artículo 19 del referido Acuerdo, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses, contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca********************; nueve de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *, por derecho propio, contra actos de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y regístrese bajo el número 1634/2023-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda se obtiene que la quejosa * reclama la omisión de pago de pensión derivada del dictamen * de catorce de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." INCOMPETENCIA. Precisado el acto reclamado es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la omisión de la responsables de cumplir con el pago del dictamen de pensión CP/88200/2023, si bien es un acto omisivo, trae aparejada una ejecución material, que es precisamente, la de pagar el monto de la pensión determinada en favor de la quejosa, esto es, implica un hacer, lo cual se está verificando dentro de la Jurisdicción en la que ejerce su competencia un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, puesto que el domicilio de la quejosa se encuentra ubicado en el Municipio de Aculco********************, tal y como se advierte en el formato de aceptación que agregó a su escrito de demanda. Luego, si del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo factico o una afectación material en algún derecho del gobernado, y si el acto reclamado a la responsable es un acto omisivo que tiene aparejada una ejecución material, resulta que dicho acto se ejecutará en el lugar de residencia del ahora quejoso. De lo que se desprende que pese a la naturaleza negativa del acto reclamado (omisión), este tiene efectos positivos que se materializan directamente en el domicilio la quejosa. Lo anterior se afirma, pues el pago de la pensión determinada en favor de la quejosa está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde tiene que cobrarla, por lo que conforme al artículo 37; párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. Máxime que el acto reclamado tiene ejecución en Aculco********************, pues de los anexos que se acompañan a la demanda y en específico del formato de aceptación de pensión en copia que agregó se advierte que el domicilio de la parte quejosa se encuentra en el Muncipio de Aculco********************; así, este Juzgado de Distrito resulta incompetente legalmente para conocer del acto reclamado, ya que si bien se trata de un acto omisivo, conlleva una ejecución material. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado (Naucalpan de Juárez********************), conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Resulta aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Novena Época, Materia Administrativa, con número de registro 166109, que establece: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Similares consideraciones sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el conflicto competencial ********************. Lo que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues el citado medio de impugnación derivo del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, de la Novena Época, con registro digital 168124 de rubro siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en este juzgado de Distrito, por así solicitarlo la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Motivo por el cual, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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