Irma Otero Hernández

Expediente 545/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
545/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Irma Otero Hernández
  • Ayuntamiento de Apizaco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; asimismo, glósese el original del incidente de suspensión en el estado en que se encuentra; y no así el duplicado, ya que el mismo deberá obrar por cuerda separada. Archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y su incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el siete de junio de dos mil diecisiete y turnado al día siguiente, del mes y año citados, a este órgano jurisdiccional, IRMA OTERO HERNÁNDEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, reclamando el acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, del índice del mencionado Tribunal. Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios de las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consiste aquél, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos del criterio transcrito, debe precisarse que los actos reclamados de los que se duele la aquí quejosa IRMA OTERO HERNÁNDEZ, por propio derecho, en la presente instancia constitucional, es el acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento [.]. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, tal como lo manifestó la Presidenta y Representante del mencionado Tribunal al rendir su informe justificado, el cual obra glosado en autos, y se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 249/2017-D; que por ser documental pública adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo al artículo 2º de la ley reglamentaria del juicio constitucional. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente, y debe analizarse de oficio según se desprende del artículo 62 de la Ley de la Materia. Previo al análisis del fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, resulta necesario examinar las causales de improcedencia del juicio constitucional. Por su importancia se cita la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso concreto, el suscrito Juez, de oficio, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la Ley de Amparo en vigor señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) De acuerdo con lo dispuesto en la precitada fracción V, del artículo 107, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve cuestiones procesales en un juicio laboral, pues en su artículo 107, fracción V, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra el laudo), que es donde esa violación puede producir una afectación. En efecto, este Juzgado Federal advierte que se surte la hipótesis señalada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que estas disposiciones se refieren al juicio de amparo promovido contra actos en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de dicho procedimiento, cuando producen una afectación de imposible reparación. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza, y toda vez que el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de derechos fundamentales, se establece que se actualiza la invocada fracción XXIII, del artículo 61 del ordenamiento jurídico citado, pues los actos dictados durante el juicio, sólo pueden ser materia del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, correspondiente a la Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Es aplicable también, la tesis del Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, página 768, Septiembre de 1996, de la Novena Época, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." Ahora bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida de que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la Ley fundamental preserva como géneros, como por ejemplo las multas, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia en la oficina de correos, el que conmina a una parte a que desempeñe forzosamente un trabajo y el arraigo entre otros; en tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza especialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en la posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se libra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a lo expuesto, se cita la Tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y textos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Luego entonces, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el juicio laboral, los efectos de la violación procesal de que se duele, desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la resolución fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele, deberá combatirla mediante el juicio de amparo correspondiente. Ahora bien, en el caso del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, consiste en el acuerdo dictado en fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo del peticionario de amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que van tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencia se extinguen en realidad de los hechos. Ahora, es dable recordar que el acto reclamado en el presente juicio, reside en el acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, en el cual la autoridad responsable, en lo que interesa, señaló: "EXPEDIENTE LABORAL: 249/2017-D ACTOR: IRMA OTERO HERNÁNDEZ DEMANDADOS: H. AYUNTAMIENTO DE APIZACO TLAXCALA Y OTROS." (.) "En atención al ocurso de cuenta y anexos: SE ACUERDA. De un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que esta autoridad es competente para conocer del conflicto laboral de mérito, sin perjuicio que durante la secuela procesal surja causa fundada para declinar la competencia a autoridad diversa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1 y 5 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se admite a trámite; se ordena formar el expediente, y se registra en el libro de gobierno de este Tribunal, con el número 205/2017-A; precisando que serán aplicables las últimas reformas a las disposiciones legales de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el once de enero de dos mil diecisiete." (.) "Ahora bien, en razón de que la accionante al presentar su escrito inicial no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es decir omitió ofrecer sus pruebas por escrito junto con la demanda, en consecuencia, se le tiene por perdido su derecho a ofertarlas; salvo aquellas que se refiera a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que hagan valer en contra de los testigos." De lo antes transcrito se advierte que lo acordado surte efectos meramente procesales dentro del juicio y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; luego entonces, la resolución reclamada podría causar perjuicio a la parte quejosa una vez que se dicte el laudo correspondiente, que es donde esa violación puede producir una afectación; en consecuencia, no procede el amparo indirecto en contra del acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, que constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, se cita la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 814, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR TODAS LAS QUE LE PROPONGAN LAS PARTES O QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL LAUDO CAREZCA DE LA FIRMA O DE LA IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 171, 172, 174 y 182 de la Ley de Amparo, se advierte la obligación de las partes, al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, de hacer valer en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, todas aquellas violaciones procesales que estimen se cometieron, precisando la forma en que trascendieron al resultado de la resolución, así como la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de decidir respecto de todas las que se hicieron valer y las que, en los casos que proceda, adviertan en suplencia de la queja, con la consecuencia de que si tales violaciones no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente las hizo valer de oficio, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior. Así, cuando en el juicio de amparo directo promovido contra un laudo emitido por una autoridad en materia laboral, el órgano jurisdiccional que conozca de él advierta que la resolución respectiva carece de la firma o de la identidad del secretario o de uno de sus integrantes, si bien es cierto que debe conceder el amparo para subsanar tal omisión, con independencia de quién promueva la demanda, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 147/2007 (*), también lo es que conforme al nuevo sistema establecido en los preceptos constitucional y legales citados, los señalados órganos jurisdiccionales están obligados a analizar las demás violaciones procesales propuestas en la demanda de amparo, en el amparo adhesivo e, incluso, las que adviertan en suplencia de la queja, cuando proceda, pues de no ser así, la consecuencia será que no podrán hacerse valer o analizarse de oficio en un juicio de amparo posterior." Por su aplicación, a lo antes expuesto, se cita la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 57/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 813, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto son los siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011). Del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, así como del proceso legislativo que le dio origen, se sigue que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde al cual el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia. En ese tenor, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional advierta que la resolución impugnada adolece de un vicio formal, no le impide analizar las violaciones procesales que pudieran trascender a su sentido, al encontrarse obligado a ello ya que, aun cuando determine su existencia, válidamente puede destacar la violación formal advertida, a fin de evitar que la autoridad responsable incurra de nueva cuenta en ella, al emitir la resolución que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria de amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud, la Tesis Jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tales condiciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-, lo que conduce a sobreseer en el juicio constitucional con base en numeral 63, fracción V. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por IRMA OTERO HERNÁNDEZ, por propio derecho, por la autoridad precisada en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    *****RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el siete de junio de dos mil diecisiete y turnado al día siguiente, del mes y año citados, a este órgano jurisdiccional, IRMA OTERO HERNÁNDEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, reclamando el acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, del índice del mencionado Tribunal. Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios de las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consiste aquél, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos del criterio transcrito, debe precisarse que los actos reclamados de los que se duele la aquí quejosa IRMA OTERO HERNÁNDEZ, por propio derecho, en la presente instancia constitucional, es el acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento [.]. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, tal como lo manifestó la Presidenta y Representante del mencionado Tribunal al rendir su informe justificado, el cual obra glosado en autos, y se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 249/2017-D; que por ser documental pública adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo al artículo 2º de la ley reglamentaria del juicio constitucional. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente, y debe analizarse de oficio según se desprende del artículo 62 de la Ley de la Materia. Previo al análisis del fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, resulta necesario examinar las causales de improcedencia del juicio constitucional. Por su importancia se cita la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso concreto, el suscrito Juez, de oficio, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la Ley de Amparo en vigor señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) De acuerdo con lo dispuesto en la precitada fracción V, del artículo 107, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve cuestiones procesales en un juicio laboral, pues en su artículo 107, fracción V, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra el laudo), que es donde esa violación puede producir una afectación. En efecto, este Juzgado Federal advierte que se surte la hipótesis señalada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que estas disposiciones se refieren al juicio de amparo promovido contra actos en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de dicho procedimiento, cuando producen una afectación de imposible reparación. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza, y toda vez que el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de derechos fundamentales, se establece que se actualiza la invocada fracción XXIII, del artículo 61 del ordenamiento jurídico citado, pues los actos dictados durante el juicio, sólo pueden ser materia del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, correspondiente a la Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Es aplicable también, la tesis del Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, página 768, Septiembre de 1996, de la Novena Época, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." Ahora bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida de que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la Ley fundamental preserva como géneros, como por ejemplo las multas, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia en la oficina de correos, el que conmina a una parte a que desempeñe forzosamente un trabajo y el arraigo entre otros; en tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza especialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en la posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se libra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a lo expuesto, se cita la Tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y textos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Luego entonces, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el juicio laboral, los efectos de la violación procesal de que se duele, desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la resolución fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele, deberá combatirla mediante el juicio de amparo correspondiente. Ahora bien, en el caso del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, consiste en el acuerdo dictado en fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo del peticionario de amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que van tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencia se extinguen en realidad de los hechos. Ahora, es dable recordar que el acto reclamado en el presente juicio, reside en el acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, en el cual la autoridad responsable, en lo que interesa, señaló: "EXPEDIENTE LABORAL: 249/2017-D ACTOR: IRMA OTERO HERNÁNDEZ DEMANDADOS: H. AYUNTAMIENTO DE APIZACO TLAXCALA Y OTROS." (.) "En atención al ocurso de cuenta y anexos: SE ACUERDA. De un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que esta autoridad es competente para conocer del conflicto laboral de mérito, sin perjuicio que durante la secuela procesal surja causa fundada para declinar la competencia a autoridad diversa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1 y 5 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se admite a trámite; se ordena formar el expediente, y se registra en el libro de gobierno de este Tribunal, con el número 205/2017-A; precisando que serán aplicables las últimas reformas a las disposiciones legales de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el once de enero de dos mil diecisiete." (.) "Ahora bien, en razón de que la accionante al presentar su escrito inicial no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es decir omitió ofrecer sus pruebas por escrito junto con la demanda, en consecuencia, se le tiene por perdido su derecho a ofertarlas; salvo aquellas que se refiera a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que hagan valer en contra de los testigos." De lo antes transcrito se advierte que lo acordado surte efectos meramente procesales dentro del juicio y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; luego entonces, la resolución reclamada podría causar perjuicio a la parte quejosa una vez que se dicte el laudo correspondiente, que es donde esa violación puede producir una afectación; en consecuencia, no procede el amparo indirecto en contra del acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 249/2017-D, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, que constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, se cita la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 814, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR TODAS LAS QUE LE PROPONGAN LAS PARTES O QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL LAUDO CAREZCA DE LA FIRMA O DE LA IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 171, 172, 174 y 182 de la Ley de Amparo, se advierte la obligación de las partes, al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, de hacer valer en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, todas aquellas violaciones procesales que estimen se cometieron, precisando la forma en que trascendieron al resultado de la resolución, así como la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de decidir respecto de todas las que se hicieron valer y las que, en los casos que proceda, adviertan en suplencia de la queja, con la consecuencia de que si tales violaciones no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente las hizo valer de oficio, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior. Así, cuando en el juicio de amparo directo promovido contra un laudo emitido por una autoridad en materia laboral, el órgano jurisdiccional que conozca de él advierta que la resolución respectiva carece de la firma o de la identidad del secretario o de uno de sus integrantes, si bien es cierto que debe conceder el amparo para subsanar tal omisión, con independencia de quién promueva la demanda, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 147/2007 (*), también lo es que conforme al nuevo sistema establecido en los preceptos constitucional y legales citados, los señalados órganos jurisdiccionales están obligados a analizar las demás violaciones procesales propuestas en la demanda de amparo, en el amparo adhesivo e, incluso, las que adviertan en suplencia de la queja, cuando proceda, pues de no ser así, la consecuencia será que no podrán hacerse valer o analizarse de oficio en un juicio de amparo posterior." Por su aplicación, a lo antes expuesto, se cita la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 57/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 813, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto son los siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011). Del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, así como del proceso legislativo que le dio origen, se sigue que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde al cual el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia. En ese tenor, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional advierta que la resolución impugnada adolece de un vicio formal, no le impide analizar las violaciones procesales que pudieran trascender a su sentido, al encontrarse obligado a ello ya que, aun cuando determine su existencia, válidamente puede destacar la violación formal advertida, a fin de evitar que la autoridad responsable incurra de nueva cuenta en ella, al emitir la resolución que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria de amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud, la Tesis Jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tales condiciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-, lo que conduce a sobreseer en el juicio constitucional con base en numeral 63, fracción V. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por IRMA OTERO HERNÁNDEZ, por propio derecho, por la autoridad precisada en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las nueve horas con veinte minutos del día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública el licenciado IGNACIO MANUEL CAL Y MAYOR GARCIA, Juez Primero de Distrito en el Estado, actuando con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Alejandro Galicia Lara, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 545/2017-V-A, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, declarándola abierta sin la comparecencia personal de ninguna de las partes, ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto continuo, se procede hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan la demanda de amparo, auto admisorio del ocho de junio de dos mil diecisiete; informe justificado del Presidente y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, oficio número 1079/2017 suscrito por el referido Presidente, al que acompañó copia certificada de las actuaciones que integran el expediente laboral 249/2017-D. En seguida, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas: La Secretaría da cuenta con la documental ofrecida por la autoridad responsable, consistentes en la copia certificada de las actuaciones que integran el expediente laboral 249/2017-D. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la prueba antes relatada, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio del análisis valorativo que en su caso se realice. Con lo anterior, se cierra la etapa probatoria y se abre el período de alegatos: La Secretaría hace constar que las partes no formularon y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento alguno. El Juez acuerda: Ténganse por practicada la certificación secretarial que antecede. En tal virtud, se concluye esta audiencia de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce los que en ella intervinieron; acto continuo se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. LIC. IGNACIO MANUEL CAL Y MAYOR GARCÍA. EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. ALEJANDRO GALICIA LARA.

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