Irma Narváez Castillo

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Irma Narváez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. 1.1 Devolución de constancias. Por lo tanto, hágase devolución del juicio de providencia cautelar 2/2021/SAG, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, por no ser necesaria su permanencia en este Juzgado.

  2. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  3. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo directo 707/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Irene Narváez Castillo, por conducto de su apoderado Agustín Javier Durón Pérez, contra actos de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, en virtud de haberse declarado legalmente incompetente para conocer de dicho juicio. 2. Se acepta competencia. Al efecto, con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada; acúsese recibo. 3. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 747/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 4. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente laboral de providencia cautelar número 2/2021-SAG, derivado del juicio laboral 490/2014, promovido por la parte quejosa, mediante el cual no se acordó de conformidad lo solicitado por la parte actora, consistente en el embargo precautorio de dos cheques depositados en la citada Junta Local, siendo uno en favor del Servicio de Administración Tributaria, por la cantidad de $272,356.72 (doscientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 72/100 moneda nacional) y el diverso en favor de la Administración Local de Ejecución Fiscal, por la cantidad de $597,659.70 (quinientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 70/100 moneda nacional). 4.1 Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque, en contra del acto que se duele la parte quejosa se debe agotar el recurso de revisión previsto en el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Para corroborar la anterior determinación, se estima necesario señalar que los preceptos 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo, regulan lo relativo a la procedencia del recurso de revisión. Al respecto, el análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos emitidos por los presidentes, actuarios o aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas juntas. Por tanto, es inconcuso que contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral de providencia cautelar 2/2021, por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se negó la medida cautelar solicitada, procede el recurso de revisión, establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; pues como ya se dijo, ese dispositivo establece categóricamente la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Por lo anterior, cabe concluir que el citado acto reclamado, podría ser revisado, por la Junta Local en comento, en términos del artículo 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y por tanto al no agotar el medio de defensa establecido en la Ley para su revocación, es improcedente el amparo indirecto. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues contra él debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Por consiguiente, al no haber agotado el recurso de revisión, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime, que en el caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Así las cosas, aun tratándose de esa clase de actos -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad; toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue contra actos arbitrarios de autoridad. 4.1.1 Criterio legal. Sobre el tema se emitió la Tesis XXVII.3 L, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la Tesis XIV.2o.19 L, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 4.2 Causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. De los preceptos citados se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló que fue notificada del acto reclamado el trece de mayo de dos mil veintiuno. Entonces, de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado a la de presentación de la demanda de amparo como indirecto (tres de agosto de dos mil veintiuno), han transcurrido en exceso los quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello si se toma en consideración que el plazo empezó a contar a partir del diecisiete de mayo del año en curso, para concluir el cuatro de junio del propio año, descontando los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo del presente año, por haber sido inhábiles y no correr los plazos legales. De ahí que, como la demanda que dio origen a este juicio se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, hasta el tres de agosto de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de recibido que aparece en el oficio por el que el Tribunal Colegiado declinante remitió la demanda de mérito, se estima que ésta se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado. Cabe destacar en este aspecto, lo siguiente: i. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Irene Narváez Castillo, por conducto de su apoderado Agustín Javier Durón Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza, por el acto reclamado consistente en el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, referente a la negativa de embargo precautorio en el expediente laboral 490/2014. ii. El indicado tribunal el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto, realizando su emisión a este Juzgado Tercero de Distrito. iii. En auto de dos de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda bajo el número estadístico 610/2020. iv. El trece de noviembre de la anualidad pasada, se concedió la protección constitucional solicitada por Irene Narváez Castillo, por conducto de su apoderado Agustín Javier Durón Pérez, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza. a. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecinueve en el expediente laboral 490/2014. b. Hecho que sea lo anterior, deberá turnar los autos al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, a fin de que se pronuncie en torno de la providencia planteada, procediendo conforme a derecho estime corresponda. v. Contra dicha resolución, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, bajo el número 707/2021. vi. Por auto de dieciséis de julio del año en curso, el Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto como amparo directo, razón por la cual, declinó competencia a este Juzgado de Distrito. vii. Recibidos los autos remitidos por el Tribunal Colegiado, este órgano de control constitucional aceptó la competencia y registró el expediente con el número de amparo indirecto 747/2021. vii. Mediante auto de veintiuno de mayo del presente año, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. viii. Contra el acuerdo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable la parte quejosa promovió nuevamente amparo directo, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, bajo el número 707/2021. ix. El tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en este órgano de control constitucional el oficio 4117-AM, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual remitió la demanda de amparo y anexos. Las actuaciones del juicio de amparo 610/2020, citado con antelación, se invocan en este asunto como hecho notorio, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2º de esta última. De lo anterior expuesto, se sigue que, el proceder de la parte quejosa no fue de buena fe, sino que constituye un error atribuible al propio peticionario del amparo, por lo que debe tenerse como fecha de presentación de la demanda de amparo para el computo respectivo, la de recepción en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, pues se cuenta con datos suficientes para sustentar que el ahora quejoso, conocía perfectamente la vía en que debía promoverse el amparo correspondiente, por haber instado otro juicio de amparo en la vía directa contra una determinación de la misma naturaleza que la hoy reclamada y respecto del cual el Tribunal Colegiado de Circuito declaró carecer de competencia legal, expresando claramente las causas por la que el acto de esa autoridad no era impugnable en la vía directa, sino en la indirecta. 4.2.1 Criterio legal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas. 5. Domicilio para notificaciones. En virtud de que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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