Irma Nallely Rebolledo Valles

Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 37 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
671/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Irma Nallely Rebolledo Valles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dos de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente asunto, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio, no existen documentos originales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de enero de dos mil veintiséis. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veintisiete de enero de dos mil veintiséis. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que obra en autos del cuaderno incidental copia del billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, el cual ampara la cantidad de $******************** (********************), garantía que se fijó a la parte quejosa para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión provisional que le fue concedida en el presente asunto, y toda que se trata de un asunto concluido se ordena su devolución debidamente endosado a favor del quejoso, significándole que deberá comparecer para recoger el billete de referencia en este órgano jurisdiccional ubicado en avenida Su Santidad Juan Pablo II número 646 (seiscientos cuarenta y seis), segundo piso, esquina Tiburón, fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz; los días jueves en un horario de nueve a catorce horas con treinta minutos. En la inteligencia que de no comparecer a recogerlo dentro del término de dos años contado a partir del día siguiente a su notificación, prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente al quejoso.uardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veintisiete de enero de dos mil veintiséis. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que obra en autos del cuaderno incidental copia del billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, el cual ampara la cantidad de $******************** (********************), garantía que se fijó a la parte quejosa para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión provisional que le fue concedida en el presente asunto, y toda que se trata de un asunto concluido se ordena su devolución debidamente endosado a favor del quejoso, significándole que deberá comparecer para recoger el billete de referencia en este órgano jurisdiccional ubicado en avenida Su Santidad Juan Pablo II número 646 (seiscientos cuarenta y seis), segundo piso, esquina Tiburón, fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz; los días jueves en un horario de nueve a catorce horas con treinta minutos. En la inteligencia que de no comparecer a recogerlo dentro del término de dos años contado a partir del día siguiente a su notificación, prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    RESULTANDO Primero (Presentación de la demanda). Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, turnado el veintiséis del mismo mes y año a la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades detalladas en el escrito de demanda. Segundo (Admisión de la demanda). Por proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Tercero (Autoridades que se dejaron de tener como responsables). En la audiencia constitucional que antecede, se dejaron de tener como autoridades responsables a: Delegado de Seguridad y Fuerza Civil o Encargado del Mando Único, con sede en Cosamaloapan, Veracruz; Agencia Veracruzana de Investigaciones o Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, Veracruz, Fiscal de Distrito de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Ciudad Isla, Veracruz; Fiscal de Distrito o Investigador Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Tres Valles, Veracruz; Administrador de Causas del Centro de Justicia del Juzgado de Control en la Congregación de Pacho Viejo, con residencia en Coatepec, Veracruz; y, Fiscal Novena de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Xalapa en Veracruz, dada su inexistencia; por lo que no serán materia de análisis en la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167784, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." CONSIDERANDO Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que se refiere este expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 35 y 37de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo (Precisión de los actos reclamados). De la lectura integral de la demanda se advierte que señala como actos reclamados la orden de aprehensión y presentación libradas en su contra y su ejecución. Tercero (Negativa de actos). En relación con las autoridades responsables restantes, Juez de Control y Juicio Orales, Fiscal de Distrito de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) o Policía Ministerial, con residencia en Cosamaloapan, Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Fiscal General del Estado de Veracruz, Fiscal Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, Fiscal General del Estado de Veracruz en su área de Delegado de la Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, Veracruz, Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Agencia Veracruzana de Investigaciones o Policía Ministerial Dependiente de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, Fiscalía de Distrito Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Juez de Control y Juicio Orales, Delegación de la Policía Estatal Región VIII, Delegado de Seguridad Pública y Fuerza Civil, Tierra Blanca, Veracruz, Jueces de Control De Pacho Viejo todas sus Salas en Coatepec, Veracruz, Juez de Control y Juicio Orales de la Sala "A" o Sala "1", y Juez de Control y Juicio Orales de la Sala "B" o Sala "2", en Amatlan de los Reyes, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba apta que desvirtúe dicha negativa. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 1002, consultable en la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, que aparece bajo el tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto (Forma de publicación). Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Quinto (Expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la interlocutoria, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de derechos fundamentales 671/2022 promovido por ******************** respecto de las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando cuarto. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Oscar Abdala Delgado, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes, el oficio 437/2022, con el que el Juez de Control del XVIII Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Cosamaloapan, rinde informe justificado. En atención de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, ya que no media el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo del mencionado dispositivo legal, a efecto de no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese...

  4. Incidental

    Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se destacan el propio escrito de la demanda de amparo e informe previo de la autoridad responsable Fiscal Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan, y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan. Asimismo, se da cuenta con el estado de autos de los que se advierte, que el Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, no rindió su informe previo, no obstante estar debidamente notificado del oficio 5104 de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se le requirió, como se advierte del acuse glosado en autos, y no obstante haber transcurrido el término de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se le tuvo por notificada a las once horas con veinticinco minutos del veintitrés de agosto del año en curso. A lo anterior, el Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación de las indicadas constancias. Ahora, por cuanto hace a la omisión de la autoridad responsable Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, de rendir su informe previo a pesar de encontrarse debidamente notificada del presente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos a ella reclamados. En período de pruebas, se hace constar que las partes no ofrecieron probanzas, con lo que se cierra dicho periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho, ni el representante social formuló pedimento alguno. Luego, el Juez provee que al no obrar en autos promociones que acordar, probanzas que desahogar o alegatos de las partes por reproducir, se pasa al estudio de los autos y se procede a dictar la resolución siguiente: Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 671/2022; y, R E S U L T A N D O: Primero. Irma Nallely Rebolledo Valles, solicitó la suspensión del acto reclamado a la autoridad detallada en el escrito inicial de demanda. Segundo. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, se formó el presente incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes para la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para resolver la presente incidencia, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva este expediente. Segundo (Precisión de los actos reclamados). De la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en la orden de aprehensión y presentación libradas en su contra y su ejecución. Tercero (Inexistencia de los actos reclamados). Las autoridades responsables Fiscal Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan, ambos con residencia en esa ciudad, al momento de rendir su informe previo que fue solicitado a través del oficio 6183-I siendo ese el número correcto, negaron los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara pruebas que desvirtuaran dichas negativas, por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva, respecto de las aludidas responsables y por los actos destacados. La anterior determinación tiene su fundamento en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos setenta y siete, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995 que establece: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Cuarto (Certeza del acto reclamado). Por otra parte, se advierte que el Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, fue omiso en rendir su informe previo no obstante haber sido notificado del oficio 5104 de nueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó, por lo tanto, en términos de lo que dispone el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Quinto (Pronunciamiento de la suspensión definitiva). Toda vez que en la especie concurren los requisitos previstos en los artículos 128, fracciones I, II y 139 de la Ley de Amparo, pues la suspensión se solicitó por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación; consecuentemente, con fundamento en los numerales 136, 147, 150 y 163 de esa legislación, se concede a Irma Nallely Rebolledo Valles, la suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos que se detallarán a continuación, pues si bien en la demanda se advierte que no se ha detenido a la persona quejosa, el acto pudo ejecutarse entre la presentación de la demanda y en esta fecha, por tanto, al respecto se provee EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE): I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo donde deba ser o se encuentre recluida, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se establecerán. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Sin que sea necesario fijara garantía alguna, toda vez que ya fue constituida por la parte quejosa. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO En atención a que el artículo 162 de la Ley de Amparo, dispone que en estos casos la suspensión se concederá de forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, lo cual tiene como finalidad evitar que la parte quejosa, abusando de la suspensión se sustraiga de la acción de la justicia o entorpezca el procedimiento, por lo que la parte quejosa deberá comparecer personalmente, dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del informe que se reciba de la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, a ponerse a su disposición para el efecto de que responda de los cargos que se le atribuyen, lo que deberá demostrar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." En otro orden, procede conceder la suspensión definitiva por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de presentación reclamada, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo o algún caso análogo; además de que no existe disposición en contrario. Se precisa que la medida definitiva solicitada, se otorga para el efecto que la aquí quejosa haga valer sus derechos dentro del procedimiento en la averiguación previa o carpeta de investigación, en ejercicio de su derecho de defensa, sin que esto signifique su detención ni de ninguna forma suspender el procedimiento de investigación y/o vigilancia que las autoridades señaladas como responsables estimen pertinentes en relación con la aquí impetrante, ni el procedimiento de la averiguación previa o carpeta correspondiente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 573, tomo XXXIII, febrero de 2011, registro digital 162694, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". Sin que haya lugar a fijar garantía respecto de la orden de presentación reclamada ni alguna otra medida de efectividad, para que surta efectos la suspensión definitiva decretada por cuanto hace a dicho acto, dado que conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.), tal mandamiento ministerial no tiene el alcance de privar de la libertad al quejoso, sino únicamente ". participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente.". Entonces, no se está en el supuesto del artículo 168 de la Ley de Amparo por no tratarse de un acto que afecta la libertad personal y por ello, no debe exigirse la garantía y demás medidas de efectividad. Tal jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 345, libro 47, octubre de 2017, tomo I, registro digital 2015231, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las que se encuentra el derecho a la libertad personal. Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué condiciones, tal es el caso de la orden de aprehensión, la detención en flagrancia y el caso urgente. Ahora bien, la detención por caso urgente impone una serie de condicionantes que requieren la intervención inmediata y jurídicamente justificada por parte del Ministerio Público, pues se parte de la base de la excepcionalidad de la orden de detención judicial, motivada fundamentalmente por un riesgo inminente de sustracción del inculpado. Por otra parte, la orden de búsqueda, localización y presentación, participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto, no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente. En esa lógica, no existe impedimento alguno para que el órgano investigador esté en aptitud de ordenar la detención por caso urgente del indiciado, al advertir de la diligencia originada por el diverso mandato de búsqueda, localización y presentación, particularmente de la declaración, evidencia respecto de su probable responsabilidad penal, y se cumplan de manera concurrente los requisitos genéricos previstos en el artículo 16 constitucional, a saber, se trate de un delito grave, exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue y por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo, con la salvedad de que la orden de detención se emita con posterioridad a que haya finalizado la diligencia originada por la orden de presentación. En caso de que no se rinda declaración o aun rindiéndola no se aporten datos novedosos a la investigación, el Ministerio Público no podrá decretar la detención por caso urgente, porque no estará en aptitud de acreditar la probable responsabilidad del indiciado y, por ende, la urgencia en su detención, toda vez que dicha orden excedería los efectos jurídicos de la diversa de presentación, lo que produciría injustificadamente la privación de la libertad del presentado, ya que el mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido para pretender justificar en retrospectiva detenciones que materialmente ya estaban ejecutadas con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación, pues en tal supuesto la detención material del indiciado no habría tenido como fundamento la orden de caso urgente, sino la de presentación, lo que se traduciría en una detención arbitraria al no corresponder a las constitucionalmente admisibles." De igual forma, se cita la tesis 1a. CLXXV/2016 (10ª), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyos datos de localización son los siguientes Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 697, registro digital 2011881, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas "órdenes de búsqueda, localización y presentación", ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes". Finalmente, se precisa que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden reclamada es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda y si se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional o si el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento decretadas u obligaciones derivadas del procedimiento penal de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Sexto (Forma de publicación). Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Séptimo (Expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la interlocutoria, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: Primero. Se NIEGA a Irma Nallely Rebolledo Valles, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, señaladas en el considerando tercero y por los motivos ahí precisados. Segundo. Se CONCEDE a Irma Nallely Rebolledo Valles, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, señalada en el considerando quinto y por los motivos ahí precisados. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe. YNJR/cymmCertificación: La secretaria certifica que la audiencia que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona o Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdicciones del Propio Consejo, certifico que la audiencia incidental se firma electrónicamente en un horario posterior dada la dinámica de su desahogo y tomando en consideración, además, el esquema de trabajo de este órgano de control constitucional, la revisión de la misma y la firma sucesiva del secretario y titular. Doy fe.En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juarez Rivas, que da fe.Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se destacan el propio escrito de la demanda de amparo e informe previo de la autoridad responsable Fiscal Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan, y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan. Asimismo, se da cuenta con el estado de autos de los que se advierte, que el Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, no rindió su informe previo, no obstante estar debidamente notificado del oficio 5104 de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se le requirió, como se advierte del acuse glosado en autos, y no obstante haber transcurrido el término de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se le tuvo por notificada a las once horas con veinticinco minutos del veintitrés de agosto del año en curso. A lo anterior, el Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación de las indicadas constancias. Ahora, por cuanto hace a la omisión de la autoridad responsable Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, de rendir su informe previo a pesar de encontrarse debidamente notificada del presente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos a ella reclamados. En período de pruebas, se hace constar que las partes no ofrecieron probanzas, con lo que se cierra dicho periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho, ni el representante social formuló pedimento alguno. Luego, el Juez provee que al no obrar en autos promociones que acordar, probanzas que desahogar o alegatos de las partes por reproducir, se pasa al estudio de los autos y se procede a dictar la resolución siguiente: Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 671/2022; y, R E S U L T A N D O: Primero. Irma Nallely Rebolledo Valles, solicitó la suspensión del acto reclamado a la autoridad detallada en el escrito inicial de demanda. Segundo. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, se formó el presente incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes para la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para resolver la presente incidencia, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva este expediente. Segundo (Precisión de los actos reclamados). De la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en la orden de aprehensión y presentación libradas en su contra y su ejecución. Tercero (Inexistencia de los actos reclamados). Las autoridades responsables Fiscal Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Cosamaloapan, ambos con residencia en esa ciudad, al momento de rendir su informe previo que fue solicitado a través del oficio 6183-I siendo ese el número correcto, negaron los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara pruebas que desvirtuaran dichas negativas, por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva, respecto de las aludidas responsables y por los actos destacados. La anterior determinación tiene su fundamento en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos setenta y siete, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995 que establece: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Cuarto (Certeza del acto reclamado). Por otra parte, se advierte que el Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, fue omiso en rendir su informe previo no obstante haber sido notificado del oficio 5104 de nueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó, por lo tanto, en términos de lo que dispone el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Quinto (Pronunciamiento de la suspensión definitiva). Toda vez que en la especie concurren los requisitos previstos en los artículos 128, fracciones I, II y 139 de la Ley de Amparo, pues la suspensión se solicitó por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación; consecuentemente, con fundamento en los numerales 136, 147, 150 y 163 de esa legislación, se concede a Irma Nallely Rebolledo Valles, la suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos que se detallarán a continuación, pues si bien en la demanda se advierte que no se ha detenido a la persona quejosa, el acto pudo ejecutarse entre la presentación de la demanda y en esta fecha, por tanto, al respecto se provee EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE): I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo donde deba ser o se encuentre recluida, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se establecerán. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Sin que sea necesario fijara garantía alguna, toda vez que ya fue constituida por la parte quejosa. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO En atención a que el artículo 162 de la Ley de Amparo, dispone que en estos casos la suspensión se concederá de forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, lo cual tiene como finalidad evitar que la parte quejosa, abusando de la suspensión se sustraiga de la acción de la justicia o entorpezca el procedimiento, por lo que la parte quejosa deberá comparecer personalmente, dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del informe que se reciba de la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, a ponerse a su disposición para el efecto de que responda de los cargos que se le atribuyen, lo que deberá demostrar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." En otro orden, procede conceder la suspensión definitiva por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de presentación reclamada, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo o algún caso análogo; además de que no existe disposición en contrario. Se precisa que la medida definitiva solicitada, se otorga para el efecto que la aquí quejosa haga valer sus derechos dentro del procedimiento en la averiguación previa o carpeta de investigación, en ejercicio de su derecho de defensa, sin que esto signifique su detención ni de ninguna forma suspender el procedimiento de investigación y/o vigilancia que las autoridades señaladas como responsables estimen pertinentes en relación con la aquí impetrante, ni el procedimiento de la averiguación previa o carpeta correspondiente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 573, tomo XXXIII, febrero de 2011, registro digital 162694, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". Sin que haya lugar a fijar garantía respecto de la orden de presentación reclamada ni alguna otra medida de efectividad, para que surta efectos la suspensión definitiva decretada por cuanto hace a dicho acto, dado que conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.), tal mandamiento ministerial no tiene el alcance de privar de la libertad al quejoso, sino únicamente ". participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente.". Entonces, no se está en el supuesto del artículo 168 de la Ley de Amparo por no tratarse de un acto que afecta la libertad personal y por ello, no debe exigirse la garantía y demás medidas de efectividad. Tal jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 345, libro 47, octubre de 2017, tomo I, registro digital 2015231, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las que se encuentra el derecho a la libertad personal. Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué condiciones, tal es el caso de la orden de aprehensión, la detención en flagrancia y el caso urgente. Ahora bien, la detención por caso urgente impone una serie de condicionantes que requieren la intervención inmediata y jurídicamente justificada por parte del Ministerio Público, pues se parte de la base de la excepcionalidad de la orden de detención judicial, motivada fundamentalmente por un riesgo inminente de sustracción del inculpado. Por otra parte, la orden de búsqueda, localización y presentación, participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto, no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente. En esa lógica, no existe impedimento alguno para que el órgano investigador esté en aptitud de ordenar la detención por caso urgente del indiciado, al advertir de la diligencia originada por el diverso mandato de búsqueda, localización y presentación, particularmente de la declaración, evidencia respecto de su probable responsabilidad penal, y se cumplan de manera concurrente los requisitos genéricos previstos en el artículo 16 constitucional, a saber, se trate de un delito grave, exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue y por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo, con la salvedad de que la orden de detención se emita con posterioridad a que haya finalizado la diligencia originada por la orden de presentación. En caso de que no se rinda declaración o aun rindiéndola no se aporten datos novedosos a la investigación, el Ministerio Público no podrá decretar la detención por caso urgente, porque no estará en aptitud de acreditar la probable responsabilidad del indiciado y, por ende, la urgencia en su detención, toda vez que dicha orden excedería los efectos jurídicos de la diversa de presentación, lo que produciría injustificadamente la privación de la libertad del presentado, ya que el mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido para pretender justificar en retrospectiva detenciones que materialmente ya estaban ejecutadas con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación, pues en tal supuesto la detención material del indiciado no habría tenido como fundamento la orden de caso urgente, sino la de presentación, lo que se traduciría en una detención arbitraria al no corresponder a las constitucionalmente admisibles." De igual forma, se cita la tesis 1a. CLXXV/2016 (10ª), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyos datos de localización son los siguientes Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 697, registro digital 2011881, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas "órdenes de búsqueda, localización y presentación", ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes". Finalmente, se precisa que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden reclamada es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda y si se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional o si el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento decretadas u obligaciones derivadas del procedimiento penal de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Sexto (Forma de publicación). Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Séptimo (Expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la interlocutoria, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: Primero. Se NIEGA a Irma Nallely Rebolledo Valles, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, señaladas en el considerando tercero y por los motivos ahí precisados. Segundo. Se CONCEDE a Irma Nallely Rebolledo Valles, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, señalada en el considerando quinto y por los motivos ahí precisados. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese.

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