Irma Monserrat Zarate Ruiz
Expediente 347/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Irma Monserrat Zarate Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número ******** y dese de alta en el sistema correspondiente....antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El dispositivo transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ...En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".Señalo como tal el acuerdo de fecha siete de Abril de dos mil veintiuno, mediante el cual ordena la recuperación de mis menores hijas...". Ahora bien, se tiene presente que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La fracción en cita, establece además tres excepciones al principio de definitividad ahí consagrado, las cuales son las siguientes: i) Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ii) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, iii) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Estableciéndose en la parte final de la fracción en estudio que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En la especie, la quejosa reclama el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena la recuperación de las menores de edad indicadas en la demanda de amparo, por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Establecido lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, los cuales establecen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." De la transcripción de los citados numerales, se puede establecer que contra el auto que reclama la parte quejosa, no procede el recurso de apelación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. Por lo tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al reunirse sus elementos, a saber: a) El acto reclamado es una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En efecto, el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena la recuperación de las menores de edad indicadas en la demanda de amparo, fue dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca. b) La ley concede contra el acto reclamado, un recurso ordinario. Ello es así, ya que los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca determinan que contra el acto aquí reclamado es procedente el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo de trámite dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva; toda vez que se constituye como una medida provisional, que se caracteriza por ser un acto accesorio y sumario que garantiza el desarrollo del procedimiento. c) El recurso que en contra del acto aquí reclamado resulta procedente se encuentra previsto dentro del procedimiento en el que se emitió la resolución reclamada. El recurso de revocación es procedente, pues como lo establece el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los acuerdos que no son apelables son revocables, en ese sentido, se puede establecer que contra el auto que reclama la ahora quejosa, no procede el recurso de apelación, por tratarse de un proveído que por sus características, no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. ..d) La resolución judicial reclamada puede ser modificada o revocada mediante el recurso ordinario. El recurso de revocación tiene por objeto que el Juez Mixto de Primera Instancia, confirme, revoque o modifique el acuerdo impugnado. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento; porque la quejosa es parte en el juicio natural. Por lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa por notoriamente improcedente. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, háganseles mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizados únicamente para recibir notificaciones personales e imponerse de autos, a las personas que menciona, toda vez que en esos términos lo pide. Se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que menciona en su escrito de cuenta, a fin de poder entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, en los casos que así se requiera. Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrá presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa como se encuentra ordenado en este acuerdo.
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