Irma Miriam Avitia Corral
Expediente 508/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Irma Miriam Avitia Corral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 508/2018-VI; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano al día siguiente hábil, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el juicio 508/2018-VI; se admitió a trámite la demanda; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se emplazó al tercero interesado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, y; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la peticionaria de amparo reclama lo siguiente: 1. A la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de proveer lo conducente en relación al exhorto *******, girado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral *******. 2. A la Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, la falta de diligenciación y devolución de la citada comunicación oficial a la junta de origen. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidente de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y el Presidente de la Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, al rendir su respectivo informe justificado expresaron no ser ciertos los actos que se les reclaman. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas por los presidentes de las juntas responsables y de las constancias anexas a sus respectivos informes justificados, se advierte la existencia del exhorto girado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, en el conflicto laboral ******* (fojas 26-30), del índice de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la recepción del mismo por parte de la diversa Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa (foja 36); por tanto, se desprende la certeza de los actos que se les reclaman en esta instancia. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto a los actos reclamados a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa reclama a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de proveer lo conducente en relación al exhorto *******, girado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente laboral *******; comunicación oficial que fue girada a fin de que se llevara a cabo una inspección ocular ofrecida por la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, la directa agraviada también reclama a la Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, la falta de diligenciación y devolución de la citada comunicación oficial a la junta de origen. Sin embargo, del estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante oficio *******, la Presidente de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional el treinta de octubre del año en curso, remitió copia certificada del diverso *******, a través del cual, la Auxiliar de la Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, le envió el exhorto girado dentro del expediente laboral *******, y el cual, constituye el acto reclamado en esta instancia; de la inspección ocular encomendada, de veinticinco de junio de dos mil diecisiete, y; del acuerdo del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, del que se desprende la recepción de la referida comunicación oficial, así como que al no quedar prueba pendiente que diligenciar en dicho juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, declaró cerrada la instrucción del citado procedimiento laboral, turnando los autos al Auxiliar de esa junta especial, a efecto de la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Documentos los anteriores, a los que se les reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si la Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, el veinticinco de junio de dos mil diecisiete, llevó a cabo la diligencia encomendada mediante exhorto, remitiéndola el trece de septiembre de dos mil dieciocho, a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y ésta última, mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, tuvo por recibida debidamente diligenciada dicha comunicación oficial; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la directamente agraviada en el goce del derecho vulnerado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional, sería precisamente, el obligar a las responsables en términos de lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a proveer lo conducente, a fin de que se llevara a cabo la diligenciación, envió y recepción del aludido exhorto *******, girado en el expediente laboral *******, lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación propia de las responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 508/2018-VI, promovido por *******, contra actos de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y de la Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad Federativa, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de veintitrés del mes y año en curso, informa que el veintisiete de septiembre de la presente anualidad, recibió debidamente diligenciado el exhorto *******, de su índice, y para acreditar lo anterior, remite copia con firmas autógrafas del acuerdo de veinticinco del mes y año en curso, así como copias certificadas del diverso proveído de veintidós de los mismos, oficio *******, exhorto ******* e inspección ocular de veinticinco de junio de dos mil diecisiete; y tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que la responsable Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de nueve del mes y año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, nuevamente, requiérase a la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que dentro del término de tres días, computados legalmente, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que acrediten la diligenciación del exhorto *******, de ocho de mayo de dos mil diecisiete, o en su caso informe el impedimento que tuviere para ello; apercibida que en caso de no dar cumplimiento con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de cuatro mil treinta pesos moneda nacional ($4,030.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo antes expuesto, hágase del conocimiento de la diversa responsable, Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Chihuahua, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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