Irma Martínez Rivera
Expediente 787/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Irma Martínez Rivera
Actuaciones
- Principal
Expídase a la parte que lo solicita, copias certificadas de las constancias que indica.
- Principal
Promovente interpone recurso de queja; dese trámite; envíese copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; con original de escrito de expresión de agravios y copia para Fiscal Federal; ríndase informe respectivo: ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por IRMA MARTÍNEZ RIVERA, contra actos del Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 787/2019, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el presente asunto, la promovente IRMA MARTÍNEZ RIVERA, señala como acto reclamado lo siguiente: 1. La determinación administrativa contenida en el oficio SEV/DGES/1900/2019 de seis de agosto de dos mil diecinueve, en la cual se determina aplicarle una mala nota en la hoja de servicio, así como un cambio de adscripción. 2. Y su ejecución. Actos que atribuye a las autoridades Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, Subdirector de Escuelas Secundarias Generales de la Secretaría de Educación de Veracruz y Supervisor Escolar de la Zona 08 Martinez de la Torre Veracruz. En ese tenor, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en la medida en que se considera que el acto reclamado no proviene de autoridades para efectos del juicio de amparo. Con el fin de dar explicación a la actualización de la causal de improcedencia en comento, resulta pertinente establecer el contenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]. De los dispositivos legales en comento, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, teniendo en consideración que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una moral oficial de derecho privado, en tanto que por otra parte puede figurar como en el caso concreto, como un ente patronal ya que sus determinaciones derivan de la relación que sostiene con un trabajador. Por tal motivo, en la especie, su actuación se encuentra en una relación jurídica de coordinación con la aquí impetrante, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive en cuestiones atenientes al cambio de adscripción de un centro educativo a otro, ello derivado de una relación en la que las autoridades responsables tienen únicamente el carácter de un organismo patronal y con este carácter las relaciones que se den con los particulares serán en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, en congruencia con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o las extinguiría. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001 (registro 188436) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Pues bien, como se estableció en apartados previos, la quejosa IRMA MARTÍNEZ RIVERA, reclama la determinación administrativa contenida en el oficio SEV/DGES/1900/2019 de seis de agosto de dos mil diecinueve, en la cual se determina aplicarle una mala nota en la hoja de servicio, así como un cambio de adscripción. Actos que atribuye a las autoridades Director General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz y Subdirector de Escuelas Secundarias Generales de la Secretaría de Educación de Veracruz. En ese sentido, es dable concluir que el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional deriva de una cuestión íntimamente relacionada con una modificación a las condiciones laborales que sostiene con la Secretaría responsable, específicamente la relativa al lugar en que deberá desempeñar sus actividades como prefecta. Ello es así, pues mediante el oficio reclamado se notificó a la quejosa IRMA MARTÍNEZ RIVERA que se le aplicaría una mala nota en la hoja de servicio, y que sus funciones como prefecta en la escuela Secundaria General "Lázaro Cárdenas del Río" ubicada en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz cesarían para ahora desempeñarse en un diverso plantel educativo, lo que pone de manifiesto que se trata de una modificación a las condiciones laborales de la peticionaria del amparo por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, para la que labora y por ende ejerce una función de organismo patronal. Así, resulta claro que el acto reclamado deriva de una relación obrero-patronal, esto es, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se duele la quejosa tienen su origen en una relación de trabajo entre particulares donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de carácter contractual. Por ello la actuación reclamada no puede considerarse como acto de autoridad, pues si bien el acto reclamado pudiese afectar la situación jurídica de la quejosa en su carácter de prefecta al aplicarle una mala nota en su hoja de servicio y ordenarse su cambio a un diverso plantel, lo cierto es que ello no puede ser analizado en esta instancia constitucional al derivar tal cuestión de una relación de coordinación y no así de supra-subordinación, al fungir la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, como ente patronal de IRMA MARTÍNEZ RIVERA. Lo anterior, en razón que de lo expuesto por la quejosa en su demanda de amparo, así como de las documentales anexas a la misma, se advierte que entre la quejosa y la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, existe una relación laboral, puesto que en la orden de presentación número 1300010152 signada por el Subdirector de Secundarias Generales de la mencionada secretaría, (foja 20) y del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo (que también fue allegado por la impetrante), se estableció claramente que las cuestiones atenientes a su adscripción quedarían sujetas a las reglas de cambios dictadas por la referida Secretaría. Luego, es evidente que entre la impetrante y las autoridades responsables subyace un vínculo empleado-patrón; por ende, se reafirma, nos encontramos ante una relación de coordinación y no de subordinación (gobierno-gobernado), cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como ente patronal, la quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante las autoridades competentes, pues como ya se explicó, el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto que ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación (trabajador-patrón) la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. En consecuencia, el acto que la solicitante de amparo pretende combatir, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio constitucional; lo cual implica, que la quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (registro 2011343) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1956 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, cuyo rubro dispone: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Asimismo, por analogía resulta aplicable la tesis VII.2o.A.T.10 A (registro 194572) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 487 del Tomo IX, Febrero de 1999, de rubro siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que se impone es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Así mismo, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Jamír Terrazas Murguía e Ilse Kareli Hernández Méndez, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos del artículo 24 del mismo ordenamiento legal a Kaori Guadalupe Hirata Andraca, por así haberlo solicitado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza. Doy fe. JESA/MFPD/MPH
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