Irma Martinez Lopez

Expediente 1048/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1048/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Irma Martinez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE NEGÓ EL AMPARO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos del juicio de amparo 1048/2020-III, promovido por IRMA MARTÍNEZ LÓPEZ, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado, Irma Martínez López, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la autoridad y acto reclamado siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribual Federal de Justicia Administrativa. IV. ACTO RECLAMADO: Resolución interlocutoria dictada por los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana, el día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (sic), en los autos especificados bajo el rubro: Actora: Irma Martínez López. Expediente. 5392/18-17-10-2. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y propuso como tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Regional Zona Oriente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, previo desahogo de una prevención, en que se señaló que en el año dos mil veinte, fue cuando se emitió la resolución reclamada, se admitió la demanda de amparo con el expediente 1048/2020-III, se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó a la autoridad tercero interesada, quien formuló alegatos y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 52, fracciones I y II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad en esa materia que reside en la jurisdicción que corresponde a este juzgador. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página: 32). La jurisprudencia referida señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, de la lectura integral de la demanda, se colige que el acto reclamado consiste en el siguiente: ? La resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 5392/18-17-10- 2, que lo declaró infundado. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la emisión de la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 5392/18-17-10-2, pues de la lectura del informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de dicha sala, se advierte que reconoció la existencia de la resolución reclamada y sostiene la legalidad de la misma, extremo que se corrobora con la copia certificada de la propia resolución que está integrada al presente expediente, que tiene eficacia probatoria plena, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. INEXISTENCIA DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no existe motivo de improcedencia que resolver, ni algún otro que este Juzgador advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto, en relación con la constitucionalidad del acto combatido. QUINTO. NARRATIVA DE ANTECEDENTES. Para mejor comprensión del asunto, es oportuno realizar una narrativa sucinta de los antecedentes del acto reclamado que se obtienen del expediente de origen, que obra en la copia certificada del legajo de pruebas por separado, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: 1. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictaron sentencia en el juicio de nulidad 5392/18-17-10-2, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos siguientes: [.] TERCERO. [.] A consideración de los Magistrados Integrantes de esta Sala resultan fundados los argumentos de la accionante en atención a las siguientes consideraciones legales. [.] De ahí que si el accionante fue beneficiado con la concesión de pensión a partir del 01 de marzo de 2017, es evidente que la Ley aplicable es lo previsto por el artículo 8 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [.] Una vez dilucidado lo anterior y a efecto de verificar si la pensión de la accionante ha sido incrementada de acuerdo con lo previsto por el artículo 8 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser dicho ordenamiento legal el aplicable al caso en concreto, esta Sala procede a realizar el siguiente análisis. [.] No es obstáculo para lo anterior que en el oficio de contestación de demanda la enjuiciada aduzca que aplicó los incrementos más benéficos a la pensión de la accionante, sin embargo no demuestra que los mismos hubieren sido efectivamente aplicados a la pensión de la parte actora. Motivos por los cuales esta Sala determina que con los argumentos esgrimidos por el instituto demandado no acreditan el debido acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dado que no comprueba de forma alguna haber aplicado los incrementos a la pensión de la hoy actora de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año, y que en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contiene los sueldos básicos de los trabajadores en activo, dicha pensión se haya incrementado en la misma proporción de los sueldos contenidos en los tabuladores correspondientes, tal y como lo dispone la citada disposición normativa, aunado a que no funda ni motiva la forma ni los porcentajes en que la pensión del demandante ha ido incrementándose y si eso ha sucedido. [.] 2. En desacuerdo con la anterior resolución, la enjuiciante promovió demanda de amparo directo, la cual se registró con el toca D.A. 513/2018, y el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 3. Mediante oficio SP/JEF/10346/2019, de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad demandada pretendió cumplir el aludido fallo de nulidad. 4. Mediante escrito presentado en la Sala de origen, la parte actora interpuso queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva de nulidad y una vez integrado, en resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, los Magistrados Integrantes de la Sala responsable lo declararon infundado, al razonar de la manera siguiente: [.] A juicio de los Magistrados integrantes de esta Sala, los argumentos vertidos por la quejosa resultan infundados, en atención a los siguientes razonamientos: [.] De la transcripción anterior se advierte que en la sentencia de fecha 19 de junio de 2018, esta Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una resolución en la que tomando en cuenta el monto de cuota diaria a partir del 01 de marzo de 2017, incrementara la pensión otorgada a la accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es aplicando el monto más benéfico entre el índice Nacional de Previos al Consumidor y los aumentos otorgados de manera generala los trabajadores en activo, fundamentando y motivando debidamente su resolución, es decir, indicara las fechas y la proporción en que el incremento de los sueldos de los trabajadores en activo fue incrementándose y cómo se va reflejando dicho incremento en la pensión que percibe el accionante. [.] Ahora bien, del análisis practicado al oficio número SP/JEF/10346/2020 de fecha 26 de diciembre de 2019, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que se encuentra agregado a fojas 279 a 283 del presente expediente, al que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que la autoridad determinó lo siguiente: [.] Del análisis efectuado al oficio digitalizado con anterioridad se observa que la autoridad demandada, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha 19 de junio de 2018, procedió a insertar los tabuladores vigentes en los años 2017, 2018 y 2019, emitidos por la secretaría de Salud, correspondientes a la plaza de ENFERMERA GENERAL TITULADA "C", señaló que de los Tabuladores que contienen los sueldos básicos de los Trabajadores en activo, se extraen los porcentajes de incremento señalando la operación aritmética que realizó para obtener dichos porcentajes; una vez hecho lo anterior, procedió a compararlos con los porcentajes de incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor a fin de obtener el más benéfico y procedió a incrementar la cuota diaria de la actora, para lo cual insertó la siguiente tabla: [.] Al respecto, como argumento medular la actora manifiesta que el Instituto demandado no valoró en su totalidad los incrementos, ni los porcentajes respecto a la cuota pensionaria, pues debió realizar un estudio en que se sostuviera la aplicación de los incrementos que mayor beneficio generaban, para lo cual debió allegarse de los Tabuladores Regionales aplicables al caso concreto, la Constancia de Evolución, así como los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, lo anterior con la finalidad de que la autoridad demandada acreditara fehacientemente qué incrementos eran los más favorables y aplicarlos a la cuota diaria de pensión. Argumento, que a juicio de los Magistrados integrantes de esta Décima Sala resulta infundado. Lo anterior es así, toda vez que mediante la sentencia definitiva de fecha 19 de junio del 2018, se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una resolución en la que tomando en cuenta el monto de cuota diaria a partir del 01 de marzo de 2017, incrementara la pensión otorgada a la accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen de artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, aplicando el monto más beneficio entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos de los trabajadores en activo, fundamentando y motivando debidamente su resolución, es decir, indicara las fechas y la proporción en que el incremento de los sueldos de los trabajadores en activo fue incrementándose y cómo se va reflejando dicho incremento en la pensión que percibe la accionante. Luego entonces si mediante la sentencia definitiva dictada en el presente juicio se ordenó a la autoridad demandada que incrementara la cuota diaria otorgada a la actora aplicando el monto más benéfico entre e Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos de los trabajadores en activo; y en el oficio materia de la queja que nos ocupa, el Instituto demandado dio a conocer a la actora los tabuladores vigentes en los años 2017, 2018 y 2019, emitidos por la Secretaría de Salud, correspondientes a la plaza de ENFERMERA GENERAL TITULADA "C", así como las operaciones aritméticas que realizó para obtener los porcentajes de incremento de los tabuladores que contienen los sueldos de los trabajadores en activo; resulta inconcuso que no se encontraba obligada a llegarse de la Constancia de Evolución, así como los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, como lo señala la actora, pues en la sentencia únicamente se estableció que debía incrementar que debía incrementarse la cuota diaria de pensión de la actora de conformidad con los incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los incrementos otorgados de manea general a los Tabuladores que contienen los sueldos de los trabajadores en activo, por lo tanto, es suficiente que el Instituto haya dado a conocer a la actora los tabuladores que contiene los sueldos de los trabajadores en activo y los porcentajes de incremento que se derivan de ellos, así como los porcentajes de incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor a efecto de acreditar que incrementó debidamente su cuota diaria de pensión, de ahí que resultan infundados los argumentos en estudios. [.] La resolución que antecede, constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a lo dispuesto, en la jurisprudencia, 2a./J. 58/2010 de rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. (Registro: 164,618, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, mayo de 2010, Página: 830). En el único concepto de violación la quejosa alega que en la resolución reclamada se debió realizar una comparación entre los Tabuladores Regionales aplicables al caso concreto, la Constancia de Evaluación y los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para que estuviera en aptitud de determinar qué incremento le resulta más benéfico, en atención al principio pro homine. Ante todo, debe decirse que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, se modificó, entre otros, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En dicho precepto legal se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con base en ese precepto, cualquier juez nacional, está facultado para emitir pronunciamiento en respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Por tanto, en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, cuando se sometan a su consideración casos distintos a las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esa atribución se debe dar en los casos en que se advierta, aun de oficio, que una norma secundaria pugna con la constitución o con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual no derivará en su invalidación o desincorporación de la esfera jurídica del afectado, sino en su inaplicación al caso; sin embargo, ese deber no opera cuando se estima que un acto de autoridad, como tal, es contrario a dicho orden constitucional o convencional, como lo hace valer la parte quejosa. Además, el ejercicio de esa tarea autorizada a los tribunales ordinarios, en particular tratándose de un tribunal contencioso administrativo, no forma parte de su litis natural, esto es, la circunstancia de que el tribunal de anulación pueda ejercer control difuso no varía la circunstancia de que la controversia en el juicio de nulidad se limita a la materia de legalidad, de modo que obligar a la sala a emprender el estudio respectivo implicaría convertir su control en concentrado o directo, lo cual es competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación; de ahí que aun cuando la sala no se haya pronunciado en relación con la violación a derechos humanos, ello no implica, per se, la ilegalidad del fallo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en los criterios de rubros siguientes: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. (Registro digital: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772. Tipo: Jurisprudencia). CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (Décima Época. Segunda Sala. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común, Administrativa. 2a./J. 16/2014 (10a.). Página: 984). En esa tesitura, este Juzgador considera que no le asiste la razón a la quejosa, en el sentido que se aplique a su favor el principio pro personae establecido en el artículo 1° Constitucional, porque no se cumplen con los requisitos necesarios para su estudio. Para corroborar tal aserto, es conveniente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen el deber de aplicar el principio pro personae como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio; sin embargo, para ello es necesario que se reúnan los siguientes requisitos mínimos: a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. Al respecto, es aplicable la tesis que enseguida se detalla: PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. (Décima Época. Primera Sala. Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, octubre de 2014, Tomo I. Constitucional, Común. 1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613). CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. (Época: Décima Época. Registro: 2006808. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 69/2014 (10a.). Página: 555). CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. 2a./J. 123/2014 (10a.) Página 859). En esas condiciones, si la parte quejosa no expone por qué razón en el caso concreto debe aplicarse a su favor el principio pro personae, cuál es el derecho humano cuya maximización se desprende y cuál es la norma cuya aplicación o inaplicación le resulta más favorable, este órgano jurisdiccional no puede emprender su estudio, pues se insiste, las violaciones a derechos humanos no deben exponerse en abstracto, sino que el particular debe explicar los perjuicios concretos e inmediatos que el acto de autoridad le violentó, pues es insuficiente que la accionante asegure que se vulneran sus derechos humanos y sus garantías de legalidad, audiencia y acceso a la justicia contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, sin explicar el por qué se debe realizar el estudio en comento, ni que tratado internacional pudiera estarse vulnerando, no obstante que hizo mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sin especificar el porqué de su afirmación. Además, debe decirse que, en todo caso, en relación al estudio que se propone, derivado del principio pro persona establecido en el artículo 1° Constitucional, la circunstancia de que la justiciable solicite la aplicación de tal principio no se traduce en que deba resolverse favorablemente a su pretensión, ya que de ningún modo ese principio puede ser constitutivo del derecho que alega. Funda tal aserto, la jurisprudencia de rubro que se transcribe: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. (Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906). Por lo que, no resulta aplicable para el presente caso el principio pro homine a que alude la quejosa, para satisfacer sus pretensiones. Ahora, en relación a los demás argumentos que propone la enjuiciante, se considera que son inexactas sus apreciaciones, al afirmar que la Sala responsable debió realizar una comparación entre los Tabuladores Regionales aplicables al caso concreto, la Constancia de Evaluación y los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para que estuviera en aptitud de determinar qué incremento le resulta más benéfico, pues dichos aspectos no fueron materia de la sentencia definitiva de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 5392/18-17-10-2, la cual debe ser atendida puntualmente por la autoridad demandada y por ende, debe ser considerada al resolverse la queja por defecto en su cumplimiento, que interpuso la enjuiciante. De ahí que la quejosa parte de premisas falsas e inexactas al realizar esas afirmaciones. Entonces, este Juzgador no puede darle la razón a la quejosa, en los términos que propone, dada su incorrecta apreciación, en virtud de que, como acertadamente lo refiere la Sala responsable, la resolución reclamada, parte de los razonamientos considerados en la sentencia definitiva de nulidad, que en la parte que interesa, se determinó que la autoridad demandada debía acatar lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque no demostró que se aplicaron los incrementos a la pensión de la hoy quejosa de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año, y que en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contiene los sueldos básicos de los trabajadores en activo, sin que la pensión se hubiere incrementado en la misma proporción de los sueldos contenidos en las tabuladores correspondientes. Al respecto, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. (Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326). Aunado a lo anterior, es conveniente puntualizar que los artículos 354, 355, 356 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención a su artículo 1°, establecen que existe cosa juzgada cuando la sentencia causó ejecutoria, ya sea por ministerio de ley, porque no se interpuso recurso alguno o las consentidas expresamente. Bajo este contexto legal, se dice que existe cosa juzgada desde un punto de vista formal, cuando la sentencia ha causado ejecutoria, lo cual puede suceder por ministerio de ley o por declaración judicial. Las sentencias que causan ejecutoria por ministerio de ley, gozan de la autoridad de la cosa juzgada, sin necesidad de una ulterior declaración judicial que así lo determine, como sucede, por regla general, con las sentencias dictadas por los Tribunal Colegiados de Circuito en los juicios de amparo. Las anteriores reglas, que desde un punto de vista formal identifican la autoridad de la cosa juzgada con la definitividad que adquieren determinadas resoluciones de juicios federales, que en la especie es por ministerio de ley, implican la firmeza que puede adquirir una sentencia. Sin embargo, la referencia que hace el legislador ordinario a la verdad legal y a la sentencia ejecutoria, sugiere además, que la cosa juzgada desde un punto de vista material o de fondo, se identifica con el carácter inmutable de la decisión, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo correspondiente, que por regla general tiene que ver con el fondo del litigio en jurisdicción ordinaria. Así, desde el punto de vista material, la autoridad de la cosa juzgada alude al carácter irrebatible o inmodificable de la decisión jurisdiccional a que se ha llegado. Al respecto, se debe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en jurisprudencia, que la ejecución íntegra de una sentencia sólo se alcanza en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse. En ese contexto, lo determinante para la actualización de la cosa juzgada -directa o refleja- es lo sentenciado con anterioridad en un juicio, por lo que carece de importancia cuál procedimiento inició antes, pues lo que debe ser primero en tiempo es la sentencia firme, ya que tal firmeza origina la imposibilidad de resolver sobre lo pedido en el juicio que aún no ha sido resuelto, con independencia de que éste se haya instado antes que aquél, y que por el trámite procesal seguido por uno y otro, haya sido el segundo el que alcanzó antes la sentencia ejecutoria. En el caso, este Juzgador considera que la resolución reclamada de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, está ajustada a derecho, porque la Sala responsables, a partir de lo resuelto en la sentencia definitiva de nulidad, determinó que los agravios de la recurrente eran infundados, pues en aquélla resolución nunca se determinó considerar las constancias que refiere la quejosa para obtener un mayor beneficio, sino que, para declarar la anulación del acto impugnado, precisó que la enjuiciada había omitido aplicar el monto más benéfico entre el índice Nacional de Precios al Consumidor y los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos de los trabajadores en activo, sin que ello implique que se debía considerar algún otro documento a los que se refiere la justiciable. Por tanto, que es incorrecto que la quejosa para satisfacer su pretensión pretenda que se consideren constancias o documentos que no fueron determinados por la Sala administrativa al resolver la litis de nulidad planteada, pues en todo caso, al estar inconforme con dicho proceder, debió haberlo impugnado, lo cual no aconteció en la especie, por haber combatido diverso razonamiento del fallo de nulidad y no el que ahora repercute en la esfera jurídica de la quejosa, lo cual no fue materia del juicio de amparo directo D.A. 513/2018, resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que determinó negar la protección de la Justicia Federal a la quejosa, lo que implica que la sentencia de nulidad en comento, adquirió firmeza y se constituye en la verdad legal, al ser cosa juzgada. De ahí que, al estar firme lo determinado por la Sala administrativa, al dictar la sentencia definitiva de nulidad, resulta jurídicamente ilógico que ahora la quejosa pretenda obligar a la autoridad responsable a considerar constancias y documentos que no fueron tomados en cuenta al resolver la controversia planteada de nulidad, lo cual repercute en el fallo reclamado, el cual depende directamente de lo ahí resuelto, para verificar si la demandada había incurrido en defecto en su cumplimiento, lo cual, no ocurrió así al haber declarado infundados los agravios propuestos. Por tanto, es infundado el concepto de violación en estudio. En las relatadas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación formulado por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se: R E S UE L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Irma Martínez López, por propio derecho, por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en calle Doctor Navarro ciento cincuenta y tres "A", despacho dos, planta baja, edificio C-1, Isla Tiburón, Conjunto Habitacional Morelos, colonia Doctores, en la Ciudad de México. Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veinte de abril de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. DOY FE.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta en que la Magistrada Presidente y Secretaria de Acuerdos de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales exhibidas consistente en las copias certificadas de las constancias relativas al juicio de nulidad 5392/18-17-10-2, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. En términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia de ley. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que deberán estarse a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta en que el Titular de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente de la Ciudad de México de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se apersona en el presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por apersonada al citado tercero interesado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el oficiante, sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala. Con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19"; téngase el correo electrónico que señala, para entablar únicamente comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese y personalmente a la quejosa Irma Martínez López, en el domicilio ubicado en calle Doctor Navarro ciento cincuenta y tres, "A", Despacho Dos, planta baja, Edificio C-1, Isla Tiburón, Conjunto Habitacional Morelos, colonia Doctores, en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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