Irma Marina Segura Cruz
Expediente 242/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- IRMA MARINA SEGURA CRUZ y Otros.
- Irma Marina Segura Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.
- Principal
MESA VI A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a *******, para efectos de que las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizaran lo siguiente: "1. Dejar sin efecto el oficio ******* de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al otorgarse la pensión por viudez ******. 2. En razón de lo anterior, dejar sin efecto, todas las actuaciones emitidas con motivo de la expedición de dicho oficio, por derivar de un acto que se ha declarado inconstitucional. 3. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1 y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica de la quejosa; lo cual equivale a no efectuar a la quejosa retenciones o descuentos a su pensión de viudez con motivo de la compatibilidad detectada." En ese sentido, en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de que se trata y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento correspondiente a las autoridades responsables. Con motivo de ello, mediante acuerdo de nueve de noviembre del año que transcurre, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y, el Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remiendo los oficios ****** de tres de noviembre del actual, respectivamente, mediante los cuales, dejaron sin efectos el oficio ******** de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al otorgarse la pensión por viudez *******, además, agregaron que con ello, todos sus efectos contenido en el mismo. Asimismo, señalaron que, al dejar sin efecto el referido oficio ******, también se dejan sin efecto todas las actuaciones emitidas con motivo de la expedición de dicho oficio, además, agregaron que dejaran de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica de la quejosa, lo cual equivale a no efectuar a la impetrante retenciones o descuentos a su pensión de viudez *******. Aunado a ello, informaron que no se aplicó descuento a la pensión por viudez ****** de la quejosa, para lo cual, anexaron copia certificada de la constancia de percepciones y deducciones de la quejosa correspondiente al año dos mil veinte, expedida el seis de noviembre del año en curso. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que, dejaron sin efecto el oficio ***** de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al otorgarse la pensión por viudez *****, además, dejaron sin efecto todas las actuaciones emitidas con motivo de la expedición de dicho oficio, por derivar de un acto que se ha declarado inconstitucional, asimismo, se abstendrán de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica de la quejosa; lo cual equivale a no efectuar a la quejosa retenciones o descuentos a su pensión de viudez con motivo de la compatibilidad detectada. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la *****, mediante escrito agregado en actuación de diecisiete de noviembre del año que transcurre, de cuya lectura integra se desprende que, refiere que la ejecutoria no se encuentra cumplida, al aducir que las responsables no le han cubierto el pago relativo a la retención a su pensión por viudez de septiembre de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veinte, la cual, asciende a la cantidad de $152,231.81, misma que se refleja como deducción en el oficio "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA", que anexó a dicho ocurso en copia certificada. En efecto, la quejosa pierde de vista que en relación al acto reclamado relativo a la retención o descuentos realizados con posterioridad a que le fue otorgada su pensión de viudez *****, con fecha de inicio treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con motivo de la compatibilidad detectada, se sobreseyó el juicio, al acreditarse que no son ciertos dichos actos reclamados por las consideraciones expuestas en la referida sentencia, por tanto, los efectos de la ejecutoria de amparo no contemplan efectuar pago alguno a su favor con motivo de la compatibilidad detectada, circunscribiéndose únicamente a los señalados en líneas que preceden. Por otra parte, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, las autoridades responsables, acataron todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que las autoridades responsables, cumplieron correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizaron todo lo que se debían y no hicieron más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA VI A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 242/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VI A. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a *******, para efectos de que las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizaran lo siguiente: "1. Dejar sin efecto el oficio ******* de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al otorgarse la pensión por viudez ******. 2. En razón de lo anterior, dejar sin efecto, todas las actuaciones emitidas con motivo de la expedición de dicho oficio, por derivar de un acto que se ha declarado inconstitucional. 3. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1 y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica de la quejosa; lo cual equivale a no efectuar a la quejosa retenciones o descuentos a su pensión de viudez con motivo de la compatibilidad detectada." En ese sentido, en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de que se trata y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento correspondiente a las autoridades responsables. Con motivo de ello, mediante acuerdo de nueve de noviembre del año que transcurre, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y, el Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remiendo los oficios ****** de tres de noviembre del actual, respectivamente, mediante los cuales, dejaron sin efectos el oficio ******** de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al otorgarse la pensión por viudez *******, además, agregaron que con ello, todos sus efectos contenido en el mismo. Asimismo, señalaron que, al dejar sin efecto el referido oficio ******, también se dejan sin efecto todas las actuaciones emitidas con motivo de la expedición de dicho oficio, además, agregaron que dejaran de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica de la quejosa, lo cual equivale a no efectuar a la impetrante retenciones o descuentos a su pensión de viudez *******. Aunado a ello, informaron que no se aplicó descuento a la pensión por viudez ****** de la quejosa, para lo cual, anexaron copia certificada de la constancia de percepciones y deducciones de la quejosa correspondiente al año dos mil veinte, expedida el seis de noviembre del año en curso. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que, dejaron sin efecto el oficio ***** de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual, se determinó que se detectó compatibilidad de pensión, a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al otorgarse la pensión por viudez *****, además, dejaron sin efecto todas las actuaciones emitidas con motivo de la expedición de dicho oficio, por derivar de un acto que se ha declarado inconstitucional, asimismo, se abstendrán de aplicar el precepto 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en la esfera jurídica de la quejosa; lo cual equivale a no efectuar a la quejosa retenciones o descuentos a su pensión de viudez con motivo de la compatibilidad detectada. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la *****, mediante escrito agregado en actuación de diecisiete de noviembre del año que transcurre, de cuya lectura integra se desprende que, refiere que la ejecutoria no se encuentra cumplida, al aducir que las responsables no le han cubierto el pago relativo a la retención a su pensión por viudez de septiembre de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veinte, la cual, asciende a la cantidad de $152,231.81, misma que se refleja como deducción en el oficio "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA", que anexó a dicho ocurso en copia certificada. En efecto, la quejosa pierde de vista que en relación al acto reclamado relativo a la retención o descuentos realizados con posterioridad a que le fue otorgada su pensión de viudez *****, con fecha de inicio treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con motivo de la compatibilidad detectada, se sobreseyó el juicio, al acreditarse que no son ciertos dichos actos reclamados por las consideraciones expuestas en la referida sentencia, por tanto, los efectos de la ejecutoria de amparo no contemplan efectuar pago alguno a su favor con motivo de la compatibilidad detectada, circunscribiéndose únicamente a los señalados en líneas que preceden. Por otra parte, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, las autoridades responsables, acataron todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que las autoridades responsables, cumplieron correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizaron todo lo que se debían y no hicieron más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.
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