Irma Marina Cruz Guizar

Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
729/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Irma Marina Cruz Guizar
  • Irma Marina Cruz Guizar y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención presencial a los justiciables, deberá generar un Código QR con el cual podrá ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional el día y la hora que agende. Notifíquese.

  2. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISCO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención presencial a los justiciables, deberá generar un Código QR con el cual podrá ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional el día y la hora que agende. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 729/2020-3-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Los numerales 5° y 6° preinsertos, prevén las nociones de interés jurídico y legitimación. Al respecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la diferencia entre ambos conceptos, al tenor de lo siguiente: Por interés jurídico -dijo- debe entenderse en forma abstracta y general, la facultad para el ejercicio de la acción constitucional derivada de la titularidad que al quejoso corresponde en relación con derechos o posesiones tutelados a través de normas de derecho objetivo, que resulten conculcados por los actos de autoridad contra los cuales se pide amparo. Mientras que la legitimación procesal, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Asertos que se encuentran recogidos en la tesis: "INTERES JURIDICO Y LEGITIMACION PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS." En esa tesitura, los preceptos jurídicos transcritos en párrafos precedentes, disponen que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del justiciable y, en ese sentido, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de una norma. Lo anterior, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y, por consecuencia, ese derecho protegido es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En este contexto, se destaca que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar -vía de amparo- algún acto, omisión o norma que estime violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma constitucional que se ve trasgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una disposición normativa, a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o por el contrario, para que desaparezca, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley para que el gobernado exija determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizarla. Por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su acción u omisión. Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte física o jurídica a quien perjudique el acto o la ley que reclame; ese presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, requiere que el acto o ley reclamada cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, dicho numeral prevé que el quejoso podrá promover el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada, por su representante legal, por su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. De ahí que, el concepto de legitimación procesal activa se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, la que se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer. Sirve de sustento a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." Bajo el panorama expuesto, en el presente juicio constitucional la parte quejosa reclamó la Toma de Nota de la Reforma de los Estatutos del ***, Toma de Nota del nombramiento de la Mesa de Debates y Toma de Nota del nombramiento de la Comisión Electoral, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte, en el expediente ***. La constitucionalidad de tales actuaciones es cuestionada por la quejosa en su calidad de trabajadora afiliada al Sindicato único Independiente del *** es decir, como cualquier otra integrante del gremio que se encuentra inconforme con las tomas de nota combatidas, aduciendo, entre otras cosas, que se realizaron en contravención a sus derechos sindicales. Dicha calidad se encuentra acreditada con la constancia de comprobante de pago correspondiente al periodo del uno al quince de agosto de dos mil veinte, que acompañó a su demanda, de cuyo contenido se corrobora que la peticionaria tiene el carácter de trabajadora adepta al Sindicato único Independiente del ***. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 366/2009, en lo de interés, estableció que los trabajadores en lo individual carecen de legitimación para reclamar: a) Actos cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical (por ejemplo al reclamar la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una sección de un sindicato). Lo anterior es así, pues se estableció que dada la naturaleza de dichos actos, estos no son susceptibles de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentran vinculados con los derechos colectivos de la organización sindical (luego, en caso del ejemplo antes señalado, esto es, que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización) por lo que únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir tales las cuestiones. En efecto, la Superioridad determinó que solamente los representantes del sindicato están legitimados para reclamar un acto de esa naturaleza, pues en términos del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, la representación corresponde al Secretario General o a la persona que designe la directiva, no a los trabajadores toda vez que la decisión personal e individual de cada trabajador no se afecta en forma directa por la toma de nota. Lo anterior, porque cada sindicato actúa por conducto de sus representantes; a través de éstos, ejerce derechos y adquiere obligaciones, por ello, la importancia del registro y la toma de nota, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales. Aunado, a que sería absurdo que la representación del sindicato estuviera sujeta a la consideración que cada socio tuviera respecto de los actos y acuerdos de la directiva, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados. La consideración anterior dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobra mayor relieve, si se toma en cuenta que los estatutos son el contrato social del sindicato, rigen la vida interna de la organización; por ende, la vigilancia que cada socio debe hacer es en relación con los actos de los demás miembros o su directiva; por ende, es congruente que las acciones que intenten para denunciar u oponerse sea únicamente respecto de actos de los mismos socios, pero no respecto de actos de autoridad. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J. 252/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es por ello, que la promovente de la instancia constitucional intentada (trabajadora en lo individual), no cuenta con legitimación para promover el amparo en contra de la Toma de Nota de la Reforma de los Estatutos del ***, Toma de Nota del nombramiento de la mesa de debates y Toma de Nota del nombramiento de la Comisión Electoral, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte, en el expediente ***; pues en todo caso y en los términos indicados, son los representantes del sindicato reconocidos por la ley, quienes están legitimados para controvertir las violaciones en dicho juicio, al debatirse ahí, únicamente cuestiones que afectan a la organización sindical y a su directiva, no así los derechos de los trabajadores en lo individual. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, sin que haya necesidad de realizar la consulta de su respectiva cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la parte quejosa es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. También, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Igualmente, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 729/2020-3-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Los numerales 5° y 6° preinsertos, prevén las nociones de interés jurídico y legitimación. Al respecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la diferencia entre ambos conceptos, al tenor de lo siguiente: Por interés jurídico -dijo- debe entenderse en forma abstracta y general, la facultad para el ejercicio de la acción constitucional derivada de la titularidad que al quejoso corresponde en relación con derechos o posesiones tutelados a través de normas de derecho objetivo, que resulten conculcados por los actos de autoridad contra los cuales se pide amparo. Mientras que la legitimación procesal, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Asertos que se encuentran recogidos en la tesis: "INTERES JURIDICO Y LEGITIMACION PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS." En esa tesitura, los preceptos jurídicos transcritos en párrafos precedentes, disponen que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del justiciable y, en ese sentido, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de una norma. Lo anterior, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y, por consecuencia, ese derecho protegido es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En este contexto, se destaca que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar -vía de amparo- algún acto, omisión o norma que estime violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma constitucional que se ve trasgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una disposición normativa, a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o por el contrario, para que desaparezca, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley para que el gobernado exija determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizarla. Por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su acción u omisión. Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte física o jurídica a quien perjudique el acto o la ley que reclame; ese presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, requiere que el acto o ley reclamada cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, dicho numeral prevé que el quejoso podrá promover el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada, por su representante legal, por su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. De ahí que, el concepto de legitimación procesal activa se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, la que se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer. Sirve de sustento a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." Bajo el panorama expuesto, en el presente juicio constitucional la parte quejosa reclamó la Toma de Nota de la Reforma de los Estatutos del ***, Toma de Nota del nombramiento de la Mesa de Debates y Toma de Nota del nombramiento de la Comisión Electoral, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte, en el expediente ***. La constitucionalidad de tales actuaciones es cuestionada por la quejosa en su calidad de trabajadora afiliada al Sindicato único Independiente del *** es decir, como cualquier otra integrante del gremio que se encuentra inconforme con las tomas de nota combatidas, aduciendo, entre otras cosas, que se realizaron en contravención a sus derechos sindicales. Dicha calidad se encuentra acreditada con la constancia de comprobante de pago correspondiente al periodo del uno al quince de agosto de dos mil veinte, que acompañó a su demanda, de cuyo contenido se corrobora que la peticionaria tiene el carácter de trabajadora adepta al Sindicato único Independiente del ***. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 366/2009, en lo de interés, estableció que los trabajadores en lo individual carecen de legitimación para reclamar: a) Actos cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical (por ejemplo al reclamar la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una sección de un sindicato). Lo anterior es así, pues se estableció que dada la naturaleza de dichos actos, estos no son susceptibles de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentran vinculados con los derechos colectivos de la organización sindical (luego, en caso del ejemplo antes señalado, esto es, que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización) por lo que únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir tales las cuestiones. En efecto, la Superioridad determinó que solamente los representantes del sindicato están legitimados para reclamar un acto de esa naturaleza, pues en términos del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, la representación corresponde al Secretario General o a la persona que designe la directiva, no a los trabajadores toda vez que la decisión personal e individual de cada trabajador no se afecta en forma directa por la toma de nota. Lo anterior, porque cada sindicato actúa por conducto de sus representantes; a través de éstos, ejerce derechos y adquiere obligaciones, por ello, la importancia del registro y la toma de nota, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales. Aunado, a que sería absurdo que la representación del sindicato estuviera sujeta a la consideración que cada socio tuviera respecto de los actos y acuerdos de la directiva, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados. La consideración anterior dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobra mayor relieve, si se toma en cuenta que los estatutos son el contrato social del sindicato, rigen la vida interna de la organización; por ende, la vigilancia que cada socio debe hacer es en relación con los actos de los demás miembros o su directiva; por ende, es congruente que las acciones que intenten para denunciar u oponerse sea únicamente respecto de actos de los mismos socios, pero no respecto de actos de autoridad. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J. 252/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es por ello, que la promovente de la instancia constitucional intentada (trabajadora en lo individual), no cuenta con legitimación para promover el amparo en contra de la Toma de Nota de la Reforma de los Estatutos del ***, Toma de Nota del nombramiento de la mesa de debates y Toma de Nota del nombramiento de la Comisión Electoral, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte, en el expediente ***; pues en todo caso y en los términos indicados, son los representantes del sindicato reconocidos por la ley, quienes están legitimados para controvertir las violaciones en dicho juicio, al debatirse ahí, únicamente cuestiones que afectan a la organización sindical y a su directiva, no así los derechos de los trabajadores en lo individual. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, sin que haya necesidad de realizar la consulta de su respectiva cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la parte quejosa es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. También, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Igualmente, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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