Irma María Rojas Cano
Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Irma María Rojas Cano
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Toda vez que en este asunto obran documentos que se estiman de valor o interés para la parte quejosa, se ordena notificarle por lista, para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recoger las constancias referidas. Apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Ahora bien, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Por otra parta, agréguese el escrito firmado por ********************por propio derecho y con el carácter de administradora única de la moral ********************por medio del cual solicita la expedición de copia certificada así como la devolución de la documentación que anexó a su escrito inicial de demanda. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a su costa las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para su debida constancia legal. Por otra parte, con relación a la solicitud de devolución de la documentación anexada al escrito de demanda, dígase que deberá estarse a lo determinado en párrafos precedentes. Finalmente, se tiene por autorizada a la persona señalada en el ocurso de cuenta, para los efectos precisados. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta, se provee: téngase por presentado a ********************************************** del instrumento notarial cincuenta mil doscientos ochenta y cinco de tres de noviembre de dos mil quince, que con tal finalidad exhibe, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Gaceta de Gobierno del Estado de México. Notario Público Número 90 del Estado de México. Notario Público Número 162 del Estado de México. Juez Primero Civil de Cuautitlán, Estado de México. Ejecutor Judicial adscrito al Juzgado Primero Civil de Cuautitlán, Estado de México. Actos reclamados De la autoridad responsable señalada como Gaceta de Gobierno del Estado de México, las publicaciones efectuadas el siete de enero y dos de febrero, ambas datas de dos mil veintidós, para convocar a asamblea de accionistas de la moral Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable. Del Notario Público Número 90 de Estado de México, las notificaciones efectuadas el once de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero de dos mil veintidós y que dio origen a la asamblea celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Del Notario Público Número 162 del Estado de México, la protocolización del acta de asamblea de veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Del Juez Primero Civil de Cuautitlán México, se reclama el trámite al juicio especial de desahucio con número de expediente 916/2022 instado por Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable en contra de Anrosa sociedad anónima de capital variable. Del Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Civil de Cuautitlán México, se reclama la diligencia de emplazamiento al juicio especial de desahucio número de expediente 916/2022 y sus consecuencias que se traduce en la orden de desocupación y lanzamiento de inmueble ubicado en avenida San Antonio, número ciento cincuenta y cuatro, Barrio La Concepción, municipio de Tultitlán, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, en relación a los actos reclamados consistentes en la tramitación y diligencia de emplazamiento efectuada respecto del juicio especial de desahucio número de expediente 916/2022 y sus consecuencias que se traduce en la orden de desocupación y lanzamiento de inmueble ubicado en avenida San Antonio, número ciento cincuenta y cuatro, Barrio La Concepción, municipio de Tultitlán, Estado de México, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, párrafo primero, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento, de forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, en el caso concreto vinculada con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción I, párrafo primero, de la propia ley, en cuanto dispone que la norma, acto u omisión que reclame el quejoso debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, a contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente en contra norma, acto u omisión que no produzca una afectación real y actual en la esfera de derechos del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto, se reclaman los siguientes actos: Del Juez Primero Civil de Cuautitlán México, se reclama el trámite al juicio especial de desahucio con número de expediente 916/2022 instado por Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable en contra de Anrosa sociedad anónima de capital variable. Del ejecutor adscrito al Juzgado Primero Civil de Cuautitlán México, se reclama la diligencia de emplazamiento al juicio especial de desahucio número de expediente 916/2022 y sus consecuencias que se traduce en la orden de desocupación y lanzamiento de inmueble ubicado en avenida San Antonio, número ciento cincuenta y cuatro, Barrio La Concepción, municipio de Tultitlán, Estado de México. Sin embargo, dichos actos no producen una afectación actual, real y directa en contra de la impetrante del amparo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues las consecuencias del emplazamiento al juicio especial de desahucio número de expediente 916/2022 del índice del Juzgado Primero Civil de Cuautitlán México y sus consecuencias que se traduce en la orden de desocupación y lanzamiento de inmueble ubicado en avenida San Antonio, número ciento cincuenta y cuatro, Barrio La Concepción, municipio de Tultitlán, Estado de México, no va dirigida a la parte quejosa Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable, sino a la moral Anrosa sociedad anónima de capital variable. Máxime que la propia moral quejosa, es la parte actora en el juicio especial de desahucio 916/2022, por lo que en su caso, tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer ante el propio Juez Primero Civil de Cuautitlán México; de ahí que es por demás evidente, que dicho acto reclamado no le depara perjuicio a la aquí quejosa. Por tanto, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia de mérito, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y a quien va dirigido. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este juzgado que al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la moral Anrosa sociedad anónima de capital variable, quien es parte demandada en el juicio especial de desahucio cuya diligencia de emplazamiento se reclama, promovió demanda de amparo en contra del mencionado acto, la cual fue radicada ante este órgano jurisdiccional el veinticuatro del mes y año en curso, con el número de expediente 57/2023-I; asimismo, que en proveído de la citada data dictado en el cuaderno incidental relativo al juicio aludido, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Ahora, respecto de los actos que la quejosa atribuye a la Gaceta de Gobierno del Estado de México y Notarios Públicos Número 90 y 162, ambos del Estado de México, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción II, y 217 de la propia ley que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales . La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente hablando, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de garantías, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: De la autoridad responsable señalada como Gaceta de Gobierno del Estado de México, las publicaciones efectuadas el siete de enero y dos de febrero, ambas datas de dos mil veintidós para convocar a asamblea de accionistas de la moral Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable. Los efectos y consecuencias de las publicaciones indicadas en el párrafo precedente bajo la perspectiva de invasión de esferas competenciales propias del Diario Oficial de la Federación. Del Notario Público Número 90 de Estado de México, las notificaciones efectuadas el once de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero de dos mil veintidós y que dio origen a la asamblea celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Del Notario Público Número 162 del Estado de México, la protocolización del acta de asamblea de veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, de las citadas razones se colige que dichas autoridades actúan sólo como auxiliares de las peticiones solicitadas en representación de la moral quejosa Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable. En ese sentido, las citadas autoridades auxiliares actúan sin imperio ni facultad decisoria, pues fueron sujetas a lo solicitado por la propia moral quejosa Tierra Larga y la Capilla, sociedad anónima de capital variable; por consiguiente, en forma autónoma, no pueden adquirir la jerarquía de responsables para los efectos del juicio de amparo, pues se insiste que su actuar que ahora se reclama, fue con motivo de lo solicitado por la propia moral. En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo por cuanto a dichas autoridades se refiere. Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia referidas con anterioridad, con fundamento en lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio Ahora, toda vez que el quejoso señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este juzgado federal; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ahora bien, por tratarse de un desechamiento de la demanda de amparo, por única ocasión, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio indicado en el escrito de demanda y notifique personalmente a la parte quejosa la presente determinación. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Invitación a las partes para que continúen el trámite del juicio de amparo en vía electrónica En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.
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