Irma Maria Cetina Quiñones
Expediente 435/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Irma Maria Cetina Quiñones
Actuaciones
- Principal
III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintitrés de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, por economía procesal devuélvase al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, los dos anexos que se formó con motivo de las constancias judiciales del expediente 1036/2015, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él
- Principal
MESA III. Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte el informe justificado rendido por la Jueza Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y el oficio 2751 de la aludida autoridad, junto con las constancias que anexó al mismo, relativas al expediente 1036/2015, concerniente al Juicio de Sucesión Intestada y continuado también como de Sucesión Testamentaria de la persona que en vida se llamó ********************. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló la denegación de justicia en que incurrió la Juez responsable, al no proveer lo conducente al escrito de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se le solicitó fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar y la omisión del Actuario responsable de dar a conocer la determinación de la autoridad judicial. Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, que consiste en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación y las que acompañó a su oficio 2751, se advierte que mediante acuerdo de doce de mayo del presente año dio contestación al escrito de dieciséis de marzo último, presentado el día diecisiete siguiente, en el cual, solicitaba se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar; proveído que fue notificado el día veintitrés de junio del año en curso, por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Luego, si de tales constancias se advierte que si la Jueza responsable se pronunció respecto del memorial de dieciséis de marzo último, proveyendo el auto de doce de mayo de la presente anualidad, y el Actuario adscrito procedió a su notificación por medio de publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto al escrito de referencia y su correspondiente notificación, aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el cuatro de abril de dos mil diecisiete. Sirve de orientación, la jurisprudencia que lleva por rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo subrayado corresponde a este Juzgado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica de las aquí peticionarias del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo anterior, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS.
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MESA III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento exteriorizado el once de julio del año en curso, pues remite copias certificadas de las constancias judiciales conducentes deducidas del expediente **********; por ende, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho oficio y constancias que acompaña, por el término de tres días en este asunto y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su oficio de cuenta, consistente en las copias certificadas de las constancias judiciales conducentes del expediente ************, relativo al juicio de sucesión intestada y continuado como sucesión testamentaria; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado.
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III. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de la revisión de la demanda, que la parte quejosa reclama la denegación de justicia por parte de la responsable, al omitir señalar fecha para la continuación de la audiencia preliminar, misma que fue solicitada mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, sin que de la lectura del informe justificado se advierta que la responsable hubiere hecho pronunciamiento al respecto; en atención a lo anterior, requiérase a la citada Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, se pronuncie respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la denegación de justicia por parte de la responsable, al omitir señalar fecha para la continuación de la audiencia preliminar, misma que fue solicitada mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, y remita las constancias con las que acredite su dicho; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, como nuevas fecha y hora, para que tenga verificativo la citada audiencia constitucional relativa
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