Irma Margarita Marroquín Mendoza
Expediente 1159/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 30 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Irma Margarita Marroquín Mendoza
- Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 Cps Femenil Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, la pieza devuelta por el Servicio Postal Mexicano concerniente al oficio 7389/2022 dirigido al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, por el cual se transcribe el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. En ese tenor, en aras de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 Constitucional, reexpídase el citado oficio, en su domicilio correcto siendo este el ubicado en C. Mariano Matamoros 175, Oriente, casi esquina con Garibaldi, col. Centro, 64000, Monterrey, Nuevo León, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1159/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Ahora bien, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables Encargado de la Comisaría General de Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León y el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, remitieron diversas constancias por lo que se formaron los anexo I y II, respectivamente; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1159/2019-V, promovido por Irma Margarita Marroquín Mendoza, por derecho propio, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida en la misma fecha en la Oficialía de partes de este Juzgado, Irma Margarita Marroquín Mendoza solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del 1) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y 2) Directora General del Centro Federal Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se previno a la quejosa para que manifestara los antecedentes bajo protesta de decir verdad. Por otro lado, en el mismo acuerdo se concedió la suspensión de plano, tomando a fin de que cesara la orden de traslado de la cual adujo fue objeto e indicando arbitrariedad, con abuso de autoridad y mediante malos tratos; así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cesara cualquier actuación constitutiva de una afectación a su libertad aun de manera indirecta. TERCERO. Tercero. Admisión. El treinta de agosto de dos mil diecinueve se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. CUARTO. Prevención para señalar autoridad responsable. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, al advertirse la participación del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, como autoridad que autorizó y/o convalidó el traslado de la quejosa al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", se le requirió manifestara si era su deseo señalarlo como autoridad responsable. Ante la manifestación expresa de la quejosa en el sentido de no señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvieron como responsables, únicamente a las señaladas en el escrito inicial de demanda. QUINTO. Ampliación de demanda por diversa autoridad. Por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo por ampliada la demanda respecto al 3) Encargado de la Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León. SEXTO. Desechamiento de la ampliación de demanda. Por auto de veintidós de enero de dos mil veinte, se desechó la ampliación de la demanda de amparo promovida por la asesora jurídica de la quejosa, respecto a los actos atribuidos a las autoridades: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Directora del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, Director del Centro de Reinserción Social de Escobedo Nuevo León, Encargado de la Comisión General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León, Encargado de la Dirección Jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública, consistentes en el traslado involuntario de que fue objeto el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; al estimarse que por dichos actos ya se encontraba admitida la demanda. De igual manera, se desechó la ampliación de demanda por cuanto al Juez de Ejecución del Estado de Nuevo León, respecto a la convalidación del traslado mediante resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve; al estimarse actualizada causal de improcedencia. Asimismo, por cuanto a la orden de traslado se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, al considerarse actualizado un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. SÉPTIMO. Recurso de revisión y admisión de la ampliación. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión y por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devolvió los autos originales del juicio y remitió testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 176/2020, en cuyos puntos resolutivos determinó revocar la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento para admitir la ampliación de demanda únicamente por las autoridades responsables 4) Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León y 5) Director del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Nuevo León. Además, se indicó en la resolución del recurso de revisión, que el sobreseimiento fuera de audiencia quedaba sin efectos, para no dividir la continencia de la causa y en sentencia definitiva se pronunciara la juzgadora federal con integridad. Consecuentemente, por acuerdo de la misma fecha se admitió la ampliación y se solicitó a tales autoridades su informe justificado. OCTAVO. Celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional iniciándose en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo éste donde tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: a) La orden de traslado involuntario de la quejosa del Centro de Readaptación Social Femenil Escobedo Nuevo León, al Centro Federal Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos y su materialización el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; y Acto que reclama en el ámbito de sus competencias a las autoridades: 1) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y 2) Directora General del Centro Federal Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, 3) Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León, 4) Director del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Nuevo León, con sede en Escobedo; b) Malos tratos y groserías con motivo de la materialización de la orden de traslado. Acto atribuido según los hechos de la demanda, a la Titular del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Nuevo León, con sede en Escobedo. c) La resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve. emitida por el 5) Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, por la cual calificó de legal el traslado de la quejosa dentro del expediente de ejecución 2386/2018. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados consistentes en malos tratos y groserías atribuidos por la parte quejosa a la autoridad responsable Titular del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Nuevo León, con sede en Escobedo. Esto, porque así lo señaló al rendir su informe justificado, sin aportación de la quejosa de prueba en aras de desvirtuar esa negativa. Además, de las constancias del expediente de ejecución exhibido en autos, tampoco se desprenda indicio alguno sobre la existencia de tales actos combatidos. En tal virtud, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado materia de estudio en el presente apartado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto: siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de traslado involuntario de la quejosa del Centro de Readaptación Social Femenil Escobedo Nuevo León, al Centro Federal Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos y su materialización el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, pues así lo señalaron las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados. Se corrobora con las documentales anexas a dichos informes, en particular, las de la carpeta de ejecución 2386/2018, remitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin obstar la negativa del acto por parte del Centro Federal Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", atento a que expresamente admitió el ingreso de la quejosa en dicho centro el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; con lo cual se acredita que en tal institución se materializaron los efectos del traslado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión oficiosa, de orden público y, por ende, de estudio preferente. I. Causal de improcedencia del juicio respecto a los actos de ordenación y materialización del traslado de la quejosa. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Conforme a esta norma, el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o en contra de las cuales proceda algún medio de defensa ordinario. Al respecto, la quejosa reclamó la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Femenil en el Estado de Nuevo León, con sede en Escobedo, al Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS Femenil Morelos", materializado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Dicho traslado fue solicitado por el Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria en el Estado de Nuevo León, a través de oficio APP/CG/271/2019 de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Este último concedió la autorización para el ingreso de la quejosa en el Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS Femenil Morelos", a través de oficio OADPRS/08476/2019, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, en observancia al principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, deben agotarse los mecanismos de defensa establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por considerar que, bajo el actual marco constitucional, corresponde a los jueces especializados en la materia, el conocimiento primordial de actos inherentes a las condiciones de internamiento de quienes se encuentran privados de la libertad personal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 51, 52, 116 y 117 de la ley en cita, el traslado de una persona privada de la libertad se considera como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal e incluso su análisis puede ser realizado posteriormente a la ejecución material del traslado en determinados casos de naturaleza urgente. En el presente asunto, la quejosa se encuentra sujeta a un proceso penal, pues así lo manifestó en el escrito de demanda; además, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, al rendir informe justificado indicó que a través de amparo directo 72/2019, se había ordenado la reposición del procedimiento penal y, por tanto, había dejado sin efecto la carpeta de ejecución 2386/2018. Lo anterior, permite determinar que tratándose del traslado e ingreso de un centro de reclusión en el cual la quejosa se encontraba compurgando la pena de prisión impuesta, a otro centro, en el que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva, se considerara un acto relativo a una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal. Para justificar lo anterior, es necesario destacar que conforme a los artículos 1, 2, 25, fracción I, 51, 52, 57, 116, 117, 122 a 124, 127 y 130 a 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: Los traslados involuntarios de personas recluidas deben ser autorizados en audiencia pública por el Juez de Control o Ejecución, según el caso; dicha autorización puede ser impugnada a través del recurso de apelación. Como supuesto de excepción, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de una persona mediante resolución administrativa, debiendo notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del mismo. Por su parte, el juez del conocimiento, a partir del momento en que sea notificado, tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado; en contra de dicha resolución procede el recurso de apelación. Asimismo, ante la falta de pronunciamiento, el interesado puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa de traslado. Las personas privadas de su libertad tienen legitimación para ejercer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver controversias en materia de traslados. La acción referida se puede ejercer en el momento de la notificación del traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud del interno, o por cuestiones de seguridad del Centro Penitenciario, no requieren autorización previa del Juez de Ejecución, sin embargo, dicha determinación puede ser recurrida, y en consecuencia confirmada o revocada. Las controversias judiciales deben presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, en donde el titular de órgano, de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Una vez recibida la solicitud, el Juez de Ejecución cuenta con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto inicial, en el cual admita, deseche o prevenga la solicitud. El auto que admite la solicitud se realiza por escrito y se notifica al promovente de manera inmediata sin exceder del término de veinticuatro horas. Admitida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución, notifica y entrega a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan las pruebas pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciaria a fin de que rinda el informe respectivo. Rendido el informe y contestada la acción, se señala hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual debe realizarse al menos tres días después de la notificación de la misma, sin exceder de diez días. Una vez celebrada la audiencia a la que deben acudir todos los interesados, el Juez de Ejecución tiene un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución. El recurso de revocación se interpone ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite, y tiene por objeto que el mismo Juez que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y resuelva lo conducente. El recurso de apelación procede contra las resoluciones dictadas, entre otras cuestiones, en materia de traslados y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por lo tanto, es inconcuso que acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde al Juez de Ejecución otorgar la autorización correspondiente en materia de las condiciones de internamiento, en particular, del traslado al centro penitenciario en el cual está recluida la quejosa y en los casos excepcionales en que la autoridad penitenciaria ejecute los mismos sin previa autorización, el referido Juez debe revisar la legalidad de dicho actuar. De igual manera, la interna tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En ese sentido, si la quejosa combate el traslado realizado del Centro de Reinserción Social de Escobedo Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, materializado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dicho acto se rige por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual prevé en el artículo 52 que la autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez de ejecución tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En tales condiciones, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla un mecanismo por el cual el traslado involuntario como el ejecutado respecto a la quejosa, debe ser revisado de oficio por el Juez de Ejecución Penal; extremo que en el caso se actualizó pues el trece de diciembre de dos mil diecinueve la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León ejerció la revisión del referido traslado, calificándolo de legal; de lo cual fue notificada la peticionaria del amparo el siete de diciembre de dos mil veinte, tal como consta en el expediente de ejecución 2386/2018. En ese orden de ideas, al reclamar dicho traslado, en el ámbito de sus respectivas competencias a las autoridades: 1) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y 2) Directora General del Centro Federal Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, 3) Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León, 4) Director del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Nuevo León; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, motivo por el cual se sobreseerse el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, ambas disposiciones de la Ley de Amparo. II. Causal de improcedencia del juicio respecto a la calificación del traslado. Por otra parte, la quejosa también reclamó la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve en la carpeta de ejecución 2386/2018-A-I, por la cual la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León calificó de legal el traslado ordenado y ejecutado por las autoridades penitenciarias. Sin embargo, por cuanto tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la peticionaria de amparo no agotó el principio de definitividad, al abstenerse de promover el recurso de apelación contemplado en el artículo 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a acudir a esta instancia constitucional. Ello, en atención a que conforme a dicha disposición procede el medio de defensa señalado contra las resoluciones que se pronuncien sobre traslados. En ese orden de ideas, a través de la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve que la quejosa combate, el Juez de Ejecución responsable calificó de legal el traslado efectuado el veintisiete de marzo del mismo año, del Centro de Reinserción Social de Escobedo Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, con sede en Coatlán, Morelos. Tal determinación fue notificada el siete de diciembre de dos mil veinte, como se aprecia de la constancia remitida por la autoridad judicial responsable que enseguida se trascribe: En tales condiciones, al estar notificada formalmente de la resolución por la cual la Jueza de Ejecución calificó de legal el traslado, la quejosa estuvo en aptitud de interponer en su contra el recurso de apelación previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en atención al principio de definitividad. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), con el rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En ese tenor, al no haber interpuesto el recurso en comento, la quejosa no observó el principio de definitividad que rige en la materia y, por tanto, se sobresee en el juicio de amparo de conformidad con los numerales 61, fracción XII, y 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. Por último, no pasa por alto la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en sesión de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, concerniente al recurso de revisión 176/2020; donde se revocó el sobreseimiento fuera de audiencia decretado por auto de veintidós de enero de dos mil veinte, así como el desechamiento de la ampliación de la demanda, ordenando admitirla por cuando al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León y Director del Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, con sede en Escobedo. No obstante, en dicha resolución se determinó que la resolución combatida quedaba sin efectos a fin de que la juzgadora federal en sentencia, se pronunciara de forma íntegra respecto a los aspectos efectivamente planteados y en su oportunidad se resolviera con plenitud de jurisdicción. Luego, el criterio adoptado en esta sentencia, no desatiende en modo alguno la ejecutoria de mérito, sino por el contrario, se ajusta a la facultad otorgada para plasmar el criterio con la libertad otorgada. SEXTO. Se habilitan horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Irma Margarita Marroquín Mendoza, respecto a los actos reclamados establecidos en el considerando segundo, por los motivos señalados en las consideraciones tercera y quinta de este fallo. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar de reclusión así como a su Asesora Jurídica. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de marzo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar la notificación personal que antecede, por la cual se hace del conocimiento el auto de tres de noviembre a la quejosa; se desprende que realiza la siguiente petición "solicito se me facilite el Juzgado 2o de Toluca Estado de México saber la Dirección correcta con todo y el código postal Gracias" (sic). En atención a lo anterior, indíquese a la parte quejosa que lo solicitado no guarda relación con el presente asunto, por lo que única ocasión se le informa que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, tiene su domicilio ubicado en Dr. Nicolás San Juan 104, 4to. Piso, col. Ex-Rancho Cuauhtémoc Toluca, Estado de México, código postal 50010. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa privada de su libertad. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Nestor Paul Lagunas Verastegui, que autoriza y da fe.
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