Irma Manuela González Martínez
Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Irma Manuela González Martínez
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito de la representante legal de la quejosa **********, por el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; toda vez que el diez de noviembre pasado se dictó sentencia en el juicio en que se actúa y se proveyó lo conducente, respecto a dicha autoridad. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1191/2023-IV, promovido por *********, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1191/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. *********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades. II. En proveído del diecinueve de septiembre pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número 1191/2023-IV, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de abstención de autoridad administrativa, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de realizar el pago de pensión por jubilación otorgada el dos de julio de dos mil veintiuno, mediante dictamen CP/71001/21, la cual fue aceptada por la parte quejosa el uno de septiembre de dos mil veintidós. Tercero. En principio, es menester destacar que los actos omisivos, en atención a su naturaleza jurídica, implican una abstención o no hacer de la autoridad responsable. Por ello, para estar en aptitud de determinar su certeza o inexistencia, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad a fin de establecer si existe o no la obligación de actuar en la forma que indica la peticionaria del amparo; pues de lo contrario, se llegaría a la conclusión errónea que cualquier omisión reclamada fuera cierta, sin que se considere la exigencia objetiva de que debe obrar en un sentido específico. En efecto, omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa Así la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y el Director General, por conducto de su representante legal, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que no es el órgano facultado para realizar el pago de pensión por jubilación otorgada el dos de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que respecta al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el Director General. Cuarto. La representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quien actúa en representación del Presidente del Comité de Pensiones negó los actos reclamados, sin embargo, dicha autoridad es la facultada para emitir el acto, por tanto se tiene por cierto. Quinto. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia o sobreseimiento que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, la apoderada legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quien actúa en representación del Presidente del Comité de Pensiones al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que señala que no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo; lo cual se estima infundado. Del análisis sistemático de los preceptos señalados se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. De lo anterior se tiene que, de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas concretas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Así, se considera que en el caso, el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sí cumple con cada una de las notas distintivas que distinguen a una autoridad pues el acto reclamado, consistente en la omisión de realizar el pago de pensión por jubilación otorgada el dos de julio de dos mil veintiuno, mediante dictamen CP/71001/21, la cual fue aceptada por la parte quejosa el uno de septiembre de dos mil veintidós, es emitido en una relación de supra a subordinación con un particular, además de que con este se modifica alguna situación jurídica pues se impide a la promovente de amparo disponer del pago de la pensión que ya le fue otorgada, provocando con ello una afectación a su esfera jurídica. De ahí que la causa de improcedencia resulte infundada. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. Quinto. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa aduce en esencia que la autoridad responsables ha omitido dar respuesta a su solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación que le fue decretada previamente, presentada el uno de septiembre del presente año, no obstante que tiene la obligación de regular el régimen de seguridad social a su favor, y de haber cumplido con los requisitos necesarios para obtener el pago de la pensión por jubilación, lo que considera transgrede en su perjuicio lo previsto entre otros numerales, lo establecido en los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expedites debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicada en la gaceta antes referida, corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Por lo que, atento a la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta sobre el trámite derivado de la aceptación de pago pensión presentada el uno de septiembre del presente año, no obstante que, conforme a las funciones previstas en la legislación aplicable al caso y constancias que obran en autos, se advierte que obra el copia de la solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación enderezada por la parte quejosa, aunado a la manifestación de certeza de la autoridad; y, de cuya documental, se advierte el sello de recibo ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin que se encuentre acreditado que la autoridad responsable atendiera la solicitud que presentara la parte quejosa para su atención y respuesta correspondiente. Documental que no fue objetada en el presente juicio, a la que se le concede valor probatorio suficiente de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y a la que se otorgó valor probatorio, conforme lo expuesto en el considerando tercero; y, por tanto, que resulte idónea para tener por acreditado plenamente la solicitud de aceptación de pensión por jubilación, formulado por la parte quejosa. Por lo que, si la autoridad cuenta con diversas funciones, como lo es, el cálculo y determinación de pensiones, así como altas y bajas en la nómina de personas pensionadas, sin que al caso se advierta la determinación correspondiente al trámite otorgado a la solicitud enderezada por la parte quejosa, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional; resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia, la autoridad responsable ha sido omisa en sus funciones, ya que conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente, el pago para la pensión respectiva, atiende al día siguiente en que cause baja el trabajador. Por ello, si la responsable no demostró de manera fehaciente haber realizado el pago de pensión a la parte quejosa previamente reconocido, no se dio cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que se vulneró en perjuicio de la aquí parte quejosa tales preceptos. Por tanto, si la parte quejosa no ha recibido respuesta alguna, ni la autoridad responsable ofreció algún medio de prueba para acreditar que realizó el trámite respectivo para la emisión de la resolución referente a la aceptación del pago de pensión, es evidente que la omisión reclamada lesiona el derecho a la seguridad social del promovente del amparo, por no hacer accesible este derecho a su favor, conforme al principio de eficacia material que le es propio. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." En ese contexto, al estar en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento tendente a obtener el pago de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la agraviada en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente determinación: a) Emita de forma inmediata la determinación con relación a la solicitud enderezada por la parte quejosa correspondiente a la aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la agraviada y, proceda al pago de la pensión previamente decreta a su favor. b) Haga del conocimiento a la quejosa dentro del término de tres días la resolución que al efecto emita en relación con la solicitud de aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la agraviada, por conducto de la Unidad de Atención al Derechohabiente en la que presentó tal solicitud. c) Remita a este Juzgado de Distrito las constancias que acrediten lo ordenado en esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por **********, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por los motivos expuestos en tercer considerando de esta resolución. Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Irma Manuela González Martínez, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días del dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica, Consultiva y de Igualdad de Género y representante legal de las autoridades señaladas como responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual informa las gestiones realizadas tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, tómese conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del veintiuno de agosto pasado, se ordenó girar exhorto electrónico al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a efecto de que emplazara a juicio a la tercero interesada de identidad resguardada de iniciales M.P.N.C., sin que a la fecha obre en autos el resultado de la diligencia encomendada. Ahora, de una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la comunicación oficial en comento fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, bajo el número 195/2023, de su estadística; por tanto, se solicita al homólogo federal en cita, para que tenga a bien informar a este órgano de control constitucional el estado procesal que guarda dicha comunicación oficial, para los efectos legales a que haya lugar. Para dar pauta a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con treinta y ocho minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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