Irma Manuela Antelo Vilches
Expediente 940/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Irma Manuela Antelo Vilches
- Jueces o magistrados que forman el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez trascurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación a la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Escrito. Finalmente glósese al sumario el escrito de cuenta que suscribe la parte quejosa por medio del cual refiere insistir en la localización del recinto oficial de la autoridad unidad especializada en delitos fiscales y financieros; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º., no ha lugar a proveer de conformidad sobre el particular, toda vez que mediante autos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio vista para que manifestara en relación con la ampliación de demanda relativa a la aludida autoridad, posteriormente, el siete de enero del año actual, al haber transcurrido el plazo concedido para ello y no haber hecho manifestación alguna al respecto, se tuvo por no ampliada la demanda de derechos y se continuó el trámite del mismo únicamente por las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda; después, se recibieron escritos por parte de la ocursante donde pretendió ampliar la demanda de amparo, informándosele la imposibilidad de acordar de conformidad en razón que el plazo para ello ya había fenecido; y finalmente el catorce de marzo de la presente anualidad, se celebró la audiencia constitucional y sentencia respectiva, misma que en esta data al no haberse interpuesto el recurso correspondiente ha causado ejecutoria. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien autoriza y da fe, con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, así como con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula VI-8, con sede en Navojoa, Sonora; asimismo, conforme a la certificación que antecede, se hace constar que en el presente asunto transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse de los informes justificados, sin que al respecto hicieran manifestación alguna. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por visto el contenido de la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos se advierte que, por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno ?en cumplimiento a la solicitud expresa de la quejosa? se dejó de tener como autoridad responsable al comandante de grupo de la Policía Judicial Federal, con sede en esta ciudad; asimismo, mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables que el quejoso denominó director de la Policía Judicial Federal del Distrito de Hermosillo y encargado del Centro de Mando de la Policía Federal en Sonora, ambas con sede en esta ciudad, ordenándose suspender toda comunicación con las autoridades en cita. De igual forma, por acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, se tuvo como autoridad no designada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Institución, con sede en Ciudad de México, en virtud de que la parte quejosa no la señaló como responsable, a pesar de haber sido requerida oportunamente para ello. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que, en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, se advierte que atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no se advierte tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el diecinueve siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Irma Manuela Antelo Vilches, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Admisión de demanda. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las |autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de derechos, en relación con la nueva autoridad responsable, titular de la Agencia del Ministerio Público Federal de Navojoa, Sonora, a quien se le requirió su informe con justificación respectivo. Vista personal a la quejosa con diversa autoridad responsable. En auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa a efecto de que, dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Institución, con sede en Ciudad de México, sin que realizara manifestación alguna, por lo que, en proveído de siete de enero de del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordenó la continuación del trámite del presente asunto, únicamente por los actos y autoridades señaladas en el escrito de demanda. Seguida la secuela del procedimiento, la audiencia constitucional, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión o comparecencia girada en contra de la quejosa, así como su ejecución. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado las siguientes autoridades responsables: 1) Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; y, 2) Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VI-8, con sede en Navojoa, Sonora. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ahora bien, es menester señalar que este Juzgador Federal no soslaya en forma alguna la información proporcionada por la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VI-8, con sede en Navojoa, Sonora, en el sentido de que, el tres de noviembre de dos mil veinte, inició la carpeta de investigación FED/SON/NAVO/0002723/2020, en contra de la quejosa, por su probable participación en la comisión del ilícito previsto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, la cual, mediante oficio de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, fue remitida en incompetencia, a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Institución, con residencia en la Ciudad de México. Ahor, en relación con lo vertido en el párrafo previo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. .III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos de una autoridad que no es designada como responsable. En ese sentido, si en el caso en estudio, del informe con justificación rendido por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula VI-8, con sede en Navojoa, Sonora, este operador jurídico advirtió la participación de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, en el caso, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Institución, con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, a pesar de haber sido requerida oportunamente para ello ?conforme lo dispone el artículo 111 de la Ley de Amparo?, la parte quejosa no la señaló como responsable; por tanto, deviene inconcuso que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto que por esta vía se le podría reclamar a la consabida autoridad, quien posiblemente giró una orden de aprehensión o comparecencia en contra de la impetrante. Lo anterior es así, porque conforme a lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa señalar, en el caso, a la autoridad responsable que posiblemente participó en el acto reclamado atinente a la emisión de una orden de aprehensión o comparecencia; en ese sentido, no es dable que este juzgador supla la deficiencia de la queja prevista por el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, pues tal dispositivo no autoriza a cambiar los sujetos de la relación procesal, por lo que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales con los actos que por este medio constitucional controvierte. De estimar lo contrario, se llegaría al extremo que, ante una eventual concesión del amparo a la parte peticionaria, este órgano jurisdiccional ordenaría el cumplimiento de la ejecutoria a una autoridad que no intervino en la contienda constitucional ?en el caso, que dejara insubsistente la orden de aprehensión o comparecencia dado el evento que se haya librado en contra de la impetrante?, cuando no fue parte formal dentro del juicio de amparo, lo que implicaría fehacientemente una decisión contraria a derecho. En ese sentido, la quejosa debió señalar a la autoridad en cita, la cual, posiblemente libró las órdenes restrictivas de libertad en su contra; de ahí que, al no haberla señalado dentro del plazo otorgado para tal efecto, no será posible en este asunto, tener certeza jurídica si se emitieron los mandamientos restrictivos de libertad reclamados ?orden de aprehensión o comparecencia?, por la autoridad no designada en cita. Resulta aplicable al caso, por las razones que la sostiene, la tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Finalmente, debe decirse que lo fallado en la presente sentencia, no implica negar acceso a la justicia a la quejosa, ya que en el presente asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta y registro 2005917, que informa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". De la misma manera cobra aplicación, por analogía, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". V. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado IV, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo; asimismo, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta del contenido establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción II y 108, fracción III, de la indicada legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. en términos del precepto 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se VI. Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irma Manuela Antelo Vilches, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de esta sentencia. Notifíquese, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega Razón. La suscrita María Guadalupe Noriega Vega, certifica y hace constar que esta es la parte final de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo ********************. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito con anexos de cuenta, suscrito por la parte quejosa por medio del cual nuevamente amplia su demanda por la autoridad responsable Unidad Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Institución, con sede en ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º., no ha lugar a proveer de conformidad sobre el particular, toda vez que mediante auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se acordó lo conducente al haberse recibido el mismo escrito de cuenta. Copias. Por otra parte en relación con las copias que solicita; con fundamento en el artículo 8 constitucional, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, las que serán entregadas previa razón de recibo que se deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que refiere en el escrito que se atiende. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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