Irma Maldonado Mancilla

Expediente 271/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
271/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Irma Maldonado Mancilla

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 6913/2023, enviado por el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 130/2023-V, con número de orden 185/2023-V, girado con el propósito de notificar a las quejosas********************, el auto de siete de marzo del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y dése de baja de la estadística de este tribunal la citada comunicación oficial. Enseguida, de las constancias que se reciben con el comunicado de cuenta, se advierte que la encomienda solicitada se realizó el tres de los corrientes, sin que las referidas quejosas hayan señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminadas en auto de siete de marzo de la presente anualidad, y se instruye a la actuaria judicial de la adscripción para que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realicen por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto por el artículo 29, de la Ley de Amparo. Por otro lado, vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que********************, no interpusieron el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el siete de marzo del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, siete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 3955/2023, signado electrónicamente en conjunto por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas y por el secretario adscrito a dicho tribunal, al que anexan el original del juicio de amparo ******************** del índice de ese juzgado, promovido por ********************, en contra de actos del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de esta localidad, en cumplimiento al auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se declaró incompetente para conocer el citado asunto, declinó competencia a favor de este órgano de control jurisdiccional y turnó los autos a este Juzgado Federal. Regístrese el asunto en el libro de gobierno respectivo bajo el número 271/2023-V. En el caso, la parte agraviada señaló como acto reclamado el siguiente: "Lo constituye la denegación del recurso de apelación contenida en auto de fecha 21 de Febrero del 2022 mismo que obra en autos DENTRO DEL EXPEDIENTE ******************** RADICADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN EL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO." Por tanto, el juez declinante manifiesta carecer de competencia para conocer del citado juicio de amparo y que a su vez se surte a favor de este órgano de control constitucional, en virtud de que refiere que el acto reclamado en este asunto tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, ya que se advierte que la ejecución material del auto combatido, en el que se desechó el recurso de apelación intentado, se emitió dentro del expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, el suscrito hace suyos los razonamientos vertidos por el juzgador declinante. En tales condiciones, al actualizarse la primera hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano judicial acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Hágase lo anterior del conocimiento al juzgado declinante, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa reclama al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, el auto emitido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ********************, en el que se negó admitir a trámite el recurso de apelación que hicieron valer en contra de la resolución número ********************, dictada el diecisiete de ese mismo mes y año, que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por su abogada autorizada en contra del diverso de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvieron por admitidas las pruebas documental y confesionales a su cargo. De lo anterior, se desprende que el motivo de disentimiento de las peticionarias de garantías es la negativa de admitir el recurso de apelación intentado en contra de la resolución emitida con motivo del recurso de revocación que hicieron valer en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se admitieron las pruebas consistentes en documental pública y las confesionales por posiciones a su cargo. Así las cosas, la pretensión de las agraviadas con la demanda que ahora se recibe se hace consistir en que dichos medios de convicción no sean desahogados dentro del juicio de origen. Al respecto, a juicio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." Cabe destacar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Materia Común, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque sólo se pueden afectar, en un momento dado, derechos procesales de la parte promovente, en cuanto a la existencia de los medios de prueba en comento dentro del expediente de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como se verá. En primer término, conviene destacar que la parte quejosa no se ostenta como tercera extraña al procedimiento, ni por equiparación, pues de su escrito de demanda se desprende que el expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, se promovió en su contra. Precisado lo anterior, dentro del ocurso inicial de demanda, así como de las documentales que se acompañaron a ésta, se desprende que el recurso de apelación que la autoridad negó admitir a trámite, en contra de la resolución de revocación, lo fue en contra de un auto en el que se admitieron diversas probanzas. Como puede verse, el acto aquí combatido no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la sentencia relativa en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que se reclama no priva a las agraviadas, en el caso particular, en su carácter de parte en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que la admisión y desahogo de las probanzas únicamente pueden constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales y, además, lo cual será motivo de análisis y valoración al momento en que el juez de origen dicte sentencia definitiva. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene sentencia favorable. Por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, se encuentra relacionado con la admisión de diversas probanzas, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, ya que el único efecto que produce es que dichas pruebas sigan siendo parte del material probatorio dentro del expediente de origen, pero no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Cierto, en todo caso las violaciones que pudiera entrañar los medios de convicción de mérito puede ser remediada en la sentencia que se llegara a dictar en el expediente ********************, y, en caso de que resulte perjudicial al ahora inconforme, podrá impugnarse en amparo directo, en el que alegará el acto que ahora reclama como violación al procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia I. 1°.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, materia Común, Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro ********************, abril de 2016, Tomo III, página 1902, que señala lo siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Por lo anterior, se insiste, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo que se intenta por esta vía, se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 803 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, que a continuación se cita: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Por otra parte, la parte agraviada señala como autorizados a ********************; sin embargo, toda vez que no se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se le faculta para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, conforme a la parte final del artículo 12 de la ley de la materia. Asimismo, dado que el domicilio que dicha parte precisó para oír y recibir notificaciones es el ubicado en ********************, esto es, fuera de la jurisdicción de este tribunal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo ********************8 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2°, de esta última ley, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Tamaulipas, en turno, con sede en Ciudad Victoria, para que en auxilio de las labores de este órgano, comisione al personal que corresponda, a fin de que se constituya en el lugar señalado anteriormente y le notifique de manera personal a ********************, el presente proveído, debiéndoles requerir para que dentro del término de tres días computado legalmente, señalen domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; apercibiéndolas que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la legislación de amparo, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la diligencia ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra la comunicación oficial de mérito, entre ellas, habilitar días y horas inhábiles, así como imponer sanciones; hecho que sea lo anterior, la devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

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