Irma Lydia López Nathal

Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
735/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Irma Lydia López Nathal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco del mes y año en curso (fojas 138 y 139), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de este mes (foja 140), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el trece del presente mes (fojas 141 a 143); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del quince al veintiuno del mes en curso, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, así como el veinte de noviembre, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo; además, de conformidad con el inciso c) de los puntos primero y segundo del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, publicado el siete de febrero de dos mil seis, en el Diario Oficial de la Federación, se consideran como días inhábiles y días de descanso los lunes en que por disposición del precepto 74 de la Ley Federal del Trabajo, deje de laborarse, razón por la cual, el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, no fue laborable. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". En ese sentido, mediante resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 39 a 55), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado, con sustento en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la copia certificada del recibo del pago realizado ante el banco Banco Santander (México), Sociedad Anónima por la solicitante del amparo, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado, cantidad que se estableció en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en su fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)" Resolución que quedó firme por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La paz, Baja California Sur, mediante ejecutoria dictada el veintidós de agosto del año en curso, dentro del amparo en revisión 690/2019 de su índice, terminada de engrosar el veintiocho siguiente (fojas 90 a 109). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la agraviada, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad $18,570.67 (Dieciocho mil quinientos setenta pesos 67/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cinco de noviembre del año en curso (fojas 138 y 139), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la promovente del amparo, el uno de noviembre de esta anualidad, por la cantidad de $18,385.48 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de 18,570.67 (Dieciocho mil quinientos setenta pesos 67/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenían que descontar la diversa suma de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de 18,280.67 (Dieciocho mil doscientos ochenta pesos 67/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (foja 8) y el uno de noviembre del año en curso, la autoridad responsable efectuó la transferencia a la aquí quejosa antes indicada (foja 139); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecinueve a septiembre de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de esta anualidad fue de 103.942 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $18,432.39 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $151.72 (Ciento cincuenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $18,385.48 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver al agraviado era de $18,432.39 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $18,385.48 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), es decir, no entregó $46.91 (Cuarenta y seis pesos 91/100 Moneda Nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto ésta para devolver dicho monto y la quejosa a fin de que se le devuelva serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco del mes y año en curso (fojas 138 y 139), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de este mes (foja 140), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el trece del presente mes (fojas 141 a 143); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del quince al veintiuno del mes en curso, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, así como el veinte de noviembre, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo; además, de conformidad con el inciso c) de los puntos primero y segundo del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, publicado el siete de febrero de dos mil seis, en el Diario Oficial de la Federación, se consideran como días inhábiles y días de descanso los lunes en que por disposición del precepto 74 de la Ley Federal del Trabajo, deje de laborarse, razón por la cual, el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, no fue laborable. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". En ese sentido, mediante resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 39 a 55), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado, con sustento en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la copia certificada del recibo del pago realizado ante el banco Banco Santander (México), Sociedad Anónima por la solicitante del amparo, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado, cantidad que se estableció en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en su fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)" Resolución que quedó firme por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La paz, Baja California Sur, mediante ejecutoria dictada el veintidós de agosto del año en curso, dentro del amparo en revisión 690/2019 de su índice, terminada de engrosar el veintiocho siguiente (fojas 90 a 109). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la agraviada, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad $18,570.67 (Dieciocho mil quinientos setenta pesos 67/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cinco de noviembre del año en curso (fojas 138 y 139), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la promovente del amparo, el uno de noviembre de esta anualidad, por la cantidad de $18,385.48 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de 18,570.67 (Dieciocho mil quinientos setenta pesos 67/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenían que descontar la diversa suma de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de 18,280.67 (Dieciocho mil doscientos ochenta pesos 67/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (foja 8) y el uno de noviembre del año en curso, la autoridad responsable efectuó la transferencia a la aquí quejosa antes indicada (foja 139); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecinueve a septiembre de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de esta anualidad fue de 103.942 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $18,432.39 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $151.72 (Ciento cincuenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $18,385.48 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver al agraviado era de $18,432.39 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $18,385.48 (Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), es decir, no entregó $46.91 (Cuarenta y seis pesos 91/100 Moneda Nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto ésta para devolver dicho monto y la quejosa a fin de que se le devuelva serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano