Irma Lopez Peesquera
Expediente 429/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Irma Lopez Peesquera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Por recibido el escrito firmado por el licenciado ***, apoderado legal de ***, ésta en su carácter de albacea de la sucesión a nombre del tercero interesado ***. En atención a su contenido se provee: EXPEDICIÓN DE COPIAS. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 8° Constitucional en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídansele a su costa, las copias que solicita. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES. En atención a su petición de que se le devuelvan las documentales que refiere, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 178-181), en el que se dejaron a su disposición. Se hace de su conocimiento, que una vez que comparezca ante esta secretaría para los efectos precisados en supralíneas, la persona que lo haga, deberá hacerlo debidamente identificada con credencial oficial vigente con fotografía, y una vez hecho lo anterior, se asentara la razón de recibo correspondiente.
- Principal
SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, en virtud de que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, inciso e), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Se precisa que en la presente ejecutoria el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa, del tercero interesado y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES. Dado que resulta innecesaria la retención de las documentales remitidas por el juez Segundo Civil de Partido, con sede en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, consistentes en copias certificadas del juicio de jurisdicción voluntaria, información testimonial Ad-perpetuán número *** de su índice (constante de un tomo), mismo que se ordena devolver a su lugar de origen, ordenándose glosar al presente expediente la carátula respectiva, para los fines legales conducentes. Se le solicita a dicha autoridad, el acuse de recibo correspondiente. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.
- Principal
En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual una vez concluida en todas sus etapas, se resolvió: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos señalados en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Por recibido el escrito firmado por el licenciado ***, apoderado legal de ***, esta en su carácter de albacea de la sucesión a nombre del tercero interesado ***, personalidad que se le reconoce al ocursante, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que lo acredita con copia certificada de la escritura pública número 30,046, pasada ante la fe del licenciado Juan Pablo Olivares Arana, titular de la Notaría Pública número 11, con ejercicio en la ciudad de Santiago de Querétaro, en la que se le confiere la calidad que detenta. Por ende, se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo en el estado procesal en que se encuentra. PRUEBAS. Téngase a la parte oursante exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña a su escrito de cuenta, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo al numeral 119 de la Ley de Amparo. COTEJO DE PRUEBAS PARA AGREGARSE AL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se ordena el cotejo y compulsa de la documental exhibida por el apoderado de la tercera interesada, con las simples que exhibe, a fin de que la misma sea agregada al presente expediente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES. Asimismo, como lo solicita el ocursante, se ordena la devolución de las documentales que acompaña, conforme lo establece el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, la cual se ordena dejar en la secretaria de este tribunal federal. Se hace de su conocimiento, que una vez que comparezcan ante esta secretaría para recoger dicha documental, la persona que lo haga deberá hacerlo debidamente identificada con credencial oficial vigente con fotografía, y una vez hecho lo anterior, se asentará la razón de recibo correspondiente. DOMICILIO PROCESAL. Toda vez que el ocursante señala los estrados de este tribunal, para oír y recibir notificaciones personales, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en el cual se ordenó que se las subsecuentes notificaciones, se le realicen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo establecidos en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo (foja 168). AUTORIZADOS. De igual forma, se tiene como autorizados de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tiene registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil; en tanto que a ***, en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, por no obrar registrada su respectiva cédula en la nombrada base de datos. ALEGATOS. Asimismo, se le tienen por hechas las manifestaciones que a manera de alegatos realiza en su favor, las cuales se ordena agregar de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la Materia, los cuales serán tomados en consideración una vez que se emita la sentencia condigna. Respecto de la causal de improcedencia que cita, así como la solicitud de que por ello se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, dígasele que una vez que se emita la sentencia correspondiente, se examinará la referida causal. Por otro lado, en atención a que este Tribunal Federal, gire oficio a los jueces Primero y Segundo Civiles de Partido, ambos con sede en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, a efecto de que remitan a este tribunal federal copias certificadas respecto de los juicios que existieran en sus respectivos índices, a nombre de la ahora quejosa. Dígasele que por el momento tal petición es improcedente, toda vez que el artículo 121 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes." De ahí que no sea factible acceder a su solicitud, toda vez que no acredita en forma alguna haber realizado las gestiones correspondientes para que la referida autoridad le proporcione copia certificada de los documentos que indica; y mucho menos que se las hayan negado, tal como lo establece el citado precepto 121 de la Ley de Amparo, pues es precisamente al oferente de las probanzas a quien corresponde allegar las pruebas que considere pertinentes tendientes a probar sus objeciones, y sólo en la hipótesis de no obtener respuesta favorable, entonces es posible proceder en los términos peticionados, acorde con el numeral en cita. Esto, siempre y cuando formen parte del acto reclamado, dado que el mismo se apreciara tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, en atención a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." En efecto, de la interpretación lógica y sistemática del artículo 75 de la Ley de Amparo, en el caso en concreto, al manifestar que tiene el tercero interesado Blas Vilchis Morán es parte en demandada en el juicio de origen, la albaca de dicha sucesión, está en aptitud de solicitarles las documentales que pretende se alleguen a este expediente, dado que a su consideración pueden beneficiarle. Toda vez que bien sabido es, que en materia procesal destaca la aplicación por parte del Juzgador Federal de diversos principios generales del derecho, entre los cuales está el de preclusión, exhaustividad, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Obligatoriamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. Y resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final; por lo cual, resulta inadmisible solicitar las pruebas documentales que refiere por razones de economía procesal. Lo cual además se encuentra sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, al establecer la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En virtud de lo expuesto, únicamente se le tienen como anunciadas dichas documentales, ya que una vez que las exhiba, o en su caso acredite la imposibilidad que tenga para ello, se acordará lo que en derecho proceda, siempre y cuando las mismas sean conducentes para el estudio del presente juicio. Por último, en atención a su petición de que se le de vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la posible comisión de delitos contenidos en diversos ordenamientos, por considerar que el quejoso pretende apoderarse de un bien de su propiedad alegando en su demanda de amparo hechos falsos; dígasele que se dejan a salvo sus derechos, para si es su deseo, los haga valer en la vía correspondiente.
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