Irma Lopez Ortiz
Expediente 1945/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1945/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Irma Lopez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Incidental
MESA 9.R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Irma López Ortiz, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria.
- Incidental
MESA 9.VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintinueve, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe previo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Por otra parte, respecto al oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintinueve, no ha lugar a acordar el informe previo que rinde, en virtud de que no está señalado como autoridad responsable en la presente incidencia.
- Incidental
MESA 9.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por Irma López Ortiz, contra el acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintinueve del Estado de Tabasco, que estima violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Y APERCIBIMIENTO. De conformidad con los artículos 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento de su notificación, enviándole al efecto copia simple de la demanda; el que también podrá remitir vía fax al número 01 (993) 310 5023, expresando si es o no cierto el acto reclamado; apercibida que en caso de omisión, se presumirá cierto y como lo dispone el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia aplicable; se le impondrá una multa de (100) cien Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, por lo que se refiere al acto reclamado la parte quejosa lo hace consistir en: La omisión de notificar personalmente el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. El desposeimiento de la parcela que habita. MATERIA DE LA SUSPENSIÓN La parte quejosa en el juicio de amparo 1867/2019-3, solicitó la medida cautelar en contra de la omisión de notificar personalmente el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por lo que en esta incidencia se pronunciará únicamente por el desposeimiento de la parcela que habita, en virtud de que en esta data se acumuló el juicio de donde deriva esta incidencia al juicio 1867/2019-3. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés suspensional y la afectación; c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, d. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con su ejecución. En el caso concreto, no se cumple con el segundo de los requisitos anteriormente precisados. Lo anterior es así, ya que no se acredita la existencia del interés suspensional por parte de la quejosa, que le permita solicitar la suspensión del acto reclamado. Así es, acorde los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, sólo puede promover el juicio de amparo, aquélla persona que sea titular de un derecho subjetivo o legítimo, y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica; además, se prevé que cuando se combaten resoluciones o actos de tribunales judiciales, es necesario acreditar el interés jurídico. Tal exigencia, resulta indispensable que se acredite también en el incidente de suspensión, al ser derivado de aquél; por lo que, cuando se solicita la suspensión respecto de resoluciones o actos de tribunales judiciales, se requiere, como un requisito de procedibilidad, a fin de constatar la existencia del derecho que se trata de proteger, acreditar la existencia de la titularidad de un derecho y que el acto de autoridad reclamado le haya causado un agravio al mismo. En este caso, la quejosa reclama el desposeimiento de la parcela que habita; sin embargo, la parte quejosa no acredita ni siquiera presuntivamente el interés suspensional para obtener la medida cautelar en comento, ello es así, tomando en consideración que no exhibió ningún documento idóneo y suficiente con el que demuestre la afectación que le provoca el acto reclamado, esto es, no demostró tener la titularidad o, posesión del bien inmueble en cuestión. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 96/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado", En las narradas circunstancias, al advertirse que no acredita de manera indiciaria el interés del agravio, ni que afecte su esfera jurídica individual, no es dable concederle la suspensión que solicita, toda vez que es menester que acredite el interés con que cuenta para solicitar la medida cautelar, lo anterior aun cuando se suponga cierto el acto que reclama; además, ello no es óbice, para que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, acredite aunque sea de forma indiciaria que el acto que señala como generador de molestia, conculca su esfera jurídica; por tanto, en términos del citado numeral, se niega la suspensión provisional solicitada por el solicitante de amparo. Lo anterior es así, ya que la suspensión en materia de amparo, tiene como finalidad detener actos que se están ejecutando o evitar que se ejecuten aquéllos que puedan causar perjuicio a persona alguna. Bajo las condiciones apuntadas, se concluye que en la especie no se satisfacen en su totalidad los requisitos del numeral 128 de la ley de la materia; esto es así, toda vez que la parte peticionaria de la medida provisional debe demostrar, por lo menos presuntivamente, su interés suspensional para gestionarla a su favor; se dice presuntivamente, porque dada la naturaleza sumarísima del trámite del incidente de suspensión, no se puede exigir a la parte incidentista prueba plena; empero, las bondades de esta institución, no llegan al extremo de proteger mediante la paralización temporal de la ejecución de los actos reclamados, a quien no acredite de alguna manera que el acto combatido le irroga agravio en su esfera jurídica (interés jurídico) o alguna afectación (interés legítimo). Así pues, tomando en consideración que si bien es cierto, la parte quejosa ocurre a solicitar la protección federal en contra del desposeimiento de la parcela que habita; también lo es, que la documental que anexó a su libelo de amparo, resulta insuficiente, puesto que dicha notificación va dirigida a Víctor Manuel Jiménez Cordova y el presente asunto lo promueve Irma López Ortiz; además de que la misma se encuentra en copia simple, la cual carece de valor probatorio para el suscrito y por ello no produce convicción sobre la veracidad de la misma; de ahí que no es válido otorgar la suspensión provisional del aludido acto reclamado. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Razonamiento que no se contrapone con la apariencia del buen derecho; lo anterior, en virtud de que debe satisfacerse primeramente los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a fin de que no se contravengan disposiciones de orden público o se cause perjuicio al interés social. Brinda sustento jurídico la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y testo siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". De igual forma, resulta aplicable en lo conducente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 328, Tomo XII, Septiembre de 1993, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juristantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jonás Leyva Gómez y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredite como Licenciados en Derecho. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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