Irma Lomelí Velázquez
Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/01/2023
Partes del expediente
- Irma Lomelí Velázquez
- Ministerio Público de la Federación Adscrito.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
ista la certificación de cuenta, se advierte que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito cambió de denominación con motivo del "Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio"; ampliando la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior se hace del conocimiento a las partes del presente juicio para los efectos legales correspondientes. En otro orden de ideas, visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en atención de que ya transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por ésta, sin que hubiera hecho manifestación al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77, de la Ley de Amparo, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En este caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Antecedentes. En ese sentido, por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, resolvió: "PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Irma Lomelí Velázquez, contra los actos que reclama de las autoridades responsables, en términos del considerando sexto de la presente resolución, para los efectos ordenados en el considerativo séptimo." (sic). Sentencia que quedó firme en uno de diciembre de dos mil veintidós, motivo por el cual este Juzgado requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en los términos precisados en la sentencia de amparo, siendo los siguientes: "SÉPTIMO. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución, la concesión del amparo se traduce en que la autoridad responsable Juez de Primera instancia de Tecate, Baja California. Deberá dejar sin efectos el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 221/2019, únicamente por lo que hace al 50% (cincuenta por ciento) respecto al bien inmueble identificado como lote 29 de la manzana 12, consistente en una casa-habitación, ubicada en calle Laurel No. 29, colonia Centro Urbano 70-76, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con una superficie de 128.00 metros cuadrados, del cual la quejosa es copropietaria; sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C.J/21, de la Novena Época, con número de registro 177771, instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Común, Página 1305, que dice: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." (SIC) En acatamiento a ello, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se recibieron en este Juzgado Federal los oficios 4932/2022 y 4930/2022 con anexo enviados por el Juez y Actuario responsables, de los cuales se advierte que la mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, ordenó cancelar el embargo trabado por diligencia actuarial de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace al 50% respecto al bien inmueble embargado identificado como lote 29 de la manzana 12, consistente en una casa habitación ubicada en calle Laurel, número 29, colonia Centro Urbano 70-76, en esta ciudad, con superficie de 128.00 metros cuadrados, del cual la quejosa es copropietaria. Posteriormente, el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, por oficio RPPCTJ/JUR/8617/2022, de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, informó que realizó la cancelación parcial de la partida 6234510 sección civil de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, únicamente por lo que corresponde al 50% de los derechos de copropiedad de Irma Lomelí Vázquez, con respecto del bien inmueble identificado con folio real: 992860,la cual genero la partida 6305096 sección civil de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós Constancias con las que se dio vista a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, y las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202, de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, sin que ésta hiciera manifestación en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Calificación de cumplimiento. Consecuentemente, se advierte que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, toda vez que se canceló el embargo trabado por diligencia actuarial de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace al 50% respecto al bien inmueble embargado identificado como lote 29 de la manzana 12, consistente en una casa habitación ubicada en calle Laurel, número 29, colonia Centro Urbano 70-76, en esta ciudad, con superficie de 128.00 metros cuadrados, del cual la quejosa es copropietaria; con lo que se le dio vista a la parte quejosa, sin que la parte quejosa realizara manifestación al respecto no obstante de estar notificada para ello. Por lo anterior, es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; en consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. El expediente en que se actúa es susceptible de depuración, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Cuadernos incidentales. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de tres años que prevé el numeral en cita. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" De igual forma, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y (.)" Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Vista para el recurso de inconformidad.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio el treinta de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria; en consecuencia, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias a este Juzgado de Distrito, con las que acredite el cumplimiento que hayan dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible realizar la notificación de la tercero interesada Amelia Parra Gallegos, por los motivos asentados en dicha constancia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, 27 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte tercero interesada el contenido de la sentencia dictada en treinta de septiembre del presente año, así como los subsecuentes autos, por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este órgano jurisdiccional, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones. PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ***, contra los actos que reclama de las autoridades responsables, en términos del considerando sexto de la presente resolución, para los efectos ordenados en el considerativo séptimo
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