Irma Lizeth García Ortega
Expediente 752/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Irma Lizeth García Ortega
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda vez que se encuentran documentos que anexó la parte quejosa al presente asunto como pruebas, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero Civil en esta ciudad y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de que se trata. Al respecto, la suscrita Juzgadora considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, establecen lo siguiente: ... De esas disposiciones, en la redacción abrogada, el Pleno del Alto Tribunal del País estableció que procede el juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, es decir, que los derechos afectados sean distintos a los que se puedan afectar con la ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; a condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo y/o lanzamiento emitida dentro de los autos del expediente ********************, del orden del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, respecto del inmueble ubicado en ********************, con superficie de ******************** metros cuadrados de terreno y una construcción de cuarenta metros ochenta centímetros cuadrados, bajo las siguientes medidas y colindancias, al norte con ******************** metros, colinda con lote ********************; al sur en ******************** metros, colinda con lote ********************; al oriente en ******************** metros, colinda con ********************; y, al poniente en ******************** metros, colinda con ********************. Es de precisarse que, la parte quejosa se ostenta en su demanda de derechos fundamentales como tercero extraña al juicio de origen. Sin embargo, en términos del artículo 88 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, conviene tener presente el diverso juicio de amparo ********************, del índice este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí quejosa, en el que reclamó: 1. La falta de emplazamiento al juicio extraordinario civil hipotecario número ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, seguido ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, en esta ciudad y 2. Como consecuencia, todo lo actuado en el juicio extraordinario civil hipotecario número ********************. En dicho sumario se estableció mediante sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en lo que interesa, que la adjudicación por herencia de los derechos posesorios en favor de la aquí quejosa respecto del inmueble que por esta vía se pretende defender, resultaba inoponible al derecho de propiedad adquirido por el ahí tercero interesado ********************, con motivo de la adjudicación del inmueble de que se trata; toda vez que la trasmisión del inmueble en cuestión, en favor del fallecido esposo de la promovente del amparo, se efectuó en forma posterior a la inscripción de la hipoteca y de manera previa a la instauración del juicio de origen, sin que se encontrara demostrado en esa instancia constitucional, que el acreedor, actor en el juicio natural, tuvo conocimiento de su existencia. Por lo anterior, en lo que interesa, se negó el amparo solicitado a la impetrante del amparo; dicho fallo fue recurrido a través del recurso de revisión, mismo que tocó su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en sesión ordinaria virtual de veinte de abril de dos mil veintidós, en los autos del amparo en revisión administrativa ********************, determinó confirmar el fallo recurrido. En ese sentido, si la solicitante del amparo pretende combatir la orden de desalojo y/o lanzamiento respecto del inmueble ubicado en ******************** con las medidas y colindancias ya referidas, resulta inconcuso que, atento a lo previamente expuesto, esa circunstancia es consecuencia directa de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio extraordinario civil hipotecario número ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, seguido ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, en esta ciudad; respecto del cual, en el diverso juicio de amparo ********************, del índice este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí quejosa, se determinó que la adjudicación por herencia de los derechos posesorios en favor de la aquí quejosa respecto del inmueble que por esta vía se pretende defender, resultaba inoponible al derecho de propiedad adquirido por el ahí tercero interesado ********************, con motivo de la adjudicación del inmueble de que se trata; toda vez que la trasmisión del inmueble en cuestión, en favor del fallecido esposo de la promovente de aquel amparo, se efectuó en forma posterior a la inscripción de la hipoteca y de manera previa a la instauración del juicio de origen, sin que se encontrara demostrado en esa instancia constitucional, que el acreedor, actor en el juicio natural, tuvo conocimiento de su existencia. Por tanto, con la orden de lanzamiento y/o desalojo no se afectará un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. De ahí que, resulte improcedente el juicio de amparo en su contra. Así, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, y por tanto lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los licenciados********************. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieci********************; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el ******************** de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese y personalmente."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero Civil en esta ciudad y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de que se trata. Al respecto, la suscrita Juzgadora considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, establecen lo siguiente: ... De esas disposiciones, en la redacción abrogada, el Pleno del Alto Tribunal del País estableció que procede el juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, es decir, que los derechos afectados sean distintos a los que se puedan afectar con la ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; a condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo y/o lanzamiento emitida dentro de los autos del expediente ********************, del orden del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, respecto del inmueble ubicado en ********************, con superficie de ******************** metros cuadrados de terreno y una construcción de cuarenta metros ochenta centímetros cuadrados, bajo las siguientes medidas y colindancias, al norte con ******************** metros, colinda con lote ********************; al sur en ******************** metros, colinda con lote ********************; al oriente en ******************** metros, colinda con ********************; y, al poniente en ******************** metros, colinda con ********************. Es de precisarse que, la parte quejosa se ostenta en su demanda de derechos fundamentales como tercero extraña al juicio de origen. Sin embargo, en términos del artículo 88 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, conviene tener presente el diverso juicio de amparo ********************, del índice este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí quejosa, en el que reclamó: 1. La falta de emplazamiento al juicio extraordinario civil hipotecario número ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, seguido ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, en esta ciudad y 2. Como consecuencia, todo lo actuado en el juicio extraordinario civil hipotecario número ********************. En dicho sumario se estableció mediante sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en lo que interesa, que la adjudicación por herencia de los derechos posesorios en favor de la aquí quejosa respecto del inmueble que por esta vía se pretende defender, resultaba inoponible al derecho de propiedad adquirido por el ahí tercero interesado ********************, con motivo de la adjudicación del inmueble de que se trata; toda vez que la trasmisión del inmueble en cuestión, en favor del fallecido esposo de la promovente del amparo, se efectuó en forma posterior a la inscripción de la hipoteca y de manera previa a la instauración del juicio de origen, sin que se encontrara demostrado en esa instancia constitucional, que el acreedor, actor en el juicio natural, tuvo conocimiento de su existencia. Por lo anterior, en lo que interesa, se negó el amparo solicitado a la impetrante del amparo; dicho fallo fue recurrido a través del recurso de revisión, mismo que tocó su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en sesión ordinaria virtual de veinte de abril de dos mil veintidós, en los autos del amparo en revisión administrativa ********************, determinó confirmar el fallo recurrido. En ese sentido, si la solicitante del amparo pretende combatir la orden de desalojo y/o lanzamiento respecto del inmueble ubicado en ******************** con las medidas y colindancias ya referidas, resulta inconcuso que, atento a lo previamente expuesto, esa circunstancia es consecuencia directa de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio extraordinario civil hipotecario número ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, seguido ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, en esta ciudad; respecto del cual, en el diverso juicio de amparo ********************, del índice este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí quejosa, se determinó que la adjudicación por herencia de los derechos posesorios en favor de la aquí quejosa respecto del inmueble que por esta vía se pretende defender, resultaba inoponible al derecho de propiedad adquirido por el ahí tercero interesado ********************, con motivo de la adjudicación del inmueble de que se trata; toda vez que la trasmisión del inmueble en cuestión, en favor del fallecido esposo de la promovente de aquel amparo, se efectuó en forma posterior a la inscripción de la hipoteca y de manera previa a la instauración del juicio de origen, sin que se encontrara demostrado en esa instancia constitucional, que el acreedor, actor en el juicio natural, tuvo conocimiento de su existencia. Por tanto, con la orden de lanzamiento y/o desalojo no se afectará un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. De ahí que, resulte improcedente el juicio de amparo en su contra. Así, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, y por tanto lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los licenciados********************. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieci********************; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el ******************** de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese y personalmente.
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