Irma Leticia Hernádez Leal
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Irma Leticia Hernádez Leal
- Actuario Notificador del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad
- Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Remite en recurso. Vista la certificación de cuenta el estado de autos, se advierte que el presente juicio se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, remítase el original del presente sumario constitucional, así como el original de los escritos de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuestos en este expediente en contra de la resolución de seis de octubre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas que autoriza y da fe. María Teresa.
- Incidental
. TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe previo rendido por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit. Domicilio. Luego, con fundamento en los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del arábigo 2, se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala la autoridad antes referida. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teresa
- Principal
. Tepic, Nayarit, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito. Vistos los escritos signados vía electrónica por Francisco José García Barbosa, apoderado legal de la quejosa Irma Leticia Hernández Leal través de los cuales, en el primero aclara que lo requerido en auto de siete del mes y año en curso, y señala que no es su deseo suspender respecto a la interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, tramítese por cuerda separada y en un solo cuaderno físico el incidente de suspensión, respecto del acto señalado por la parte quejosa en el escrito que fue proveído en auto de siete de los actuales; ello, en atención a que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Revisión. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por Francisco José García Barbosa autorizado de la quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de seis de octubre de la presente anualidad. Se acuerda recurso. Téngase por interpuesto el mencionado recurso de revisión a dicha parte procesal, por lo que, en cuanto a la obligación que imponen a los jueces de distrito, los ordinales 84 y 89 de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la sentencia emitida, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el arábigo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y fórmese cuaderno de antecedentes en el cual se continuarán todas las actuaciones correspondientes. Notifíquese. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Noemí Torres Avilés, que autoriza y da fe. María Teresa
- Incidental
. Tepic, Nayarit, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se apertura incidente. Tramítese por cuerda separada y en un solo cuaderno físico el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1444/2022, promovido por Irma Leticia Hernández Leal, por conducto de su apoderado legal Francisco José García Barbosa, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades, ello en atención a que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 264 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Solicitud de informe previo. Con apoyo en los ordinales 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciba el oficio respectivo, en el cual, debe concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; para tal efecto se les remite copia de la demanda de derechos. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza de los actos que se les reclaman. Fecha de audiencia incidental. Se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. De la audiencia inicial se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la jueza y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Estudio de la suspensión provisional de los actos reclamados. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la ley de la materia, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados es necesario que: Expresamente la solicite el quejoso; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1376, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley". La parte quejosa solicitó expresamente que se le concediera la suspensión de los actos reclamados respecto: De las consecuencias, efectos, cumplimiento y ejecución de los actos reclamados en específico, los atribuidos al Presidente de la Sala de Conflictos entre los Municipios y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit y Actuario adscrito del acto reclamado. Asimismo, a la Sala de Jurisdicción Mixta del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, reclama la falta de actuación respecto del avocamiento, trámite y prosecución y procuración de cumplimiento del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve por el cual se ordenó despachar auto de ejecución del laudo, cálculo y pago de prestaciones líquidas. También, por cuanto hace al actuario adscrito al citado Instituto de Justicia Laboral, la omisión y contumacia de ejecutar el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Respecto de la naturaleza de los actos reclamados, se advierte que los la omisiones precisadas, son actos de naturaleza negativa, ya que implica un no hacer de la autoridad, consistente en no vigilar, ejecutar y falta de notificación del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Como se estableció, dicho acto es un acto reclamado de naturaleza negativa, ya que consiste en la omisión de la autoridad de proveer lo conducente para ejecutar el laudo. En principio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión provisional permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Dicho criterio, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 28, que dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". Con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, 139 y 147 de la ley en cita, respecto a las consecuencias del acto reclamado consistente en el auto diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables lleven a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio natural 466/2014, dentro de los plazos y términos previstos en la Ley; y, según el estado procesal que guarden los autos. Ello con la finalidad de proseguir con la ejecución del laudo, en términos del artículo 17 Constitucional. Lo anterior, pues las autoridades responsables deben velar por la efectividad de sus determinaciones y tomar en cuenta los mecanismos a su alcance, realizando las gestiones pertinentes para hacerlas cumplir. Ello, hasta en tanto la responsable tenga conocimiento de lo que resuelva la suspensión definitiva que se dicte en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1444/2022. Al respecto, es preciso indicar, que la legislación de amparo, establece en su numeral 138 que debe efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, circunstancia que queda colmada toda vez que a discreción de este Juzgado Federal, la parte quejosa satisfizo los extremos previstos por la ley en cita, para que le sea concedida la medida cautelar. Apoya a lo anterior la jurisprudencia con registro digital 253749, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en página 183, sexta parte, volumen noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto indican: "SUSPENSIÓN. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La suspensión a que se refieren los artículos 124 y relativos de la Ley de Amparo conforme a la jurisprudencia ya establecida, no sólo puede concederse respecto de actos ya dictados o actualizados, sino también respecto de actos futuros inminentes (tesis número 19 visible en la página 50 de la Sexta Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, que con el mismo número aparece en la página 36 de la Octava Parte del Apéndice 1917-1975). Y junto con estos últimos actos pueden comprenderse, en principio, no sólo aquéllos actos que tendrán que dictarse necesariamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente, o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos actos esté condicionada a la existencia legal de éste, si tales actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban, o a causar perjuicios de difícil reparación. Pues la suspensión podría hacerse nugatoria si las autoridades quedaran en posición de ejecutar actos futuros, derivados del existente o condicionados a la validez de éste, cuyas consecuencias fueran a hacer imposible o dificultar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que es el efecto propio de la sentencia que concede el amparo (artículo 80 de la Ley de Amparo), cuya materia debe preservar la suspensión.". Lo anterior, sin que se soslaye que el acto reclamado materia de concesión de la presente medida cautelar tenga el carácter de omisivo, pues la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Por tanto, la naturaleza omisiva del acto reclamado es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que la medida que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento. De modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) con registro digital 2021263, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 286, tomo I, diciembre de dos mil diecinueve, libro setenta y tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto indican: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.". Asimismo, es ilustrativa la tesis emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página tres mil cuatrocientos treinta y ocho, Tomo IV, Noviembre de dos mil veintiuno, Materia Común-Laboral, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ABIERTA DILACIÓN U OMISIÓN DE EJECUTAR UN LAUDO EN BREVE TÉRMINO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el auto por el cual el presidente de la Junta fijó fecha lejana para llevar a cabo su reinstalación, ordenada en el laudo que le fue favorable, pues en su opinión, ello constituía una tardanza excesiva de proveer adecuadamente. Por su parte, el Juez Federal negó la suspensión provisional, al considerar que de concederse, los efectos dejarían sin materia una eventual sentencia protectora, dado que la restitución que aquél solicita coincidiría exactamente, en su caso, con los del fallo protector. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o abierta dilación de ejecutar un laudo en breve término. Justificación: Lo anterior es así, pues de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." y del artículo 147 de la Ley de Amparo, se advierte que es factible conceder la suspensión provisional de los actos de naturaleza omisiva, por lo que puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con efectos positivos o negativos. Por tanto, de un análisis ponderado del derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones firmes, derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a la abierta dilación de cumplimentar un laudo en breve término, se concluye que debe concederse la suspensión provisional para que cese la omisión de la autoridad responsable, a efecto de que señale una nueva fecha para reinstalar a la parte quejosa en cumplimiento del laudo firme. Sin que la consideración de que el acto reclamado se ha consumado por haber transcurrido la fecha original fijada para la reinstalación del quejoso, o que la concesión de la suspensión dejaría sin materia el juicio, sea un argumento válido para negar la medida cautelar, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de cumplimentar el laudo en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica del quejoso, y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho familiar, actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y, en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea), de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo.". Hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que el incumplimiento de la suspensión dictada, constituye una conducta tipificada como delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;". En la inteligencia de que esta medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, sí la autoridad responsable actúa dentro del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que tienden a restablecer el orden constitucional violado. Pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal. Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Noemí Torres Avilés, que autoriza y da fe. María Teresa
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