Irma Laura Sánchez Sánchez

Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
500/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Irma Laura Sánchez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el oficio del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual remite la demanda que promueve ..., contra actos del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como del gerente del área jurídica en la delegación regional metropolitana del Valle de México, del instituto mencionado, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda, acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 500/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. La quejosa se duele de la celebración del contrato de compraventa de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria respecto del crédito ... otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a favor de ..., el cual califica de apócrifo e ilegal. III. El juicio de amparo es improcedente pues los servidores públicos señalados por la peticionaria no tienen el carácter de autoridades responsables, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical de los preceptos trascritos se advierte que la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo esas consideraciones, se entiende que los actos de autoridad para el juicio de amparo, requieren la satisfacción de los siguientes elementos: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." En el caso, la peticionaria reclama la suscripción de un contrato de crédito entre el Instituto y un particular, el cual califica de apócrifo. Sin embargo, aun cuando pretenda introducir temas de constitucionalidad a dicho reclamo, no implica que formal o materialmente los servidores públicos de la entidad señalada como tal, tengan el carácter de responsables para efectos del proceso constitucional, pues no actúan con el imperio de la norma, ni de forma unilateral o ajena a la tramitación de un proceso judicial. Lo anterior es así, porque el reclamo de la peticionaria deriva de la relación jurídica generada entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y una tercera persona, que a su decir surgió con la celebración de un contrato de compraventa, apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. En ese sentido, la participación del Instituto referido en el pacto de voluntades no tiene el alcance de situarlo como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, sobre todo considerando la naturaleza de lo reclamado. Incluso, tal aspecto fue precisado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 228/2018, donde sostuvo: "66. Y por otra parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, ejerce una función de ente privado para la celebración de contratos de apertura de crédito para y con los trabajadores beneficiaros(22) con el objeto de adquisición de vivienda financiada y construida directamente por el Infonavit, o bien para la adquisición de otras viviendas, su construcción, reparación o pago de pasivos por esos conceptos,(23) esto es, su personalidad jurídica deja de operar en la esfera de autoridad fiscal-administrativa, para realizar actos entre particulares específicamente para el otorgamiento de los créditos de vivienda que se regulan de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Infonavit y de las reglas de carácter general que al efecto emita el Consejo de Administración que se publican en el Diario Oficial de la Federación.(24)." Como se advierte, nuestro Máximo Tribunal Constitucional sostuvo que si bien el Instituto referido puede fungir como autoridad fiscal-administrativa, lo cierto es que al momento de participar en la celebración de contratos, su personalidad jurídica deja de operar en esa esfera y se torna en un ente privado de coordinación, con el objeto de que los trabajadores puedan tener acceso a la adquisición de vivienda financiada y construida directamente por el INFONAVIT, o bien para la adquisición de otras viviendas, su construcción, reparación o pago de pasivos por esos conceptos. Por ello, no puede considerarse que la celebración de un contrato, constituya un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el Instituto no está facultado para emitir actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la quejosa; corolario, tampoco puede omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, al provenir el reclamo de un pacto de voluntades, sancionado por el artículo 1792 del Código Civil para la Ciudad de México, puede pedirse su nulidad conforme al diverso numeral 2183 de dicha legislación. En efecto, la última disposición prevé la posibilidad de que algún tercero que resienta afectación con motivo de un acto que aduzca fue simulado -como ocurre ahora- acuda a la instancia que corresponda para dirimir la controversia suscitada. Se cita al respecto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 43/2020 (10a.), de la Décima Época, en Materia Civil, que dice: "CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a cuál es la vía procesal idónea, si la civil o la vía mercantil, para reclamar la rescisión o vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión de que la vía procesal civil resulta idónea para reclamar la terminación o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el INFONAVIT. Justificación: Considerando que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) de conformidad con la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, es el ente público con vocación de servicio e interés social cuya labor primordial es administrar el sistema del Fondo Nacional de Vivienda que permita otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad inmuebles para casa habitación, en el ámbito de la función del derecho privado, celebra contratos de apertura de crédito con los trabajadores para estos fines, los cuales se sujetan e interpretan de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley del INFONAVIT, las reglas de carácter general que al efecto emita el Instituto las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los principios y las reglas generales de las obligaciones contractuales que se prevén en las legislaciones sustantivas en materia civil. Por tanto, de incumplirse el acuerdo de voluntades, se da lugar a la acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de apertura de crédito en términos del artículo 49 de la Ley del INFONAVIT, acciones que deben ejercerse en la vía procesal civil porque el contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT no constituye un acto de comercio, al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna." Conforme a lo anterior, es posible concluir que lo alegado con relación al contrato celebrado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene su origen el derecho privado, y lo reclamado no implica ni formal, ni materialmente un acto de autoridad, pues lo que busca la peticionaria es anular, lo que acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 1316, de la Novena Época, tomo XXVIII, noviembre de 2008, registro 168507, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". También se cita al respecto, la tesis I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 1316, de la Novena Época, tomo XXVIII, noviembre de 2008, registro 168507, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Asimismo, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1624 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, del Tomo II, Julio de 2015, Décima época, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado." Por lo expuesto, es dable afirmar que el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por conducto de su Director General y Gerente del área jurídica en la delegación regional Metropolitana del Valle de México-, no reúne las características propias de una autoridad responsable establecida en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, en el expediente no obra algún domicilio de la quejosa. En términos de las fracciones I y III, inciso a), ambas del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tienen las siguientes reglas: - Si obra en autos el domicilio de la persona, o se encuentra señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, las determinaciones que así lo ameriten, serán notificadas personalmente; y, - Si no consta en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto, las notificaciones personales al quejoso se le harán por lista. En ese sentido, conforme a la integración de las disposiciones normativas citadas, las notificaciones, aún las de carácter personal, deberán hacérsele por medio de lista. No obstante, se dejan a salvo sus derechos para que señale un domicilio en esta ciudad, de considerarlo necesario. R E S U E L V E: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de ..., contra actos del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como del gerente del área jurídica en la delegación regional metropolitana del Valle de México, del instituto mencionado. NOTIFÍQUESE.

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