Irma Isabel Rosendo Ceballos

Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Irma Isabel Rosendo Ceballos

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta. El Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad notifica el acuerdo de veintinueve de los actuales. Se advierte dicho órgano jurisdiccional acusa recibo del diverso 731/2023-I de este índice. Asimismo, admitió el recurso de queja interpuesto por la impetrante **********, contra el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Lo radicó con el número de expediente 115/2023. Tómese conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese...".

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********** parte quejosa. Interpone recurso de queja y exhibe ocurso de expresión de agravios contra el proveído de quince de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe justificado relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítanse vía electrónica los ocursos por los que interpone queja y expresa agravios, respectivamente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como las constancias digitalizadas que integran el expediente en que se actúa necesarias para su resolución. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Notifíquese. Personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...".

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Irma Isabel Rosendo Ceballos, contra actos del 1. Centro de Atención al Cliente y/o División (Zona) Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en Veracruz, Veracruz y otras. Regístrese con el número 210/2023-I. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Así, en el caso justiciable, en la especie se surte el supuesto de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De esos preceptos se desprende que por "autoridad" debe entenderse aquella que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama. Por tanto, interpretados en sentido contrario, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaigan tales características. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, la lectura íntegra de la demanda y anexos permite advertir que el reclamo consiste en: - La negativa por parte de Comisión Federal de Electricidad, de realizar la instalación del medidor de interconexión para el uso de paneles solares en el predio de la parte quejosa ubicado en calle Garzas número treinta y uno (31), Fraccionamiento Laguna Real, Veracruz, Veracruz. En virtud del adeudo por multa derivado del procedimiento administrativo 4094/2018, el cual refiere no le fue notificado. - La incoación de dicho procedimiento, derivado de una visita de verificación. - La omisión de hacerle entrega del expediente completo derivado del 4094/2018. En atención a sus solicitudes presentadas a través de escritos de diez de enero y dos de febrero de dos mil veintitrés. Los cuales la responsable atendió y cuya respuesta la impetrante tilda de incompleta e incorrecta. Por su parte, en la narrativa plasma (capítulos V. Antecedentes y V. Hechos [sic]), en lo medular: 1. Es propietaria de dos predios contiguos ubicados en calle Garzas número treinta y uno (31), esquina Barras y treinta y uno (31) Bis, Fraccionamiento Laguna Real, en Veracruz, Veracruz, que cuentan con diferentes números de servicio ante la Comisión Federal de Electricidad, a saber 849010509578 y 849040302412, respectivamente. 2. El primer predio indicado se encontró deshabitado desde dos mil trece y en dos mil dieciocho comenzaron a realizar trabajos de albañilería. Luego, en enero de dos mil diecinueve le fue entregado el recibo de cobro del servicio de electricidad por la cantidad de quinientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional ($525.00) y al bimestre siguiente, por el monto de sesenta pesos 00/100 moneda nacional ($60.00). 3. Acudió a la oficina de Comisión Federal de Electricidad ubicada en Juan Pablo II. Se le informó que tenía un adeudo/multa por la cantidad de treinta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 ($31,833.00) por supuestas anomalías detectadas en su medidor. Presentó escritos de inconformidad (veinte y treinta de mayo de dos mil diecinueve). Luego se le indicó (en la oficina de la avenida veinte de noviembre) que su asunto había sido aclarado. Comenzó a recibir cobros con montos normales por el servicio. 4. Por su parte, en el domicilio contiguo ubicado en el número treinta y uno (31) Bis de la calle Garzas, el dos de agosto de dos mil dieciséis se percató del robo del medidor de electricidad. Realizó el reporte correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad y al no haberle repuesto el mismo, el cinco de agosto de esa anualidad levantó querella por el delito de robo ante la Unidad de Atención Temprana del Décimo Séptimo Distrito Judicial. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho le instalaron un nuevo medidor. 5. En diciembre de dos mil veintidós contrató paneles solares para el domicilio ubicado en Garzas número treinta y uno (31), esquina Barras. Acudió ante la empresa señalada como responsable para solicitar un medidor de interconexión. Petición que le fue negada por existir una multa/adeudo por la cantidad de seis mil pesos 00/100 moneda nacional ($6,000.00), refiriéndole deriva del procedimiento 4094/2018 [dolencia constitucional destacada en la demanda de amparo]. 6. A través del escrito presentado ante la empresa el diez de enero de dos mil veintitrés, solicitó la expedición de copias de dicho procedimiento, así como de un convenio o acuerdo que celebró con Comisión Federal de Electricidad [el cual refiere no conocer], respecto del predio número de servicio 849010509578. El treinta de enero le proporcionaron copias -aduce ilegibles- de la verificación realizada por un puenteo en el medidor y fotografías de evidencia. Sin embargo, al considerar incompleta la información, presentó el segundo ocurso el dos de febrero de dos mil veintitrés. El cual fue atendido el veintiuno siguiente. No obstante, le entregaron los mismos documentos. Y señala además la quejosa como irregularidades que en las fotos mostradas por la prestadora del servicio se hace referencia al medidor reportado previamente como robado ante la fiscalía correspondiente. También es de destacarse que la quejosa indica acudir a esta instancia para que se le entreguen copias correctas y completas del expediente administrativo y del acuerdo o convenio que estima debe constar por escrito. Así como con el propósito de que se regularice la situación de los medidores, cancele la multa impuesta y se le otorgue un medidor de interconexión. En virtud que indica no existen anomalías con sus servicios contratados con la empresa señalada como responsable. En ese tenor, es factible sostener que los actos reclamados son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares. Situaciones que surgen en el ámbito del derecho privado contractual. En el caso concreto, los actos de que se duele la peticionaria de amparo no generan per sé que la relación de coordinación se transforme en una supra a subordinación. Sólo implica el ejercicio del legítimo deber de brindar la prestación como cualquier relación contractual, como sucede tratándose de contratos privados, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. Así, es dable señalar que la negativa por parte de la empresa de instalar un medidor de interconexión para el uso de los paneles solares es consecuencia de un procedimiento que la misma inició respecto de los inmuebles de la aquí impetrante. Todo ello con motivo de la verificación realizada en los sistemas de medición e instalaciones con que cuentan los inmuebles objeto de los servicios contratados por la directa impetrante. Sin que tales actos e incluso las irregularidades que refiere han existido durante el servicio prestado derivado de la relación contractual [narradas en sus antecedentes] puedan verse como un procedimiento de ejecución de mecanismos coercitivos dirigido a obtener algo del particular. En todo caso debe ventilar las cuestiones que aduce derivadas del suministro de energía eléctrica como derechos y obligaciones propios de los contratos ante la potestad común. De manera que si considera indebida la determinación de la empresa Comisión Federal de Electricidad de no instalar el medidor de referencia, hasta en tanto no se cubra la multa por parte de la aquí quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a efecto de hacer valer esos derechos derivados de su relación contractual. En las cuales necesariamente su contraparte deberá establecer, en razón de las prestaciones que reclame, las razones por las cuales arribó a la determinación de la que se duele. Aun cuando la impetrante relata ha solicitado información referente al procedimiento administrativo que la empresa inició respecto de sus inmuebles y las respuestas que ha obtenido no han sido conforme a sus intereses -tomando en cuenta se duele de que no le ha sido entregada la documentación completa y sin soslayar se ostenta tercera extraña derivada de la visita de verificación- ello no implica que la aludida Comisión no haya sujetado su actuar a las cláusulas del contrato de adhesión que rige la relación entre las partes. Lo que se robustece con el oficio SSB/OTE/VR-05-79/2023 anexo al escrito constitucional, por el cual la empresa señalada como responsable atiende sus peticiones. Manifestando, en lo destacado, que en uso de las facultades otorgadas con motivo del contrato en cuestión (cláusula novena), no está constreñida a realizar certificaciones de las actas de revisión ni de las credenciales de sus trabajadores. Y con base en ello, refiere remitir copias simples de diversas constancias. De ahí que se itera, si la peticionaria del amparo considera la empresa incumple con sus obligaciones, en todo caso debe ventilar esas cuestiones ante la potestad jurisdiccional común. Al ser de naturaleza comercial. Por lo que esas controversias deben decidirse en vía ordinaria, no en una instancia extraordinaria de amparo. Dado los lineamientos del Alto Tribunal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Civil, Registro 2016656, de rubro y sinopsis siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Además, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 1008, Décima Época, Registro 2019230, de epígrafe y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Sin que, desde luego se esté en el caso de señalar específicamente a la quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en el juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 1583, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materias Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2002215, con rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Irma Isabel Rosendo Ceballos, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. No es ocioso mencionar la promovente omite formular su narrativa de antecedentes bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, no ha lugar mayor pronunciamiento, en atención a la actualización de la causa de improcedencia indicada en párrafos precedentes. Donde no sólo se tomó en consideración la totalidad de información aportada en la demanda. Además, como quedó apuntado, su contenido se concatena con los anexos aportados. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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