Irma Hidalgo Hidalgo

Expediente 433/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
433/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Irma Hidalgo Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el acuerdo de trece de mayo del año en curso, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, en razón que resulta innecesario seguir conservando el tomo de pruebas que obra por separado, se ordena su devolución mediante oficio que al efecto se libre a la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    MESA III CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DEL AUTO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se previno a la parte quejosa a fin que aclarara si además de promover el presente juicio de amparo por su propio derecho, también lo hacía en representación de su menor hija de iniciales S.E.H.H.; así como para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, dicha parte hizo caso omiso a pesar de estar debidamente notificada del referido auto, según constancia de notificación de treinta de abril del año en curso (foja 36); por lo tanto, se hacen efectivos los apercibimientos y se tiene a la promovente únicamente promoviendo la demanda de amparo que nos ocupa por propio derecho y no en representación de su menor hija de iniciales S.E.H.H. Ahora bien, en cuanto al requerimiento formulado a la parte quejosa para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, toda vez que transcurrido el plazo no señaló alguno para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, notifíquese a la referida parte procesal, las actuaciones que se generen en el presente asunto aun las de carácter personal por lista de acuerdos, hasta en tanto señale algún domicilio para ese efecto. Ahora bien, precisado lo anterior, se provee lo siguiente: Analizada de nueva cuenta la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, deberá desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del propio ordenamiento legal. En efecto, el artículo 113 citado prescribe:. El precepto transcrito, autoriza a la autoridad de amparo a desechar de plano una demanda cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara del texto de la demanda y de los documentos que en su caso se acompañen a ella; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, se actualiza, de modo tal, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente allegaran las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. A fin de ilustrar sobre el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, resulta conveniente citar la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página setecientos treinta, que indica: ""DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Los presupuestos fundamentales que justifican el desechamiento de plano de la demanda son: a) La existencia de un motivo de improcedencia del juicio de amparo; b) Que el mismo sea manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de los documentos a ella anexados; c) Que el motivo sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo ese tenor, atendiendo el acto reclamado y el sentido que regirá esta determinación se considera necesario destacar lo siguiente: Mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación se abrogó la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y seis. En esta Ley de Amparo abrogada, en su artículo 114, fracción IV, se establecía la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos en el juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sobre ese tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, determinó en criterios obligatorios lo que debía de entenderse por el término "ejecución de imposible reparación" o "ejecución irreparable". Así, en la jurisprudencia 24/92 publicada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, se estableció que los actos dentro del juicio que producen ejecución irreparable debían entenderse sólo cuando afectaran de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afectaran derechos adjetivos procesales. Luego, en la jurisprudencia 4/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que la distinción entre actos dentro de juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación. Mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, debían reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, -precisó- que dicho criterio no podía válidamente subsistir como único y absoluto, sino que era necesario admitir, de manera excepcional, que también era procedente el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ahora, en la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracciones V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Así, del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que afecten a personas extrañas y que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el Legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio del acto reclamado por la parte quejosa el cual lo hace consistir en la resolución de veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, dictada al resolver el recurso de revocación interpuesto contra el auto de doce de diciembre del dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio ordinario civil (sobre acción pauliana) 907/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, determinación esta última en la que el juzgado responsable negó acordar de conformidad su solicitud de decretar una medida provisional consistente en apercibir a los demandados para que se abstuvieran de molestar a la aquí quejosa en su domicilio. Bajo las condiciones apuntadas, en la especie se considera que se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República. Ello es así, toda vez que los supuestos de procedencia en el juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, respecto de la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y en la fracción III del artículo 107 de la Constitución Federal, especificó que los relativos a la afectación de "imposible reparación", son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en la diversa fracción VIII de la Ley de la Materia vigente, estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, sin mencionar en el mismo el acto que por esta vía se combate - negativa de acordar favorablemente la medida provisional solicitada -. En efecto, la parte quejosa se inconforma en contra de la resolución que declara infundado el recurso de revocación que hizo valer, dentro de juicio, en contra de la determinación de no acordar de conformidad su solicitud de decretar una medida provisional consistente en apercibir a los demandados para que se abstuvieran de molestar a la aquí quejosa en su domicilio. Sin embargo, tal acto no es de aquéllos que se consideran como de imposible reparación, dado que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, como lo acotó el legislador, pues versa sobre un derecho adjetivo o procesal. Ello es así, pues aun cuando la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación intentado por la aquí quejosa, existe la posibilidad de que pueda obtener una sentencia favorable al final del juicio, que torne intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse de dicha actuación, o bien ejercer la acción legal que considere oportuna para obtener las pretensiones aludidas en el multicitado medio de impugnación. En mérito de lo anterior, debe estimarse improcedente el juicio de amparo, máxime que, conforme al artículo 172, fracciones IX y XII de la Ley de Amparo, dicha violación procesal es reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces, en su caso, habrá de materializarse la afectación de lo que reclama. Ciertamente, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues tiene que ver con aspectos meramente intraprocesales, ya que la única consecuencia legal que se genera por la emisión del acto reclamado, será que el juicio continúe en todas sus etapas y de dictarse sentencia favorable a sus intereses, las violaciones procesales que ahora reclama el promovente, no le causarán un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pudiendo quedar dichas violaciones insubsistentes al resolverse el juicio natural y en caso de que la resolución le fuera adversa, podría combatirlas junto con la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo. Por ello, las consecuencias del acto no se traducen al exterior del procedimiento, menos aún en la afectación de algún derecho sustantivo salvaguardado en favor de los gobernados. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de amparo antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Irma Hidalgo Hidalgo, por propio derecho.

  3. Principal

    Visto, agréguese a los autos el telegrama de cuenta, proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual acusa recibo del exhorto 73/2019-III-B (orden 93/2019), deducido del juicio de amparo en que se actúa, e informa que procedió a diligenciarlo en sus términos; por tanto, estese en espera de su devolución.

  4. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS Q.F.B. SERGIO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LABORATORIOS LISTER CENTRO MÉDICO DE TAMPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA DE TAMPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE: SE RECEPCIONA QUEJA Visto, se tiene por recibido el oficio 5787/2019, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el recurso de queja laboral 295/2018-I. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno correspondiente, y hágase saber a las partes que dicha ejecutoria en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Laboratorios Lister Centro Médico de Tampico, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de tercero interesada, contra el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Jueza Decimotercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en el juicio de garantías 1280/2018." REANUDACIÓN DE PROCEDIMIENTO Atento a lo anterior, se reanuda el procedimiento en el presente asunto y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio. ESTADO DE AUTOS Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en el proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, para que señalara el domicilio actual y correcto de la persona moral tercera interesada Servicios Clínicos Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que al efecto lo hubiera proporcionado. En atención a lo anterior, este Juzgado de Distrito, inicia el procedimiento de investigación necesario para localizar el domicilio o lugar donde pueda ser emplazada la persona moral tercera interesada de referencia. Ahora bien, el invocado artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada en un juicio de amparo, que en la práctica se precisan de la siguiente manera: a). La existencia de un tercero interesado respecto del cual se desconoce su domicilio por no obrar en autos (imposibilidad de emplazarlo a juicio). b). En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte. c). De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero interesado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen. d). Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza. e). Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero interesado se lleve a cabo por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Sobre esa base, se tiene que de las constancias que obran en autos, se advierte que en el caso se encuentran establecidos los requisitos necesarios para comenzar la indagatoria del domicilio de la persona moral tercera interesada de referencia, pues, como se vio, no ha sido posible emplazarla en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, ni en el señalado por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Ahora bien, por lo que respecta a la obligación del Juez de Distrito de investigar el domicilio del tercero interesado cuando no consta en autos, previo a su emplazamiento por edictos, no es ilimitada, sino que queda a su prudente arbitrio atento a las particularidades de cada caso, para lo cual debe acudirse a varias entidades que cuenten con bases de datos nominales y domiciliarios, a fin de agotar todos los medios al alcance. En tal virtud, y dado que en el caso se pretende localizar a una persona moral, gírese atento oficio a las entidades que se indican a continuación: 1. Director de la Oficina Registral y Catastral de Tampico, Tamaulipas. 2. Comisión Federal de Electricidad, residente en Tampico, Tamaulipas. 3. Administrador General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. 4. Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Tampico, Tamaulipas. 5. Jefe de la Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas. 6. Jefe de la Oficina Fiscal de Ciudad Madero, Tamaulipas. 7. Jefe de la Oficina Fiscal de Altamira, Tamaulipas. 8. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. 9. Gerente de Teléfonos de México, en Tampico, Tamaulipas. 10. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 11. Secretaria de Salud, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y de no existir inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días legalmente computado, verifiquen si en sus bases de datos, registros e inscripciones, se encuentra algún registro a nombre de la persona moral tercera interesada Servicios Clínicos Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, de ser afirmativo, informen si la citada tercera interesada tiene señalado algún domicilio donde pueda localizársele; del principal asiento de su negocio, o de aquél que hubiera señalado para recibir notificaciones, toda vez que resulta necesario que obre en estos autos para ordenar su emplazamiento como tercera interesada en el presente juicio de amparo. Apercíbase a dichas entidades que de no hacerlo en el plazo concedido, o no informar la imposibilidad legal o material que tengan para ello, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, 238 y 244 de la Ley de la materia, se les impondrá una multa equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ESTADO DE AUTOS Finalmente, requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, para que dentro del término de tres días legalmente computado informe a esta autoridad el estado procesal que guarda el expediente 671/2/2016, de su índice, esto es, si en el caso a la fecha dictó la resolución correspondiente al incidente de nulidad de actuaciones que promoviera el apoderado de las demandadas, en el controvertido laboral de origen, ello pues cobra relevancia el hecho que a la fecha ha transcurrido aproximadamente dos años desde que admitió aquella incidencia, sin que se tenga noticia de si en el caso ya emitió la incidencia que se señala; en caso contrario, informe si señaló diversa fecha para su celebración, remita las constancias de notificación a las partes, e informe los motivos por los cuales la citada audiencia incidental no ha estado en aptitud de celebrarse, de lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, requiérase para que dentro del mismo término remita a este Juzgado copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el juicio laboral 671/2/2016, dado que las mismas resultan necesarias para resolver el presente asunto Apercibido que de no hacerlo en el plazo para ello concedido, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 238 de la Ley de la materia, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil días de acuerdo al valor diario de la unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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