Irma Hernández Montoya
Expediente 563/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Irma Hernández Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Celaya, Guanajuato, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual, aduce dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveídos de diez y dieciocho de los actuales, sin que haya lugar a tomarse en consideración, toda vez que como se desprende de la certificación de cuenta y de una nueva revisión a la demanda de amparo al parecer promovida por la referida quejosa, se advierte en el sello de recepción de la misma, que la oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, asentó al momento de recibir materialmente la presente demanda: "Al parecer es copia"; por su parte, la encargada de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, hizo constar lo siguiente: "Escrito de demanda en copia simple, sin firma autógrafa original". En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, y los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo. En el caso, la demanda de cuenta que debía suscribir ********************, carece de firma autógrafa, lo que denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Circunstancia que se corrobora, con la anotación que obra en la papeleta de recepción, en la que la oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, asentó al momento de recibir materialmente la presente demanda: "Al parecer es copia". Hecho que se corrobora con lo asentado por la Oficial de Correspondencia de este Juzgado de Distrito, al recibir la demanda de cuenta asentó: "Escrito de demanda en copia simple, sin firma autógrafa original" De la cual se advierte la obligación del oficial de partes de los órganos jurisdiccionales, de asentar dicha circunstancia. Aunado a ello, de la revisión material de la demanda de amparo se constata que el signo gráfico y/o firma que se advierte en el escrito de demanda es una copia simple, por lo que sólo constituyen un indicio de la existencia del documento que reproduce. Por ello, se sostiene que es insuficiente la firma de la demanda en copia simple que la promovente del amparo exhibió para ejercitar la acción constitucional, ya que se trata de un mero indicio. Máxime si se toma en cuenta que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documentos realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En virtud de las anteriores consideraciones, al carecer la demanda de amparo de firma autógrafa, denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento, lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Lo anterior, sin que pase inadvertido para el suscrito, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE REVOCARSE EL AUTO DE DESECHAMIENTO, SI SE ACREDITA QUE POR UN ERROR DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN SE ENTREGÓ COMO ACUSE DE RECIBO EL ORIGINAL DE AQUELLA QUE CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA.", ya que en el presente caso no se trató de un error de la Oficina de Correspondencia, pues tanto la encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, como la encargada de la oficialía de partes de este Juzgado, hicieron constar la observación correspondiente, en donde evidenciaron que la demanda se presentó con la aludida omisión. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual, aduce dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveídos de diez y dieciocho de los actuales, sin que haya lugar a tomarse en consideración, toda vez que como se desprende de la certificación de cuenta y de una nueva revisión a la demanda de amparo al parecer promovida por la referida quejosa, se advierte en el sello de recepción de la misma, que la oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, asentó al momento de recibir materialmente la presente demanda: "Al parecer es copia"; por su parte, la encargada de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, hizo constar lo siguiente: "Escrito de demanda en copia simple, sin firma autógrafa original". En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, y los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo. En el caso, la demanda de cuenta que debía suscribir ********************, carece de firma autógrafa, lo que denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Circunstancia que se corrobora, con la anotación que obra en la papeleta de recepción, en la que la oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, asentó al momento de recibir materialmente la presente demanda: "Al parecer es copia". Hecho que se corrobora con lo asentado por la Oficial de Correspondencia de este Juzgado de Distrito, al recibir la demanda de cuenta asentó: "Escrito de demanda en copia simple, sin firma autógrafa original" De la cual se advierte la obligación del oficial de partes de los órganos jurisdiccionales, de asentar dicha circunstancia. Aunado a ello, de la revisión material de la demanda de amparo se constata que el signo gráfico y/o firma que se advierte en el escrito de demanda es una copia simple, por lo que sólo constituyen un indicio de la existencia del documento que reproduce. Por ello, se sostiene que es insuficiente la firma de la demanda en copia simple que la promovente del amparo exhibió para ejercitar la acción constitucional, ya que se trata de un mero indicio. Máxime si se toma en cuenta que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documentos realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En virtud de las anteriores consideraciones, al carecer la demanda de amparo de firma autógrafa, denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento, lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Lo anterior, sin que pase inadvertido para el suscrito, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE REVOCARSE EL AUTO DE DESECHAMIENTO, SI SE ACREDITA QUE POR UN ERROR DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN SE ENTREGÓ COMO ACUSE DE RECIBO EL ORIGINAL DE AQUELLA QUE CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA.", ya que en el presente caso no se trató de un error de la Oficina de Correspondencia, pues tanto la encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, como la encargada de la oficialía de partes de este Juzgado, hicieron constar la observación correspondiente, en donde evidenciaron que la demanda se presentó con la aludida omisión. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por ****************, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el diez de los actuales, en la que se le requirió para que por escrito y con cinco copias de su líbelo aclaratorio, así como un tanto más de la demanda de amparo: Precisara si reclama de manera destacada las omisiones de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, y, a la sentencia de queja emitidas dentro del juicio de nulidad número *************. Señalara como autoridad responsable a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad. Del escrito de referencia se desprende que desahogó dicho requerimiento en los siguientes términos: Exhibió cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Indica que reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, así como a la sentencia interlocutoria de queja por omisión emitida el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Señaló como autoridad responsable a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. De lo expuesto se advierte que la prevención efectuada el diez de agosto del presente año, no fue cabalmente cumplida, ya que si bien es cierto que la solicitante del amparo cumplió con los puntos antes precisados, también lo es que omitió exhibir una copia más de su demanda de amparo para estar en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de diez de los actuales. Como atendió la prevención de marras antes de que comenzara a transcurrir el término de cinco días que se le otorgó para ello, dicho plazo se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.
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