Irma Hernández Alviter
Expediente 1439/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Irma Hernández Alviter
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza Segundo de lo Mercantil del Distrito del Distrito Judicial de Pachuca de soto, Hidalgo, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del expediente 1801/2017; circunstancia de la cual toma nota este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el tercero interesado mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado y a la devolución de los documentos originales exhibidos en autos. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas solicitadas, en un solo tanto, autorizando para recogerlas a las personas que hace referencia, previa razón de recibo que obre en autos. En el entendido que para su entrega deberá tramitar la cita correspondiente en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el martes o jueves de 10:00 am a 12:30 pm horas, de no ser así no podrá realizarse dicho trámite; lo anterior en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que pude obtener la impresión correspondiente de los acuerdos y/o resoluciones publicados en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, las cuales contienen las firmas electrónicas de los funcionarios públicos que lo suscribieron, la cual para efectos jurídicos es el equivalente a la firma manuscrita, que da validez al contenido del acuerdo correspondiente, ya que es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que son utilizados como medio de identificación del firmante. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 280 del Código de Procedimientos Civiles, devuélvanse los documentos originales exhibidos en autos, previa copia certificada que obre de ellos para debida constancia, dejando razón de recibo.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 1439/2019-6 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; Irma Hernández Alviter, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: Autoridad responsable: Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Acto reclamado: La falta de emplazamiento al juicio al juicio ejecutivo mercantil 1801/2017. La peticionaria señaló como derechos humanos violados los contenidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata; este órgano de control constitucional registró la demanda bajo el número 1439/2019-6, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se emplazó a los terceros interesados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención que legalmente le compete; se emplazó al tercero interesado; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de ley y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La promoción del juicio de amparo fue oportuna, en virtud de que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, tal como lo manifiesta en su demanda, fecha en la que se constituyó el actuario responsable en su domicilio para ejecutar una orden de desalojo. Por lo que, el plazo de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a computarse a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, el once de noviembre de dos mil diecinueve, en términos del numeral 18 de la citada Ley. Así, se tiene que el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del once de noviembre al tres de diciembre de dos mil diecinueve, descontándose del cómputo anterior el dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés, veinticuatro, treinta de noviembre y uno de diciembre de ese mismo año, por ser inhábiles. En consecuencia, si el escrito de demanda se presentó el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dicha presentación ocurrió dentro del plazo otorgado en la ley de la materia para tal efecto; por lo que, dicha presentación fue oportuna. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". Se precisa que el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1801/2017 promovido Cerón Camacho Fabián Alfredo contra Barreiro Nava José Luis; y, por consecuencia, todas las actuaciones subsecuentes. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y Actuario en funciones en la Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, al rendir su informe justificado, aceptaron el acto que se le reclama. Certeza que se acredita con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1801/2017, en las que obra el acto reclamado, documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. Sea que las partes aleguen o no causas de ese tipo, el órgano jurisdiccional está constreñido a su estudio oficioso al tenor de los numerales 62 y 64 de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se abordará el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, dado que en la especie se advierte oficiosamente la actualización del supuesto regulado en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no acreditó tener interés jurídico para solicitar el amparo e intervenir en el juicio de origen, como se demostrará en párrafos subsecuentes. En efecto, dicho precepto legal establece que para que el juicio de garantías resulte procedente, es necesario, entre otros supuestos, la preexistencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica de la quejosa, originado por la norma, acto u omisión de la autoridad, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Amparo. Fundamenta lo anterior, la tesis I.13º.a.23 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 185149, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4º DE LA LEY DE AMPARO." Resulta oportuno señalar que la esfera jurídica está constituida por los intereses de esta clase (jurídicos), por los cuales debe entenderse hechos o situaciones que además de ser benéficos para el gobernado, estén debidamente tutelados y regulados por el orden jurídico; coligiéndose así, que no todos los intereses de una persona son aptos para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo, sino sólo aquéllos con el calificativo de jurídicos, tutelados por el ordenamiento legal objetivo. Las consideraciones que anteceden encuentran respaldo en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, cuyo rubro es: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De esos criterios, se advierte que quien se considere agraviado por un acto u omisión de autoridad, al solicitar la protección de la justicia federal mediante la promoción del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente la afectación real y actual a su interés jurídico, esto es, demostrar que el acto u omisión de autoridad efectivamente le vulnera un derecho tutelado por el ordenamiento legal objetivo, para que así quede manifiesto el perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional, y no inferirse éste con base en meras presunciones, conforme a la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206338 cuyo rubro establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En consecuencia, la ausencia de medios de convicción que acrediten la existencia del derecho subjetivo tutelado, o bien, la afectación real y actual de dicho interés jurídico, constituye la causa de improcedencia en análisis. Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, expresamente señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Además, el numeral 6 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos, se desprende que para iniciar la acción constitucional de amparo, compete únicamente a aquella persona que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación real y actual por la actuación de una autoridad o por una norma de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo, la tesis con registro IUS 232899, sostenida por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO." En la especie, la quejosa señala que el juez responsable transgrede la garantía de audiencia al no haberla oído ni vencido en la controversia de origen, con el fin de defender el derecho posesión que afirma tener respecto del inmueble ubicado en calle Circuito San Cristóbal 265, manzana I, lote 6, colonia San Cristóbal Chacón, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, debido a que vive en dicho inmueble desde hace más de treinta y cinco años, pues ahí vivió con su ex pareja José Luis Barreiro Hernández -demandado en el juicio de origen-. En ese sentido, resulta necesario precisar que la litis constitucional a resolver versa en cuanto a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)." Del precepto transcrito, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo que queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada ilegalmente. De las constancias remitidas por el juez del conocimiento, se advierte que la peticionaria del amparo es persona ajena al procedimiento de origen, pues se trata del juicio ejecutivo mercantil 1801/2017, promovida por Fabián Alfredo Cerón Camacho contra José Luis Barreiro Hernández, en la que se condenó al demandado a la entrega del inmueble ubicado en calle Circuito San Cristóbal 265, manzana I, lote 6, colonia San Cristóbal Chacón, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Por consiguiente, al afirmar que es poseedora del inmueble de mérito, la quejosa debe acreditar en principio, la afectación real y actual al interés jurídico en la presente instancia constitucional, siendo necesario para ello que se colmen de manera conjunta los siguientes supuestos: a) La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. b) La detentación material del bien. c) La identidad entre el inmueble objeto del juicio de origen, y del que la quejosa asegura tener la posesión. De ahí que el interés jurídico para poseer, sólo se actualice cuando el tercero extraño acredite que su posesión se basa en algún título sustentado en el orden legal que le otorgue tal derecho, lo que se traduce en que dicha posesión, para ser susceptible de protección a través de la acción de amparo, debe sostenerse sobre la base de una causa generadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 187733, cuyo rubro establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De lo anterior se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los preceptos legales transcritos, toda vez que durante el desarrollo del presente juicio constitucional, la quejosa no ofreció medios de convicción fehacientes para acreditar su derecho de posesión respecto del bien inmueble que defiende, que hubiese surgido con antelación al origen de los actos que por esta vía combate; es decir, que carece de interés jurídico con relación a los actos que reclama en el presente juicio de garantías. Ello en atención a que para acreditar su interés jurídico exhibió credenciales para votar, credencial emitida por el Consejo Estatal para la Integración de la Mujer del Partido Revolucionario Institucional, copias certificadas de acta de nacimiento, comprobantes de servicio de energía eléctrica y recibos de Teléfonos de México, copias certificadas de las actas de nacimiento de sus hijas. Sin embargo, con dichos elementos probatorios se aprecia que no existe afectación en la esfera jurídica de derechos, toda vez que esas documentales por sí solas, solo revelan los datos ahí contenidos, empero, no son suficientes para acreditar el derecho de posesión y propiedad del inmueble. Efectivamente, la quejosa aduce poseer el inmueble que por esta vía defiende derivado de la relación que tuvo con el demandado José Luis Barreiro Hernández, y por haber procreado dos hijas con éste; sin embargo, de las copias certificadas que obran en autos de dicho procedimiento, se advierte únicamente que el inmueble señalado es propiedad de José Luis Barreiro Hernández. En consecuencia, dada la ausencia de material probatorio para tener por acreditado plenamente el interés jurídico de la quejosa, porqué por un lado debió acreditar la existencia del derecho de posesión con justo título sobre el inmueble que defiende, sustentado en una figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas que genere ese derecho, pero no lo hizo, pues las documentales descritas con antelación resultaron insuficientes para demostrar el derecho que dice le asiste sobre el predio aludido. Sirve de apoyo a lo aquí considerado, por identidad jurídica, la jurisprudencia II.20.C.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito visible en la página 1341, del tomo XII, diciembre de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." También sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a./J. 47/2018 (10a.), con número de registro 2018690, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, pagina 224, cuyo rubro y texto dicen: "INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL. El artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Por otra parte, en relación con el derecho de posesión y el interés jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002,(1) definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Con base en estas premisas, resulta que la figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por tanto la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal, no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales, y por ello, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble, aun cuando el domicilio conyugal se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Sin embargo, cuando la prueba de la posesión del domicilio conyugal, se complementa con la prueba de algún título sustentado en una figura jurídica (diversa al contrato de arrendamiento controvertido) o en un precepto legal que genere el derecho a poseer el domicilio conyugal (como podría ser que uno de los cónyuges es propietario del inmueble), tales elementos sí podrían servir en su conjunto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble y el establecimiento del domicilio conyugal fue previo a la celebración del arrendamiento. Lo anterior, sin que el reconocimiento del interés jurídico implique pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo, la que quedaría sujeta a que las pruebas o argumentos de la parte quejosa, arrojaran razones jurídicas para sostener que existió, o no, un derecho de audiencia que debió respetarse en el procedimiento cuya tramitación y resolución se reclama." En tal sentido, es dable afirmar que tratándose de una falta de llamamiento a juicio y la orden de entrega y posesión material de un inmueble, la quejosa debió acreditar fehacientemente que detenta dicha posesión con base en un documento idóneo, de fecha cierta que lo demuestre, con ayuda en los medios de convicción adecuados para ello y si no se acredita ese hecho medular, lo procedente es estimar su falta de interés jurídico para acudir a juicio y por consiguiente sobreseer el presente asunto, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la promovente del amparo, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 214593, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario en funciones en la Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. SEXTO. Publicación. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que el quejoso de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. En términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irma Hernández Alviter, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierten que mediante proveído de treinta de noviembre del año en curso, se difirió la audiencia constitucional programada para esa fecha y en su lugar se fijaron las doce horas con cincuenta minutos del nueve de diciembre actual; sin embargo se dejó como fecha de audiencia también las nueve horas con veinte minutos del siete de diciembre del año en curso. En consecuencia de lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de derechos para el único efecto de tener como fecha para la celebración de la audiencia constitucional las doce horas con cincuenta minutos del nueve de diciembre actual, para su celebración. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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