Irma Gurrola Galván
Expediente 1416/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 26 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1416/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Irma Gurrola Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional, mientras que la definitiva también fue negada y quedó sin materia respecto de algunas autoridades, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que no exista en autos constancia de recibos de los oficios girados a las autoridades responsables foráneas, donde se ordenó la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio, dado que no se no surten los extremos del artículo 87 de la ley de la materia, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra la sentencia que afecte directamente el acto reclamado de cada una de ellas, por lo que se estima que tales autoridades no se encuentran en ese supuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XX J/74, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiado del Circuito, Tomo 83, noviembre de 1994, página 84, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente" Notifíquese
- Incidental
Visto el estado procesal de autos del cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, se advierte que en sentencia pronunciada el nueve de marzo del año en curso, se resolvió la litis planteada al promover el presente juicio, determinando sobreseer el juicio de amparo de donde deriva este incidente a la parte quejosa; lo cual se cita como hecho notorio de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese tenor, se advierte que no existe cuestión accesoria que dilucidar puesto que ya se resolvió el fondo del problema jurídico planteado; por tanto el presente asunto se quedó sin materia para estudio en cuanto a la suspensión definitiva solicitada; en ese tenor, se dejan sin efectos las nueve horas con treinta y un minutos de hoy veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó la reexpedición del oficio 43968/2021, dirigido a la autoridad responsable señalada como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Salud, a efecto de que esté en aptitud de rendir su respectivo informe previo, sin que hasta el momento se cuente con el informe de referencia, ni el acuse respectivo; por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental programada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en este juicio. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del escrito de cuenta, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que ***, reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- De las autoridades ordenadoras señaladas de números 1 al 7 reclamo las determinaciones y acuerdos que tomaron en forma conjunta y/o separada para ordenar la vacunación del personal docente con LA VACUNA CANSINO contra el SARS-Co.V-2 y la negativa de aplicar otro esquema de vacunación a los inoculados con la misma no obstante que la misma no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y con ello dejarme en estado de vulnerabilidad tanto en el regreso a clases como con el resto de la población siendo lo mismo discriminatorio y violatorio de garantías individuales. Asimismo la negativa de inocularme con otro activo distinto y autorizado por los organismos autorizados. De la misma forma el trato discriminatorio sufrido por los docentes y el suscrito, ya que se nos inoculo con un activo no probado según las normas internacionales, atentando en contra de mi dignidad, salud y vida. 2.- De las demás autoridades reclama la ejecución material de los actos de omisión y discriminatorios que se señalaron como actos reclamados" De la transcripción de los actos reclamados, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: 1. La determinación de ordenar que como personal docente, le haya sido aplicada la vacuna CanSino contra el SARS-Co.V-2, que no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud por no haber demostrado cumplir con las etapas de aprobación, por lo que a la fecha no es válido por ninguno de los países firmantes de dicha organización. 2. La negativa de aplicar otro esquema de vacunación con activo distinto y autorizado por los organismos correspondientes. Respecto del acto reclamado que se precisa con el número uno, este resolutor advierte de oficio que en la especie se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]" En términos de la normativa transcrita, el juicio constitucional es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Por otro lado, en su demanda de amparo, la quejosa precisó: "[.] 1.- El como docente en servicio fui citado de acuerdo con la estrategia nacional de Vacunación contra el SARS-COVID para recibir el activo conocido como CANSINO. Quiero hacer la aclaración que el mismo se hizo con mi CURP la cual es ***. 2.- Ante el inminente regreso a clase, no tuve otra opción que inocularme con el mismo, según consta en el certificado de vacunación que en este acto solicito a su señoría pida a las responsables ya que el mismo ni siquiera me ha sido posible imprimir". Como se puede advertir, el motivo de inejercitabilidad referido se viabiliza, dado que de lo expuesto por la inconforme, deriva que ya fue inoculada con el activo Cansino, por lo que sería ilusorio examinar su constitucionalidad, ya que aun cuando pudiera resultar inconstitucional, la sentencia de amparo no podría tener el efecto de lograr la destrucción del acto, al haber desaparecido el objeto del juicio, consistente en evitar la inoculación con el activo que dice le fue aplicado, razón por la que evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente. En otro orden, en lo que se refiere al diverso acto que se combate, relativo a la negativa de que se le aplique un activo distinto y autorizado por los organismos respectivos en relación con el virus señalado, se materializa el diverso motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el escrito de cuenta, la quejosa manifiesta que el veintiuno de enero del año en curso, fue vacunada con el fármaco Moderna, el cual cumple con las especificaciones de la organización Mundial de la Salud; agregó que por ello existe una causa de sobreseimiento al quedar sin efecto el acto reclamado.. Lo así expuesto constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar lo expuesto. Por otro lado, constituye un hecho notorio que el activo de referencia fue incluido por la Organización Mundial de la Salud en la lista de uso en emergencias. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a las responsables, en virtud de que la peticionaria del amparo fue inoculada con un activo diverso al que le fue aplicado de manera inicial (Cansino) subsanado con ello la omisión combatida. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse las causales de improcedencia analizadas, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta y seis minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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