Irma Guadalupe Sustaita Llamas

Expediente 738/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
738/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Irma Guadalupe Sustaita Llamas

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y Secretaria de dicho Juzgado, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 66/2022-II, orden 85/2022-II, del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda presentada a nombre de Irma Guadalupe Sustaita Llamas, con seis copias que acompaña, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 738/2022-II. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 6de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, por lo siguiente. De los anteriores preceptos se pone de manifiesto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, resulta indispensable para instar el juicio de amparo, que quede manifiesta la voluntad del gobernado, lo que es externado mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o con la firma electrónica del mismo, conforme a la regulación que emitió el Consejo de la Judicatura Federal, cuando se presente de forma electrónica en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo, o en ciertos casos la impresión de la huella dactilar. Ahora bien, conforme a la certificación realizada por el secretario adscrito, la demanda de que dio origen al presente juicio se presentó de forma escrita; sin embargo, carece de la firma autógrafa de la promovente; por tanto, este órgano de control constitucional no está obligado a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en la medida que no presenta estampada la firma autógrafa, huella o rubrica en dicho escrito de demanda, a nombre de la antes mencionada. Por tanto, es claro que el presente juicio deviene notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Valente Arizabalo Priego y Edmundo A. Vite, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del mencionado numeral, a las diversas personas que refiere, toda vez que no proporciona los datos de los que se advierta que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese personalmente mediante exhorto.

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