Irma Guadalupe Barragan Quesada

Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Irma Guadalupe Barragan Quesada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacan, veintiocho de noviembre de dos mil veintitres. Agréguese a los presentes autos, primeramente el escrito remitido vía electrónica por -, mediante el cual solicita se le reconozca el carácter de apoderada de la parte quejosa, con el poder general para pleitos y cobranzas exhibido en autos y se provean sus diversos escritos presentado mediante los cuales pretende ampliar la demanda y solicita de suspensión respecto de dicha ampliación; en consecuencia, de un nuevo análisis de las constancias de autos y de una nueva reflexión, se llega a la determinación de reconocerle a la promovente el carácter de apoderada de la parte quejosa en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que dentro del expediente obra copia del poder otorgado a su favor por la parte quejosa. Luego, respecto de los diversos ocursos mediante los cuales pretende ampliar la demanda y solicita la suspensión en relación con el acto reclamado consistente en "La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente.". El suscrito estima que procede desechar la ampliación de la demanda por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 111 todos de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías y/o ampliación de la misma, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Por su parte el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 111, todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. De la lectura de los citados preceptos legales se advierte que la demanda de amparo se proveerá dentro de los treinta días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor; y, c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17, se contarán los treinta días para reclamar una norma general auto o el procedimiento de extradición. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, actualizándose en el particular el último de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda o la ampliación de la misma se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En el caso concreto, del libelo constitucional y de sus anexos, se desprende que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio del año en curso, y a partir de ahí tuvo la oportunidad de reclamar también la omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la afirmación de la apoderada de la quejosa de que tuvo conocimiento de la omisión reclamada hasta el ocho de noviembre del año en curso, tomando en consideración que la discusión, votación y aprobación del decreto en cuestión fue un proceso legislativo que se llevó públicamente y cuyo análisis debió realizar la parte quejosa y por ello la Ley de Amparo concede treinta días para estudiar todos los vicios o anomalías que pudieran existir, por lo que de haber existido esa omisión, se encontraba en condiciones de haberla reclamado dentro de los treinta días siguientes al día que se publicó esa ley en el Periódico Oficial del Estado -dos de junio de dos mil veintitrés. Luego es inconcuso que el término de treinta días, comenzó a partir del día hábil siguiente al dos de junio de dos mil veintitrés, resultando evidente que desde esa fecha hasta el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en que fue presentada de manera electrónica la ampliación de la demanda, el término de treinta días que dispone el numeral 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso. Es aplicable por ser orientadora del tema que se aborda la Jurisprudencia 171860, de la Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, Tesis: 2a./J. 153/2007, página 367 de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO" Por tal motivo, es incuestionable que resulta extemporánea la presentación de la ampliación de la demanda de garantías respecto de los actos reclamados analizados, en virtud de haber excedido el término de treinta días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó de manera electrónica hasta el catorce de noviembre de dos mil veintidós, como se advierte de la evidencia criptográfica que obra en la demanda de amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la ampliación de demanda de garantías, al actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 111 de la Ley de Amparo, y por lo mismo si se desecha la ampliación de demanda no procede la suspensión que solicita. Por otra parte, agréguense a los autos los oficios de cuenta, por medio de los cuales las autoridades responsables mencionadas en la constancia secretarial, rinden su INFORME JUSTIFICADO; con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, en términos del artículo 9 de la ley en cita, se tienen como delegados a las personas que menciona. Finalmente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la autoridad oficiante con los nombres de usuario - en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por ese medio tenga acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y vía electrónica a la quejosa.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren únicamente como constancia los oficios de cuenta, virtud a que de la constancia secretarial se desprende que el veintitrés de noviembre pasado se celebró la audiencia incidental, en la que se determinó negar la suspensión definitiva. ? Notifíquese.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión del juicio de amparo II-915/2023-1 promovido por -, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, y otras autoridades, y . Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a -, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos y por las autoridades apuntadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos es escrito presentado vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual realiza manifestaciones en relación a una ampliación de demanda; atento al mismo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que, según constancia secretarial, en autos no se proveyó en relación a alguna ampliación de demanda del ocursante y si bien se acordaron diversos escritos relativos a una ampliación de demanda, éstos fueron agregados únicamente como constancia, dada la falta de carácter de quien los suscribía. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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