Irma Gonzalez Gonzalez

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Irma Gonzalez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a través del cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo 343/2021-I, de nuestro índice; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del juicio de que se habla. Por otro lado, en relación a su solicitud, y con fundamento en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración que los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, así como que sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, al expediente electrónico a fin de que coincidan en su totalidad; así también se debe de acoger la transición de la actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes, se instruye al Oficial Judicial "A", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a realizar la vinculación correspondiente, con efectos de disponibilidad del presente juicio de amparo, en el sistema mencionado, a fin de que el similar de grado tenga acceso al expediente en que se actúa, para la consulta del incidente de suspensión del expediente 188/2021-III. Finalmente, mediante oficio vía interconexión, hágase del conocimiento de la oficiante, que previo al envió del oficio con el auto inserto de la presente determinación, se procedió previamente a la habilitación de consulta correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que podrá consultar con el Número de Expediente Único Nacional **, lo cual le permitirá ingresar al expediente electrónico del presente juicio de amparo y obtener las constancias que solicita. Finalmente, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente cuadernillo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que no existen documentos originales, carece de valor jurídico, histórico y relevancia documental; en consecuencia, previo a su eliminación será prudente, una vez que transcurran los seis meses contados a partir de esta fecha.

  2. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido con el oficio signado por la Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 343/2021-I. Del oficio en comento, se observa que en fecha veinticinco del presente mes, en el juicio de amparo 188/2021-III, se decretó la separación de juicio, con motivo de que en esa demanda de juicio de amparo se plantearon diversos actos reclamados desvinculados entre sí. Toda vez que los actos que reclama el quejoso, son: I. Del Juez Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, y Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México:  La orden de aprehensión y detención decretada en contra de ** II. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Director General del Banco Nacional de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex (Citibanamex), todos con sede en la Ciudad de México:  El aseguramiento, bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo o cualquier acto que no permita la libre disposición de los fondos de las siguientes cuentas bancarias, propiedad de la quejosa: Cuenta Bancaria Número ** clave ** de la institución de crédito denominada Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cuenta Bnacaria Número ** clave ** de la Institución de Crédito denominada Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cuenta Bancaria con número de Contrato ** clave interbancaria ** del Banco Nacional de México, S.A. Instritución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex (Citibanamex). Por lo que al considerarse que los actos reclamados a las instituciones bancarias referidas y de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es el bloqueo, aseguramiento, congelamiento, inmovilización o embargo, de diversas cuentas bancarias aperturas a nombre de la promovente; fue que se estimó que esos actos reclamados se encontraran desvinculados al de las responsables aludidas en el párrafo precedente; pues no se adviertió que la inmovilización de las cuentas bancarias obedezca a mandamientos del Ministerio Público o jueces penales en ejercicio de actividades de investigación y procuración de justicia ni que emanen de un procedimiento de tipo penal; por ello, se tratan de actos meramente de naturaleza administrativa. Por ello, que al decretarse la separación de juicios, se determinó que en el juicio de amparo 188/2021-III, se continuaría conociendo de los actos reclamados al Juez Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, y Fiscal General de la República, consistentes en:  La orden de aprehensión y detención decretada en contra de ** Mientras que por los restantes se remitirían con copias certificadas del mismo, para que diera lugar a un nuevo juicio de amparo. En esa tesitura, tenemos que una vez que se tiene a la vista las constancias certificadas del juicio de amparo 188/2021-III, se advierte que este juzgado de Distrito, resulta legalmente incompetente para conocer de la misma, en razón de la materia del acto reclamado, pues se considera de naturaleza administrativa. Al respecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los asuntos de amparo en los que serán competentes los Jueces de Distrito en Materia de Administrativa, el cual a la letra dice: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, debe precisarse que existe criterio en el sentido de que la competencia por materia debe establecerse en función de la naturaleza del acto que se reclama, tal como se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VIII, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página 28, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En tales condiciones, de la misiva en comento, la parte quejosa, reclama de las autoridades Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Director General del Banco Nacional de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex (Citibanamex), todos con sede en la Ciudad de México,  El aseguramiento, bloqueo, congelamiento, inmovilización, embargo o cualquier acto que no permita la libre disposición de los fondos de las siguientes cuentas bancarias, propiedad de la quejosa: Cuenta Bancaria Número ** clave ** de la institución de crédito denominada Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cuenta Bnacaria Número ** clave ** de la Institución de Crédito denominada Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cuenta Bancaria con número de Contrato ** clave interbancaria ** del Banco Nacional de México, S.A. Instritución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex (Citibanamex). Con lo que se obtiene que la orden que en su caso se efectúe de una privación a la libertad parta disponer de los fondos de las cuentas bancarias, se circunscribe a las órdenes que en su caso lleven a cabo las autoridades administrativas a que hacen referencia, y no a una autoridad del orden penal, que en uso, lleven a cabo para el ejercicio de la acción penal, con el fin de llegar a cabo investigaciones de hechos con carácter de delito o para conocer quien corresponde ser la persona investigada. En consecuencia, este juzgado carece de legal competencia, por lo que, se ordena remitir el asunto al juez competente, en el caso, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, dado que en cuanto a la suspensión del acto reclamado, debe circunstancia fue abordada dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 188/2021-III, mientras que en cuanto a la admisión, se hizo lo propio en el cuaderno principal, por lo que deberá de obtenerse copias certificadas del mismo, para ser remitidas junto con el presente cuaderno principal. Así las cosas, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase copia certificada de la demanda de garantías y anexos que dio origen al diverso juicio de amparo 188/2021 mediante oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien a su vez, deberá enviarla al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo correspondiente. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

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