Irma Gonzalez Cano
Expediente 393/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Irma Gonzalez Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la Junta Especial Número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para acreditar el cumplimiento que dio al fallo protector; sin que lo hubiera realizado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, realizara lo siguiente: con libertad de jurisdicción, dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral ******************** Aunado a que los efectos de esta sentencia se fijan en función del acto reclamado y la etapa del procedimiento en la cual se sitúa, en la que se encuentra pendiente el dictado del laudo, de modo que la sentencia tiene únicamente por objetivo que la autoridad responsable termine con el acto omisivo de dictar la resolución del juicio laboral ******************** a través del acto positivo de su emisión, sin ir más allá, pues se incidiría en actos futuros, por lo que no es factible extender la concesión del amparo al procedimiento de ejecución. Resolución que causó ejecutoria el nueve de agosto de dos mil veintiuno; por ello se requirió a la responsable Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, para que cumpliera con el fallo protector. Luego, por misiva registrada con el progresivo 8211/2021, la responsable informó que mediante el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno dictó el laudo con libertad de jurisdicción del que se advierte que resolvió condenar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para efecto de que reinstalara a la quejosa en el puesto que venia desempeñando como enfermera "a" en el departamento de enfermeras. Por ende, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Pues la omisión reclamada relativa a dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral ********************quedó satisfecho con la emisión del laudo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Sin que la legalidad de este acto y los posteriores sean materia de análisis de este asunto, pues la concesión otorgada se encuentra limitada al cese de omisión en el del laudo. ARCHIVO Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: Expediente principal es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Documentos: No se allegaron documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) ...
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la presidenta de la Junta Especial Número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la capital del este Estado; a través del cual, en cumplimento a lo solicitado en proveído de nueve de agosto del año en curso, remite copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral********************, con la que asegura da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se da vista a la parte quejosa con copia autorizada del oficio y anexo que se reciben, remitidos por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la responsable, apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781]." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, realice lo siguiente: (.) con libertad de jurisdicción, dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 818/2016 Aunado a que los efectos de esta sentencia se fijan en función del acto reclamado y la etapa del procedimiento en la cual se sitúa, en la que se encuentra pendiente el dictado del laudo, de modo que la sentencia tiene únicamente por objetivo que la autoridad responsable termine con el acto omisivo de dictar la resolución del juicio laboral 818/2016, a través del acto positivo de su emisión, sin ir más allá, pues se incidiría en actos futuros, por lo que no es factible extender la concesión del amparo al procedimiento de ejecución. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia de Trabajo en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época 2000099, 1 de 1, Segunda Sala. Libro IV, Enero de 2012. Tomo 4, página 3515. Jurisprudencia (Común), de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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......TERCERO. Inexistencia de acto. No es cierto el acto reclamado a la junta responsable, consistente, en la omisión de cerrar el periodo de instrucción dentro del juicio laboral *** toda vez que dicha etapa se cerró desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte, tal como se advierte de la propia documental que la autoridad responsable remitió, en apoyo a su informe con justificación, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esto es, a la fecha de la presentación de la demanda (diecinueve de mayo de dos mil veintiuno), no existía la omisión que la parte quejosa le atribuye a la autoridad responsable. En ese sentido, como la autoridad responsable acreditó haber cerrado el periodo de instrucción en dicho juicio laboral, por tanto, desvirtuó el acto omisivo que le atribuye la parte quejosa, de ahí que se debe SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a esa autoridad en particular, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de acto. Es cierto el acto consistente en la omisión de dictar laudo que la parte quejosa atribuye a la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guanajuato capital, pues así lo señaló al rendir su informe justificado, manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia de los actos que se les reclama, lo que acredita con la copia certificada del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el que la responsable declaró cerrada la instrucción, dentro del juicio laboral *** documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Toda vez que el acto reclamado emana de un juicio laboral en el que el quejoso tiene la calidad de "parte trabajadora" en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja. Suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación formulado por Irma González Cano, en el cual medularmente se duele de la trasgresión al artículo 17 constitucional, con motivo de la omisión del dictado del laudo en el procedimiento laboral *** La parte que interesa del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales" De cuya redacción se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagra los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a su observancia; es decir, en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. Tiene sustento lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: Registro digital: 171257 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209 Tipo: Jurisprudencia ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio. De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que lo expedito comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de las resoluciones respectivas a través de las cuales se diriman las controversias. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al cumplimiento de sus determinaciones. En principio, conviene precisar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, señala que el trámite del derecho laboral es inmediato, teniendo la autoridad la obligación de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, en modo tal que se cumpla con el imperativo de dar celeridad a los juicios, ya que en su defecto se alargarían indefinidamente. Asimismo, conviene traer a este apartado el contenido de los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo. De dichos numerales se advierte la forma en la cual los tribunales del trabajo deben emitir los laudos en el procedimiento laboral, al establecer que una vez cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, debe formularse el proyecto correspondiente, y en caso de no existir diligencias por desahogar, dentro del plazo de diez días siguientes, se citará a los miembros de la junta para la discusión y votación. No obstante, la Junta responsable no acató tales términos y plazos. En la especie, de la constancia remitida por la autoridad responsable junto al informe justificado, se advierte que el dieciocho de marzo de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, éste no se ha dictado. Por lo anterior, haciendo una interpretación armónica y sistemática del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye, que con el actuar de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, se transgredió la garantía de justicia pronta y expedita. Ello es así, en virtud de que si los autos del juicio laboral fueron turnados para su resolución en forma de laudo, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, y a la fecha en que se resuelve el presente juicio no existe constancia en autos que acredite que se haya formulado tal resolución, ello hace evidente que se incumplió con lo previsto en los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo citados. Por tanto, si no se realizó el proyecto de resolución en forma de laudo dentro de los diez días siguientes a la declaración de cierre de instrucción, no se ha cumplido con los términos, plazos y formalidades que la Ley Federal del Trabajo establece para el trámite del procedimiento de emisión de resolución en forma de laudo; no obstante que, la autoridad responsable tiene la responsabilidad de vigilar que los juicios que se tramiten ante ella no queden inactivos, debiendo proveer lo que conforme a la ley corresponda hasta su total conclusión. Lo anterior, se insiste, constituye una violación a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional en perjuicio de la parte quejosa, específicamente en cuanto establece que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos establecidos en la ley, evidenciando un estado de inactividad en el juicio que provoca un desfasamiento en el dictado del laudo correspondiente, pues no se advierte que la Junta responsable haya efectuado las medidas necesarias a efecto de que sea dictado en términos de los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo manifestado por la responsable en su informe justificado, respecto a que cuenta con una excesiva carga de trabajo, así como falta de personal, ya que esa situación no lo exime de la obligación impuesta por el numeral 17 constitucional, de resolver en el plazo previsto por la norma laboral; tanto más que, como se aprecia de la documental aportada de su parte, ha transcurrido más de un año desde que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo respectivo. En ese entendido, a la emisión de esta sentencia, la autoridad responsable no informó si dictó el laudo; circunstancia que está en aptitud de comunicar, por tener a su cargo el trámite del juicio de origen, máxime que al haberlo hecho se pudiera actualizar una causal de improcedencia, la cual está obligada a comunicar al juzgado de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 113/2001, criterio que establece el alcance del artículo 17 constitucional, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: Registro digital: 188804 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 113/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5 Tipo: Jurisprudencia JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Contradicción de tesis 35/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy diez de septiembre en curso, aprobó, con el número 113/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil uno. De tal manera que, al actualizarse una violación manifiesta a la garantía de impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 constitucional, este Juzgado Federal estima conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que enseguida se precisan. SÉPTIMO. Concesión y efectos (FORMA). Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal a la quejosa Irma González Cano, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato capital, con libertad de jurisdicción, dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 818/2016. Aunado a que los efectos de esta sentencia se fijan en función del acto reclamado y la etapa del procedimiento en la cual se sitúa, en la que se encuentra pendiente el dictado del laudo, de modo que la sentencia tiene únicamente por objetivo que la autoridad responsable termine con el acto omisivo de dictar la resolución del juicio laboral 818/2016, a través del acto positivo de su emisión, sin ir más allá, pues se incidiría en actos futuros, por lo que no es factible extender la concesión del amparo al procedimiento de ejecución. Las consideraciones en torno a los efectos y alcances del amparo, encuentran apoyo primordialmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que los alcances de la sentencia que otorgue la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa del procedimiento laboral en que se sitúe, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, sin poder ocuparse de omisiones y dilaciones subsecuentes, pues estas constituyen actos futuros. Criterio de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio, respecto la omisión de cerrar el periodo de instrucción que la parte quejosa le atribuye a la junta responsable, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La justicia federal ampara y protege a *** respecto la omisión de emitir el laudo respectivo, en atención a lo expuesto en el diverso sexto, para los efectos plasmados en el considerando séptimo de esta sentencia constitucional...
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